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Los hechos de Sucre ponen al rojo vivo la crisis política que desde hace tiempo mantiene a la Asamblea Constituyente en virtual agonía y muestran la extrema polarización que reina en el país. Con la bandera de la “capitalidad plena” para esa ciudad, las “fuerzas vivas” burguesas locales agrupadas en el Comité Interinstitucional (CI) movilizaron una asonada con los universitarios como vanguardia, obligando al sector pro-MAS de la Constituyente a reunirse en un Liceo Militar. Allí, se aprobaron el 24 de noviembre las líneas generales de la futura Constitución, mientras la mayor parte de la oposición boicoteaba la sesión. Tras enfrentamientos que causaron tres muertos y cientos de heridos, la policía fue derrotada y abandonó Sucre, todo lo cual desnuda la fragilidad del ordenamiento estatal y de las instituciones armadas en que confía el MAS, frente a la arremetida de la reacción en las calles.

Esto ocurre en una coyuntura de rasgos reaccionarios que el MAS contribuyó con todas sus fuerzas a crear con su política desde el Gobierno, en la Asamblea y en las organizaciones de masas, facilitando la escalada derechista. Durante más de 15 meses de vida de la Asamblea, el MAS trató por todos los medios de llegar a un consenso con las fuerzas neoliberales y regionalistas, rebajando sus ya tibias propuestas de reformas al mínimo, desmovilizando a las masas y entregando toda clase de garantías a la oposición burguesa (como el reglamento de “dos tercios” en la propia Asamblea), lo que ésta utilizó a fondo para jaquear la Constituyente y presionar al máximo. Entretanto, Evo Morales y sus ministros administraban al Estado sin “sacar los pies del plato” del orden burgués, conciliando con los empresarios, terratenientes y transnacionales, lo que no hizo sino alimentar a la derecha, permitirle recuperar espacio y base social en las regiones y entre la clase media urbana (incluso en sectores que antes miraban hacia el MAS), y envalentonarla a “ir por todo”.

Evo Morales: golpear para negociar

Ahora, Evo Morales y el gobierno, ante el riesgo de una dura derrota política (la alternativa era aceptar el hundimiento de la Asamblea, o capitular en toda la línea a las exigencias de la derecha), han contraatacado, “rayando la cancha” frente al “jaque” que le había puesto la oposición en Sucre. El MAS decidió avanzar en la Constituyente ejerciendo su amplia mayoría; modificar el reparto del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) y aprobar la “renta dignidad” (financiada con el mismo) para todos los ancianos; hacer una demostración de fuerzas en La Paz con la gran concentración del lunes 26 y modificar la Ley de Convocatoria para legalizar que la Asamblea sesione fuera de Sucre, al tiempo que Evo, sus ministros y constituyentes insisten en llamar a la oposición a concertar. Este es un viraje táctico dentro de la lógica de “golpear para negociar”, para forzar a la oposición a reconocer los marcos en que el gobierno dirigirá el rediseño del régimen político y el nuevo “pacto social” constitucional. De hecho, muestra el fracaso de la búsqueda de un “gran acuerdo nacional” explícito y es una derrota política para García Linera y el ala del gobierno que más se jugó a ello; pero no significa el abandono de la estrategia de concertación, sino un intento de golpear la mesa y obligar a la oposición a negociar en mejores condiciones para el MAS.

