Chávez ciertamente es visto por amplios sectores del movimiento de masas y de la izquierda en América Latina como un referente político, siendo víctima de dos importantes intentos para derrocarlo por parte de la reacción y el imperialismo. En el último período ha acentuado su retórica antinorteamericana, adelanta una limitadísima reforma agraria, desarrolla importantes planes de asistencia social, levanta la bandera de la “integración latinoamericana” y cuenta con un importante apoyo de los pobres urbanos y de sectores las masas trabajadoras en nuestro país. Es comprensible que desde afuera se lo vea con simpatía, sobre todo ante el gran cipayaje de los gobiernos que ha tenido nuestra región en las últimas décadas, incluso del resto de las administraciones políticas actuales que se dicen “progresistas”.

Sin embargo, el proyecto y el gobierno de Chávez no son como lo pintan tanto la derecha reaccionaria como la izquierda reformista, pues cada cual de acuerdo a su interés, lo hacen aparecer más de izquierda de lo que realmente es.
Recientemente lo hemos visto, por ejemplo, cumplir el papel de esquirol frente a la lucha de los trabajadores y pobladores de la región petrolera del norte de Ecuador, quienes demandaban trabajo, construcción de infraestructuras y la expulsión de la transnacional norteamericana Occidental Petroleum Corp. entre otras exigencias. Hugo Chávez abasteció de petróleo al gobierno represor de Palacios para que pudiera quebrar esta importante lucha.

Aspectos más completos que tienen que ver con el carácter del proyecto, el régimen y el gobierno que encabeza Chávez, han sido desarrolladas más ampliamente en trabajos anteriores en el periódico La Verdad Obrera de Argentina como el artículo “Discurso y realidad de la Venezuela de Chávez” y la declaración ante el referendo revocatorio del 15 de agosto de 2004, de la Juventud de Izquierda Revolucionaria (JIR) integrante de la FT-CI en Venezuela. En este artículo nos queremos referir exclusivamente a la política cogestionaria que lleva adelante el gobierno de Chávez, y que ha encantado a la izquierda tanto venezolana como del resto de América Latina, con la que se supone que, junto a la “economía social” (cooperativas) se dan pasos para “trascender (progresivamente, en palabras de Chávez) al capitalismo”. Veamos entonces los mitos y realidades en esta política específica del gobierno.

Los casos cogestionarios

En empresas como Invepal e Inveval [1] los patrones declararon quiebra y se negaban a cumplir con las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores. Como respuesta los obreros toman las fábricas durante varios meses. El gobierno, luego de otorgarle créditos a los empresarios, luego de intentar conciliar con los patrones sin ser correspondido, decide declarar de utilidad pública las empresas -con aprobación unánime de la Asamblea Nacional- y expropiarlas con la correspondiente indemnización. Pero el Estado asume el 51% de las acciones, y los trabajadores, a quienes se les exige conformarse en cooperativa, el 49% restante. El dinero que los patrones adeudaban a los trabajadores no les es resarcido sino que es utilizado como “inversión” para reactivar la empresa. En los hechos el sindicato dejó de existir. La administración la asumen representantes del Estado junto a representantes de los trabajadores [2] . En este caso, además de convertir en accionistas a los trabajadores, es evidente que es el Estado quien tiene la última palabra en la administración, pues es dueño de la mayoría de las acciones.

En otras empresas en quiebra o bajo fuerte crisis, como la fábrica textil, cerrada desde hacía unos 15 años y reabierta como Invetex [3], donde el patrón tenía viejas deudas con el Estado, éste asume el 51% de las acciones, y el resto se las reparten entre el patrón y los trabajadores, comprando estos últimos las acciones con un préstamo del gobierno; se recluta el personal entre ex trabajadores y graduados de la Misión Vuelvan Caras [4], siendo que los trabajadores tienen que organizarse como cooperativa.

