Refuerzan barricadas; PFP, a la expectativa

– Tensión en Oaxaca; APPO excluye de eventual diálogo al gobierno estatal

Tensión y zozobra prevalecen en esta ciudad, a pesar de la presencia de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Ayer la población se atemorizó debido a falsas versiones de movilizaciones de los efectivos.

Sin embargo, el primer cuadro recuperó en su totalidad la actividad comercial, así como la operación de los bancos. El servicio de transporte público es prácticamente normal.

En algunas zonas empezaron a surgir auténticos cementerios de vehículos quemados como en la Rivera de Atoyac, frente a la central de abasto, donde ya se apilan más de una veintena de camiones y carros que fueron incendiados en los últimos días.

El servicio de mensajería mantiene un retraso importante y las agencias de viajes han reducido su actividad de manera sustancial.

Anoche, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) informó que podría retirar algunas de las barricadas en torno al campus de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO) y en la zona conurbada, si la PFP retira retenes y cesa agresiones.

Respecto a la instalación de una eventual mesa de diálogo en la catedral de la ciudad, el vocero de la APPO, Florentino López, descartó la participación del gobierno estatal en el proceso. En cambio, dijo, aceptará la representación del gobierno federal.

Un grupo ciudadano trabaja ya en lo que han denominado "iniciativa para la integración de una comisión por la paz y la reconciliación de la sociedad oaxaqueña".

En la capital del país, la Secretaría de Gobernación llamó a los oaxaqueños a la reconciliación a través del diálogo entre APPO y el gobierno estatal y se ofreció como intermediaria.

Por la mañana, en la capital oaxqueña, un grupo de desconocidos realizó disparos contra el campus universitario. En la parte posterior de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO) se encontraron 25 cartuchos, varios de ellos de armas conocidas como cuernos de chivo y calibre 38.

Tras el intento de la PFP, el jueves, de quitar las barricadas en las inmediaciones de la UABJO, ayer la glorieta de Los Cinco Señores amaneció con triple y hasta cuádruple barricada. Los estudiantes salieron de la zona universitaria e hicieron acto de presencia en toda la avenida Universidad.

En la ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, garantizó a corresponsales extranjeros que la normalidad en Oaxaca regresará antes del 30 de noviembre. Esto no significa que el conflicto también vaya a terminar antes de esta fecha, aclaró.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia desechó por improcedentes las controversias constitucionales que interpuso el gobernador Ulises Ruiz, por el exhorto del Congreso a renunciar a su cargo. Pese al fallo, Ruiz reiteró que no renunciará ni pedirá licencia.

(El Universal)

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Alistan caravana motorizada rumbo a Oaxaca

Los simpatizantes saldrán del Hemiciclo a Juárez rumbo a su entidad para exigir la salida de la Policía Federal Preventiva

Alrededor de 200 integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se encuentran reunidos en el Hemiciclo a Juárez para iniciar su caravana motorizada rumbo a la ciudad de Oaxaca.
Los viajeros se registran en listas para tener un control sobre el número de personas que acudirá a aquella entidad para manifestar su rechazo a la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) .
Los integrantes de la APPO partirán en autobuses y autos particulares, y tienen previsto llegar esta noche a la ciudad de Oaxaca.
En los alrededores del Hemiciclo a Juárez se puede observar una vigilancia discreta de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y hasta el momento la circulación vehicular sobre la avenida Juárez no se ve interrumpida.
Los participantes en esa caravana llevan mochilas, cobijas e incluso casas de campaña con la intención de instalarse en la ciudad oaxaqueña en apoyo a la APPO.
(El Universal)

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– APPO repone barricadas; balean Radio Universidad,

Tras la batalla de siete horas del jueves y ante el temor a una nueva incursión policiaca para reabrir las vialidades cercanas a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), estudiantes y ciudadanos reinstalaron las barricadas en las inmediaciones del campus y se enfocaron a los preparativos de la megamarcha programada para este domingo, en la que participarán miembros de organizaciones civiles de Chiapas y el Distrito Federal.

En ese contexto, a partir del lunes regresarán de manera paulatina a impartir clases casi 70 mil docentes adscritos a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) -según informó el dirigente Enrique Rueda-, a excepción de los valles centrales de Oaxaca, luego de que hoy se concretó un acuerdo para el pago de sus salarios y un bono económico.

