El gobierno derechista de Calderón subordina a México y compromete más la independencia formal a cambio del reconocimiento del imperialismo norteamericano y del reforzamiento de su gestión. Por eso vino la secretaria de Estado Hilary Clinton, a decirle a Calderón lo que él quería escuchar, y aparecer como un presidente nacionalista que “sabe” reclamar reciprocidad en el combate al narco; que “exige respeto” ante los calificativos tendenciosos y chantajistas contra México de las autoridades de aquel país (“ingobernabilidad” y “corrupción”), así como demandar un “trato equitativo” de los vecinos del norte que no dañe la “relación bilateral” entre ambos países, que es de subordinación ordenada.

Nada más lejos de una “nueva relación” entre el país imperialista y la semicolonia expoliada y oprimida. Bajo la promesa de “relaciones privilegiadas”, con la visita de Estado de Obama, los yanquis le impondrán a esta privilegiada semicolonia, una frontera supervigilada, con más patrulla fronteriza y la probable militarización de esta zona, para blindar su frontera ante la emigración de mexicanos y latinos y, en menor medida, para vigilar el contrabando de armas hacia México.

Además de una mayor y abierta injerencia de los organismos de inteligencia norteamericanos. La subordinación se hace más evidente con la aceptación del gobierno mexicano de la participación del gobierno estadounidense en Banamex, a través de sus poder de decisión en Citigroup (con lo que Washington puede influir en las decisiones financieras del país), así como en la intención declarada del gobierno de Calderón de enviar tropas a hacer prácticas militares conjuntamente con la armada de los EE.UU. Esto, no podemos dejar de decirlo, sería el primer paso para la integración a una fuerza militar latinoamericana bajo dirección del ejército yanqui.

Así, Calderón consigue una legitimación política e institucional externa que le es negada en lo interno por amplios sectores descontentos y que, en tiempos electorales, le es necesaria al panismo. Esto es clave en la medida que la crisis económica tensará más las contradicciones entre las clases, e irá mostrando cada vez más los francos débiles del gobierno, acrecentando los riegos de mayor polarización social y política. Sin embargo, el apoyo político imperialista, no garantiza la estabilidad que espera el gobierno, pues es la crisis económica el factor que determina en última instancia, los elementos de crisis política y social que el gobierno enfrenta.

La amenaza a la relativa estabilidad

La crisis es el talón de Aquiles de la clase gobernante. Lejos de tocar fondo, irrumpe en todos los ámbitos nacionales; echa abajo planes económicos, aumenta la deuda externa, profundiza el desempleo estructural, golpea el nivel de vida de millones de asalariados, arruina a medianos y pequeños empresarios, pauperiza a la clase media y a los trabajadores intelectuales, y aumenta la cartera vencida de los tarjetahabientes.

Es una situación que, al combinar la recesión internacional con la dependencia estructural de la economía mexicana -vía el TLC- y las políticas nocivas del gobierno para el mercado interno, el campo y la producción industrial, pronostica una etapa prolongada de decrecimiento económico (recesión), que llevará al país hacia la miseria y a fuertes conflictos sociales y políticos. En ese panorama, los planes de “salvataje” social no atenuarán significativamente sus efectos, y serán vanos los intentos por contener la crisis, impulsados por el gobierno con el fin de evitar una profundización del descontento que pueda expresarse en nuevas luchas obreras y populares.

Tan sólo en la producción industrial, el INEGI, pese a su acostumbrada metodología de maquillaje de cifras, reconoce en enero una caída de 11%, la más importante desde 1995. Lo que obviamente se refleja en la caída de las exportaciones (que entre enero y febrero cayeron un 30.5%), y en un enorme desempleo que los tan publicitados programas “anticrisis” no pueden frenar; por ejemplo, el Grupo Modelo acaba de anunciar el despido de 1200 trabajadores.

El mismo INEGI anuncia que, en febrero, el desempleo llegó a 5.3 %, el más alto en 9 años. Es decir, 2.394.000 personas sin trabajo formal, y una tasa de sub-ocupación que llegó a 7.6%. Así como van las cosas, los pronósticos de los analistas que vaticinan un retroceso del PIB del 5%, pueden ser más críticos. Y es que, ante el optimismo del gabinete económico que vaticina una pronta recuperación de la crisis económica y financiera, actúan el aceleramiento de la caída del comercial mundial que, este año ha sido de un 9 %, según datos de la Organización del Comercio Mundial, así como la caída de los precios internacionales del petróleo -principal fuente de divisas por la exportación de crudo- que, de U$ 122.8 por barril que estaba en julio del 2008, hoy está a 39.63 dólares por barril. A esto se suma la pérdida de valor de las empresas que cotizan en la BMV, donde el derrumbe del valor de CEMEX y Banamex es una muestra cruda de esta crisis. Banamex fue vendido en 2001 a Citigroup en 14,000 millones de dólares, y hoy apenas vale los 3,000 millones de dólares. Esta desvalorización de los llamados activos financieros es uno de los derrumbes económicos que Calderón y su equipo no pueden frenar, y es expresión de un fenómeno mundial vinculado a la globalización financiera que tanto alabaron los capitalistas antes de la crisis desencadenada con la caída de las hipotecas subprime en los Estados Unidos.

