Del pacto de Huatulco a la dictadura

Fernando Gálvez de Aguinaga, La Jornada

Apenas 20 días después de las cuestionadas elecciones federales, Felipe Calderón se reunió en Huatulco con Ulises Ruiz en un encuentro que podemos leer como el amarre de una alianza entre el PRI y el PAN para sostener la gobernatura de uno y la entrada a la Presidencia del otro. La alianza ha sido estratégica e incondicional en los momentos más críticos para ambos, por lo que se desprende que el ruiderío provocado por declaraciones de panistas cuestionando a Ruiz o de priístas fintando inasistencia a la toma presidencial, no fueron más que una cortina de humo, un show para no perder simpatías de sus correligionarios. Al final, en el momento en que los panistas podían votar por la desaparición de poderes en Oaxaca, optaron por sostener al gobierno del priísta, y cuando la situación social se le escapaba de control al gobernador, las fuerzas policiacas y militares fueron enviadas para sostenerlo e intentar acabar con el movimiento popular. Del mismo modo, los priístas acudieron a la toma de protesta de Calderón sin chistar. Así, en la misma fecha que el panista se convertía en presidente, el priísta cumplía dos años en el poder y desde ese instante, de darse un interinato en Oaxaca, ya no tendría que convocarse a elecciones, como señala la Constitución estatal.

Sin embargo, esta alianza visible entre Ruiz y Calderón significó para el país la entrada a un régimen de excepción. Más allá de si Calderón ganó o perdió las elecciones, lo cierto es que en aras de obtener el apoyo del PRI, el gobierno federal junto con el gobierno oaxaqueño han generado un estado de sitio en Oaxaca. ¿Acaso es propio de un régimen demócratico asesinar, hacer desapariciones forzadas, apresar por causas políticas a los ciudadanos, coartar la libertad de expresión, torturar?

Reto a cualquier periodista, intelectual o político profesional de los que hoy cantan loas a la "democracia mexicana" a que me digan que esos hechos pueden formar parte de un orden democrático. Además, parece absurdo tener que recordar que Oaxaca es parte de México, que no es un país aislado donde gobierna solo Ulises Ruiz con sus pistoleros, que forma parte de la Federación y tanto el Senado de la República, como el Ejecutivo, representado antes en Vicente Fox y hoy en Felipe Calderón, han sostenido un clima propio de una dictadura política en la entidad sureña. El operativo del 25 noviembre no fue un enfrentamiento provocado por la marcha de la APPO, insisto, fue un operativo perfectamente articulado por el poder federal y estatal, o ¿cómo puede interpretarse el hecho de que la señal de todas las radios, incluidas las comerciales, fuesen interferidas durante los enfrentamientos entre las fuerzas represivas y el pueblo, o el que diversos blogs críticos fuesen bloqueados esa misma tarde? Por lo demás, fue claro para todos cómo actuaron coordinadamente los elementos de la PFP y los escuadrones de la muerte vestidos de civil, así como la policía ministerial. Ahí se cayeron todas las máscaras, el juego mediático del policía bueno y el malo se vino abajo; desde la ocupación de la PFP, Oaxaca ha vivido una agresión sistemática contra el movimiento popular por parte de las fuerzas federales, sin que se haya dado ninguna detención de paramilitares ni de funcionarios corruptos del gobierno de Ruiz.

El premio para el operador de la represión, Eduardo Medina Mora, ha sido postularlo procurador general de la República. Al menos hasta la votación del cargo, se prolonga la alianza entre Calderón y Ulises, pues a pesar de que el priísta no puede tener sino agradecimientos por haberlo apuntalado y protegido, ya sabemos que el voto del PRI en el Senado para ratificar al procurador es ahora otra moneda de cambio que se puede utilizar para seguir obteniendo favores de la Federación, y ésa será la tónica de un sexenio que el PRI va a vender caros sus votos en el Congreso.

Los discursos falsos y ridículos en que Fox o Calderón machacaban su preocupación por la niñez oaxaqueña, que estaba secuestrada según ellos por el conflicto magisterial, se viene abajo de la forma más dolorosa cuando el 30 de noviembre la PFP entra a aprehender profesores a las mismas aulas, frente a niños de kínder, primaria o secundaria, que miran aterrados la irrupción de comandos armados en sus salones. La inconstitucionalidad del acto se suma a la torpeza política que ha vuelto a meter de lleno al magisterio al conflicto.

