El rol esencial de la Concertación [1] –continuar con métodos democráticos la obra neoliberal de la dictadura pinochetista–, se ha revelado recientemente en la situación de los salarios obreros. Según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la evolución del salario en Latinoamérica, el aumento salarial real en Chile durante estos últimos trece años (desde 1995) sería de apenas un 1%.

El “gobierno ciudadano” de Michelle Bachelet, que en sus inicios despertó expectativas debido a su condición de mujer y su perfil “progresista”, ha continuado esta situación. Los trabajadores del sector público lo han experimentado directamente: mientras que la inflación llegó el año pasado, según las cifras oficiales, a un 7,8%, el aumento salarial nominal de los empleados fiscales (públicos) fue de apenas un 6,9%, es decir, no hubo aumento real sino un deterioro salarial de un 0,9%. A un año de aquel “aumento”, en noviembre de 2008, la inflación anual ha llegado a un 9,9%, contribuyendo todavía más al deterioro salarial.

Estas tendencias inflacionarias y el desgaste de los partidos del régimen –que se expresó nítidamente en la escasa votación en las últimas elecciones municipales [2]–, fueron alimentando, al interior de los trabajadores públicos, la disposición a la lucha que se materializó en el reciente paro, que, por su masividad, pasará a ser un hito en el proceso de recomposición de la clase trabajadora en Chile.

Descargar los costos de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora

En octubre, comentando la aspiración de los sindicatos de los trabajadores fiscales, de un aumento salarial de un 14,5%, Eugenio Tuma, militante del PPD y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, señalaba que “esta discusión en particular será compleja porque los resguardos fiscales ante la crisis financiera serán más severos”.
Aquellos “resguardos fiscales” se expresaron en la política gubernamental ante la demanda salarial de los trabajadores. La administración bacheletista hizo lo posible por emitir un “mensaje de mesura” ante las dificultades económicas derivadas de la crisis capitalista internacional. Desde su perspectiva, se trataba de prevenir la reapertura de las luchas sindicales de la clase trabajadora para obstaculizar su proceso de recomposición. No satisfacer las aspiraciones de los trabajadores públicos se correspondía con este objetivo. Esto, a su vez, se engarza con la ubicación que comienza a tomar la burguesía ante la crisis capitalista internacional: hacer que los trabajadores paguen sus costos.

La refracción de la crisis capitalista mundial en el terreno nacional actúa potenciando esta política patronal intransigente. La “teoría” del “desacople”, sostenida por el gobierno desde el inicio de la crisis a mediados de 2007 hasta hace unos meses, según la cual Chile, en virtud de su política de superávit fiscal, iba a poder sortear sin mayores problemas la crisis mundial, ya no encuentra adeptos al interior de la burguesía. La reciente corrección de proyecciones efectuada por el Banco Central, confirma que cabe esperar más bien una desaceleración. Si hasta septiembre de este año, esta institución proyectaba en su Informe de Política Monetaria, que el PBI crecería en 2009 entre un 3,5% y un 4,5%, en noviembre, ha reducido estas expectativas, proyectando un crecimiento que variaría entre un 2% y un 3%. La demanda interna, cuyo crecimiento para 2009 se proyectaba en septiembre en un 3,9%, se ha corregido en noviembre a un 0,6%. Y el precio del cobre, que se proyectaba promediando 3,30 dólares durante 2009, se proyectó en noviembre promediando 1,65. Esta corrección no hace más que dar cuenta de los hechos más recientes y pese a eso es considerada optimista por una serie de economistas burgueses.

