El amparo de la Iglesia y el doble juego del gobierno

El día de la sentencia se hicieron presentes los sobrevivientes de los campos de detención donde actuaba Von Wernich: Carlos Zaidman de la Unión por los Derechos Humanos, Rubén Schell y Eduardo Kiriloviski. Los familiares de las víctimas como las familias Moncalvillo, Salomone y Mainer. Estuvieron también personalidades de los organismos de derechos humanos como Adriana Calvo junto a los compañeros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Mirta Baravalle y decenas de Madres de Plaza de Mayo, Graciela Rosemblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Luis Bonomi del CeProDH. De los partidos políticos de izquierda estuvieron Luis Zamora, Vilma Ripoll por el MST, y José Montes por el PTS. Cerca de 1.000 compañeros manifestaron frente al edificio de los tribunales federales.

La condena a reclusión perpetua a Christian Von Wernich, ex capellán de la policía bonaerense y confesor del ex jefe de esa Policía, Ramón Camps, es una victoria de las víctimas que sobrevivieron a los centros de detención, de los familiares, de los organismos de derechos humanos y de todos los que desde la dictadura y, posteriormente tras su caída, hemos seguido peleando contra el andamiaje de impunidad que la UCR, el PJ y todos los partidos patronales le han garantizado a los genocidas en estos 30 años.

Los que formamos parte de la querella hemos pedido la cárcel común para el genocida. Eso fue concedido y se quedará alojado en Marcos Paz. Hay que estar alertas y tener un control muy estricto porque como pasa con Etchecolatz (también detenido en Marcos Paz) el Ministerio de Justicia autoriza todo tipo de prebendas para estos presos que no son las condiciones en las que está un preso común.

La importancia del juicio radica, en primer lugar, en que como nunca antes, millones pudieron seguir en vivo por televisión parte de la historia que muchos quisieron ocultar: la relación orgánica entre Iglesia y dictadura. Ni siquiera el Juicio a las Juntas fue emitido con audio por TV. Von Wernich es el primer sacerdote de la Iglesia Católica que afrontó un juicio oral y público y fue hallado culpable como coautor en siete homicidios triplemente calificados, coautor en la aplicación de tormentos agravados en 31 casos y partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada en 42 oportunidades. Si bien Von Wernich es por excelencia el ejemplo del cura fascista, durante la dictadura, toda la cúpula eclesiástica brindó su apoyo mientras los capellanes militares, policiales y penitenciarios participaban de los secuestros, torturas y desapariciones. Para revelar esta complicidad ha servido este juicio.

Pero también, y esto es fundamental, desde la querella hemos planteado que Von Wernich no sea juzgado por un simple concurso de delitos aislados sino que hemos denunciado que esos delitos fueron parte de un plan sistemático de exterminio. Por eso exigimos que se cambie la calificación legal y se lo condene por co-autor de genocidio (ver alegatos). El juez no hizo lugar a nuestro pedido. Sin embargo, la sentencia lo condena por delitos comunes pero constando que se cometieron “el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983”. Es similar a lo que logramos los querellantes en el juicio contra Etchecolatz. Es muy importante porque el fallo va en contra de la línea pregonada por el gobierno de Kirchner de sólo juzgar a unos pocos genocidas emblemáticos ya que la figura de genocidio da cuenta no sólo de que hubo un plan de exterminio de las instituciones represivas en su conjunto sino que equipara a los cómplices civiles en responsabilidad.

El rol nefasto de la fiscalía oficial

Este paso adelante que significa la condena a Von Wernich, no quita el hecho que sea tan sólo el tercer genocida condenado desde que fueron anuladas las leyes de punto final y obediencia debida hace ya cuatro años. Esto también es una muestra de la impunidad reinante y hay que decir que con miles de genocidas caminando por las calles se entiende por qué Julio López, testigo en el juicio contra Etchecolatz, fue secuestrado, y al día de hoy sus desaparecedores están en libertad. La desaparición de López es la muestra terrible de que la impunidad sólo genera más represión e impunidad. Y es ejemplificador de un verdadero doble juego que se hace desde el gobierno y el Estado. Por un lado se hacen discursos contra la impunidad y por el otro se mantiene en actividad a miles de policías y militares que sirvieron bajo la dictadura, así como se niegan a abrir los archivos de la SIDE y de las fuerzas represivas sobre el terrorismo de Estado. Entre esos represores que están sueltos hay que buscar a los que secuestraron a Julio.