Una dictadura a la mexicana se manifiesta en suelo oaxaqueño de forma incuestionable, pero al trasladar a 150 presos políticos desde Oaxaca a una prisión de Nayarit se demuestra físicamente el carácter nacional y no regional de este orden autoritario. Todo mexicano pensante y digno debiera manifestarse, escribir, alzar la voz contra este amague dictatorial que el PRI y el PAN han impulsado desde Oaxaca. La violación sistemática de los derechos consagrados en la Constitución en un estado del país señala que lo mismo puede suceder en cualquier otra región contra cualquier ciudadano. Cuando se ha instalado como normal una política violatoria de las garantías individuales en una región que concentra casi 20 por ciento de los municipios de nuestra geografía, y cuando uno de los operadores visibles de la implementación de ese golpe a la normalidad democrática, lejos de ser castigado, recibe altas encomiendas por parte del cuestionado Ejecutivo que recién se instala en la silla presidencial, pensamos que hay un embate violento contra las instituciones y la Carta Magna, por parte de quienes detentan el poder político en México.

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Violaciones a derechos humanos en Oaxaca

Exigirá la oposición salida de Ulises Ruiz

Francisco Cárdenas Cruz, El Universal

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática y el Frente Amplio Progresista del que, junto con el Partido del Trabajo y Convergencia forma parte, anunciaron diversas acciones y movilizaciones para exigir la libertad de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y de casi dos centenares de miembros de esa organización que están presos en Nayarit, entre ellas solicitar a la Suprema Corte de Justicia que atraiga las investigaciones sobre la violación de derechos humanos de todos ellos y su participación en una jornada nacional contra la represión en esa entidad.

Así, el conflicto que según el gobernador priísta Ulises Ruiz "ya se había resuelto" con la permanencia de elementos de la Policía Federal Preventiva en el centro histórico de la capital oaxaqueña, y el retiro de barricadas y bloqueos viales, se reavivó tras la captura de Flavio Sosa y de otros líderes de la APPO que llegaron a la ciudad de México el lunes pasado para, supuestamente, participar al día siguiente en una mesa de "diálogo" en la Secretaría de Gobernación. Antes de que éste se diera, agentes federales ejecutaron las diversas órdenes de aprehensión giradas en contra de aquéllos: Sosa fue trasladado de inmediato al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el estado de México; su hermano Horacio, al de Nayarit, en donde fueron encarcelados los que participaron en los hechos de violencia del sábado 25 de noviembre, y los otros dos dirigentes detenidos junto con los Sosa a una prisión en Oaxaca.

El ex senador Jesús Ortega, vocero del FAP, anunció que las dirigencias de los tres partidos que lo integran otorgarán apoyo jurídico no solamente a Flavio Sosa sino a quienes fueron arbitrariamente detenidos en la capital de Oaxaca y trasladados, "por su peligrosidad" al penal federal nayarita. Al mismo tiempo anticipó que se insistirá ante la Cámara de Senadores a que se dictamine la petición de desaparición de poderes y a la de Diputados se le solicitará que se inicie un juicio político al gobernador Ruiz, quien, en su momento, fue acusado por los dirigentes de la APPO que hoy están tras de las rejas, de haber formado grupos paramilitares que han detenido, desaparecido y asesinado a casi una veintena de personas en Oaxaca y que balearon y provocaron incendios en edificios públicos como la sede del Tribunal Superior de Justicia, para responsabilizarlos a ellos de ese vandalismo.

Para el próximo domingo, Día Internacional de los Derechos Humanos, se anuncia otra megamarcha en la capital oaxaqueña para exigir la libertad de los presos y la salida del gobernador del estado, al que el arribo de Felipe Calderón a la Presidencia de la República parece haber fortalecido, justo cuando muchos creyeron que estaría a punto de irse (...)

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APPO: autogolpe

Ricardo Alemán, El Universal

Flavio Sosa fue detenido porque el nuevo gobierno está empeñado en marcar una clara distancia de su antecesor

A hora resulta que existió una traición, una campaña de desprestigio contra los líderes de la APPO, que el oportunismo y el trapecismo político que exhibieron algunos de sus dirigentes ya no es esa perniciosa habilidad para caer siempre parado, sino que se le reconoce como "movilidad estratégica". Ahora resulta que el señor Flavio Sosa es el primer "preso político" del nuevo gobierno. Otra vez el México al revés.

Tienen razón quienes señalan que el gobierno federal comete un exceso al enviar al penal de máxima seguridad del Altiplano -antes La Palma-, al señor Flavio Sosa y a algunos de sus compañeros -como si se tratara de peligrosos jefes del crimen organizado-, como también es cierto que el mismo rasero que aplica el gobierno federal en el caso de un sector de la APPO, lo deben aplicar las instancias respectivas al gobernador Ulises Ruiz, también responsable del conflicto oaxaqueño.