No “cierra” el consenso sobre el futuro régimen

El eje de las diferencias gira en torno a algunos de los tibios cambios que el MAS quiere introducir en el régimen político-estatal. Pero ¡qué lejos quedaron las promesas del MAS de que la Constituyente permitiría “refundar el país”, resolver el tema de la tierra, la nacionalización de los recursos naturales y las demandas indígenas! Hasta esa retórica ha sido abandonada, para lograr los acuerdos sobre un 85% del futuro texto constitucional -según coinciden masistas y opositores- que permita reconstruir un ordenamiento político-estatal viable en los marcos capitalistas. Sin embargo, no hay consenso sobre aspectos del nuevo régimen, lo que traba las negociaciones y exacerba la crisis. Estas diferencias se concentran en unos pocos temas políticamente “calientes”: la derecha rechaza la declaración del Estado como “plurinacional”, la propuesta de reelección indefinida, la supresión de la cámara de senadores (que hoy representa a los departamentos) y los límites y atribuciones de las autonomías departamentales. Paralelamente, sigue la pugna por la redistribución de los recursos del IDH que el gobierno busca centralizar mientras las prefecturas quieren seguir controlando su jugosa tajada actual, lo que es parte de la pelea por definir las autonomías.

La derecha se moviliza

Ante la jugada del MAS, la oposición parlamentaria denuncia demagógicamente el “autoritarismo”, la “sangre derramada” y hasta la “ingerencia chavista”, mientras los “cívicos” amenazan con una escalada, a partir del paro cívico del miércoles 28 llamado en seis departamentos, que se desarrolla al cierre de esta edición. Pero pese al endurecimiento del discurso, la política de los sectores más fuertes parece ser cuidadosa, en acuerdo con la postura del imperialismo. En efecto, el gobierno de Bush, la ONU y OEA y la Unión Europea se han pronunciado en tono cauteloso, desde la defensa de la “democracia” neoliberal y el orden, pero llamando a oficialismo y opositores a dialogar y concertar los cambios constitucionales. La línea mayoritaria en la oposición es “defensiva-ofensiva”: “defensiva” pues busca ejercer la máxima presión posible contra el gobierno, bloquear sus reformas y desgastarlo; “ofensiva” pues, deslegitimando las acciones gubernamentales y la futura constitución, abona el terreno para objetivos mayores (como un eventual intento de desplazar a Evo del Palacio Quemado).

Sin embargo, todavía hay diferencias y falta un proyecto opositor común. La bandera de las autonomías, por ejemplo, central para Santa Cruz, es vista con hostilidad por la derecha paceña, que en este punto hace “unidad de acción” con el gobierno (como el prefecto de La Paz, Pepelucho Paredes, de PODEMOS).

La derecha política, a través de “Tuto” Quiroga y otros voceros de PODEMOS y Doria Medina (Frente de Unidad Nacional - UN), a la vez que atacan violentamente al MAS, llaman a la “serenidad” y a volver a dialogar para concertar en un “pacto social” la nueva Constituyente. Los Prefectos de Santa Cruz y la “media luna” y los Comités Cívicos tienen una posición más dura, pues aunque coinciden en responder desde la “serenidad, la democracia y la ley”, llegan a amenazar con avanzar en la “carta autonómica” y apelar a un “referéndum revocatorio” del mandato de Evo. El Comité Interinstitucional de Sucre parece actuar en la misma línea, con un discurso muy duro, pero pidiendo calma y sugiriendo ir a un “referéndum para la autonomía departamental”. De conjunto convocan al paro cívico “sin bloqueos, pacífico”.
Otros sectores influyentes de Santa Cruz, como los ganaderos, parecen apostar a hundir la Asamblea y no negociar con el MAS, aún a riesgo de escalar la confrontación, lo que da alas a un sector minoritario de ultraderecha fascistizante y racista que vocifera a “tomar las armas” (Juventud Cruceñista, núcleos en Sucre, Cochabamba, etc.). Esto muestra que pese a su avance, la derecha tiene serias debilidades y divisiones y aún no pudo consolidar una relación de fuerzas favorable. Este es un problema significativo en la relación de fuerzas, pues a pesar de la estridente campaña mediática y del “frente único” contra el MAS, subsisten importantes diferencias entre las fracciones de la oposición.