En algunas empresas públicas, como en la compañía de electricidad CADAFE, el Estado le da participación en la junta administradora a representantes del sindicato; pero todo el personal gerente y de mando sigue siendo nombrado por el Estado. Los trabajadores/as exigen tener más participación pero el gobierno les dice que “en las empresas estratégicas”, que son la mayoría de las estatales, el Estado tiene que reservarse la administración; los trabajadores deben limitarse apenas a “aportar ideas para mejorar la gestión de la empresa” [5]. De este modelo resalta el caso solitario de ALCASA, empresa de aluminio que junto a otras forma parte de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), es un caso particular en que el presidente es nombrado por el gobierno, actualmente Carlos Lanz, un chavista de izquierda, donde se permite la participación de los trabajadores en la administración al poder el sindicato designar a algunos gerentes, y donde hay delegados por departamento de producción. Pero al ser una empresa que forma parte de toda una corporación que sigue siendo manejada desde el Ministerio, todo su plan de producción, de comercialización e inversión es determinado por las directivas gubernamentales, y por tanto no hay ninguna decisión clave en manos de los trabajadores.

Pero el modelo predilecto del gobierno, es el de que la cogestión la asuman entre patrones y trabajadores, entrando éstos últimos como accionistas de la empresa, siendo que generalmente es el dinero que el patrón le adeudaba a los trabajadores o al Estado, el que es convertido en acciones. Y donde el mismo capital del patrón es un préstamo dado por el Estado para que ponga en marcha la empresa. El gobierno, por esta vía, impulsa una forma de salvataje capitalista, terminando de hacer cargo a los trabajadores de la crisis ya que el dinero que les pertenece por las deudas es usado para reactivar la empresa, logrando mantener la unidad en producción, saldando las deudas que mantienen los patrones, haciendo funcionar la capacidad instalada y deslomándose para hacer rentable la fábrica.

El proyecto de cogestión de Chávez subordina a los trabajadores al interés patronal

La Ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, que tiene entre sus asesores un ex trotskista del autodisuelto PST, aclaraba que lo ocurrido en los casos como Venepal, donde se expropió con la debida indemnización, es una excepción, y que en caso de presentarse una situación similar el gobierno está “apostando porque los trabajadores y empresarios en todas aquellas compañías que necesiten ampliación de su capital, ayuda del Sistema Financiero Público Nacional, renegociación de sus deudas con el IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), ISLR (Impuesto Sobre la Renta) o el CONAVI (Consejo Nacional de la Vivienda), articulen con sus trabajadores la posibilidad de establecer regímenes de cogestión” [6]. Por su parte, Elías Jaua, Ministro para la Economía Popular, decía sobre el mismo tema: “Nosotros queremos que esto sea una excepción. Hemos convocado a aquellos empresarios que tengan cerradas sus empresas a establecer alianzas estratégicas con el Estado... apoyándolos con una política crediticia. Para que, efectivamente, podamos emprender un modelo de reactivación del aparato industrial del país” [7].

Como vemos, de lo que se trata es de que “la transformación del aparato productivo nacional se basa en la existencia de un diálogo social, constructivo y permanente, entre el gobierno nacional, los empresarios y empresarias, los trabajadores y trabajadoras, que haga posible el cumplimiento de los compromisos voluntaria y mutuamente” [8]. Así el gobierno le plantea a las empresas que estén en sectores claves para el desarrollo nacional y/o “que posean capacidad instalada ociosa”, “que tengan necesidad de actualización tecnológica”, “que mantengan deudas atrasadas con sus trabajadores, con el sistema financiero o con organismos públicos”, “que estén cerradas o atravesando problemas que hagan peligrar su existencia”, salvarlas de esa situación, siempre y cuando accedan a que los trabajadores/as sean accionistas de las mismas y “aporten para el desarrollo social o comunitario”. Siendo así, el gobierno les garantiza, entre otras cosas, “renegociación de deudas con el Estado”, “créditos provenientes del sistema financiero público”, “participación en los programas de compras del Estado, Ruedas y Macro Ruedas de negocios nacionales e internacionales”, “recursos que favorezcan la importación de materias primas, insumos y/o tecnologías dirigidos a mejorar y ampliar la producción nacional” [9].

