La intervención al INDEC para manipular el índice del costo de vida vuelve a desenmascarar que Kirchner apela a la mentira y al doble discurso como método de gobierno. Miente cuando asegura que quiere una más justa distribución de la riqueza ya que su interés se centra en garantizar las ganancias extraordinarias de los grandes capitalistas. Miente también cuando dice que se terminó la impunidad y se van a cumplir cinco meses de la desaparición de Julio López sin que haya hecho nada para encontrarlo y encarcelar a sus secuestradores. Miente cuando dice que va a defender el medio ambiente de las pasteras contaminantes y negocia bajo el auspicio español la instalación de Botnia. Miente cuando dice que quiere construir una “nueva política” y deja impunes a los viejos punteros del PJ y la burocracia sindical tapando la responsabilidad política de Perón e Isabel por los crímenes de la Triple A.

El gobierno de Kirchner y su séquito de funcionarios festejaron el mentiroso 1,1% que arrojó el Indice de Precios al Consumidor. Para lograrlo no dudaron en intervenir el INDEC, “custodiar” las oficinas del IPC por matones y rodear el organismo con un cordón policial, para que la flamante interventora, la kirchnerista Beatriz Pagliari, pudiera encerrarse entre cuatro paredes para dibujar el índice a su antojo. Un escándalo político nacional -e internacional- de magnitud.

La razón de la intervención a este organismo hay que buscarla en la necesidad del gobierno de manipular los números del costo de vida cuando los bienes y servicios que más afectan al pueblo trabajador -como alimentos frescos, prestaciones de salud y en estas fechas el turismo- se han disparado por las nubes. Distintos analistas han coincidido en señalar que el verdadero número si uno se atiene a la metodología en curso (ya en sí cuestionable), rondaría una cifra superior al 2%.

No estamos ante un hecho menor. En un año signado por la competencia electoral, Kirchner necesitaba planchar el número para asegurar incluso que sea más bajo que el del mismo mes del año anterior (1,3%) ya que el dato de enero es el que marcaría la tendencia de la inflación para todo el año. Como los números no “cerraban”, el indicador se sacó a punta de pistola, amedrentando a los trabajadores y falseando los datos. ¿Quiénes son entonces los “mafiosos” y “forajidos” de los que habla el verborrágico Aníbal Fernández?

Los que salieron a aprovechar el escándalo generado por la intervención al INDEC fueron los candidatos de la oposición burguesa. Mauricio Macri y Roberto Lavagna pusieron el grito en el cielo cantando loas a la transparencia del organismo. Pura demagogia. Lavagna cuando fue ministro presionaba al INDEC para sacar sus propios números y dibujar a la baja los indicadores de pobreza. Y qué puede decirse del empresario Macri, amigo de Cavallo que quería dibujar el índice de desocupación a como dé lugar. Lo que a Lavagna y a Macri les molesta no es que se le mienta al pueblo. Lo que buscan en su enfrentamiento con Kirchner y con el Secretario de Comercio Guillermo Moreno es que ni siquiera exista el ineficiente control de precios actual. Quieren absoluta vía libre para los empresarios.

Telón de fondo

Con el 1,1% la inflación anual estimada sería aún menor que el 9,8% señalado por el INDEC para el año 2006. El dato en sí le viene como anillo al dedo a los empresarios que se disponen a entablar en el transcurso de este año negociaciones paritarias con más de 150 sindicatos. La ofensiva kirchnerista contra el Indec es demostrativa de cuál es su política en materia salarial. Un verdadero regalo para los empresarios.