Una muestra más directa de la incapacidad gubernamental para remontar esta crisis es el fracaso del salvataje de las empresas alentadas directamente por la Secretaría del Trabajo para dejar a los trabajadores temporalmente sin empleo -mediante los paros técnicos-, pues del apoyo prometido a estas empresas, sólo el 30% lo recibió. A lo que se suma el impacto que la devaluación causó a las empresas que, en FEMSA (uno de los principales consorcios mexicanos), significó una caída de 75 % de su utilidad neta

Y mucho no servirá la baja de la tasa de interés un 0.75 % que, el Banco de México fijó para “estimular la actividad económica”. Ni tampoco los 77, 000 millones de dólares solicitados por Calderón al FMI para frenar las tendencias inflacionarias y darle seguridad a un peso que en seis meses perdió el 50% de su valor. Este préstamo que duplica la deuda externa mexicana, pese a incrementar las reservas de divisas, no fortalecerá los mercados, ni incentivará las inversiones y, mucho menos provocará “pérdidas notables” a los especuladores, pues las reservas internacionales están disponibles para los especuladores a través del Banco de México. Pero además, oculta que, lejos de otorgarse el crédito a México por ser una “economía destacada” (como afirmó Calderón en la reunión del G-20), éste es parte de una cuantiosa Línea de Crédito Flexible, autorizada para apoyar a países con problemas de balanza de pagos por la pérdida de flujos de capital eterno y a la banca y sectores corporativos. Pues como dice la revista The Economist “se arropó al crédito a México con la pompa de Londres para hacerlo atractivo.

La transformación del fondo en una institución flexible se lució como otro logro de la cumbre sin precisar esa ansiada y futura metamorfosis. La ausencia de compromisos es falsa; al suscribirse la declaratoria final de Londres se compromete el apoyo incondicional a una economía mundial abierta basada en el mercado y a la aceptación de una supervisión sincera del FMI de nuestras economías y de las repercusiones de nuestras políticas para los demás”.

Además, la reunión del G-20, pese al acuerdo de inyectar liquidez al sistema bancario mundial, de reducir mínimamente las tasas de interés y comprar activos tóxicos, enfrenta la cruda realidad de las deudas tóxicas de los bancos y aseguradoras que acumularon 4 billones de dólares, así como la contracción de la economía de la Eurozona de 6.6 por ciento, y la caída anual de la economía de los EE.UU.de 6.2 %. Como vemos, no hay salida a corto plazo a esta crisis. Son las leyes del capitalismo las que actúan a nivel internacional, por lo que la crisis la pagarán los trabajadores, pues los patrones seguirán echándolos a la calle, y aumentarán la productividad y sobre cargas de trabajo para “nivelar” sus pérdidas, si no frenamos sus planes. Estas son las bases objetivas de una mayor polarización social que amenaza la gobernabilidad del régimen de la alternancia.

Un estado desafiado y endurecido

Esta situación es agravada por el enfrentamiento del gobierno con el narcotráfico que, pese a la militarización de regiones del país y las espectaculares detenciones de importantes capos, sigue controlando plazas y creando gran inseguridad en la población por los enfrentamientos con el ejército, y las ejecuciones de mandos policíacos y capos rivales. Esta salida sangrienta que el gobierno ha priorizado para recuperar credibilidad, lo lleva a ocupar militarmente varias ciudades (tan sólo en Chihuahua hay 7,000 militares destacados).

A favor del gobierno, abona el efecto mediático de estas acciones que le ha significado apoyo de sectores agobiados por este tipo de violencia, principalmente comerciantes de las zonas fronterizas y las clases altas. Es un poder desafiante contra un estado vulnerable. Para vencerlo, tendría que militarizarse todo el país, desgastando la institución más preservada del régimen, con las implicaciones políticas que implica una eventual ocupación del suelo nacional por el propio ejército. Ello implica un endurecimiento de la política de este gobierno de derecha, que tiene su paradigma en el ultraconservador y clerical Partido Popular español. Medidas como la ley sobre “extinción de dominio” de Calderón, pese a ser modificada por los priístas en el Senado para su aprobación, y la violación de las garantías individuales y de los derechos humanos en varias regiones del país con el pretexto del combate al narco, son pasos hacia un régimen autoritario con sustento constitucional. Bajo la consigna de lograr estabilidad, también se persigue y encarcela a luchadores sociales, y se crean leyes que criminalizan el descontento, como por ejemplo, la infame condena a Ignacio del Valle y sus compañeros del FPDT).