En tanto, el dirigente de la APPO, Flavio Sosa, declaró al presidente Vicente Fox único interlocutor válido para resolver mediante el diálogo los problemas de Oaxaca.
Lo anterior aconteció mientras los mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP) decretaron el inicio de una "etapa de distensión social", y de "replanteamiento" de sus operaciones en esta capital.

Luego de la batalla

Durante las primeras horas de este viernes, en las inmediaciones de la UABJO fueron reinstaladas todas las barricadas que los elementos de la PFP destruyeron durante su incursión del jueves.

La zona aledaña al campus aún muestra las huellas del enfrentamiento que sostuvieron simpatizantes de la APPO, estudiantes, docentes y habitantes de Oaxaca con las fuerzas federales.

Sin embargo, ello no impidió que poco antes de las siete de la mañana "un grupo de hombres fuertemente armados accionara rifles AK-47 y de otros calibres contra las instalaciones de Radio Universidad", informaron estudiantes de la UABJO, que mostraron más de 10 casquillos calibre 762 como prueba de que la emisora fue agredida.

Una de las antenas presentaba al menos cinco impactos de bala, y otra se alojó en una de las lámparas que ilumina la parte trasera de la emisora.

El presunto ataque se realizó desde la calle Reforma Agraria, vialidad que hace esquina con 20 de Noviembre, desde la que se accede a Radio Universidad.

La emisora en esos momentos había suspendido sus transmisiones, con la finalidad de que su equipo descansara; sin embargo, tras el ataque reanudó sus actividades de manera normal, pues el equipo y antenas no resultaron afectados.

A lo largo del día, el cruce de Cinco Señores tuvo poca presencia de brigadistas, pero las barricadas construidas con piedras, postes y chatarra de vehículos se reforzaron con zanjas de un metro de ancho por uno de largo, con el fin de evitar una nueva incursión policiaca.

Este viernes, en las calles hubo personas que buscaban un "recuerdo" de la batalla que hizo posible el repliegue de las fuerzas federales. Restos de cohetones, casquillos de granadas de gas lacrimógeno y otros objetos fueron recolectados.

El tránsito vehicular se redujo y en las plazas comerciales los locatarios dieron la orden a sus empleados de cerrar a más tardar a las tres de la tarde, ante la posibilidad de actos vandálicos, como ha ocurrido en los últimos días por grupos que supuestamente apoyan a la APPO, pero que viajaban en camionetas de modelo reciente y con armas de fuego.

Algunos habitantes de colonias cercanas al campus, como Candiani, Samaritana, La Joya y Cuauhtémoc, desde donde sus habitantes concurrieron a la UABJO para apoyar a los estudiantes y la APPO en su lucha contra la PFP, denunciaron su temor "a ser objeto de represalias por parte de los grupos del gobierno, o de la policía, porque entre los agentes que estuvieron en el lugar hubo quienes tomaron fotografías y videos".

Sin embargo, informaron que este domingo participarán en la marcha de apoyo a la APPO y en demanda de que pida licencia o renuncie el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Por otra parte, se confirmó que además del saldo de 10 federales heridos, la PFP prepara la reorganización de la operación de seguridad, con el fin de continuar con su programa de "restablecimiento de la paz y la tranquilidad en Oaxaca", meta del Operativo Juárez 2006.

Se dio a conocer que, como parte de las acciones de distensión, se puso en libertad a los 22 detenidos durante la incursión policiaca del domingo 29 de octubre, cuando la policía federal tomó el zócalo.

Y entre de las nuevas acciones que promoverán las fuerzas federales, destaca que en los próximos días miembros de "organizaciones civiles" realizarán labores de limpieza y repintado en la ciudad, por lo que se adquirió jabón en polvo, escobas, cubetas, brochas y latas de pintura.

A su vez, en el zócalo, personal de la PFP se dedicó a reparar cuatro unidades antimotines que sufrieron daños en sus motores, transmisión, espejos, faros y calaveras.

Asimismo, la policía federal continuó con sus vuelos de reconocimiento, mientras los altos mandos daban cauce al "estado de distensión", con el objetivo de que al menos hasta el domingo, cuando se realice la megamarcha convocada por la APPO, disminuya la efervescencia social por su intervención en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, y en aras de dar un mensaje de que su labor sólo tiene como finalidad liberar las vialidades que confluyen en la UABJO.