Pero hablar de una traición -porque el señor Sosa fue detenido cuando acudió a la ciudad de México para un presunto encuentro de diálogo con Gobernación-, de una campaña de desprestigio contra los dirigentes de la APPO -más allá de la propaganda negativa que significó para la APPO y sus líderes el vandalismo que todos vieron por televisión-, y pretender justificar la incongruencia ideológica, el oportunismo político y la inconsistencia de esos líderes que se venden al mejor postor es, por lo menos, no querer ver el fondo del conflicto.

El señor Flavio Sosa fue detenido no porque se intentara un quinazo, sino porque el nuevo gobierno está empeñado en marcar una clara distancia de su antecesor. Cuando se tomó la decisión de detenerlo, luego que se comprobó la solidez de las órdenes de aprehensión y los presuntos delitos, se bajó la instrucción no porque se encontrara en la ciudad de México, y menos porque estuviera cerca del reinicio del diálogo con la APPO, sino porque en el nuevo gobierno el diálogo para el caso Oaxaca se llevará a cabo con líderes reales y representativos. En realidad el señor Sosa era seguido de cerca por las autoridades desde hace meses. No había sido detenido, porque Fox se negó a dar la orden. Ese es el mensaje del nuevo gobierno, que no es igual al de Fox y que no dialogará con quienes son buscados por la justicia.

Tampoco se trató de una ocurrencia de la nueva administración, porque desde los tiempos de la gestión de Carlos Abascal -como lo señalamos aquí en su momento-, se intentó fracturar a la APPO, para dialogar y ofrecer soluciones a los liderazgos reales, para desmontar el conflicto y arrinconar a los grupos radicales, a los oportunistas y a los responsables del vandalismo y los delitos que todos conocieron. En esa lógica, el magisterio de la sección 22 se retiró del conflicto una vez que sus demandas fueron atendidas, no como ellos lo planteaban, sino "copeteado". Esa misma lógica también opera en Ulises Ruiz, quien ha "jalado" a no pocos grupos que se montaron en la APPO y en el conflicto, no por sus liderazgos sino en busca de recuperar beneficios políticos y económicos. Hoy esos grupos ya parten un piñón con el detestable gobierno de Ulises Ruiz.

¿Por qué no rompió la APPO el diálogo con Gobernación horas después de que fue detenido Flavio Sosa y compañeros? Precisamente por eso, porque ese diálogo se restablecerá con líderes reales y la intención es atender a fondo sus demandas. Entre esos liderazgos se tiene claro que el movimiento de la APPO y la solución de sus reclamos fueron saboteados por las ambiciones desmedidas de personajes como Flavio Sosa y los grupos radicales, que no obedecían al espíritu fundacional de la organización, sino a las guerras entre los grupos de poder en Oaxaca. Durante el largo proceso de diálogo entre Gobernación y la APPO, en distintos momentos se alcanzaron acuerdos en problemas de fondo, pero no fueron aceptados por la intransigencia de líderes como Sosa y otros vinculados con grupos guerrilleros. En realidad la APPO se autodestruyó a causa de los oportunistas que hoy quieren ser presentados como mártires.

Y es que Flavio Sosa no sólo es un conocido saltimbanqui de la política - perteneció al PRI, al PAN, a Alternativa, a Convergencia y ha sostenido alianzas con José Murat, historias que todos conocen pero que algunos pretenden presentar como una campaña de desprestigio en su contra-, sino un vividor de movimientos sociales y que en la reciente crisis de Oaxaca regresó al servicio del ex gobernador José Murat y aliados, quienes se propusieron derribar a Ulises Ruiz. El conflicto de fondo es entre esos dos centros de poder, el ex gobernador y el gobernador en funciones. Y en medio se encuentran el PRD, Convergencia y otros.

Y también tienen razón quienes dicen que el gobierno de Calderón cometió un error político al detener a Flavio Sosa. ¿Por qué? Porque le dio al PRD y a los "loquitos" de ese partido un nuevo mártir. ¿Por qué el PRD y Sosa se hermanaron de nueva cuenta, cuando siempre negaron su parentesco? Porque tienen una nueva y rentable causa. Puro oportunismo.

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El efecto Flavio en el PRD

Carlos Marín, Milenio

El vocero del PRD informó que el partido “irá con todo” en defensa de Flavio Sosa porque forma parte “de la dirección nacional”.
Sí: el más visible de los 200 dirigentes de la APPO es uno de los 260 integrantes del Consejo Nacional perredista.

Bien que se le apoye, no es un “delincuente común” sino un líder social y político implicado en hechos penales.

