Las consecuencias sociales del terremoto

Las consecuencias sociales del terremoto en la zona centro-sur y los tsunamis en diversas ciudades costeras son evidentes. Según los índices oficiales, un millón y medio de viviendas ha sufrido algún tipo de daño y medio millón ha quedado inhabitable. El gobierno ha señalado que 723 personas han fallecido -544 en la región del Maule, que junto a la región del Bíobío es una de las más afectadas-, aunque la propia directora de la Oficina Nacional de Emergencias ha reconocido que “la información es tremendamente vaga” (La Tercera, 2/3). Todo indica que una combinación de inoperancia y engaño es el motivo real de aquella cifra. Han colapsado carreteras y puentes y el sistema de agua potable y de luz en diversos grados, sobre todo en las regiones más afectadas. Los alimentos escasean. Las necesidades apremian.

No en “Chile”, pero sí en los barrios obreros y populares de Chile. Una imagen aérea captada por las cámaras de CNN mostraba el contraste entre la destrucción de Quilicura -una de las comunas más pobres del país y la “solidez” de Vitacura- donde se concentran las residencias de empresarios y profesionales. Esta imagen es expresión de las profundas desigualdades del “modelo chileno”, tan halagado en los salones y en los medios del establishment internacional. Un reciente estudio de la CEPAL registraba que en Chile el 20% más rico de la población gana trece veces más que el 20% más pobre, y que entre 1990 y 2007 la tasa de desocupación se mantuvo elevada, al igual que la informalidad de los ocupados, y aumentaron los contratos de corto plazo y la rotación de los puestos de trabajo, o sea, la precariedad laboral (Chile: ¿Hacia un desarrollo inclusivo?). Es claro que la Concertación ha continuado y profundizado la obra económica y social del pinochetismo, aunque con métodos democráticos.

El daño de la estructura productiva no ha sido balanceado en detalle. A horas del terremoto circuló la noticia del incendio de dos fábricas en la zona norte de Santiago y la nube tóxica que produjo. Y en la región del Bíobío, de alta concentración industrial, las pesqueras y forestales han paralizado todas sus plantas productivas. Es el caso de la celulosa Arauco, propiedad de lo más granado de la gran patronal chilena. El puerto de Talcahuano ha quedado completamente devastado y el reinicio de sus faenas se ha pospuesto indefinidamente. Una parte importante de los puertos, como San Antonio y Valparaíso, funciona a “media máquina”. La industria del vino habría perdido el 20% de sus inventarios. Todo esto significa que la patronal no dudará en dejar a miles de trabajadores en la calle. El presidente electo, Sebastián Piñera, ya ha anunciado que el terremoto repercutirá en los niveles de empleo.

Los “expertos” de la clase patronal comienzan a anunciar que en marzo la inflación se disparará. Serán los alimentos -que constituyen la mayor parte del gasto de las familias obreras- los productos cuyos precios más se elevarán. Argumentan que el colapso de las carreteras elevará los precios del transporte y que eso “inevitablemente” repercutirá en los precios. Más aún considerando que la zona centro-sur de Chile concentra la producción agrícola. Esa repercusión futura ya comienza a ser utilizada por especuladores, que venden pan a precios exorbitantes en las zonas más afectadas.

El hambre y la sed de miles -sino millones- de personas es lo que explica los saqueos que se han producido en algunos supermercados, sobre todo en las regiones del Maule y del Bíobío, aunque también en comunas metropolitanas como Quilicura. Estos constituyen una reacción espontánea elemental ante el apremio de las necesidades. El gobierno de Bachelet, desnudando su carácter, se reunió con los empresarios del rubro -en una reunión realizada el pasado sábado- para coordinar la compra de alimentos que el Estado hará a estos multimillonarios, que demagógicamente presentan como una solución al problema del abastecimiento. Y ante todo se coordinan para defender sus propiedades. De este modo, la crisis social repercute sobre el régimen político, mostrando el grado de dependencia del poder gubernamental con respecto a los empresarios privados, incluso para actuar en un escenario catastrófico.

