Esta semana tuvo eco una vez más el anuncio del presidente Hugo Chávez sobre la intervención simultánea de 16 grandes hatos (grandes haciendas) en Venezuela, que abarcan 300.796 hectáreas aptas para la producción agropecuaria, y se espera la intervención de 10 hatos más en los próximos meses. Pero hay mucho de show mediático en esta medida, que incluyó el uso del Ejército Nacional bajo supuesto de que podría existir alguna resistencia frente a la ocupación. En verdad, el conjunto de las fincas intervenidas no son tierras de propiedad privada, sino que en la práctica le pertenecen al Estado, mantenidas por sectores privados sin poder demostrar la titularidad de las mismas. Y de acuerdo a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario pueden ser "rescatadas", ya que contempla "la no propiedad y que sean baldíos de la Nación y estén totalmente incultas e improductivas". Es de destacar que la intervención en estas tierras se realiza luego del final de un proceso de negociación que implica las respectivas notificaciones y la presentación de los alegatos por parte de los supuestos propietarios. Como ha afirmado Chávez y el propio ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, no se trata de expropiaciones sino de tierras que aunque eran propiedad del Estado hasta ahora venían siendo explotadas por supuestos dueños privados (Agencia Bolivariana de Noticias, 27/03). Por eso el mismo Chávez aclaró que "el que tenga sus fundos (fincas) productivos no debe tener ningún temor"(Aló Presidente, 25/03). De igual manera, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, afirmó que "quienes alegan propiedad de determinadas extensiones de tierra en Venezuela deben demostrarlo jurídicamente, al tiempo que aclaró que el Estado no está afectando hatos que estén productivos sino aquellos en los cuales existen extensiones ociosas" (ABN 27/03). No es casualidad que la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (Confagan) y la Federación Bolivariana de Ganaderos y Productores (Fegaven), han apoyado las medidas del gobierno nacional.

Si bien la golpista Fedecámaras rechazó las intervenciones de tierras, los representantes de altos sectores terratenientes como los agrupados en la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), y la Federación de Productores Agropecuarios (Fedeagro), se limitaron apenas a rechazar la utilización del Ejército en la ejecución de las medidas. Es que en verdad, si bien no se han hecho públicas las negociaciones previas realizadas ni por el gobierno ni por los supuestos propietarios de las tierras sobre lo cual ronda un cierto hermetismo, el propio Chávez dejaba entrever el día anterior a la ejecución de intervención, se trataría del famoso método CHAZ ya aplicado en la famosa hacienda La Marqueseña [1].

En este sentido es que las críticas se limitan solamente a rechazar el show mediático del gobierno con el uso de la Fuerza Armada (FAN), ya que como ambos representantes de las cámaras agropecuarias afirman "no se justifica la utilización de la FAN para llegar a las fincas, porque todos los trámites se han hecho ante el INTI y la mayoría de esos hatos ya habían sido negociados con el gobierno"( El Nacional, 27/03). Incluso los diarios de la derecha venezolana están de acuerdo con esta supuesta "guerra contra el latifundio", en avanzar contra quienes poseen exageradas extensiones de tierras ociosas: "nadie de opone a eso, y mucho menos si se garantiza un pago justo y legal. Nadie se opone a que el gobierno llegue a un acuerdo para readquirir tierras que no se usan y que pueden ser reorientadas a otros intentos de cultivos" (Editorial de El Nacional, 27/03). Pero la medida obedece también a la fuerte presión que está sufriendo el gobierno de Chávez frente a la importante escasez de productos derivados del campo, y que cada día se encarecen más. A ocho años de "Revolución Bolivariana" no ha logrado satisfacer las necesidades más inmediatas de la población en el área de la alimentación, siendo que más del 70% del consumo de alimentos es importado, estando lejos de cualquier "soberanía alimentaria" que pregona Chávez. La mayoría de las tierras intervenidas serán destinadas a la ganadería de doble propósito (carne y leche) con la "ayuda" de grandes empresarios de la industria agropecuaria argentina como el productor de soja Gustavo Grobocopatel o la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola.

