¿Cómo llamarían a una empresa que echa a la calle a sus obreras y obreros tras desgarrarles los tendones y los músculos hasta el dolor? ¿Y si además se ensaña con ellos porque se organizan en defensa de sus derechos?

¿Y cómo llamarían a una empresa que obliga a utilizar pañales a sus trabajadores, para que no pierdan tiempo yendo al baño, como hace en Honduras? ¿Y si simula una quiebra en EE.UU. para despedir a 20.000 trabajadores, mientras paga premios por U$S 20 millones a sus gerentes?

Sencillo, una patronal buitre. El mejor ejemplo es la autopartista yanqui Lear.
En estas semanas, la empresa desató una guerra contra sus trabajadores de la planta Pacheco: suspendió a 330, luego a 200 sin goce de sueldo, todo esto ilegalmente, y finalmente despidió a 100. Ahora, también ilegalmente, impide el ingreso de los delegados de la comisión interna.

Con un ataque similar amenaza también la norteamericana Donnelley, que quiere despedir 123 trabajadores.

“Crisis” automotriz: el rescate y el ataque

Hoy la industria automotriz pasa un momento de alerta. No es que estas patronales estén perdiendo dinero, pero la recesión en Brasil, junto a los efectos de la devaluación, hizo caer las ventas. Los empresarios aprovecharon para suspender a 14.000 trabajadores. El gobierno anunció un plan de “rescate” al sector empresario, que incluye un programa de créditos y promociones llamado Pro.Cre.Auto, elogiado por el SMATA.

Lear celebró el anuncio con un gesto anti-obrero. Pero no tiene ninguna crisis. Ford, que compra todos los mazos de cable, no bajó su producción en lo que va del año y piensa aumentarla en julio. Menos creíble es el argumento de “bajo rendimiento”. Como dice Norma, “hace 26 años que trabajo en Lear, tengo el cuerpo destruido. Me hacían hacer hasta tres turnos, rotaba de horarios, y ahora me dicen que soy improductiva”.

La explicación es sencilla. Junto a las suspensiones masivas, el plan patronal es aprovechar la situación para atacar a aquellos trabajadores y delegados que en los últimos años enfrentaron los despidos, la precarización, y no se alinearon con la burocracia oficialista del SMATA.

La comisión interna de Lear, dirigida por la combativa Lista Celeste, surgió en los últimos años pese al intento de la multinacional de impedir la elección de delegados de base, de los despidos de activistas, de las patotas de la Lista Verde. Se organizaron democráticamente, cuestionaron las condiciones de trabajo, se sumaron al proceso del sindicalismo combativo, se solidarizaron con otros trabajadores, y llevaron su experiencia a otras automotrices.

El desarrollo de los hechos confirmó cuál es la política de las multinacionales. Ya lo vienen mostrando el conflicto de Gestamp y los ataques a los delegados opositores en Volkswagen Pacheco y Córdoba. Desde el primer momento, los trabajadores de Lear reclamaron la intervención del SMATA, exigieron al Ministerio de Trabajo que se rechacen las suspensiones ilegales, y evitaron caer en las provocaciones que les montaron. Pero la respuesta fue brutal: la patronal incrementó el ataque, el sindicato y el Ministerio lo dejaron avanzar. Hasta que la fábrica y sus alrededores fueron ocupados por un ejército de gendarmes de Cristina y policías de Scioli.

El gobierno kirchnerista deja correr la ofensiva. Necesita poner un freno a los luchadores obreros que levantan cabeza contra el ajuste. Y no para de sacarse la careta. Bajo el gobierno “del empleo”, “los derechos humanos” y “la soberanía”, las patronales buitres se mueven a sus anchas. Después de una década de “soberanía y renacionalización”, 330 de las 500 más grandes empresas del país son multinacionales, que se quedan con el 80% de las utilidades del sector.