Mandos de las fuerzas federales indicaron que, en caso de que las circunstancias sociales no favorezcan un despliegue pacífico de sus fuerzas en las vialidades cercanas al campus, se echará mano de más elementos para imponer medidas de seguridad en la ciudad, lo que incluiría la participación de miembros de la tercera brigada de la Policía Militar, disfrazados como elementos de la PFP.

Y aunque el Ejército no ha informado oficialmente de desplazamiento de sus efectivos, desde la tarde de este viernes se colocaron puestos de revisión vehicular en las carreteras de México y el istmo a la ciudad de Oaxaca. Automotores y pasajeros son revisados con la finalidad de detectar un posible tráfico de armas y cartuchos hacia esta capital.

La APPO y la marcha

En tanto, la APPO cuestionó el operativo de la PFP porque se trata, aseguró, de una fuerza "de ocupación enviada para someter al pueblo de Oaxaca y apuntalar al tirano y así salvaguardar sus intereses y la sagrada alianza" del gobierno de Vicente Fox y el PRI para permitir la toma de protesta de Felipe Calderón, el primero de diciembre.

Reiteró que el único interlocutor válido para negociar acuerdos políticos que solucionen el conflicto que vive la entidad desde hace más de cinco meses es el presidente Fox.
También atribuyó la responsabilidad de la incursión al presidente electo, y preguntó: "Señor Calderón, ¿inaugura su gobierno con esta acción? Un gobierno de tinte fascista es el que usted prometió a los dueños del dinero. Al igual que Ulises Ruiz Ortiz, usted contrajo muchos compromisos con ellos durante su campaña, y como él reprime al pueblo y equivoca su estrategia, porque la presencia de cerca de 5 mil invasores en tierras oaxaqueñas sólo provoca más el encono en contra del tirano, y también en contra suya".

Esta mañana, integrantes de la dirección colectiva de la APPO se reunieron con diputados federales del PRD para analizar las posibles salidas políticas al conflicto.

En el encuentro, Flavio Sosa Villavicencio -quien ya promovió un amparo por la orden de aprehensión en su contra- dijo a los legisladores que una vía de solución sería impulsar el juicio político contra Ulises Ruiz, y estuvo de acuerdo en que haya interinatos sucesivos.

Regreso a clases

Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del SNTE, informó -como La Jornada había adelantado- que este viernes los maestros en paro ya recibieron el pago de dos quincenas, y en los próximos días se les dará el importe de las otras dos que se les adeudan, por lo que "a partir de este lunes, y de manera paulatina, todos los profesores regresarán a impartir clases".

Confirmó que ya está programado lo del aumento salarial comprometido por la Secretaría de Gobernación en respuesta a sus demandas, aunque precisó que su exigencia principal, que es la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, se mantiene en pie.

En cuanto a la asamblea general que debía realizarse este sábado, indicó que no existen condiciones, porque "está muy violento el escenario, por lo que exigimos la salida de la PFP de Oaxaca y que se detenga la agresión contra los oaxaqueños".

El dirigente magisterial reconoció que existen grupos minoritarios que se oponen al regreso a clases, pero la reanudación "no es una posición del comité ni de la asamblea estatal, sino de la mayoría de los trabajadores de base", por lo que el inicio del ciclo escolar "no está a discusión".

Se equivocan Fox y Calderón: EPR

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reconoció la resistencia al operativo de la Policía Federal Preventiva en la UABJO, y resaltó que tanto el presidente Fox como Felipe Calderón se equivocan "al querer solucionar el conflicto social por medio de la fuerza", porque "cuando un pueblo alza la voz y el puño, es imposible derrotarlo".
"Este 2 de noviembre, glorioso y victorioso, no es más que la instrumentación de la creatividad, el valor, la rebeldía y la dignidad. Para nosotros es la autodefensa popular que ha echado raíz en el corazón y la conciencia de los oaxaqueños", señaló.
(La Jornada)

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– Por improcedentes rechaza la Corte controversias interpuestas por Ruiz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las dos controversias constitucionales interpuestas a principios de la semana por el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, en contra de los exhortos que hicieran por separado las cámaras de Diputados y de Senadores para que el mandatario estatal abandone su cargo y se logre una solución al conflicto que se vive desde hace más de 150 días en esa entidad.

