Presidencia de la fuerza pública

Editorial, La Jornada

Mal comienza una presidencia pretendidamente democrática cuando, para tomar posesión, se ve obligada a amagar con "el uso de la fuerza pública", como anuncia el coordinador de los diputados gubernamentales, Héctor Larios, y como exige su colega del Senado, Santiago Creel, quien pide "aplicarles la ley con todas las sanciones" a quienes intenten impedir la realización de la ceremonia de toma de protesta de Felipe Calderón en San Lázaro el próximo 1° de diciembre, a los que acusa de realizar "amagos contra las instituciones". El signo de la imposición del orden mediante la fuerza es triplemente ominoso: porque en una democracia la convivencia se logra por medio de los consensos y de reglas acatadas por la generalidad de las fuerzas políticas, porque la imagen de un Congreso tomado por las fuerzas del orden se relaciona en forma inexorable con los visos de autoritarismo y poca tolerancia que ha dejado traslucir el político panista michoacano, y porque un gobierno que arranca respaldado en tanquetas y fuerzas antimotines se pone en evidencia, salvando la paradoja, como un gobierno inequívocamente débil.

Las acusaciones a la oposición por "violar la ley" y por "amagar a las instituciones" resultan poco convincentes, por lo demás, en boca de quien formó parte destacada de un equipo gubernamental que a lo largo de seis años ha degradado sistemáticamente la institucionalidad política del país, al servirse de ella con propósitos facciosos, y que ha violentado de manera permanente la Constitución Política en varios de sus apartados; las leyes federales, los códigos y los reglamentos. De poco sirven los llamados a respetar la dignidad del Congreso por parte de un entorno presidencial que se ha caracterizado, entre otras torpezas innumerables, por ejercer el Poder Ejecutivo en sistemática confrontación con el Legislativo y en constante ofensa a los legisladores. No será fácil que tengan eco los llamados a guardar las formas y el ceremonial republicano cuando procede del grupo de un mandatario que llegó al cargo alterando y desvirtuando esas formas y ese ceremonial. En otros términos, los panistas no pueden, en la hora presente, apelar a la fuerza de las instituciones porque ellos mismos, en su paso por el Ejecutivo federal, han debilitado y degradado la majestad de las máximas instancias públicas.

Por lo demás, los obstáculos en el camino de Calderón Hinojosa a la Presidencia no han sido sembrados por la oposición de izquierda, sino en primer término por el presidente Vicente Fox, quien logró, con sus injerencias indebidas en el proceso electoral de este año, restar credibilidad a la elección del 2 de julio; por los grupos de interés que intervinieron, también a contrapelo de la legalidad y sin ningún freno por parte de la autoridad electoral, para denostar a Andrés Manuel López Obrador y respaldar a Calderón Hinojosa; por la propia autoridad electoral, la cual dejó pasar todas esas irregularidades y realizó un recuento inverosímil de los sufragios, y por el tribunal electoral, que tomó nota de las adulteraciones al proceso, pero lo dio por bueno, en un acto de suprema incoherencia. Con esos antecedentes, era inevitable que el panista llegara a la toma de posesión marcado por la ilegitimidad.

Desde luego, ahora es demasiado tarde para recurrir a la negociación política, arte en el que, de todos modos, el grupo en el poder se ha mostrado particularmente inhábil. La vida política ha sido llevada a un callejón sin salida y los supuestos triunfadores del proceso electoral aparecen hoy como rehenes de sus aliados priístas, en jaque por las fuerzas de la izquierda y cercados, sobre todo y en primer término, por su propia ceguera, ambición y torpeza. En esta circunstancia, el recurso a la fuerza y a la represión no haría sino agravar un panorama de por sí dislocado, incierto y peligroso.

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Referéndum para Oaxaca

Ramón Cota Meza, El Universal

La única solución democrática al conflicto de Oaxaca es un referéndum para decidir si el gobernador Ulises Ruiz dimite o permanece en el cargo. Fuera de esto sólo queda el caos y la forzosa intervención del Ejército. Ruiz dijo: "Si se reforma la Constitución (de Oaxaca) y se incluye el referéndum, lo aceptaré (El País , 22/10/2006). En la mesa de Gobernación que la APPO y la sección 22 del SNTE desairaron, Carlos Abascal informó que las propuestas incluían: "Ojo, las reformas constitucionales que den forma al plebiscito, al referéndum, a la revocación de mandato..." (EL UNIVERSAL, 4/10/2006).