Hace algunos meses, el ministro de Interior democratacristiano, Edmundo Pérez Yoma, al presentir las repercusiones de la crisis capitalista internacional en el terreno nacional, había anunciado que el período que se avecinaba exigía “apretar los dientes”. Para concretar esta aspiración, el equipo gubernamental encargado de la negociación con los trabajadores públicos, compuesto centralmente por el ministro de Hacienda, Andrés Velasco y por el ministro de Trabajo, Osvaldo Andrade, hizo efectiva en todo momento una política orientada a cumplir el requerimiento de “mesura”. En primer lugar, quiso poner a los trabajadores frente a hechos consumados. Aunque la primera reunión formal entre los dirigentes sindicales y el equipo gubernamental se había realizado el 23 de octubre, el gobierno esperó hasta el 13 de noviembre para realizar su primera oferta de un 5% de aumento. El plazo máximo para la aprobación del reajuste era el 21 de noviembre. Si se aprobaba después de esa fecha, los trabajadores tenían que esperar hasta enero para comenzar a percibir el reajuste. En segundo lugar, intentó introducir una maniobra divisionista al interior de los trabajadores, proponiendo diversas variantes de un reajuste escalonado. El petitorio oficial de los sindicatos del sector público planteaba que el reajuste no debía aplicarse a ningún alto cargo estatal, ministros, parlamentarios e intendentes, entre otros. Aquel planteamiento, que expresaba un incipiente cuestionamiento a las desigualdades del capitalismo, fue distorsionado por el ministro “progresista” Osvaldo Andrade, quien propuso en primera instancia que los trabajadores que ganaran salarios superiores a 550.000 pesos (833 dólares aproximadamente), obtuvieran reajustes menores en términos porcentuales al de sus compañeros con salarios menores. La cifra fue variando en el transcurso del conflicto, pero el objetivo siempre fue el mismo: desmovilizar a los sectores de más bajos salarios, generando una sensación de división. En tercer lugar, el equipo gubernamental se sirvió de métodos de intimidación. El ministro de Interior, luego del paro de advertencia realizado los días 11 y 12 de noviembre anunció a los cuatro vientos que los “días no trabajados serían descontados”. Otro anuncio intimidatorio fue el de sumarios en algunos hospitales, para determinar la supuesta responsabilidad de los trabajadores en paro del fallecimiento de pacientes. En cuarto lugar, se organizó una fuerte campaña de desprestigio en contra del paro a través de los medios, acusando a los trabajadores de “tener prisionera a la población”, particularmente “a los más pobres”, mostrando imágenes de basura sin retirar y de personas reclamando por no ser atendidas en los diversos servicios públicos.

Una primera respuesta de la clase trabajadora

Esta política no dio resultados. Predominó la fortaleza de los trabajadores y no la intransigencia de la administración bacheletista. A última hora, el equipo gubernamental quería aprobar un “9,5% de reajuste para todos”, claramente con la pretensión de mostrar fortaleza negándose a los “dos dígitos” exigidos por la mesa del sector público. En la mañana del 20 de noviembre, 98 diputados –incluyendo al propio Tuma que hablaba de los “resguardos fiscales”–votaron contra la propuesta gubernamental. Apenas cuatro democratacristianos la apoyaron. Ese rechazo –el más contundente que haya sufrido un gobierno concertacionista de sus propios parlamentarios–, les planteó como única alternativa aceptar –contra su propia voluntad– aprobar un reajuste de “dos dígitos”. El escalonamiento había fracasado el día anterior. Ningún parlamentario se atrevió –salvo cuatro de la DC– a votar algo que no fuera del agrado de los trabajadores. El hecho de que el próximo año se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias, presionó a esa votación.
¿Qué explica la fortaleza que los trabajadores demostraron en este paro y que hizo retroceder estas primeras pretensiones gubernamentales de descargar los costos de la crisis sobre sus hombros?

En primer lugar la paralización simultánea y masiva de 450.000 trabajadores durante siete días (7, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre), que interrumpieron el normal funcionamiento de una serie de servicios estatales [3], desplegando, de ese modo, su fuerza objetiva. Descontando a las fuerzas represivas del Estado –consideradas jurídicamente integrantes del sector público–, los empleados fiscales llegan a 450.000. La adhesión al paro varió entre un 90% y un 100%. Ronald Bown, presidente de la Asoex [4] , respondiendo a la pregunta “¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta su sector?”, señaló: “Ahora último, el paro de la Anef con el cual arriesgamos una cifra superior a los 30 millones de dólares, en términos Fob” [5]. En el lenguaje de las ganancias patronales, este empresario da cuenta de la fortaleza de los trabajadores.