La debilidad del estado lleva el gobierno panista a buscar “fortaleza” endureciendo las instituciones de la democracia burguesa –cada vez más degradada-, como una forma preventiva para enfrentar el descontento obrero y popular y futuras explosiones sociales, una vez que la política de “reacción democrática” se debilite.

Así, el régimen de la alternancia surgido en el 2000, descansa en mucho en la acción del ejército, otorgándole un poder que no tenían desde que la presidencia recayó en los civiles en 1946. Estamos viviendo en México una democracia burguesa con tendencia a cada vez más rasgos bonapartistas. Y, contra los que opinan que el actual es un régimen “fascista” –para justificara el llamado a un frente popular de colaboración de clases contra la reacción-, no es necesario que exista un régimen tal para sacar al ejército a la calle y violentar las garantías individuales de las masas trabajadoras. La burguesía puede hacerlo pese a contar con los medios necesarios para gobernar con métodos de la democracia burguesa, cuando las contradicciones entre las clases se agudizan y se debilitan las instituciones del régimen. Solamente la acción independiente de la clase trabajadora puede echar atrás estos mecanismos e instituciones reaccionarias de control burgués.

Mientras tanto, los planes antiobreros y de entrega imperialista están pasando “pacíficamente” por el Congreso de la Unión, con la participación de todos los partidos que lo integran. Congreso que pretenden reforzar con las elecciones de julio de este año y con las del 2012. Revertir esta objetivo es un reto de los que sufrimos la miseria y antidemocracia reinante.

Elecciones que polarizan

Es evidente entonces que un objetivo estratégico del gobierno es ganar las elecciones legislativas de julio, para contar con mayoría en la Cámara de Diputados y posicionarse para las presidenciales del 2012, buscando así impedir la vuelta del PRI al gobierno federal. Por ello, el PAN emprendió la campaña de desprestigio contra el PRI, creando fuertes roces con su aliado “incómodo” conforme se acercan las elecciones.

La política de choque de Calderón –encabezada por el bárbaro Germán Martínez-, solamente provocará que los acuerdos con el tricolor que sostienen a este gobierno, le salgan ahora más caros, y hará que ese partido lo deje colgado de la brocha en las cuestiones que el institucional considere convenientes, para no aparecer -de cara las legislativas- como responsable directo de los planes del panismo. Los tiempos y la forma en que se aprobó la “ley sobre extinción de dominio” (sainete de por medio en el Senado entre los dos partidos), es una muestra de ello, que anuncia fuertes choques en “las alturas”. Es una guerra palaciega del panismo contra los dirigentes del PRI, donde las instituciones del régimen son usadas como orinal para manchar (más) al indefendible PRI. Antes, fue contra López Obrador -con la complicidad del tricolor-; después, en el PRD, los “chuchos” la desataron contra sus rivales internos y viceversa.

Pero estos “deslindes” del PRI respecto del PAN, y los reacomodos del “revolucionario institucional” buscando jalar a acuerdos al PRD para dejar en minoría a blanquiazul, en nada benefician a los trabajadores, pues los planes de miseria, la entrega imperialista, y las relaciones de complicidad con el charrismo sindical priista se mantienen en lo esencial. El objetivo es la lucha por el poder.

El que hoy Manlio Fabio Beltrones –poderoso jefe priísta- eche en cara a Calderón y al PAN su “ingratitud” política ante la legitimación que el PRI hizo del fraude en 2006, no solamente muestra cómo funciona el sistema electoral en México, sino que evidencia que éste no respeta la voluntad de las masas trabajadoras.

¿Dónde quedó ese avance democrático que, hasta en la izquierda, aseguraban que empezaba con el ascenso del PAN al poder en el 2000 y con el régimen de partidos? Hoy es común hasta para los priístas que hubo alternancia en el poder, pero no cambio democrático.

Por todo esto, son los trabajadores los que pueden gobernar en función de los intereses de las grandes mayorías, echando abajo las viejas instituciones burguesas y edificando su propio estado, basado en la expropiación de los capitalistas y terratenientes y en la más amplia y verdadera democracia directa.

