Por Sebastian Hesse, con la colaboración de Hernán Yanes, desde Montevideo

El pasado 11 de octubre se realizó en el centro de la capital una numerosa marcha contra la mega minería y otros mega proyectos de inversiones extranjeras promovidos por el gobierno, los cuales se convierten en una seria amenaza al medio ambiente y a las localidades de las zonas del país que se verían afectadas por ellos. Con una composición social heterogénea, se constituyó en la expresión concreta de distintos sectores sociales que se oponen a estos megaproyectos de inversiones extranjeras del gobierno. En las consignas y proclamas se podían encontrar no solo la oposición frente a la mega minería sino también contra el puerto de aguas profundas, las plantas de celulosa y la defensa de los recursos naturales.

El movimiento ambientalista y su programa

En la movilización confluyeron amplios sectores, organizados a través de la Coordinación Nacional de Colectivos Sociales, que abarca por un lado desde pequeños chacareros, indigenistas, vecinos de localidades en los balnearios, asalariados rurales, ecologistas, jóvenes estudiantes de la capital, y por el otro a sectores de la burguesía nacional como la burguesía rural media (por ejemplo a través de la Asociación Rural de San José) que también se ven afectados por estas mega inversiones. Componiéndose en definitiva como un movimiento social amplio y policlasista, con un programa muy general y difuso que no va hasta el fondo de este problema.
El movimiento básicamente intenta plantear el problema de la mega minería en forma de una antinomia entre desarrollo agrícola versus minería, y por lo tanto englobando en un mismo reclamo a intereses bien diversos (y hasta antagónicos) como los de la burguesía y los que viven de su trabajo (sectores oprimidos y explotados de la sociedad).

De esta forma, a partir de una visión que idealiza las viejas formas de explotación de la tierra antes del avance de la forestación, la soja y ahora la mega minería, se desconoce el atraso de la histórica composición social de la estructura económica que ha tenido el país a lo largo del tiempo en este caso en el sector agrario, que durante siglos y décadas ha expulsado a trabajadores de su tierra para terminar depositados, amontonados en los barrios pobres de la capital, ahogándose en la miseria y el hambre. Si en algo ha incidido la penetración del capital extranjero en la tierra del Uruguay, ha sido en forma de agudizar las viejas miserias de la anterior estructura. Pero esto no quita que anteriormente, durante siglos, que el viejo modelo ganadero extensivo haya explotado rapazmente, expulsado y sumergido en la más absoluta miseria a miles de trabajadores, y que durante todo ese tiempo hayan sido grandes contaminantes a través de la emisión de metano hacia la capa de ozono, a partir de su viejo modelo de ganadería extensiva supuestamente más “natural”. Esa vieja patria ganadera, ese viejo modelo, siempre estuvo al servicio de las ganancias de los grandes ganaderos y frigoríficos nacionales y extranjeros, para los explotados y oprimidos del campo y la ciudad nunca ha significado más que miseria y hambre.

Por lo tanto, el límite del movimiento pasa por no criticar el problema central que es la lógica misma del capitalismo y su carácter rapaz y desinteresado hacia el medio ambiente y la comunidad en general.

El modelo de “desarrollo productivo” del FA

Por otro lado el proyecto del Frente Amplio impulsado desde el gobierno nacional, intenta vender el país y sus riquezas al mejor postor, en una clara política de subordinación al capital transnacional. Mujica, como antes también Vázquez, buscan atraer el interés de los grandes capitalistas, asegurándoles buenos negocios en un clima de “seguridad jurídica”. No reparando en el saqueo de la riqueza nacional y la destrucción ecológica para “atraer inversores”.
Esta lógica va en consonancia con las políticas generales establecidas a nivel internacional de instalar las industrias más contaminantes en los países periféricos. Como sabemos, esta política de promoción de inversiones, a través del otorgamiento de grandes privilegios (exoneración de impuestos, zonas francas, etc.) no es nada nuevo, sino que es más de la vieja receta neoliberal que tristemente conocemos los países latinoamericanos.

La política del PCU y la burocracia sindical

A su vez desde el Pit-Cnt, la burocracia sindical promueve un movimiento de defensa a esta política del gobierno, bajo la excusa de que el desarrollo productivo que supuestamente traen estas inversiones representa grandes fuentes de trabajo, llamando y movilizando a sectores de la clase trabajadora a defender estos proyectos agresivos contra el medio ambiente y su entorno en general.
Estos argumentos de la burocracia sindical son una gran falacia, lo podemos ver con claridad en casos recientes como la planta de UPM, la cual disfruta de grandes exoneraciones impositivas, dejando a cambio el tendal de contaminación y miseria social en su entorno de instalación.

Los marxistas revolucionarios, al contrario de lo que sostiene el FA y la burocracia sindical, afirmamos que este tipo de política, como históricamente ha sucedido, solo traerá más miseria y degradación a nuestro país, profundizando su carácter de país semicolonial en el marco de la división internacional del trabajo.

Una salida revolucionaria frente a este problema

Si bien coincidimos con los sectores movilizados en su denuncia a esta política entreguista y degradadora de los recursos naturales, tenemos que alertar que no será posible doblarle el brazo al gobierno y al capital imperialista, si no se tiene una clara independencia de la burguesía nacional y sus partidos y organizaciones. Nada podemos esperar de los sectores burgueses, que se han metido en el movimiento contra la mega minería, siendo estos mismos los que explotan y mantienen en la miseria a un amplio número de trabajadores rurales en el interior del país.

Tenemos que construir un movimiento masivo conformado por los verdaderos interesados en preservar el medio ambiente y los recursos naturales: los asalariados de la ciudad y el campo, los vecinos y vecinas de los territorios comprometidos, las organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, ecologistas y ambientalistas. Para eso hay que tener en claro la necesidad de levantar un programa antiimperialista frente al capital transnacional y sus aliados de la burguesía local, que plantee una reforma agraria que expropie a los grandes pulpos capitalistas que degradan nuestro suelo a través de formas de cultivo y mineras rapaces y que también expropie a la burguesía rural local que históricamente ha explotado y mantenido en la miseria a miles de trabajadores. Que se expropie la tierra a favor de quienes la trabajan, a favor de los pequeños chacareros y la gran masa de asalariados rurales, que se levante un programa de aprovechamiento racional de los recursos naturales a favor de todos los trabajadores y oprimidos del país, con una minería y otros proyectos de desarrollo que generen genuinas fuentes de trabajo y que sea estatal y bajo control obrero, con participación de las comunidades afectadas en los proyectos, basados en organismos de democracia directa donde podremos no solo oponernos al proyecto que nos quieren imponer, sino también pensar qué tipo de minería y en general que tipo de sociedad queremos para vivir .

noviembre 2012