Estado de excepción

Azuzado por la patronal y la derecha -y develando su verdadero carácter de servidor de los empresarios-, el gobierno de Bachelet ha decretado el “estado de catástrofe” para las regiones más devastadas, una de las cuatro figuras excepcionales de la Constitución, que atenta directamente contra el derecho de reunión y locomoción. Un decreto de estas características no se emitía desde 1985, en plena dictadura pinochetista. Las regiones del Maule y del Bíobío son controladas directamente por las fuerzas armadas. De ese modo se busca preservar el poder estatal en las zonas más golpeadas por el terremoto. El contingente militar llegará a los 7.000 hombres, de los cuales 4.700 se concentrarán en Concepción, la capital de la región del Bíobío, una de las ciudades más destruidas, y cuyos sectores obreros y populares son los más hambrientos y sedientos, al punto que en los propios medios oficiales nos enteramos de que las cañerías sirven para saciarse. Recién implementada esta medida, 105 personas fueron detenidas y una baleada y se implementó el “toque de queda”, de 16 horas, desde las 8 de la noche hasta el mediodía. El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, sin ningún tapujo advertía a través de la televisión que los militares, a diferencia de Carabineros, no reprimen con lacrimógenas sino con balas y que las penas en una situación excepcional son mayores.

Los medios oficiales -controlados en su mayoría por la derecha- han contribuido a producir un clima reaccionario favorable a las medidas represivas. Para referirse a los hambrientos y sedientos, hablan de los “saqueadores”, “delincuentes”, “lúmpenes” y de las “turbas descontroladas”. El diario La Tercera -apologista de la dictadura genocida de Pinochet-, en su edición del 2 de marzo, titula su editorial “El gobierno debe garantizar el orden público sin dilaciones”. En su interior, nos encontramos con una columna indignante del panelista de Chilevisión, Fernando Villegas, titulada “La pistola al cuello”, en la que reivindica la actitud de un policía anónimo que encañona a un “saqueador”. Y un artículo histórico, que cuenta el caso de Gómez Carreño, almirante que “controló Valparaíso en el sismo de 1906” y que no dudó a la hora de fusilar públicamente a quince “delincuentes” que se abastecían de alimentos. Algunos medios, como el diario Estrategia, actuando como voceros de los sectores más envalentonados de la derecha, han criticado al gobierno por la tardanza en implementar el estado de excepción.

Esta política reaccionaria no ha sido hasta ahora repudiada por el pueblo trabajador. Por otra parte, sectores reducidos de las capas medias, trastornados por la catástrofe y la campaña represiva, le han brindado su apoyo. Los medios de prensa reaccionarios no han dudado en “amplificarlos”, cubriéndolos en sus páginas, como lo han hecho con los vecinos de Concepción. Los dirigentes de la Concertación, que durante al menos tres días se mantuvieron en una parálisis absoluta -sin emitir declaraciones públicas-, y que descansaron en las acciones gubernamentales, ya han comenzado a mostrar su rostro patronal y represivo, apoyando las medidas que sirvan para “preservar el orden”. Los primeros en hacerlo han sido el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Satisfecho con la ubicación del gobierno y la Concertación, Sebastián Piñera ha salido a moderar las críticas a ambos, argumentando que es la hora de la acción.

