El pasado 27 de octubre el Parlamento aprobó, únicamente con los votos del gobernante Frente Amplio, la ley que elimina la prescripción de los crímenes de la dictadura que vencían el 1° de noviembre, declarándolos de lesa humanidad y restaurando la pretensión punitiva del estado.

La Ley oficialista: sus aspectos progresivos y sus límites

Esta nueva ley tiene el punto progresivo de impedir que los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado prescriban, ya que los considera de lesa humanidad. Se ajusta así a los tratados internacionales ratificados por Uruguay (Pacto de San José de Costa Rica). También le da una resolución al caso Gelman ajustándose a la sentencia de la CIDH contra el estado uruguayo. Sin embargo, no anula específicamente la Ley de Caducidad, todavía vigente, por lo que deja un vacío jurídico que seguramente será usado por los militares para apelar su inconstitucionalidad. Al estar en vigencia las dos leyes (la de Caducidad y esta nueva) se deja a criterio de cada juez (y de la Suprema Corte) la decisión en cada caso particular acerca de cuál de las leyes hay que aplicar. Esto es un problema ya que hay sobradas muestras de que la Justicia no es “independiente” como se dice y que no prioriza la defensa de los derechos humanos (muchas veces ha fallado en su contra), y sí aplica todo su rigor cuando se trata de los delitos “contra la propiedad” como las ocupaciones a empresas y edificios públicos, como sucedió durante el conflicto de los metalúrgicos.

Ya antes de promulgar la ley, el presidente José Mujica adelantó cuál era su verdadera intención: tirar la pelota al Poder Judicial en un tema de tanta relevancia. "Los problemas jurídicos tienen varias bibliotecas" dijo, y agregó: "Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida" . Mientras que Lucía Topolansky (del MPP, integrante del Frente Amplio y esposa de Mujica) confió que está pensando cómo sortear la misma ley que ellos votaron, y presentará un proyecto que incluya en el beneficio de excarcelación domiciliaria a los militares mayores de más de 70 años .

Por su parte, los dos partidos tradicionales Nacional y Colorado – que históricamente representaron a la burguesía y al imperialismo que pidieron el golpe - y el Partido Independiente, cuestionaron desde una posición reaccionaria, la constitucionalidad de la nueva ley, aunque intentaron no quedar como defensores explícitos de los militares. Pero esta postura coincide con los argumentos de los represores, que ya están amenazando con emprender juicios contra militantes de izquierda por supuestos “crímenes” cometidos en aquella época. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa José Bonilla descartó cualquier información sobre los desaparecidos: "Quienes algo sabían, podían, a partir del 1° de noviembre, con la libertad que da la prescripción de los delitos, aportar datos importantes… la información no se va a aportar por temor a ir preso" . Declaraciones estas cargadas de cinismo porque ratifican, como siempre denunciaron los organismos de derechos humanos y las víctimas, que ellos cuentan con muchísima información que en todos estos años no han aportado, ni antes, cuando los defendía la Ley de Caducidad, ni lo harán ahora.

Las primeras demostraciones por el fin de la impunidad

Pocas horas después de promulgada la ley se presentaron múltiples denuncias contra represores, algunas de las cuales terminaron en procesamientos (cinco por el caso Gelman) . Una veintena de mujeres ex presas políticas presentaron denuncias sobre abusos sexuales, torturas y detenciones arbitrarias, es decir delitos de los que nunca se había hablado. En Salto hubo seis denuncias de militantes del PCU que estuvieron presos. Ya suman unas 300 las denuncias realizadas. Organizaciones como la FEUU prestan su apoyo a familiares y ex presos para iniciar procesos legales. La Facultad de Ciencias Sociales se mantuvo ocupada por una semana por este tema. Estos primeras reacciones de las víctimas, familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos pueden ser un importante primer paso en la lucha por encarcelar a estos asesinos, sabiendo que será necesario organizar una lucha más amplia, coordinar acciones y convocar a una movilización en las calles que le imponga a la justicia y todos los partidos, incluyendo el propio Frente Amplio, el castigo a los represores.