La olvidada promesa de “revolución democrática” del sol azteca

A estas alturas, pocos mantienen la confianza en la alianza original entre los priístas que rompieron su partido, los estalinistas, los maoístas, y un sector de “trotskistas” provenientes del PRT que, en 1989, dieron lugar al PRD. La ácida crítica a los dirigentes de: “burocracia ya, chamba para todos” terminó siendo una divisa de sobrevivencia en este partido de tribus. Pero, pese a su desprestigio como partido cada vez más abiertamente pro-empresarial (y represor ahí donde gobierna) que retoma los vicios del PRI, el PRD es visto por muchos trabajadores como “el mal menor”, lo que impide que se desarrollen luchas independientes, y se radicalice el descontento que ayude a la recomposición del movimiento obrero. Bajo su ubicación de partido de centroizquierda, y la cooptación de direcciones sindicales y populares y organizaciones de la izquierda reformista con alianzas que otorgan diputaciones y gestoría social-, que impiden que se desarrollen luchas que cuestionen a fondo los planes capitalistas Y es que aún con su crisis interna, el PRD es un factor importante de estabilización para el régimen de los Slim, Servitje, Azcárraga, Harp Helú, Hernández Ramírez, Zambrano, etc.

Y, pese a ser visto como la izquierda del régimen de partidos (no es igual al PRI y el PAN, y por eso será votado por muchos trabajadores), su rol es contener el creciente descontento que amenaza enturbiar la estabilidad, y desviarlo hacia una salida institucional de confianza en el Congreso de la Unión. No es casual que hoy sea el PRD quien llama al PRI y el PAN a que sus disputas políticas “no secuestren la agenda del Congreso” y desestabilicen al país. Solamente una política oportunista de las direcciones sindicales y políticas puede llamar a reforzar a este partido patronal, mediante el voto en julio próximo. Justamente cuando la crisis capitalista está demostrado que no tiene salida bajo este régimen de explotación, y los programas entre los tres principales partidos de Congreso de la Unión no se diferencian sustancialmente entre sí. Otra cosa son las ilusiones de los miles que resienten la política económica y laboral impulsada por el PRI y el PAN, que creen que con un gobierno del PRD defendería sus intereses de clase.

A la izquierda del PRD y manteniéndose aun en este partido, Andrés Manuel López Obrador, tampoco tiene una propuesta alternativa para salir de la crisis, pese a levantar ciertas demandas contra el plan del gobierno federal. Pero sus medidas, aunque puedan ser vistas como progresivas por trabajadores y jóvenes, no tocan el punto clave del desconocimiento del TLC ante la crisis del campo y la expolición del país por las transnacionales, o de la deuda externa con la que el PRI y el PAN endeudaron el país, ni la nacionalización de la banca (y los especuladores), o el control obrero de las industrias estratégicas como la petrolera, electricidad, minería, etc. para defender la soberanía energética, o la expropiación de las fábricas que despidan trabajadores. Esto, sin contar con que sus aliados políticos (Convergencia, PT) son partidos que al mismo tiempo acuerdan con el PRI. El PT casi rompe el FAP por su intento de aliarse al PRI en Nuevo León, y el dirigente estatal de Convergencia afirmó que prefiere apoyar la candidata a gobernador por el PRI a la del PRD.

Lamentablemente, pese a las expectativas de muchos trabajadores, ni el PRD ni AMLO lucharán por la democratización de las organizaciones de los trabajadores. Están impulsando como diputados a dirigentes antidemocráticos (conocidos como neo-charros) como Francisco Hernández Juárez y Agustín Rodríguez. En el DF, el gobierno perredista del DF aplica una política laboral neoliberal e impone un control férreo a sus trabajadores. Incluso, desconoce a direcciones elegidas democráticamente por la base, como pasó con el SUTIEMS, en complicidad con el abogado “democrático” Arturo Alcalde Justiniani.

Sin embargo, el voto al PRD de los sindicatos y trabajadores de campo y la ciudad, expresará –de manera distorsionada- a millones que no confían en el PRI y el PAN y ven en el voto al sol azteca una alternativa de cambio. Y, sin saber exactamente el porcentaje de abstención que se expresará en julio próximo, esta definición política mostrará a un sector de la población que desconfía de las instituciones de esta “democracia para ricos”.

Lamentablemente, la clase trabajadora y demás sectores explotados y oprimidos, no cuentan con una alternativa independiente que se plantee como una alternativa en esta coyuntura electoral, situación que repercute objetiva y subjetivamente en el imaginario de muchos sectores obreros, populares y de clase media que ven al PRD o AMLO y el FAP como un factor de cambio.

Por lo que los socialistas y de los trabajadores y estudiantes clasistas y combativos, deben impulsar un programa para enfrentar la crisis económica y sus efectos en la clase trabajadora, y una política independiente de los tres partidos del Congreso. Los socialistas debemos llamar a la conformación de un bloque de independencia de clase, para intervenir en las luchas actuales y por venir y para sostener una postura común frente a las elecciones de julio.

Desde la LTS, impulsamos esta política, al mismo tiempo que sostenemos la necesidad imperiosa de poner en pie un partido de trabajadores revolucionario, que pelee por un programa y una estrategia para que sea la clase obrera, junto a sus aliados de la ciudad y el campo, la que de una salida favorable a la actual crisis, en la perspectiva de la lucha por una segunda revolucion mexicana, obrera y socialista.