Perspectivas

Está abierta una prueba de fuerzas decisiva, que puede prolongarse mucho más allá del 14 de diciembre, fecha en la que los asambleístas deberían entregar la nueva Constitución Política del Estado, y en esta puja hay varias posibilidades, desde un reacercamiento para negociar entre gobierno y oposición, a una situación prolongada de “régimen quebrado” (donde el MAS avanza en las reformas pero la oposición resiste sin reconocerles legitimidad), sin excluir ni una intervención revolucionaria de las masas ni una escalada de la derecha que arriesgue el camino de la secesión. Esto podría corporizar nuevamente las perspectivas de enfrentamiento abierto entre revolución y contrarrevolución, y guerra civil, pues pese a los esfuerzos del MAS por desmontarla y a la reacción burguesa, la etapa abierta con el levantamiento revolucionario de Octubre del 2003 no se ha clausurado aún.

¿Cómo derrotar a la derecha?

Como mostró la multitudinaria concentración oficialista en La Paz, muchos trabajadores, campesinos originarios y sectores populares estarían dispuestos a dar batalla a la reacción. Pero quien ata las manos de las masas son el propio gobierno y sus aliados de la burocracia obrera y campesina. No es por la vía de las negociaciones y compromisos, sino con los métodos de la movilización general de los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios como se derrotará a la reacción y se impondrán las legítimas demandas obreras, campesinas y populares, incluso la aspiración democrática de amplios sectores populares a que delibere y actúe la Constituyente en que creen.

Algunos sectores de la izquierda utilizan la actual situación como pretexto para dar apoyo político “crítico” al gobierno de Evo Morales y a su proyecto de Constitución, según la vieja teoría del “mal menor”. Pero el programa del MAS y su constitución significan enterrar la “agenda de octubre” en nombre de la conciliación con la burguesía y el respeto a la propiedad privada y a las transnacionales. Esto se ve claro no sólo en dos años de gestión al frente del Estado burgués semicolonial, sino en el propio proyecto de nueva Constitución, que, más allá de alguna retórica “comunitaria”, desconoce las más elementales tareas de la liberación nacional y social, como serían una genuina reforma agraria, la nacionalización del gas, la reversión de las empresas públicas privatizadas, y se mantiene “100 %” en los límites del orden burgués. Darle el menor apoyo político al gobierno es ayudar al MAS a maniatar a las masas y dar la espalda a las necesidades de una lucha consecuente contra la reacción y el imperialismo.

Por ello, sin dejar de difundir la necesidad de que los obreros y campesinos no depositen la menor confianza en el MAS, tomen en sus propias manos la resolución de sus problemas y la lucha contra la reacción, poniendo rumbo a su propio poder como única garantía de resolver la crisis nacional, llamamos a los trabajadores, campesinos y pueblos originarios, a recurrir a la movilización y a sus propios métodos de organización y lucha sin pérdida de tiempo, exigiendo que las organizaciones sindicales, la Central Obrera Boliviana - COB, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia - CUSTCB, etc. rompan su subordinación al gobierno y pongan las fuerzas del pueblo trabajador en pie de guerra con medidas tales como la lucha por la reforma agraria, la expulsión de las transnacionales, la autodefensa de masas contra los grupos de choque reaccionarios (sin confiar en el papel de las FF.AA. y la policía como pretende el MAS), aumento general de salarios y comités populares de control de precios, reversión de las privatizadas y otras medidas para quebrar el poder económico y político de la burguesía.

Los socialistas revolucionarios estamos en primera fila en cualquier medida de lucha real contra la derecha, pero al mismo tiempo, explicamos pacientemente la necesidad de aprender de la experiencia histórica de la Unidad Democrática y Popular - UDP [1] en los ‘80: si no se pone en pie una alternativa política al reformismo, que sólo puede llevar a duras derrotas, quien se beneficiará será la burguesía. Y para luchar por un reagrupamiento políticamente independiente de la vanguardia es preciso fijar claramente el objetivo: no hay solución de fondo sin retomar el camino de octubre, y llevarlo hacia la conquista de un gobierno obrero y campesino basado en las organizaciones de masas.