Pero la "guerra contra el latifundio" está lejos de hacerse realidad (ver recuadro). Una gran parte de las tierras en manos privadas en Venezuela tienen "titularidad precaria" [2], siendo producto de un verdadero saqueo territorial al apropiarse de dominios que de hecho pertenecen al Estado y sobre la base de la expulsión de campesinos de sus tierras. Sobre estas tierras está actuando centralmente el gobierno de Chávez. Si el latifundio es legal y se mantiene productivo no es sometido a la Ley de Tierras. Por eso es que desde el gobierno no se cansan de repetir: "no tiene nada que temer aquel que demuestre que las tierras son suyas y que las tiene produciendo". Es aquí donde se devela el contenido real de la "guerra contra el latifundio". El propio gobierno reconoce que combatió las ocupaciones de tierras realizadas por campesinos pobres de forma independiente en áreas productivas, y donde los latifundistas son fehacientes dueños de las tierras, siendo penalizados los campesinos a no tener derecho jamás a la tierra. Como lo hemos expresado en la revista Estrategia Internacional N° 23, el fondo de todo está en que el objetivo del gobierno es "fortalecer la producción agrícola nacional" dentro de su proyecto nacionalista burgués, sin importar quién produzca ni quién sea el propietario. Como expresara Pedro Carreño, ministro de Relaciones Interiores y Justicia, en su momento, dirigiéndose a los terratenientes, "la Ley de Tierras les permitirá competir, en precios y calidad, con los rubros importados. Los empresarios contarán con un gran aliado para modernizar, tecnificar la producción, como pasará en La Marqueseña".

La Ley de Tierras de la "Revolución Bolivariana"

Se entiende por latifundio la centralización de las tierras en pocas manos, colocando a los campesinos al margen de la actividad agropecuaria condenándolos a la miseria, al desempleo en el campo o a la superexplotación. Sin embargo, la Ley de Tierras de la "Revolución Bolivariana" cambió esencialmente este concepto, al establecer en su artículo N° 7 que dicho fenómeno se produce sólo cuando existan tierras ociosas o incultas. Esto significa que empresas multinacionales como Smurft-Cartones de Venezuela, que posee aproximadamente 600.000 hectáreas, no son latifundistas por cuanto todas se encuentran en producción forestal, muy a pesar de que una numerosa población campesina vive alrededor de tales propiedades en situación de extrema pobreza, por no tener tierras para producir. De igual manera, la agroindustria y otras empresas multinaciones que pueden hacer grandes inversiones en la producción agropecuaria, apropiándose de miles de hectáreas, no podrán ser consideradas latifundistas, ya que difícilmente en sus propiedades existan tierras ociosas o incultas [3]. La Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (Cofagan) respalda la aplicación de la Ley de Tierras por considerar que "es un instrumento para la materialización de la seguridad alimentaria y la democratización de la tierra en el país". Este respaldo fue manifestado luego de enfatizar que están en contra de las ocupaciones hechas por los campesinos pobres, pues la "Ley de Tierras no estimula las invasiones en Venezuela" [4]. Por su parte los representantes de Fegaven recientemente han reconocido "los avances importantes en varios aspectos (por parte del gobierno), entre ellos el de seguridad en el campo" (Prensa del Ministerio de Agricultura y Tierras, 24/03), léase contra las ocupaciones de tierras.

Los campesinos continúan su lucha por la tierra pero son fuertemente reprimidos. Ya se reconocen oficialmente más de 140 campesinos asesinados desde el año 2001 sin un sólo culpable preso, cuando se sabe a ciencia cierta quiénes son los responsables. Por el contrario, muchos campesinos que tomaron tierras directamente han sido violentamente desalojados mediante decisiones de jueces ligados a los terratenientes, que utilizan a la policía y la Guardia Nacional para echarlos, siendo perseguidos y asesinados por mercenarios pagados por terratenientes. Recientemente se han realizado marchas campesinas por el derecho a la tierra, contra el sicariato y por la libertad de los campesinos presos.

Venezuela sufre una gran crisis estructural e histórica en el sector agropecuario, incapaz de abastecer siquiera a su población, dependiendo del exterior a pesar de poseer una gran cantidad de tierras aptas para la agricultura y ganadería. Pero no habrá "soberanía alimentaria" sin una verdadera revolución agraria que empiece por la expropiación directa, y sin indemnización de los grandes latifundios productivos o improductivos, repartiendo la tierra a los campesinos pobres que luchan por ella y un plan de grandes haciendas colectivas que, acorde a un plan racional, organice toda la economía nacional bajo un gobierno de los productores directos, un gobierno de los trabajadores, campesinos y el pueblo pobre. Nada de esto se plantea el "Socialismo del siglo XXI" de Chávez.

¿Guerra contra el latifundio?

– 42.000.000 de hectáreas aptas para la producción ganadera y agrícola.

– 80% están ociosas y muchas de ellas en manos privadas o del Estado.

– 14% de la población (de un total de 26 millones) vive en zonas rurales.

– 80% del área cultivable está en manos del 5% de grandes propietarios

– 6% de las tierras es cultivado por un 75% de campesinos o pequeños productores agrarios.