Los actos violentos pretenden abortar esta solución. El 2 de octubre, una vez que la APPO fue informada del plan de Gobernación, la ORAPO estalló petardos en bancos y una agencia automotriz de Oaxaca. El 21 de octubre hubo disparos frente a la casa de Francisco Toledo, que había asistido a la mesa de Gobernación. Luego que la sección 22 votó regresar a clases, la APPO intentó linchar al líder de la sección y soldó puertas de escuelas. El 7 de noviembre, después que se anunció la instalación de una mesa ciudadana, bombas en la ciudad de México. En la víspera del regreso a clases en la UABJO, más bombas en Oaxaca.

Los grupos violentos rechazan explícitamente el referéndum. Temen que diluya el estado de agitación y "mediatice" al movimiento. Asumen que Oaxaca es la chispa que incendiará la pradera. Los moderados temen correr la suerte del maestro Jaime René Calvo, miembro de la organización magisterial disidente Consejo Central de Lucha, degollado por desconocidos. Los nombres de más de 10 miembros de esta organización han sido señalados por la radio controlada por la Unión de Trabajadores de la Educación, brazo del EPR.

El gobierno federal no ha impulsado el referéndum con determinación por blandengue. Su oportunismo lo inclina a optar por la línea de menor resistencia (la renuncia del gobernador), confiando en los tejemanejes de sus enemigos ex priístas: Diódoro Carrasco, Elba Esther Gordillo, el clan Vázquez Colmenares y otros. Pero la renuncia del gobernador no es opción porque ninguna instancia tiene facultad para imponerla y alentaría a los grupos violentos a sentar sus reales en Oaxaca y propagar su estrategia a otros estados.

Ciertamente, la iniciativa podría ser boicoteada por estos grupos, pero ese no es argumento para dejar de perseguirla. Pues si es abortada, la intervención militar sería vista como legítima e inevitable por la ciudadanía y el mundo. Hay que tener los ojos bien abiertos. La crisis de Oaxaca no es local. Amenaza extenderse a todos los estados con presencia fuerte de la CNTE, que alberga a varios grupos armados. Aventureros del PRD se aprestan a aprovechar la agitación para fortalecer su plan de aniquilar al gobierno entrante.

La lógica del conflicto conduce a la intervención del Ejército, que podría ser cruenta. Por eso hay que impulsar la iniciativa de referéndum como última oportunidad civilizada. La crisis de Oaxaca es problema de todo México. El presidente Fox, Ulises Ruiz y el Congreso local deben presentar la iniciativa como asunto de interés para el país y el mundo. Los poderes de la Unión, los gobiernos y congresos estatales, los partidos políticos, los medios de comunicación, los gobiernos amigos, la ONU, la OEA, las organizaciones de derechos humanos, los intelectuales y todas las organizaciones con voz pública, deben apoyar la iniciativa.

Ya que la APPO y la sección 22 del SNTE bailan al son de los grupos violentos incrustados en ellas, y que Oaxaca vive en el terror, el referéndum podría fracasar. Sin embargo, deben hacerse todos los esfuerzos para que la nación y el mundo lo apoyen como única opción democrática. Mientras Oaxaca está convulsionada, Bolivia, Panamá, Venezuela, Ecuador, Cataluña y Serbia han realizado referéndum, y hay otros en preparación. Trece estados de México han adoptado la fórmula.

El referéndum es procedimiento democrático aceptado porque asienta el respeto a la voluntad y el consenso ciudadanos sin interrumpir el orden constitucional. Si la intervención del Ejército resulta forzosa en Oaxaca y tal vez en otras partes del país, la iniciativa de referéndum habrá de ser su justificación.

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Nuevos tiempos de tinieblas

Rosario Ibarra, El Universal

Los tres jóvenes salieron de Radio Universidad en la convulsa ciudad de Oaxaca. Abordaron un taxi. "Í bamos comentando temas relacionados con nuestra participación en el citado lugar" -dijeron- "para después pedirle al conductor del auto que nos llevase al domicilio de René Trujillo, en la calle Santo Tomás 219 del barrio Xochimilco... y al llegar a la puerta, empezó para nosotros la oscura noche de aquellos tiempos de tinieblas".