El Frente Amplio y su responsabilidad en la impunidad

Con esta ley el FA queda posicionado como uno de los principales luchadores contra la impunidad, frente a un amplio sector de nuestra sociedad, muchos de ellos jóvenes, que desde siempre se han expresado contra los represores (especialmente en el plebiscito de 2009) y que esperaban algún tipo de acción de parte del partido de gobierno. Así, el FA intenta resolver una demanda histórica estructural y represtigiarse ante su base, después de haber tenido varios intentos por lavarle la cara a las fuerzas armadas (recordemos los llamados constantes de Mujica a la reconciliación y al perdón). Pero desde la salida de la dictadura y durante todos estos años, las fuerzas que componen el Frente Amplio han garantizado la preservación del aparato militar intacto, han realizado pactos como el del Club Naval (y otros secretos) donde prometieron la impunidad de los militares a cambio de una transición pactada a la democracia burguesa. Durante todos estos años el FA se ocupó de evitar la movilización llamando a confiar en plebiscitos y llevar a un nivel de desmoralización y pasividad a familiares, víctimas y organizaciones sociales. Sin embargo no han podido sacarnos totalmente de las calles ni hacernos bajar las banderas del Juicio y Castigo. La lucha sigue firme y ahora hay que continuarla.

Nuevamente: sobre el rol de las Fuerzas Armadas

La dictadura cívico-militar uruguaya fue una ofensiva de la clase dominante y el imperialismo, que en el marco del Plan Cóndor llevaron a cabo la destrucción y en algunos casos el exterminio de la vanguardia de luchadores revolucionarios de la época y así frenar el ascenso encabezado por la clase obrera. Los más de 5500 presos políticos fueron en su mayoría obreros, maestras, funcionarios, bancarios, dirigentes sindicales y de sectores que protagonizaron la resistencia a la dictadura (cono ejemplo tenemos la huelga general de 14 días). Ellos constituyeron el principal blanco de la represión. Tener presente esto, es tener presente el rol reaccionario que cumplen las FFAA como institución al servicio de la clase dominante y el imperialismo para reprimir toda lucha social que cuestione el régimen imperante.

Durante estos últimos años, el FA intentó lavarle la cara a las fuerzas armadas, exculpándolas de su pasado represor y dejándolas prontas para su eventual utilización cuando sea necesario. Muestras de esto son la participación en “misiones de paz” como en Haití donde tras la careta “humanitaria” ocupan, abusan y reprimen al pueblo. O la utilización como rompe huelgas como vimos contra los trabajadores de ADEOM el año pasado. O la represión a los jóvenes marginales con la excusa de la delincuencia.

La lucha por el Juicio y Castigo se gana en las Calles

Hasta ahora la cantidad de represores juzgados es irrisoria: algo más de una docena de más de 400 responsables denunciados. Lo mismo en el hallazgo de restos de desaparecidos: se han encontrado una ínfima minoría de un total de doscientos desaparecidos uruguayos en todo el Cono Sur . Inclusive muchos de estos represores hoy continúan en actividad, por culpa de la impunidad. Frente a esto, debemos organizarnos de forma independiente de todos los partidos tradicionales (inclusive del Frente Amplio) y tomar las calles. Es la única manera de lograr el Juicio y Castigo a todos los represores y quebrar los intentos de imponernos el olvido y la reconciliación. Las organizaciones de DDHH, el PIT-CNT, los estudiantes y sectores populares debemos encarar una profunda campaña de organización y lucha para acabar con la impunidad. Exigir que se abran los archivos de la dictadura para saber quiénes fueron los torturadores, quiénes estaban a cargo, qué pasó con nuestros desaparecidos y cuáles fueron los pactos secretos de aquella época. No podemos confiar en la misma Justicia y las mismas instituciones que garantizaron la impunidad estos años, solo la movilización independiente en las calles podrá garantizar la anulación de la Ley de Caducidad y que se juzgue efectivamente a los militares represores.

Luchar por el juicio y castigo y contra la reconciliación, es luchar por los compañeros caídos o que sufrieron en carne propia la prisión y la tortura, es luchar por sus familiares que arrastraron por décadas la injusticia de no saber dónde están sus familiares. Es luchar también por el futuro, en contra de los aparatos represivos del estado siempre dispuestos a aplastar toda protesta social, es luchar por señalar y tener bien presente en la memoria el verdadero rostro de la burguesía nacional y el imperialismo, asesinos y hostigadores de luchadores revolucionarios y de la clase trabajadora.

Sebastian Hesse y Karina Rojas, desde Uruguay

02-11-2011