Mientras, las ganancias capitalistas continúan por las nubes. Los últimos datos arrojados por el INDEC, referido a las 500 Grandes Empresas del país desnuda que en dos años pasaron de ganar 19.350 millones de pesos a 38 mil millones. Para los trabajadores en cambio su poder adquisitivo se encuentra un 10% por debajo del niveles anterior a la devaluación. A su vez, los ingresos promedio del conjunto de los trabajadores (incluyendo los cuentapropistas) están un 9,2% por debajo de lo percibido en 1998, con un 30% -4,3 millones de personas- que gana menos de 500 pesos -en su mayoría, asalariados en negro, cuentapropistas pobres y beneficiarios de planes sociales que trabajan- y otro 40% que percibe entre 500 y 1.100 pesos, donde se concentra el grueso de los trabajadores en blanco.

¿Dónde están la CGT y la CTA?

En una cuestión candente -y donde está en juego el destino de millones de trabajadores- los dirigentes de las dos centrales sindicales han optado por hacer mutis por el foro. Moyano de la CGT y Yasky de la CTA con su silencio le dan un espaldarazo al gobierno y dejan a la clase trabajadora y a sus organizaciones sin una voz propia ante un tema que va a condicionar las discusiones salariales en las próximas paritarias.

No es el único favor. Moyano ya declaró que “cada organización gremial disputa el salario de acuerdo a la evolución de su actividad” sin que haya “ni techos ni pisos”. Pero no hay que ver en esta posición una voluntad de oponerse a los topes que pretenden las patronales. La realidad es que al no haber un piso y al dejar librado el aumento de salario a las distintas rentabilidades de las empresas, se está condenando a los trabajadores precarios y a los de las Pymes a tener que aceptar sueldos menores que la gran industria. Así, la división de la fuerza obrera y la dispersión de sus demandas constituyen una ventaja a favor de las patronales y se estimula aún más la desigualdad y la brecha salarial en el seno de la clase trabajadora con respecto a los trabajadores en blanco y de los sectores más dinámicos de la economía.

En el caso de la CTA, cuyo discurso se centra en que hay que combatir la pobreza, el silencio sobre la farsa del 1,1% muestra lo vacío de esta prédica. Mientras, son incapaces de mover un dedo para luchar porque los trabajadores docentes y estatales no queden relegados como ha sucedido en las últimas negociaciones paritarias.

Desde principio de año los trabajadores vienen protagonizando distintos conflictos como muestran en estas últimas semanas los metalúrgicos de Bosch o Indiel frente a los despidos de contratados, o los trabajadores de la línea 60 por aumento salarial. Aún no existe una oleada de conflictos como la que se vivió a fines del 2004 y principios del 2005 cuando los trabajadores telefónicos y los del subte hicieron punta en la lucha por aumento salarial logrando -estos últimos- el 44% de aumento. Pero no podemos descartar que la presión obrera por el salario empuje la situación hacia un escenario de cierta conflictividad. Lo que queda claro es que para torcerle el brazo al gobierno no se puede contar con la voluntad de las burocracias sindicales. Para unificar las demandas es necesaria una gran lucha de toda la clase trabajadora. Hay que exigir que ninguna discusión paritaria acepte un salario que sea inferior al mínimo equivalente al costo de la canasta familiar calculada en $2400 junto a la defensa de las condiciones de trabajo, la lucha contra los contratos de trabajo precarios, la tercerización y el empleo en negro.

Frente clasista y socialista

Los socialistas revolucionarios y los luchadores clasistas tenemos que desenmascarar la mentira de la política oficial y desnudar su contenido de clase. Se impone levantar una política independiente del gobierno y de todos los partidos patronales. Los trabajadores necesitan construir su propia herramienta política y levantar un programa que de respuesta a las demandas sociales, ambientales y democráticas del conjunto del pueblo y la nación oprimida. Desde el PTS venimos llamando al Partido Obrero y a otras organizaciones clasistas y socialistas a formar un gran Frente clasista y socialista. Una voz y una política de esta naturaleza potenciaría a los luchadores obreros y populares como oposición y alternativa a la política kirchnerista y de la oposición patronal. Se trata de acercar una perspectiva de lucha para terminar con la Argentina de los grandes capitalistas y luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo oprimido.