Desde hacía mucho, la hermosa ciudad estaba enfrascada en una lucha terrible contra la represión gubernamental; los muertos y los heridos se contaban por decenas y los gases lacrimógenos inundaban el ambiente.

Los jóvenes de este relato eran tres: René Trujillo Martínez, Benito Pereda Fernández y Mauricio Horacio Marmolejo. René se disponía a abrir la puerta de su casa, cuando se abalanzaron sobre ellos varios hombres encapuchados, que blandían pistolas escuadras, con las cuales empezaron a darles golpes en la cabeza, hasta que los tuvieron sometidos, en estado de semiinconsciencia y sangrando profusamente de sus maltratadas cabezas. Cuentan los jóvenes que en especial se ensañaban con René Trujillo, pero a todos los tiraron al suelo, y tras patearlos y hablarles con lenguaje obsceno, los arrastraron hasta subirlos a un vehículo "color amarillo de servicio de alquiler" y nos llevaron a un sitio que no pudimos identificar, pues nos cubrían la cara. Allí empezó de lleno la tortura física. A René Trujillo le pusieron una bolsa nylon en la cara, lo que le producía asfixia. Lo golpeaban en el pecho, en el estómago y le aplicaban toques eléctricos en varias partes del cuerpo. Después tocó el turno a los otros, con la misma saña pero preguntando lo mismo: los nombres de los estudiantes de la APPO, sus domicilios y cuánto recibían de pago.

"Después siguieron más de siete horas de ’interrogatorio’ privado, es decir, uno por uno, en donde nos querían obligar a comprometer en la lucha al senador Salomón Jara y a otros legisladores. Para ello, la tortura fue de una barbarie terrible: de nuevo las bolsas de plástico sobre la cabeza, unas bolsas que nos llegaban hasta los hombros. Después unas agujas largas y delgadas eran introducidas en la carne, bajo nuestras uñas, lo que producía un inimaginable dolor". Y así siguieron, dicen los jóvenes, hasta que lograron las "confesiones" que querían. Estos valientes jóvenes han llegado a una conclusión perfectamente entendible. Los llevaron a las instalaciones de la PGR y allí mismo fueron nuevamente torturados. Luego entonces, quienes los maltrataban eran integrantes de las fuerzas policiacas federales, "en contubernio con las del estado".

Cierran el relato doloroso con el siguiente párrafo: "Nosotros consideramos que hay un contubernio entre las autoridades federales y las locales, para lastimar, degradar, detener, desaparecer y matar a integrantes del pueblo organizado. Cubiertos de impunidad, la PFP ha organizado la violencia, protegido y encubierto a los paramilitares, para que puedan torturar, inventar cargos, sembrar armas, todo, para justificar la represión...".

En este espacio, hoy tan sólo escribí lo que estos tres jóvenes sufrieron en estos nuevos tiempos de tinieblas.

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Inicia regularización de clases en Oaxaca

Victor Ruiz Arrazola, Olor a mi tierra

Con el regreso a las aulas este lunes de unos 20 mil maestros en la región de los Valles Centrales, alrededor del 90 por ciento de 1.3 millones de alumnos de los diferentes niveles educativos en Oaxaca han regularizado sus clases, luego de mas de cinco meses de una huelga iniciada el 22 de mayo pasado por unos 70 mil trabajadores de la educación de la entidad oaxaqueña, en demanda de mejoras laborales.

Las labores educativas se irán regularizando en el transcurso de la presente semana mientras el gobierno federal “garantiza medidas de seguridad a los maestros para su regreso a clases”, determinó la Asamblea Regional de los Valles Centrales, cuyos integrantes se negaban a volver a las aulas, ante el temor de ser agredidos por simpatizantes del gobernador Ulises Ruiz, de quien piden su dimisión.

Miles de maestros de las regiones del Istmo de Tehuantepec, Tuxtepec, Costa, Cañada y Mixteca, reanudaron actividades el pasado 30 de octubre, luego de que la Asamblea Estatal del Magisterio Oaxaqueño determinó dar por terminado el paro de labores, pero sin renunciar a su demanda de destitución del gobernador Ulises Ruiz, a quien acusan de “corrupto y represor”.