No deja de sorprender que hasta hoy, después de meses de mantenerlo como vergonzante secreto, Sosa y el PRD revelen lo que habían eludido admitir.
Lástima por el trabajo de años que los perredistas hicieron para intentar borrar la percepción de “violentos” que sus adversarios les endilgan.

A los problemas ideológicos, estructurales, políticos, estratégicos, tácticos y de liderazgo que arrastran sumarán el plus de su participación, a través del camarada preso, en el horror que ha vivido Oaxaca.
Lo ideal será que se avispen y decidan por fin a reconstituir una izquierda genuina pero, sobre todo, confiable.

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Fin de un ciclo

Adolfo Sánchez Rebolledo, La Jornada

Ha terminado el ciclo de la confrontación postelectoral con un sabor agridulce para el partido de López Obrador, aunque, en principio, nadie pudo cantar victoria. La izquierda hizo pasar un trago amargo al Presidente entrante; la protesta fue mayúscula, pero Calderón rindió juramento como había prometido. En realidad, vimos un lamentable espectáculo montado sobre una crisis política verdadera.

Derrumbada la solemnidad anacrónica del ceremonial presidencialista, en el aire del Congreso queda dibujado una especie de gesto grotesco, la sensación de que la República -o mejor, "el espíritu republicano"- es algo tan vacío como las pretensiones de modernidad entre los políticos de la democracia. Que algo está podrido en Dinamarca lo sabíamos hace mucho, pero la ocasión de comprobarlo se repite sin que nada cambie. La disputa por la tribuna, los forcejeos por el control de las puertas al terminar la "tregua de las 8 am", las fanfarronadas del vocero del PRD, el "sí se pudo" pueril de los panistas jugando a la infantería entre las curules-barricadas, la fantasía de "impedir a toda costa" la toma de posesión sin (por fortuna) lanzarse al precipicio de la violencia, el trasiego de la banda presidencial entre las figuras de cera aparecidas a la medianoche en ceremonia de dudosa catadura cívica, la transmisión del esperpento diseñada como un acto de prestidigitación informativa al más puro estilo tradicional, pero sobre todo el desideratum de los legisladores a favor o en contra del ungido, la pasión desencadenada ante la nueva abeja reina de la colmena, revelan los vericuetos del territorio donde el fantasma del viejo presidencialismo asoma por sus fueros a la hora del nacimiento del nuevo Sol Sexenal, como si lo único importante fuera la protesta legal y protocolaria que sigue vigente.

En el México de la pluralidad autocomplaciente nadie se atreve a cancelar la sacralidad de los actos primordiales, el eco apagado del poder metaconstitucional, cuyas formas resisten más que sus contenidos, ni a enterrar al pasado y con él la institucionalidad entendida como mero reflejo de la costumbre, aunque de labios afuera se diga que ya no existe. Pero la verdad es que todavía hoy, al margen de acotaciones, fortalezas o debilidades perceptibles, el único cargo valorado tanto en la cúpula como en el llano es el de Presidente de la República, pues se le sigue considerando el único que posee la llave mágica para abrir las puertas de una utópica vida mejor. Espejismo que puede costar muy caro al país, como vimos con el anterior mandatario. Pero de esa visión proviene, en parte, la subestimación relativa del Congreso, la indiferencia de los partidos hacia sus propias bancadas y su trabajo, la absoluta falta de consideración que los medios dispensan a los legisladores, a quienes con frecuencia describen indiscriminadamente como holgazanes o ladrones del erario (que los hay). Sobrevive, pues, la idea autoritaria de la inutilidad de las cámaras que no es otra cosa que el desprecio por la política, es decir, la convicción de que los intereses particulares se representan por sí mismos ante el poder omnímodo de quien encabeza el Estado. Esa añeja atadura a la matriz presidencialista, personaliza la política en un mandón cuyo voluntarismo se engalla al paso del tiempo, mientras a los demás les impide pensar en serio en una reforma política real y profunda que transforme las instituciones y permita la disputa de los cargos de elección popular en la perspectiva de un régimen más próximo a la verdadera proporcionalidad, más abiertamente parlamentario y, por lo mismo, decidido a crear y conservar una "clase política" más profesional y fiscalizada que no excluya a la sociedad civil y, en cambio, le permita abrir otras compuertas de participación. Así sea en el terreno de las mentalidades y la ideología es urgente fortalecer al Estado -con todo lo que significa- para dar peso a la función presidencial y no a la inversa. Mientras esa visión presidencialista de la Presidencia no deje de tener sentido, el Congreso jamás será el corazón de la vida democrática y sí el centro del bochorno nacional.