En segundo lugar, la expresión masiva del paro a través de las movilizaciones, marchas y concentraciones realizadas en las principales ciudades del país. El punto cúlmine de esto fue la gran marcha de trabajadores en Valparaíso, realizada el 19 de noviembre. Allí, 30.000 trabajadores de todo el país marcharon en las principales avenidas de la ciudad, en las cercanías del Parlamento, exigiendo como reajuste el 14,5%. Hasta ahora, ha sido la marcha de trabajadores más grande durante los gobiernos de la Concertación. Esta masividad ya se había expresado durante los 5 días de paro previos.

En tercer lugar, la fortaleza de los trabajadores se explica por el propio proceso de desgaste de los partidos del régimen. Las raíces sociales de la Concertación y la Alianza son cada vez más débiles. Esto ha dado origen, al interior de la Concertación, a una serie de fracciones y tendencias críticas hacia la política neoliberal oficial, y a una serie de roces y disputas en la derecha, calmadas solamente por la aspiración de ganar las próximas presidenciales. Con el fin de contener este proceso, que se expresó en las últimas elecciones municipales, y no ser castigados electoralmente, considerando que el próximo año vienen las elecciones parlamentarias y presidenciales, militantes de ambos conglomerados manifestaron su “apoyo” a la demanda de los trabajadores. Lo más significativo fue que los propios militantes de la Concertación votaran contra las propuestas gubernamentales. De ese modo el paro de los trabajadores públicos encontró un espacio a través del cual fortalecerse.

Desde el punto de vista político y en relación con el gobierno, el paro de los trabajadores públicos ha concluido en una victoria. Centralmente porque la masividad de su convocatoria obligó al gobierno a otorgar un reajuste de “dos dígitos” y a retroceder en sus propuestas iniciales, debido a la pérdida del apoyo de sus propios parlamentarios. Desde el punto de vista sindical y económico, el paro ha resultado en una defensa exitosa del salario. Considerando que la inflación anual, de acuerdo con las cifras oficiales llega al 9,9%, el 10% de aumento significa un mantenimiento del salario y no un aumento real. Y por último, desde el punto de vista de la situación política, el paro ha sido una primera respuesta de la clase obrera a las pretensiones patronales de descargar la crisis sobre sus hombros. Sin alcanzar a modificar la relación de fuerzas entre las clases, y sin cerrar la posibilidad de que la burguesía vuelva a la carga, el paro ha sentado un precedente que podrá transformarse en un punto de apoyo para el proceso de recomposición de la clase trabajadora.

Sin embargo, desde el punto de vista de sus posibilidades, el paro ha sido cercenado. De mantenerse en pie, podría haber repercutido en otros sectores de la clase trabajadora, abriendo la posibilidad de un paro nacional. Doce mil trabajadoras de la Fundación Integra, una institución dedicada a la educación preescolar, adhirieron a la movilización de los 30.000 en Valparaíso, planteando sus propias demandas y un aumento igual al de los trabajadores públicos. Los dirigentes sindicales de los choferes del Transantiago, el sistema de transporte público (en manos de privados) de la región metropolitana, declaraban su solidaridad con los trabajadores fiscales y anunciaban la posibilidad de adherir al paro. Simultáneamente, 1.000 trabajadores subcontratados de la compañía eléctrica Chilectra y otros cientos del retail, de la tienda de departamentos Ripley y de supermercados Santa Isabel, paraban por aumentos salariales. Que este “efecto contagio” no se generalizara, abriendo una dinámica de la lucha de clases más aguda, es responsabilidad de los dirigentes oficiales de la clase trabajadora, militantes del Partido Socialista –hoy en el gobierno– y del Partido Comunista. Además de no impulsar concientemente un paro nacional convocado por la CUT, aprovechando la fuerza de la huelga de los trabajadores públicos, cuando el gobierno ofreció un 10% de aumento para todos, estos dirigentes resolvieron, sin previa consulta a las bases –la verdadera fuerza de esta lucha–, levantar el paro. Por el contrario, quienes militamos en Clase contra Clase, planteamos la necesidad de un paro nacional convocado por la CUT y una negociación resolutiva, con consulta a las bases, y con capacidad de éstas de aceptar o rechazar los ofrecimientos gubernamentales. Contradictoriamente, son estas direcciones oficiales, defensoras de la colaboración de clases, las que han salido fortalecidas de este proceso.