Luego de años de contracción y crisis económica, agudizada por el lock out y los saboteos empresariales, cualquier capitalista con algo de olfato, o que dependa centralmente del mercado interno y la protección-ayuda estatal (como lo son los que apoyan a Chávez), sabe que es preferible, ante una situación de enorme endeudamiento o peligro de quiebra, que los trabajadores/as participen como accionistas, para que el gobierno lo salve de la bancarrota, a través de todos los beneficios que establece el “acuerdo de corresponsabilidad”.

Pero el gobierno, al hacer accionistas a los trabajadores/as, les pervierte, reproduciendo la lógica de apropiación privada, se les pone a pensar en términos de ganancia capitalista, se les responsabiliza por la gestión capitalista, debilitándose así las fuerzas del proletariado en su conjunto, pues, como tristemente decía un obrero por televisión el día de la firma del acuerdo marco citado más arriba: “Luego de que nos den las acciones y echemos a andar la empresa, no podemos estar pensando en huelgas ni nada de eso, sino en aumentar la productividad”. Así pues, mientras se asimila al proletariado a la lógica de acumulación capitalista, estos patrones tendrán, en lugar de una empresa quebrada o atrasada tecnológicamente que no reportaría ganancias, una empresa con créditos, tecnologías y mercado garantizado por el Estado, y sin preocuparse por huelgas o paros obreros.

Además de lo perverso de esta “cogestión”, resulta que es sólo para las empresas en crisis, quebradas o cerradas desde hace tiempo, no se toca para nada a las empresas que la burguesía mantiene funcionando rentables desde el punto de vista capitalistas, ni hablemos de los rentables y estables monopolios nacionales, como el de la alimentación, por ejemplo, o al sector de la construcción, ambos tan estratégicos para resolver las necesidades de las familias pobres. Y, como ya vimos, en las empresas públicas, por ser “estratégicas”, sólo pueden hacer sugerencias para la gestión, es decir, ni la industria petrolera, la del hierro, el acero, el aluminio, las de electricidad e hidrológicas ni las de transporte público estatal, serán alcanzadas por voluntad alguna de los trabajadores.

Sépase a propósito de esto, que en la industria petrolera hubo una importante experiencia de control obrero en algunas refinerías durante el paro patronal, producto de la iniciativa de los trabajadores. En la refinería de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, los trabajadores no permitieron ni siquiera que se parara la producción. Esto gracias al grado de alerta en el que estaban, y a la preparación previa que tenían, así cuando los gerentes y ejecutivos deciden lanzar el lock out, estos le impidieron llevar a cabo algún tipo de saboteo, y al contrario, los sacaron de las instalaciones, haciéndose ellos cargo de las mismas. Los trabajadores cuentan cómo entre ellos decidieron quién se hacía cargo de las labores “administrativas” y se reunían todos los días para evaluar cómo marchaba la producción. En la Refinería de El Palito, en el Estado Carabobo, la reactivación también tuvo las características de haber sido producto de la iniciativa de los trabajadores y de su organización para echar a andar la refinería. Sin embargo, al derrotarse el lock out, el gobierno ordenó la “reestructuración” de PDVSA con la cual, no sólo se despidió a los gerentes y ejecutivos comprometidos con la reacción, sino que también se desarticuló esa experiencia, volviendo a las jerarquías de mando de siempre, con gerentes nombrados por el Ministro. Aunque en la refinería de El Palito, la resistencia de los trabajadores a ser desplazados de la conducción de la industria fue más fuerte que en Puerto La Cruz. Eso es así hasta el sol de hoy, a pesar de la exigencia de los trabajadores de una “constituyente petrolera”, es decir los obreros que fueron vanguardia en la derrota del paro patronal, no tienen hoy injerencia alguna en administración de PDVSA.

Por comités de fábrica para luchar por el control y la administración obrera directa.

