Durante los últimos meses fue creciendo en Colombia la presión, tanto interna como externa, para llegar a un “canje humanitario” entre los rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los miembros de esta organización en las cárceles colombianas y de EE.UU. El acuerdo que dejarían en libertad a más de 400 miembros de las FARC a cambio de 45 rehenes, entre los que se incluye a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt (con doble nacionalidad, francesa y colombiana) y a tres estadounidenses, se encontraba estancado. El gobierno colombiano de Alvaro Uribe, que se encuentra en medio de un escándalo por su relación con los paramilitares (ver aparte), después de haber fracasado los intentos de mediación por parte del presidente francés Nicolás Sarkozy [1], acaba de acordar con el presidente venezolano, Hugo Chávez, su mediación para negociar con las FARC.

¿Ni vencedores ni vencidos?

La intervención de Chávez podría destrabar las negociaciones que ya estaban empezando a volverse un problema tanto para Uribe como para las FARC. Las enormes movilizaciones de los últimos meses a favor de un “canje humanitario”, que en un principio fueron aprovechadas por Uribe en pos de su política derechista y como base de apoyo para su gobierno, habían empezado a convertirse en una presión hacia una salida de diálogo contrapuesta a la posición que Uribe mantenía de ataque militar unilateral para rescatar a los rehenes. Esta política era rechazada de plano por los familiares de los rehenes que en algunos de los actos masivos llegaron a chiflar a Uribe.

Las FARC, por su parte, necesitaban un “facilitador” que les permitiera salir del aislamiento político en el que se encuentran, más aún luego de la muerte de 11 diputados regionales en poder de las FARC, durante un supuesto intento de rescate militar fallido en junio. La mediación de Chávez instala también a las FARC como una de las “partes en conflicto”, demanda de esta organización que rechaza la categoría de “terrorista” con que el gobierno de Uribe la catalogó ante la comunidad internacional.

Más allá del éxito o fracaso de la misión de Chávez, el objetivo es permitir un diálogo en el que no haya ni vencedores ni vencidos. El asesino Uribe va a tener que apretar fuerte los dientes mientras Chávez equipara a las FARC con el Estado colombiano, aunque al mismo tiempo la participación del presidente venezolano es una lavada de cara para su gobierno, cuestionado por sus lazos con los paramilitares. Por su parte, las FARC ya aceptaron comenzar el diálogo en suelo venezolano y resta ver si seguirán exigiendo para el intercambio de rehenes que el gobierno despeje dos municipios de Colombia (Florida y Pradera), una de las exigencias claves que hasta ahora viene siendo rechazada por Uribe y ha hecho fracasar todos los intentos de dialogo. Para destrabar este conflicto una de las variantes que se baraja es la de un despeje parcial sin presencia armada de las FARC ni del Estado, bajo el control de veedores internacionales, según una propuesta de Francia, España y Suiza.

Más allá de las variantes que se pueden dar, por el momento sale mejor parado de esta situación el propio Chávez que entra a Colombia como un actor regional que puede garantizar la estabilidad, no sólo en competencia con otros gobiernos de la región como Lula, con los que mantiene roces por el liderazgo en el subcontinente (no por nada Lula le ofreció inmediatamente “toda la colaboración política y diplomática que requiera en su delicada tarea’’), sino también ante la relación con EE.UU. en un país que es considerado uno de sus mayores aliados en la región. Este no es un dato menor ya que hoy muchos colombianos sienten que EE.UU. les viene “soltando la mano”. La mayoría demócrata en el parlamento norteamericano viene frenando el Tratado de Libre Comercio que era uno de los caballitos de batalla de Uribe. Este “vacío” dejado por EE.UU. también fue aprovechado por Chávez que además de las conversaciones por el “canje humanitario”, aprovechó su viaje para firmar varios acuerdos comerciales con Uribe [2].

Aún es muy pronto para saber el resultado de las negociaciones, pero lo cierto es que durante los últimos meses se han generado grandes expectativas y se han sumado una gran cantidad de actores internos y externos al conflicto colombiano. Un fracaso de las negociaciones puede traer aparejado una serie de crisis empezando por el gobierno de Uribe que ya viene golpeado por el escándalo de los paramilitares. Esto se da en un momento en que su base social que está cohesionada básicamente alrededor del crecimiento económico (8% en el primer trimestre del año) y un mini boom de consumo, se puede ver afectada por los efectos de la crisis financiera internacional. Junto a esto, la baja de su popularidad (que a pesar de mantenerse alta cayó más de 9 puntos) podría quitarle respaldo para los ataques a los trabajadores con los que Uribe pensaba sellar su segundo mandato [3].