Pero además, en este mismo juicio saltó la contradicción. No hubo un solo aporte fundamental de prueba, no hubo un solo archivo que el Estado hubiera abierto para aportar. Como tuvo que hacer Julio López, nuevamente toda la carga probatoria pesó sobre las víctimas. A ellos les tocó contar lo que pasaba en los centros clandestinos, los que tuvieron que reconocer a los represores.

Pero además los fiscales, en vez de pedir que se lo condene a Von Wernich por siete homicidios, pidieron al juez que se lo haga por seis. El fiscal de la nación Felix Crous pidió la absolución del genocida por el asesinato de Maria del Carmen Morettini, víctima que fue secuestrada, torturada, desaparecida y asesinada en el marco del Circuito Camps durante la dictadura. Los fiscales se amparan en un testimonio de una testigo que casualmente habló de temas que no se le preguntaron, y que dijo que otra persona le había dicho que una tercera persona había visto a esta persona viva en el año ’92. Con ese solo dato pidieron al juez que se absuelva a Von Wernich de ese crimen.

Lo hecho por los fiscales, es perverso porque genera duda. Cuando los siete casos de los que se hablaba son los mismos ya analizados en los juicios durante los años ‘80. Una prueba, con respecto a ese crimen es -como dijimos- que esto ya fue tratado por otras causas y hay otros imputados condenados por esto. Y otra prueba que tuvimos que conseguir los querellantes el último día del juicio -cuando era la fiscalía la que tendría que haberlo hecho- es que desde 1978 hay una sentencia que decreta la ausencia con presunción de fallecimiento de María del Carmen Moretini y en 1993 esa sentencia se convirtió en desaparición forzada de persona.

Pero esto no nos llama la atención. Creemos que hay que juntar hechos, por qué un testigo cambia la declaración, por qué los fiscales rápidamente piden la absolución. Estos no son fiscales comunes, sino que componen una unidad fiscal especial para actuar con estas causas, dependen de Esteban Righi, el kirchnerista Procurador General de la Nación. El lenguaje de los fiscales recrea el lenguaje de los represores.

Von Wernich dijo que una de sus víctimas era servicio de inteligencia. Era previsible. Pero los fiscales dicen que hay también desaparecidos que se los ven por los bancos. Una cosa increíble y sin ninguna prueba. Acá es donde se ve el doble juego del Estado porque aparece la Secretaría de Derechos Humanos en nombre del Poder Ejecutivo y acusa. Los fiscales son los que representan al Estado y piden la absolución, entonces lo que tenemos miedo es quedar presos de un doble juego y por eso salimos rápidamente a denunciar.

La responsabilidad es institucional

Al igual que Von Wernich cuando pronunció sus palabras finales, el comunicado de la Conferencia Episcopal habla de la necesidad de una “reconciliación” con los genocidas. También dice estar “conmovidos”. Hace ya 20 años que son públicos los crímenes de Von Wernich y sigue siendo sacerdote. La jerarquía eclesiástica fue cómplice del terrorismo de Estado y ahora saca un comunicado equiparando “el rencor” -que legítimamente puedan tener las víctimas- con “la impunidad” que es una vergonzosa política estatal planificada por los represores y sostenida por los gobiernos constitucionales. Nuevamente recrean la “teoría de los demonios” para desviar su responsabilidad institucional y seguir callando todo lo que saben.

Para avanzar en el castigo a los represores hay que procesarlos por genocidio, como exigimos los organismos nucleados en Justicia Ya!. Por otro lado, no puede ser que el Estado siga solventando con millones de pesos a la Iglesia. Hay que separar inmediatamente la Iglesia del Estado.

Con la unidad lograda entre los organismos de los Derechos Humanos independientes del gobierno, las organizaciones sociales y la izquierda, expresada en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en la Multisectorial La Plata, seguiremos movilizándonos para terminar con la impunidad de los genocidas.

Luciano Sívori es miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) de La Plata