http://opinion.infobae.com/christian-castillo/2014/02/13/de-nuevo-en-la-lista/

Es sociólogo y docente de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata. Es dirigente nacional del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas) y coordinador del Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx. En las últimas elecciones fue candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda.

Durante el mes de enero me llegó una citación a indagatoria del Juzgado en lo Criminal Correccional de San Martín, partido de Tres de Febrero, por haber acompañado el piquete que diversas organizaciones obreras antiburocráticas realizaron en Panamericana y Henry Ford durante el masivo paro general de 24 horas el 20 de noviembre de 2012. También fueron citados Eduardo Ayala, entonces miembro de la Comisión Interna de la empresa gráfica Donnelley, y Lorena Gentile y Javier “Poke” Hermosilla de la Comisión Interna de Kraft. Todos los citados somos militantes del PTS y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). En mi caso, me sumo nuevamente (imputaciones anteriores por haber estado en marchas diversas quedaron sin efecto en su momento) a la lista de más de 5 mil procesados que hay en todo el país por haber participado de huelgas o movilizaciones obreras y populares.

Mis compañeros ya eran parte de la lista, en procesos armados en base a “información” aportada ilegalmente por la Gendarmería en los casos que detonaron la denuncia de espionaje de esa fuerza conocida como “Proyecto X”. Aducen que cortando la Panamericana durante un paro general hemos violado el artículo 194 del Código Penal -que viene de los tiempos de la dictadura de Onganía- a pesar de que hay ya varios fallos que señalan que este artículo no debe aplicarse a acciones realizadas como parte de huelgas o movilizaciones vinculadas a ellas.

Nos referimos por ejemplo al reciente dictamen del Dr. Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, quien en la causa caratulada “Moyano, Edgardo y otros s/recurso de casación”, señaló que las manifestaciones en la vía pública no pueden ser hechos encasillados en el art. 194 del Código Penal, por tanto no pueden ser consideradas delito. Así lo plantea en su dictamen sobre la aplicación de dicho artículo: “De ahí que viene observándose que las protestas sociales que únicamente se toman el espacio público para dirigir sus reclamos, para hacerse oír por las autoridades que no han recibido y canalizado sus solicitudes, no debería ser sujeta a medidas tan gravosas e intensas como lo es la acción penal”. Y agrega: “Estas situaciones generan el peligro de permitir que una norma de esta naturaleza sea legitimadora de la criminalización de opiniones y reclamos ante las autoridades o grupos de poder real por parte de sectores disidentes de la opinión de la mayoría”. Todo esto se aplica al hecho por el cual se nos quiere criminalizar.

De la larga lista de perseguidos por luchar, el caso más grave y emblemático es hoy el de los trabajadores petroleros de Las Heras, cuatro de los cuales fueron condenados a cadena perpetua en un juicio escandaloso, armado en base a testimonios arrancados bajo tortura. La campaña por la absolución de estos compañeros no para de crecer, tanto nacional como internacionalmente, con tres centrales sindicales que se han pronunciado en su favor: la CTA que encabeza Pablo Micheli, la CTA que lidera Hugo Yasky y la CGT dirigida por Hugo Moyano.

El momento en que nos cita la justicia por hechos de hace un año y medio no es casual. Se produce cuando se está descargando un brutal ajuste sobre el pueblo trabajador mediante la combinación de devaluación e inflación, donde tanto el oficialismo como los opositores de los partidos patronales (Massa, Macri, Cobos, Binner, etcétera) coinciden en que el salario y las jubilaciones sean la variable de “ajuste”, en que sean los trabajadores los que paguen la crisis. Un claro indicador de esto fue la reunión de los ministros de economía de varias provincias para acordar no aumentar más de un 25% a los docentes, cuando la inflación que se anuncia para este año será superior al 30%. Desde el Frente de Izquierda anunciamos en la campaña electoral el ajuste que se preparaba más allá de los discursos de ocasión. Los hechos nos han dado la razón.

No hay que ser muy perspicaz para pronosticar que más allá de las agachadas de los burócratas sindicales es muy probable que las paritarias sean escenarios de protestas y movilizaciones en defensa del salario. Nos judicializan al igual que a otros compañeros como forma de tratar de desalentar nuestra intervención en las luchas. Es obvio que no lo van a conseguir. Todo lo contrario. Nos refuerzan en nuestras convicciones.

Transformaremos su persecución en una denuncia de este régimen político y de su justicia de clase, enemiga de los trabajadores. A nosotros nos persiguen por luchar, a los funcionarios del Gobierno y a sus opositores de la derecha los citan a tribunales por su participación en corruptelas y negociados. Seguiremos en las calles, junto a la clase trabajadora.