Aún faltan por reincorporarse a clases escuelas de comunidades de la Sierra Norte y algunas que se encuentran alejadas en los Valles Centrales, cuyos maestros tienen la autorización por parte del sindicato de reintegrarse hasta el dìa 16 de noviembre.

El gobernador Ulises Ruiz informó la noche del domingo la sustitución de Emilio Mendoza Kaplan, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por Abel Trejo González, “con el propósito de coadyuvar en la solución del conflicto que se vive en la capital del estado y fortalecer el proceso educativo, en el marco de los acuerdos con la Secretaría de Gobernación y la Sección XXII del magisterio”.

Sin embargo, miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), organismo conformado en apoyo a las demandas del magisterio y que se sumó a la petición de la renuncia de Ruiz, cómo Florentino López y Flavio Sosa, han manifestado que “el cambio de funcionarios estatales, no resuelve el problema, la única solución es la salida de Ulises Ruiz de la gubernatura”.

Mientras tanto, este lunes también regresaron a clases unos 15 mil estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo), de los planteles de Ciudad Universitaria, donde el pasado 2 de noviembre se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal Preventiva y seguidores de la APPO que mantienen en su poder la radio universitaria.

Hasta esta mañana continuaban los trabajos del Congreso Constitutivo de la APPO, iniciado el pasado viernes y durante el cual se aprobarán sus documentos básicos, definirán su nuevo plan de acción y se elegirá a la nueva dirigencia, luego de que la comisión provisional nombrada el 20 de junio pasado, se desintegró al iniciar el Congreso.

Decenas de simpatizantes de la APPO mantienen un plantón en la explanada del templo de Santo Domingo en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, en tanto que otros cientos mantienen barricadas en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, al sur de la ciudad, para proteger las instalaciones de Radio Universidad, por donde difunden sus mensajes en contra del gobernador Ulises Ruiz.

La mañana de este lunes por la frecuencia de la radio universitaria se difundió que personas desconocidas han realizado disparos durante las primeras horas del lunes, en los alrededores, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas, como ocurrió el 5 de noviembre, cuando una bala alcanzó a un estudiante del Instituto Tecnológico de Oaxaca, quien aun se encuentra hospitalizado.

Los elementos de la Policía Federal Preventiva que arribaron a la ciudad de Oaxaca el pasado 29 de octubre para “recuperar el orden”, hasta el momento solo se mantienen en el Zócalo de la ciudad y en calles aledañas, a pesar de que el subsecretario de Gobernación Chávez, declaró el sábado pasado que esta corporación policíaca pasaría de actividades de contención a vigilancia, para evitar delitos que cometen “grupos que no tienen parte en este conflicto”.

La oficina de prensa del gobernador Ulises Ruiz, difundió una fotografía del acto durante el cual, la noche del domingo, dio a conocer el nombramiento del nuevo director del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, el cual se hizo en forma discreta porque no fueron convocados los medios de comunicación.

La agenda del gobernador para este lunes se desconoce, pues sus actividades públicas en la ciudad de Oaxaca son restringidas, debido a que ha sufrido agresiones verbales de parte de simpatizantes de la APPO.

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Calderón, ante un serio dilema camaral
Originar violencia o empezar a ceder

Francisco Cárdenas Cruz, El Universal

¿Entre las amenazas de los diputados del PRD, PT y Convergencia que integran el Frente Amplio Progresista de que impedirán "a toda costa" que Felipe Calderón tome posesión como nuevo Presidente de la República y la réplica de los del PAN de que éste rendirá protesta el 1 de diciembre en la Cámara de Diputados, sede del Congreso de la Unión, "a como dé lugar y aunque para ello sea necesario el uso de la fuerza pública", qué sería lo más grave para el país y los mexicanos?

¿Que el presidente electo, "por prudencia" atienda a las presiones perredistas para evitar que se desate la violencia en el recinto legislativo o iniciar su mandato, rehuyendo a sus opositores y cediéndoles terreno, con las consecuencias que uno y otro hechos tendrían para el presente y el futuro inmediato de esta nación?