Perspectivas de la situación nacional

Alfredo Ovalle, presidente actual de la CPC y de la Sonami [6], ha señalado que el paro de los trabajadores públicos y su resultado, sentarán un “precedente” entre los trabajadores del sector privado. Sin embargo, desde su perspectiva, aumentar el 10% sería impensable: “A lo imposible nadie está obligado, de manera que si hay una empresa a la que se le va a exigir un reajuste que no pueda cumplir, la verdad es que queda inmediatamente fuera de las posibilidades de seguir otorgando buenos trabajos” [7]. Diversos intelectuales al servicio de la burguesía, han expresado su preocupación. Rosanna Costa, directora del Programa Económico del Instituto Libertad y Desarrollo, centro de estudios ligado a la UDI, señaló que “el impacto más importante (del paro de los trabajadores públicos) es que los trabajadores del sector privado van a querer imitar la propuesta, en un momento en que las empresas estarán ajustando su producción a la menor demanda”. George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), organismo de la burguesía comercial, señaló que “el reajuste presiona indirectamente la inflación, pero no es posible medirlo en términos cuantitativos. Ello, porque el impacto más relevante [del paro] es su propagación hacia otras negociaciones salariales, ejerciendo presión para que los salarios crezcan sobre la productividad” [8].

Estas afirmaciones pintan de cuerpo entero a la burguesía chilena, acostumbrada a la impunidad y a los métodos neoliberales de dominio. Tildan de “imposible” un aumento que apenas alcanza a mantener el salario real, de acuerdo con las cifras oficiales de inflación. Chantajean a los trabajadores obligándolos a aceptar sus condiciones, agitando el fantasma del desempleo. Responsabilizan a las demandas salariales de las tendencias inflacionarias de la economía.

El año pasado, una vez consumado el deterioro del salario con la pérdida de un 0,9%, el secretario general de la Sofofa [9], Andrés Concha, no tuvo reparos en realizar una descarada afirmación: “el acuerdo gobierno-trabajadores públicos, está en el límite superior de lo posible (...) la señal que se le ha dado al sector privado es complicada toda vez que nuestras empresas no están en condiciones de ofrecer ese nivel de reajustes” [10]. Pareciera ser que en todo momento y en todo lugar, a la burguesía chilena las demandas de los trabajadores le parecen excesivas. He aquí la “psicología” de la patronal local moldeada por su actuación contrarrevolucionaria ante el ascenso revolucionario de los años ’70, y por la larga impunidad neoliberal preservada por la Concertación [11].