Respecto al exhorto de los diputados, el ministro Sergio Valls Hernández, quien analizó la controversia, desechó la petición de Ruiz por considerarla notoriamente improcedente, argumentando que el mandatario estatal no acreditó que exista un fallo definitivo del pleno de ese órgano legislativo, pues los diputados sólo hicieron una propuesta de punto de acuerdo, misma que aún no ha sido aprobada, razón por la que el máximo tribunal del país no puede dar trámite a la demanda de Ruiz.

El segundo revés al gobernador oaxaqueño -que se sumó al dictaminado por Valls- lo propinó la tarde de ayer el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien analizó la controversia contra el exhorto del Senado de la República. Góngora consideró que la petición de Ruiz es notoriamente improcedente porque el exhorto de ese órgano legislativo no generó ninguna obligación para el gobierno de Oaxaca.

Los argumentos de los magistrados

Aunque ambas controversias corrieron la misma suerte, los dos ministros argumentaron diferentes motivos para su decisión. Góngora Pimentel desechó la demanda de Ruiz por considerar que el exhorto emitido el lunes pasado por el Senado de la República no tiene efecto jurídico alguno, sino que se trató de una declaración parlamentaria, misma que no implica una "afectación" de los derechos del estado de Oaxaca, por lo que no procede la controversia.

Por su parte, Valls Hernández concluyó que el mandatario estatal y su equipo jurídico no lograron acreditar ante el máximo tribunal del país que el exhorto de los legisladores fuera aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, y en consecuencia "no hay pruebas de que exista un acto definitivo" que pudiera causar el juicio a Ruiz Ortiz, por lo que la Corte sólo podría analizar tal controversia hasta que ese exhorto fuera un acto definitivo.

El lunes pasado, integrantes de ambas cámaras acordaron, por separado, solicitar a Ulises Ruiz renunciar o pedir licencia de su cargo con objeto de dar una solución a la crisis que se vive en la entidad del sureste desde hace casi cinco meses. En respuesta, el gobernador interpuso dos controversias constitucionales ante el máximo tribunal argumentando que ambos órganos legislativos violaban la soberanía de la entidad al hacer tal petición, pues desde su perspectiva, el Legislativo federal no tiene facultades para tal exhorto.

En un documento de más de 30 cuartillas, Ruiz Ortiz pedía que la Corte ordenara la "suspensión" para que quedara sin efecto el exhorto de ambas cámaras, y además señalaba que esa petición legislativa era "improcedente e inconstitucional", porque las únicas vías institucionales para cesar a los representantes estatales son la desaparición de poderes "agotada por el Senado", y el juicio político, "que eventualmente está en trámite ante la propia Cámara de Diputados".

Los representantes legales del mandatario estatal impugnaron ayer por la tarde la decisión de Valls mediante un recurso de reclamación, y se prevé que el próximo lunes hagan lo propio con la decisión de Genaro Góngora, con objeto de que una de las salas de la SCJN analice si fueron adecuadas las decisiones de ambos ministros.

En tanto, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) expresaron su beneplácito por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar por improcedente las controversia constitucionale que interpuso el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, en contra de la Cámara de Diputados.

Javier González Garza, coordinador de la fracción parlamentaria del partido del sol azteca en San Lázaro, calificó como una insensatez la controversia presentada por Ulises Ruiz.

"No tiene sentido. Lo que hoy estamos viendo es que la Suprema Corte, cuando menos un ministro, leyó el asunto y decretó que era notoriamente improcedente, porque una controversia constitucional no tiene nada que ver con un exhorto. Eso ya lo sabíamos todos", comentó.

El vocero del grupo parlamentario del PRD, Luis Sánchez Jiménez, calificó de obvia la decisión de la Suprema Corte y cuestionó la capacidad intelectual de Ruiz Ortiz cuando éste entabló la querella, incluso antes de haber recibido el exhorto.

En tanto, el diputado del PRI Samuel Aguilar Solís coincidió con la decisión de la SCJN al considerar que no había elementos de controversia en la querella presentada por el gobernador de Oaxaca y recordó que el exhorto hecho por algunos partidos representados en el recinto legislativo fue de carácter político y jurídicamente no es vinculante a ningún hecho.
(La Jornada)
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