Esas son las interrogantes que preocupan en todos los sectores de la sociedad a 17 días de la toma de posesión de Calderón que muchos se formulan y que ya desataron una polémica entre legisladores de los principales partidos políticos representados en San Lázaro en torno de su presencia en el salón de plenos de San Lázaro, cuya tribuna amenazan bloquear los diputados del FAP para impedírselo, como ayer lo reiteraron su vocero, Jesús Ortega, y el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Javier González Garza, quien incluso reveló haberle propuesto al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño Infante, la posibilidad de un cambio de sede para el acto del 1 de diciembre, lo que fue rechazado de manera inmediata y tajante insistiendo en que la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, como lo subrayó el coordinador de los senadores del blanquiazul y ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, será "en la fecha y hora señalada porque ya basta de amenazas, de amagos, en contra de las instituciones de la República".

A su vez, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, coordinadores de senadores y diputados del PRI, coincidieron en que unos y otros acudirán al recinto de San Lázaro el 1 de diciembre a la toma de posesión de Calderón, al que reconocen como presidente electo, declarado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que así calificó y legitimó su triunfo. Beltrones, sin embargo, admitió que ante el riesgo de lo que pudiera registrarse, Calderón debería reconsiderar su asistencia a la sede del Congreso, porque "la prudencia debe caber en alguien para evitarnos escenarios de violencia" e incluso recordó que podría haber otra forma para que el panista rindiera su protesta, ya que no necesariamente tiene que asistir a ella, como constitucionalmente sí se establece en el caso del informe presidencial.

¿Qué será, pues, peor: que Calderón acuda a la Cámara de Diputados y se suscite la violencia o que no lo haga y empiece a ceder la plaza a sus opositores?

De esto y de aquello...

Al reconocer que los medios de comunicación no están cumpliendo hoy con su misión ni están a la altura que la patria exige y que es dejar de contribuir a la inestabilidad, Beatriz Pagés Rebollar, directora general de la revista Siempre!, hizo una severa autocrítica. Señaló que si los medios critican a los políticos por convertir su actividad en un ejercicio frívolo e irresponsable, "nosotros los periodistas cargamos con la falta de haber hecho de la violencia y el escándalo un espectáculo que deja muy buenas utilidades en las cajas registradoras, pero que atenta contra la integridad social".
En el mensaje que pronunció en la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo José Pagés Llergo 2006, la también diputada priísta dijo que los excesos, la distorsión, la evidente inquietud, "por no decir la perversidad", que sufrió la democracia mexicana en la pasada contienda presidencial, dejó un país atomizado, fragmentado, que ya no puede reconocerse en un espejo porque una parte de su rostro odia al otro y al otro y al otro. Y también alertó que ya no puede ser que los procesos democráticos sean rehenes del poder del dinero, ni tampoco que los medios de comunicación pretendan erigirse, como consecuencia de intereses económicos, en grandes electores (...)

Con todo y que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca reabrió ayer sus puertas para la reanudación de clases, esta entidad dista de estar en camino del restablecimiento del orden y la gobernabilidad. Al cierre de carreteras en el istmo de Tehuantepec anunciado por el PRD se sumó el congreso constitutivo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca de reforzar los bloqueos y las barricadas, retomar oficinas públicas estatales y ampliar sus movilizaciones, si el gobernador priísta Ulises Ruiz no se va antes del 1 de diciembre próximo. Asimismo, ese congreso acordó la posibilidad de aliarse con un partido político o bien crear uno propio para continuar con su movimiento, según anunció el presidente del mismo, Zenén Bravo, quien junto con Flavio Sosa ha sido uno de los dirigentes más activos de la APPO.
Por otra parte, Amnistía Internacional anunció que la próxima semana enviará a Oaxaca una delegación para documentar las denuncias de violaciones a los derechos humanos que ha recibido durante el conflicto que hay en esa entidad. Dirigentes y legisladores del PRD insisten en que "por dignidad", los integrantes del Consejo General del IFE que preside Luis Carlos Ugalde deberían renunciar a sus cargos porque su actuación en el pasado proceso electoral "está manchado por su parcialidad". Ricardo Monreal, senador del sol azteca, dijo que su partido insistirá en el relevo de los consejeros electorales porque han perdido la confianza ciudadana y anticipó que si el IFE no es renovado totalmente, el PRD no participará en futuras contiendas electorales.