Un punto de inflexión en la situación nacional

Las repercusiones sociales y políticas del terremoto, implican un punto de inflexión en la situación política nacional. Si la elección de Piñera significó un giro a la derecha, la consolidación y posible extensión del estado de excepción –política que Piñera propone para tres regiones más y que ha sido defendida por alcaldes de la zona norte de Santiago-, la legitimación de las fuerzas armadas y la morigeración de las aspiraciones de la clase obrera -en base al discurso de la reconstrucción nacional y sus necesarios “sacrificios”-podrían resultar en una profundización de este giro. Que esto no se produzca depende de que se desarrollen acciones obreras y populares de mayor envergadura, como respuesta a los padecimientos abiertos por el terremoto. Hasta ahora las acciones han sido no sólo reducidas. Han sido elementales y dispersas. Los saqueos manifiestan solamente la lucha por la existencia individual pero no un camino para resolver la enorme crisis social. Si se producen acciones mayores (huelgas, movilizaciones), y comienzan a desarrollarse elementos de organización, se puede abrir una situación política mucho más fluida y posibles giros a izquierda del escenario político de conjunto. Todavía de manera incipiente vemos indicios de esto en el hecho de que algunas juntas de vecinos, sindicatos de base y sectores estudiantiles agrupados por la Federación de Estudiantes de Chile (Fech) se estén organizando para responder a los padecimientos sociales del terremoto.

La izquierda y las direcciones sindicales

Las organizaciones de izquierda no sólo han respondido tarde ante la catástrofe social. Han planteado una política que le abre las puertas a la represión estatal o han permanecido en generalidades estériles. Entre las primeras, encontramos a las Juventudes Comunistas, que en su declaración pública escribieron: “Entendemos la necesidad que ante una situación de la gravedad de esta se requiera del servicio de las Fuerzas Armadas para aportar en el orden, pero esto no puede estar por sobre la necesidad básica de alimentarse de quienes se han visto más afectados. ¡Como si ese “servicio” no fuese defender la propiedad patronal y los stocks de los magnates de los supermercados que niegan la alimentación al pueblo trabajador! Si lo “entienden” es porque creen que es posible democratizar a las fuerzas armadas. Por su parte, el MPT, en un sentido similar critica al gobierno porque “emplea a los miembros de las fuerzas armadas como guardia privada de los supermercados, en vez de ponerlos al servicio de la comunidad perjudicada”. Es decir, para ellos sería posible que los milicos, que hoy reprimen en El Maule y Bíobío, estén al servicio de la comunidad. ¿No comparten la misma ilusión que las JJCC y el PC? Por su parte, el PC (AP), organización que reivindica abiertamente el estalinismo, además de realizar críticas generales al neoliberalismo plantea: “Es hora que desde el Estado, del gobierno de M. Bachelet y del que asume el 11 de marzo, el de Piñera, debe no sólo ocupar el 2% constitucional para desastres, sino que de una vez por todas, tomar los fondos que se encuentran encajados en bancos yanquis y colocarlos de inmediato a superar los efectos materiales del terremoto al tiempo que crean cientos de miles de puestos de trabajo”.

Quizás esta organización concibe que su política ha triunfado porque Piñera ya anunció que se utilizarán los ahorros que el Estado tiene en el extranjero. Por último, el MIR de Chile, con un lenguaje radical, además de plantear generalidades sobre la organización de las poblaciones, se limita a aplaudir las acciones elementales de sectores populares, sin ofrecer una salida real: “Frente a esta situación, los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria estamos completamente de acuerdo en la necesidad, legitimidad y justeza de que el pueblo abra las puertas de los supermercados, distribuidoras y grandes centros comerciales y recupere para sí los productos de primera necesidad que contribuyan a paliar en algo los efectos del terremoto que nuestro país ha sufrido. Donde nuestros militantes puedan ser parte activa de ese proceso, deben incorporarse a la brevedad”. Al carecer de una estrategia y una política obreras, esta organización se condena a ir tras las acciones elementales, que sólo pueden paliar en algo, como ellos reconocen, los efectos del terremoto, y que no ofrecen una solución a la crisis social. Desde las direcciones sindicales, las organizaciones de izquierda -particularmente el PC que tiene peso- tampoco se han oído. Las direcciones de la CUT hasta ahora no han movido un dedo ante las calamidades del terremoto.