Pese a que las repercusiones de la crisis capitalista internacional no se despliegan en toda su magnitud en la situación política nacional, ya estamos viendo cómo sus costos son traspasados al proletariado. Una vía de este traspaso es el sistema privado de AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) instalado durante la dictadura pinochetista, basado en la cotización individual de los asalariados. En una carta reciente enviada por economistas del CENDA –centro de estudios ligado al reformismo– a la presidenta Bachelet, se hacía un recuento de estos costos: “el fondo de pensiones en su conjunto ha perdido hasta el momento más de 25.000 millones de dólares, que representan más de una cuarta parte del total. Los fondos B y A, donde se encuentra más de la mitad de los afiliados, han perdido más de un tercio y poco menos de la mitad de su valor, respectivamente. Las pérdidas han borrado con creces las ganancias de los últimos tres años y casi todas las obtenidas en circunstancias del todo excepcionales desde la introducción de los multifondos en 2002” [12]. Hasta acá han conducido las políticas neoliberales, aún en uso. Al jubilarse, los trabajadores serán quienes se encuentren con la ingrata sorpresa de la miseria. Los 180.000 despedidos en la construcción y los despedidos en las PYMES ligadas a la minería y en las empresas forestales del sur del país, son también una “muestra” de cómo la clase patronal comienza a descargar los costos de la crisis capitalista en los hombros del proletariado. Como si fuera una “fatalidad de la naturaleza”, anuncian que para el próximo año el desempleo se elevará del 7,5% actual a una cifra igual o superior al 10%. Del mismo modo declaran que han definido modificar su orientación en la minería, como producto de la abrupta caída de los precios del cobre. Si hasta ayer se trataba de “mantener los costos”, la nueva orientación consistiría en “reducir los costos”. Para esto habría que revisar los contratos con las empresas subcontratistas, es decir, dejar en la calle a los miles de subcontratados que hicieron posible con su trabajo, junto a los trabajadores de planta, las enormes ganancias de los últimos años.

En Enade 2008 [13], la burguesía anunció, por medio de Alfredo Ovalle, que está dispuesta a responder unitariamente ante las dificultades de la crisis, precarizando todavía más el trabajo: “Estamos convencidos de que hoy Chile requiere de políticas que mejoren la empleabilidad y no sobre-regulen ni rigidicen el mercado laboral que a fin de cuentas perjudican al trabajador. Como empresarios, hacemos todos los esfuerzos en esta situación y con la misma fuerza le solicitamos a la autoridad diseñar y aplicar a la brevedad políticas públicas que permitan el acceso a todo nivel. Necesitamos con más fuerza flexibilidad y adaptabilidad en el mercado laboral para responder a las actuales circunstancias y disponer de alternativas laborales para miles de jóvenes, mujeres y trabajadores” [14].

Significativo en el anuncio de la CPC fue el cambio de actitud con respecto al gobierno. Si el año pasado lo criticaron por no hacer cumplir el “estado de derecho”, es decir, por no aplicar con suficiente “entereza” métodos represivos en contra de las huelgas obreras, este año han aparecido con un discurso unitario. La nominación de Rafael Guilisasti a la presidencia de la CPC desde diciembre apunta en el mismo sentido. Conocido por su perfil negociador y sus relaciones sociales con importantes militantes de la Concertación –como el actual secretario general de gobierno, José Antonio Viera Gallo– este ex MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) y actual empresario vinícola, tendrá la misión de “defender el modelo el próximo año” según confiesa Fernando Echeverría, ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). De todos modos, Michelle Bachelet ha dejado clara su fidelidad al “modelo”. Sus palabras en Enade 2008 fueron claras: “Esta crisis internacional, pudiera intentar ser utilizada por algunos como excusa para emprender medidas proteccionistas. Y Chile lo ha dicho muy claro: no fue el libre comercio el que generó esta crisis, pero el libre comercio puede ayudar a resolver la crisis. Por eso decimos que este es el momento para avanzar en eso” [15].

Hasta ahora, al interior de la burguesía, no se ha roto el consenso neoliberal. No han emergido sectores burgueses con intereses contrarios a los de la burguesía “monopólica”. Las PYME, que para organizaciones como el PC constituyen un potencial aliado de los trabajadores (del mismo modo que los sectores “progresistas” de la Concertación), a lo más regatean por facilidades crediticias en el marco de la crisis capitalista. Para ello se sirven de las direcciones oficiales de la clase trabajadora, del PS y el PC, las que –sin ningún asco– anuncian movilizaciones en el caso de que el gobierno no quiera otorgarles créditos directos sin intermediación bancaria a estos empresarios. De por sí, aquella alianza con la superestructura de la clase trabajadora es insuficiente para generar un nuevo pacto entre las clases, entre un sector no monopólico de la patronal, los trabajadores y/o el pueblo pobre, con el fin de disputar más seriamente la hegemonía de la burguesía más concentrada, actualmente hegemónica. Aún no se vislumbra un proyecto estratégico serio de la clase patronal que pretenda romper con la orientación neoliberal de las tres últimas décadas.