Es evidente que con esta política cogestionaria no se resuelven los grandes problemas de las mayorías trabajadoras y pobres del país, ni mucho menos se va al “socialismo”, todo lo contrario se salva a los empresarios de la crisis. Pero algunos sectores de la izquierda nos hablan de que casos como Invepal, más allá de que señalan los peligros actuales con que se enfrenta esta empresa, “es el camino luminoso que nos puede conducir a un nuevo modelo de sociedad”.

Los que escribimos este texto no damos una respuesta desde un punto de vista dogmático. Diferenciamos los casos tajantes que se desenvuelven en Venezuela, y las distintas respuestas que deben dar los trabajadores a los mismos. En el caso de la industria nacionalizada, estamos por la participación de los trabajadores en la administración directa aunque alertemos de todos los peligros que esta experiencia encierra, pues esta puede ser aprovechada por la clase obrera en favor de su lucha. Levantamos la política del control obrero de toda fábrica que cierra o quiebra, y su nacionalización sin pago, como paso previo a la gestión obrera directa. Denunciamos la política perversa del gobierno de querer transformar a los trabajadores en accionistas bajo la figura de cooperativa, llevándolos a ser responsables por la administración capitalista junto al empresario y/o el Estado en sus diversas políticas de cogestión. Pero, junto con Trotsky, quien se refería al caso del México de Cárdenas, decimos, “sería un error desastroso, un completo engaño, afirmar que el camino al socialismo no pasa por la revolución proletaria, sino por la nacionalización que haga el estado burgués en algunas ramas de la industria y su transferencia a las organizaciones obreras” [10], salvando además las distancias con el proceso actual que no tiene ni la sombra de los alcances del proceso mexicano en los ‘30.

Este es el gran peligro que existe en gran parte de las organizaciones de la izquierda venezolana, que aún en el plano que hemos visto más arriba de cogestión ven esto como un camino hacia el socialismo, que constituyan verdaderas panaceas que bastará con multiplicar para llegar pacífica y voluntariamente a la transformación socialista de la economía. Es falso creer que con alguna cogestión aquí y una cogestión allá se llegue a la “justicia social” o al “socialismo”. Para los marxistas no se trata de construir el socialismo con las manos de la burguesía, sino de utilizar las situaciones que se presentan para hacer avanzar el movimiento revolucionario de los trabajadores.

Evidentemente es subproducto de la lucha de los trabajadores la conquista de que se reabra la fábrica y se conserve la fuente de trabajo aún bajo la forma de cogestión que termina cediendo el gobierno, pues si no fuera por esa pelea estuvieran en la calle como se ve en la gran cantidad de fábricas cerradas dejando una gran cantidad de trabajadores en el desempleo. Pero es clave no quedarse en este terreno, luchando por la constitución de comités de fábrica para que desde esta conquista organicemos la lucha por el control obrero y gestión directa desde una perspectiva revolucionaria. La constitución de estos comités es una cuestión clave para la acción en el momento actual. Esta política confronta por el vértice el plan de Chávez, pues su objetivo es salvar a los propietarios de las crisis obligando a los trabajadores a hacerse responsable de la crisis generada por el propio capitalista y cogestionar la empresa para salvarla de la quiebra, llevando al extremo la colaboración de clases.

Es necesario levantar la política de ocupación de toda fábrica o establecimiento que cierra o despida, reclamando su reapertura y puesta a funcionar bajo control obrero exigiendo su inmediata y total nacionalización sin pago, exigiéndole que garantice la inversión tecnológica y el presupuesto necesario para el pleno funcionamiento productivo, sin resignar el derecho conquistado a que sean los mismos trabajadores los que controlen y administren la producción, negándose a confiar en los funcionarios del Estado. Esta es la única política que descarga la crisis sobre los patrones y señala un camino hacia la expropiación de los expropiadores, desafiando a la burguesía en la base de su poder, en el plano de las relaciones de propiedad.