– La Narco-parapolítica

La descomposición del régimen colombiano nunca se manifestó con tanta agudeza como en la actual crisis de la parapolítica. Los grupos paramilitares apadrinados por el Estado son los responsables de las persecuciones y asesinatos de trabajadores y campesinos, cobrándose la vida de más de 2.500 dirigentes sociales desde el año 1991. El gobierno de Uribe confeccionó una ley que no es más que una amnistía generalizada para los paramilitares. Sin embargo las declaraciones de Salvatore Mancuso, uno de sus máximos jefes, (miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, principal grupo paramilitar) han generado un verdadero escándalo mostrando los lazos de políticos, militares y empresarios con el narcotráfico y el financiamiento de los paramilitares. Una veintena de congresistas, 14 de ellos uribistas están en la cárcel, renunciaron altos funcionarios y el vicepresidente está siendo investigado. También Uribe ha aparecido, en fotos y videos publicadas por diarios de EE.UU. con jefes paramilitares en su campaña presidencial de 2002, y se lo acusa de haber dado apoyo a la formación de grupos paramilitares durante su mandato como gobernador de Antioquia a mediados de la década del ‘90.

Según Mancuso, prácticamente todas las empresas bananeras, transportadoras, cafetaleras y petroleras financiaban al paramilitarismo. Empresas norteamericanas como la bananera Chiquita Brands pagaban a los paramilitares un centavo de dólar por cada caja de banano exportada para eliminar dirigentes campesinos y sindicalistas, y a la empresa Coca Cola se le imputan 14 asesinatos.

El plan de impunidad gestado por Uribe, lejos de “desmovilizar” ya logró que 10.000 nuevos paramilitares se organicen desde fines del año pasado.

– ¿A dónde van las FARC?

Los revolucionarios no negamos el derecho de las FARC a sentarse a negociar y defendemos incondicionalmente a las organizaciones guerrilleras frente a la represión del Estado burgués, a la vez que denunciamos la hipocresía de catalogarla como “organización terrorista” para garantizar la intervención imperialista en el país. Sin embargo, no podemos dejar de denunciar la nefasta política y estrategia de la cúpula de las FARC, opuesta por el vértice a las necesidades de la movilización de los obreros y campesinos de Colombia. La política de las FARC demuestra que toda su estrategia se limita a presionar para lograr algunas reformas políticas a la vez que allana el camino para integrarse al régimen burgués colombiano. Así lo demuestran las declaraciones de uno de sus máximos dirigentes, Raúl Reyes, al afirmar que después del “canje humanitario”, “tendrá que venir la otra parte, que tiene que ver con la paz de Colombia.” (Página/12, 4/9), y aclarando que podría formar parte de “una coalición para conformar un gobierno pluralista, patriótico y democrático, que se comprometa con la verdadera paz (...) como por ejemplo un gobierno del Polo Democrático Alternativo” (Clarín, 27/8). Recordemos que el mismo Polo Democrático es parte de la integración al régimen burgués de parte de los dirigentes de la vieja guerrilla del M19 y que hoy conforma la principal fuerza de oposición burguesa de centroizquierda [4].

En Colombia es imposible lograr demandas de los trabajadores y las masas pobres sin atacar las bases de la propiedad de los latifundistas, los grandes empresarios y expulsar al imperialismo del país. Sin embargo, como demuestra la política de las FARC, esto no es parte de su estrategia de colaboración de clases, que pretende subordinar a los obreros y campesinos bajo su discurso de un gobierno “patriótico y democrático” hacia una política burguesa, convirtiéndose en un obstáculo para la alianza obrera y campesina.

Esta política de colaboración de clases también es compartida por la burocracia sindical de la CUT y el Polo Democrático que vienen de traicionar una importante lucha de los trabajadores de la educación en el mes de mayo.

Frente a esta política es necesario impulsar la unidad de la lucha de los trabajadores y campesinos para derrotar al gobierno narco-paramilitar de Uribe y sus políticas antiobreras, e imponer la realización íntegra y efectiva de las demandas de tierra, pan, trabajo, libertad y liberación nacional. Sólo un verdadero partido obrero, revolucionario e internacionalista podrá pelear consecuentemente por este programa y esta estrategia.