Es obvio que estamos inmersos en una crisis política que todo contamina, pero entre la desazón y el escándalo, es posible entresacar experiencias positivas aun de lo ocurrido el 1° de diciembre. La primera es, y quiero subrayarlo, la indisposición física y moral de los legisladores de las bancadas de izquierda (de la mayoría, al menos) para, sin abandonar la protesta que habían anunciado, hacer a un lado el plan original diseñado hace meses, evitando así la escalada de violencia que podría haber terminado en tragedia, toda vez que los panistas habían decidido "defender la plaza" apoyándose en la fuerza del Estado. Lo mismo hizo López Obrador en la calle, al solicitar a su partidarios una actitud pacífica y de autocontención para evitar provocaciones. Eso ayudó a despejar los riesgos más graves, si bien, en mi opinión, eran innecesarias las bravatas previas llamando a una acción que, fuera de la legítima protesta, no podía arrojar buenos resultados. Como sea, al final se impuso otra conclusión importante: que, incluso en una situación de crispación como la que estamos viviendo, existen límites éticos y políticos infranqueables, cuya preservación es imprescindible para todos sin excepción. Haberlo aceptado me parece un buen punto de partida para elevar la calidad de la contienda política. Ahora, las fuerzas de izquierda agrupadas bajo la conducción de López Obrador tendrán que reflexionar sobre los pasos a dar, una vez cerrado este ciclo. Contra lo que se dice, no pienso que se trate de correr a buscar acuerdos artificiales con el gobierno y otros partidos, sino de poner en marcha la opción diseñada para ganar la confianza ciudadana, hacer la oposición puntual que la vida pública exige y crear una fuerza organizada ahí donde se multiplican las estructuras o donde de plano no hay ninguna. En todo caso, la diferencia es y será la política, sobre todo si ésta permite rescatar la voluntad de millones de ciudadanos que votaron por una reforma del país. Mientras, el gobierno da el esperado zarpazo a los líderes de la APPO. No por esperado menos grave.

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Restauración del Estado de Derecho

Oscar Mario Bateta, Milenio

Comenzó con una firmeza que no deja duda. Dio los primeros pasos sin titubeos. Estableció las reglas del juego. Envió un mensaje inequívoco de que habrá tolerancia y libertad, pero dentro de la ley y el orden que necesita el país para seguir adelante. La restauración del Estado de Derecho está en curso. Nada ni nadie será óbice para impedirlo.

Sobre esas inconfundibles líneas de desempeño, que reflejan una clara visión de hacia dónde quiere ir y llevar a México, así como una tajante determinación para hacerlo, han transcurrido los primeros días de gobierno del presidente Felipe Calderón.

Definidas en pocas horas y en unas cuantas acciones, se puede asegurar que no habrá reconsideraciones ni virajes. La marcha es en una sola dirección. El aparato estatal avanza a todo vapor y sólo puede caminar hacia adelante.

Quienes no lean bien los nuevos códigos del poder, comprobarán en breve su equivocación. Calderón sabe bien lo que es el Leviatán y lleva sus riendas; los que ignoren lo que es, se expondrán a sus inmisericordes e inconmensurables potencias.

Contra viento y marea, rindió su protesta como Presidente en San Lázaro por una doble razón: 1) así se lo ordenaba la Constitución y se quería apegar a ella; 2) en ese acto se definiría quién es quién.

Para poder hacer cumplir la ley, tenía que observarla y lo hizo; ahora, con autoridad legal y moral, puede apelar a todos los instrumentos de que su cargo lo provee para reconstituir el Estado de Derecho.

Con valentía y arrojo prosiguió por el punto neurálgico que tantos dolores causó a México: Oaxaca. Para restañar las heridas de esa entidad, causadas por la APPO, llamó a cuentas a los dirigentes de ese movimiento. Si ha de haber orden, será sobre la ley. Con ésta ni se negocia ni se transige.

Por contraparte, y en congruencia con su búsqueda de justicia, dispuso en paralelo la reducción de los salarios de los funcionarios de alto nivel, dando el ejemplo con su propio caso; también ganará menos.

¿Ha sido suficientemente explícito el presidente Calderón acerca de cómo serán las cosas durante su gobierno? ¿O tendrá que dar nuevas, más duras lecciones a quienes no quieren entenderlo?

Sotto voce

Se espera que Marcelo Ebrard haga un gran trabajo en el Gobierno del DF con la mayor parte de los integrantes de su gabinete. Lo hará mejor aún si, con el tacto y la delicadeza que lo caracterizan, toma distancia de AMLO. Ese lastre le saldría muy caro.