Chile está rezagado con respecto a las tendencias centrales de la situación latinoamericana. El ciclo ascendente de la lucha de clases que tuvo lugar durante la primera mitad de la década, los desvíos “posneoliberales” que asentaron su estabilidad en la buena coyuntura económica ya concluida, aparecen todavía como realidades extrañas y extemporáneas. Las formas de hacer política nacidas en los años ’90, basadas en los dos grandes conglomerados burgueses, la Concertación y la Alianza, perduran aunque atravesando un profundo desgaste, que da espacio para que algunos “desencantados” comiencen a balbucear retórica antineoliberal. Es el caso del senador Alejandro Navarro, ex militante del PS y actual miembro del “Movimiento Amplio Social” que estaría dispuesto a una alianza con el PC y la izquierda reformista.

Sin embargo, las repercusiones de la crisis capitalista internacional, la mayor actividad de la lucha de clases y particularmente el proceso de recomposición de la clase trabajadora, le brindan a la situación política nacional un carácter transitorio crecientemente preparatorio. Desde este punto de vista, no se descartan ni saltos en el desgaste del régimen, ni giros abruptos de la lucha de clases. La estabilidad de la Concertación y del régimen de democracia pactada se basó en condiciones internacionales y nacionales que se han ido para no volver: el segundo aliento neoliberal de los años ’90 y su correlativa ideología triunfalista.
La clase obrera tiene planteado aprovechar el paro de los trabajadores públicos como un punto de apoyo en su proceso de recomposición. Este paro, efectivamente, puede abrir una dinámica huelguística, instalando el 10% como el piso mínimo de las negociaciones, es decir, una pretensión de defender el salario ante el deterioro producido por la inflación. De abrirse una dinámica así, se continuaría el proceso de recomposición obrera que todavía se expresa en un nivel sindical.

Este proceso pareció reavivarse durante el primer semestre con las huelgas de los trabajadores salmoneros de Aguas Claras S.A. en la X Región y con la huelga de los trabajadores subcontratados de Codelco [16]. Ambos procesos fueron derrotados, en buena medida por la política de sus dirigentes ligados al PC, que en el primer caso depusieron la toma de planta para negociar, abriéndole espacio a la intransigencia patronal, y cerrando la posibilidad de negociar en términos favorables a los trabajadores; y en el segundo, aceptaron un acuerdo con el gobierno desfavorable a los trabajadores, por medio del cual Codelco formalizó su negativa a negociar en una misma mesa con los subcontratados, cuestión que se había conseguido en la huelga de 2007 y que en los hechos había sido desconocida por la cuprífera, aprovechando la política oficial del PC que consistió en apoyar la ley de subcontratación del gobierno –que no es más que una consagración de esta forma de trabajo precario–, y su propuesta divisionista de internalizar solamente a 5.000 de los 30.000 subcontratados que trabajan en la minera estatal. La subordinación política del PC a la Concertación, cristalizada en el llamado “pacto por omisión”, que implicó que en las últimas municipales llamaran a votar al conglomerado patronal en 17 comunas, actuó durante el segundo semestre como una contención para el desarrollo de procesos de lucha obrera. El paro de los trabajadores públicos podría transformarse en un punto de inflexión y abrir una dinámica más favorable para que el proceso de recomposición del proletariado continúe.

La confluencia de esta posibilidad y la ubicación intransigente de la burguesía en el marco de la crisis capitalista, permiten pronosticar que la lucha de clases se transformará en un factor cada vez más actuante de la situación política nacional. Esta perspectiva hace más vigente que nunca la necesidad de construir un partido de trabajadores revolucionario que impulse una política obrera y socialista, independiente de cualquier variante patronal, en la perspectiva de constituir una República de Trabajadores basada en organismos de autoorganización del proletariado en alianza con el pueblo pobre. Esa es la pelea de Clase contra Clase, miembro de la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional.

2 de diciembre de 2008