En el caso de las empresas actualmente del Estado defendemos la lucha por la administración obrera directa. Así, apoyamos activamente la experiencia de control y gestión obrera en algunas refinerías de PDVSA que hicieron los trabajadores durante los 60 días del paro petrolero. A diferencia de la actual cogestión en la empresa estatal como ALCASA decimos que es necesario avanzar hacia una total administración directa de los trabajadores, y alertamos de todos los peligros que esta experiencia encierra como el de la transformación de los representantes de los trabajadores en rehenes del Estado burgués pudiendo volverse en sus agentes administrativos directos y aplicándose los trabajadores mismos los ajustes que el gobierno patronal no puede aplicar, y llamamos a no confiar en ningún funcionario del Estado por muy de izquierda que se presente. Al mismo tiempo exigimos la extensión de la administración directa a todas otras empresas de la misma rama industrial, lo que implica la nacionalización sin indemnización del resto de las empresas que se encuentran en manos privadas.

Las experiencias de la gestión obrera directa pueden ser valiosísimos puntos de apoyo de la clase obrera en su lucha contra la sociedad capitalista. Es posible utilizar esta nueva forma de actividad en interés de los trabajadores y no de la burocracia y aristocracia obreras, ni mucho menos del gobierno. Pero los resultados revolucionarios de la gestión obrera de las industrias en manos del Estado están supeditados en último análisis a la existencia de un partido obrero auténticamente revolucionario. Pues con una política revolucionaria, los trabajadores podrían utilizar la gestión obrera como tribuna para enfrentar los planes del gobierno y proyectarse como dirección de los sectores explotados, al liderar una alianza obrera y popular, luchando por la centralización de las diversas ramas de la economía nacional bajo control de sus trabajadores, y demostrando cómo esto puede ser un instrumento de planificación económica que imponga la racionalidad en beneficio de los trabajadores y el pueblo pobre, donde ahora impera la anarquía de la producción en beneficio de los capitalistas, educando a la clase obrera en el manejo de la economía.

Por una política obrera independiente

Pero para todo esto es necesario luchar por la independencia del movimiento obrero en general; y en particular por la formación en los sindicatos de fracciones revolucionarias que, a la vez que defienden la unidad del movimiento sindical, sean capaces de luchar por una política de clase y una composición revolucionaria de los mismos. Luchar por una política de independencia de clase, es decir, independiente del Estado y de los patrones, independiente de los planes de los capitalistas y del gobierno, pues estos terminan siempre favoreciendo a los empresarios, y en el caso de la cogestión propuesta por el gobierno, haciéndole creer a los trabajadores que salen de su condición de explotados, mientras sólo refuerzan su explotación y debilitan las fuerzas del conjunto de los y las asalariadas.

Para resolver los problemas más urgentes del pueblo trabajador venezolano es necesario expropiar a la gran burguesía y al imperialismo, poner bajo control de los y las trabajadoras las empresas privadas y bajo administración obrera a las empresas estatales, algo que el gobierno no está dispuesto a hacer. Ligado a esto está la nacionalización de toda la banca y el monopolio del comercio exterior, entre otras demandas. Una política así alumbra la perspectiva de una organización racional de la economía, de su planificación democrática, que oriente la producción a satisfacer las necesidades de la población. Pero para lograrlo se debe quebrar la capacidad de resistencia de la burguesía, destruyendo el poder de su Estado, e imponiendo un gobierno de los trabajadores que inicie la construcción de una sociedad socialista sin explotadores ni explotados. En este sentido debe ser el programa a levantar por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), si realmente quiere estar al servicio del pueblo trabajador, así como por los sindicatos y tendencias clasistas que hoy surgen, y por cualquier corriente o partido que se reclame obrero, socialista y revolucionario.

En este camino, los revolucionarios luchamos por la construcción de un partido obrero revolucionario e internacionalista, que aglutine en sus filas a lo mejor de la vanguardia del proletariado, luchando por poner en pie y desarrollar los organismos de democracia directa de las mayorías trabajadoras, en la perspectiva de la lucha por conquistar el poder político, e iniciar la construcción del socialismo, la planificación racional y democrática de la economía, a través del autogobierno, de un Estado obrero basado en esas organizaciones de masas.