Las crisis que golpean al gobierno

El retorno de la “crisis de la deuda” es otro ejemplo de cómo se desenmascara el gobierno. Hablan contra los buitres pero llevan adelante una negociación donde no se descarta, en los 30 días que quedan de “gracia” hacia el default, que cedan a la “extorsión” pagándole a los buitres hasta el último peso: 1.330 millones de dólares por bonos que compraron a precios irrisorios. Otro porcentaje de bonistas que no entraron en los canjes podría reclamar otros 15 mil millones, y encima los que entraron en el canje podrían exigir iguales condiciones. Así, la deuda podría ascender a 335 mil millones de dólares. Este jueves Axel Kicillof expondrá en Washington ante la Organización de los Estados Americanos sobre la reestructuración de deuda argentina. Sigue sumando apoyos internacionales, más que por solidaridad, por los peligros que tiene el fallo para futuras reestructuraciones. El lunes 7 está fechada una cita con el mediador designado por Griesa. Los buitres quieren negociar antes y declaran que un acuerdo tipo Repsol o Club de París les vendría bien. Esto pone de manifiesto la entregada de las negociaciones “soberanas” del gobierno, que tiene voluntad de acordar para volver a endeudarse en gran escala. Pero es una negociación tensa y contra reloj que puede traer nuevas convulsiones sobre la economía. Todas las alternativas están abiertas.

Esa enorme hipoteca para el país, que oficialistas y opositores patronales quieren seguir pagando, será descargada inevitablemente sobre las espaldas de las mayorías populares. Por eso, desde el PTS en el Frente de Izquierda venimos denunciando las consecuencias de un nuevo acuerdo con los “buitres”, y decimos: no al pago de la deuda externa, toda la deuda es una estafa. Basta de negociaciones a espaldas del pueblo. Hay que convocar a una consultar popular vinculante y llamar a movilizar contra el capital financiero imperialista.

Pero la crisis de la deuda no es el único problema que golpea al gobierno. Boudou se ha convertido en el primer vicepresidente de la historia procesado por corrupto. Los opositores aprovechan para golpear al oficialismo, dando cátedra sobre “anticorrupción”, cuando el caso Ciccone no es más que otro ejemplo de un modus operandi común. Macri está procesado por escuchas ilegales, Menem fue juzgado en varias causas, lo mismo que Duhalde y De la Rúa. La corrupción acompaña como la sombra al cuerpo a los políticos de los capitalistas. Como vienen planteando Nicolás del Caño y Christian Castillo en el Congreso Nacional y la Legislatura Bonaerense, Boudou debería de mínima pedir licencia o renunciar al cargo. El juicio político es una maniobra de esta casta política, al que nos oponemos. Tampoco estos jueces, que poco tienen que envidiarle a los de la “servilleta” de Menem, deben decidir si es inocente o no. Por eso exigimos que, como mínimo, sea juzgado en juicio por jurados populares, donde el veredicto sea decidido por ciudadanos comunes, elegidos por sorteo público, mientras apelamos a la más amplia movilización popular para que vaya preso.

Con los obreros, contra los buitres

La ofensiva de las patronales norteamericanas encuentra hoy una dura resistencia. Los trabajadores de Lear han iniciado un plan de lucha, que los ha encontrado en las calles junto a los obreros de Donnelley y otras internas combativas. Esa pelea necesita de todo nuestro apoyo. Es una lucha testigo contra la dictadura que nos quieren imponer las multinacionales en las fábricas.

Cada militante, cada obrero, cada estudiante, tiene que tomar esta lucha en sus manos. Apoyando los piquetes, trabajando el fondo de lucha, sumándose a las actividades solidarias, exigiendo el pronunciamiento de sindicatos y comisiones internas, nacionalizando la campaña, movilizándose. Haciendo carne las palabras de las obreras despedidas: “No vamos a bajar los brazos”.

Hay que reunir a las fuerzas que integramos el Encuentro Sindical Combativo de Atlanta, al Partido Obrero y a todos los luchadores combativos del país, sumando esfuerzos para que esta durísima batalla triunfe. Y exigir a la burocracia sindical de Moyano y sus aliados que rompan la tregua y llame a un paro de 36 horas activo. Contra los despidos, las suspensiones, los topes salariales, por la anulación del impuesto al salario.

Para que la crisis la paguen los capitalistas.