La posición de Cristina Kirchner en la cumbre del G20 fue presentada por los medios “progres” como una gesta casi en solitario contra los planes de ajuste. El cruce con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, contribuyó a cimentar este planteo.

Lo cierto es que el gobierno buscó aprovechar las disputas entre las grandes potencias europeas, EE.UU. y China, para sumar algunos porotos en puntos clave de su agenda. En la disputa entre los supuestos keynesianos encabezados por Obama, que buscaban estirar los plazos de vigencia de los planes de estímulo a la economía, y los “ajustadores neoliberales” europeos, Cristina se colocó claramente del lado del primero. Aunque esta vez lo haya hecho con un discurso de defender el “trabajo digno”, fue otra excelente oportunidad para buscar acercar posiciones con la que sigue siendo la principal potencia imperialista. En las últimas semanas hubo varios gestos en el mismo sentido, menos confesables para un gobierno que busca presentarse como “nacional y popular”. En el tema de Irán, a diferencia de aliados como Chávez o incluso Lula de Silva, el gobierno kirchnerista acompaña las presiones impulsadas por el gobierno norteamericano para avanzar con las sanciones y preparar el terreno para acciones “preventivas”. A esto se agrega la designación de Timerman: aunque identificado con el núcleo más duro del kirchnerismo, es un férreo militante contra Cuba e Irán, puntos sensibles en la agenda norteamericana.

De esta forma, la intervención en el G20 corona una seguidilla de pasos de acercamiento del kirchnerismo con el gobierno norteamericano. Esto apunta a obtener plafón internacional para la apuesta de Kirchner de buscar un nuevo mandato en 2011.

Más en lo inmediato, también se trataba de aprovechar las brechas para obtener otros logros. El primero de ellos, escapar de las presiones por las trabas informales a las importaciones implementadas por Moreno. Una importante amenaza en esta cumbre era la posibilidad de una condena explícita. Finalmente, el gobierno logró que en el documento final sólo quedara una mención genérica contra el cierre de los mercados, imposible de achacar directamente a las iniciativas del Secretario de Comercio.

Finalmente, otro punto central en el que el gobierno buscaba avanzar, era evitar la presión por la auditoría del Fondo Monetario Internacional (FMI). La participación de Argentina en el G20 viene siendo cuestionada por su rechazo del control de este organismo internacional, pero este tema quedó en segundo plano por las disputas entre ajuste o continuidad de los estímulos. De todos modos, la ambicióndel kirchnerismo es lograr algún aval para presionar por un acuerdo con los acreedores agrupados en el Club de París por la deuda en default. Estos insisten en la necesidad de una auditoría del FMI previa a cualquier acuerdo. Es difícil que lo logren apoyo norteamericano para saltearse esta auditoría, pero al menos se anotaron algunos puntos más con Obama.

Aprovechando el viaje, Cristina Fernández se reunió con empresarios mineros encabezados por los de Barrick Gold, y les ofreció más garantías para sus inversiones, dando otra muestra de la “vocación ambientalista” de este gobierno en 2008 que vetó el proyecto de protección a los glaciares.

Un paso hacia la “normalización” reclamada por los mercados, sin beneficios inmediatos

Con el cierre del canje de los bonos holdout, el gobierno se colocó a un paso de cerrar un tema que estuvo en el tope de los reclamos realizados por los países más poderosos y los círculos financieros internacionales.

Con la aceptación por parte de más del 60% de los bonistas que no habían entrado al canje en 2005 (se llega al 66 si sumamos algunos bonos canjeados ahora que no eran parte de la deuda holdout, sino ronda el 61%), más del 90% de los bonos del default están regularizados. Esto fortalece los argumentos para exigir el cierre de los juicios en cortes extranjeras, por aceptación mayoritaria de la propuesta. Aunque no hay antecedentes de la aplicación de este criterio para la deuda pública, los que no ingresaron al canje quedaron debilitados para imponer sus aspiraciones, aunque con resquicios legales para sostener la presión judicial.

En cierta medida, el nivel de aceptación, era un resultado asegurado, que estuvo poco amenazado por la crisis internacional. La oferta, aunque terminó siendo menos generosa que la diseñada inicialmente por los bancos (se sacó el reconocimiento del cupón por el crecimiento de la economía entre 2005 y 2009), era de todos modos muy rentable, sobre todo porque muchos de los títulos fueron comprados por inversores institucionales con información privilegiada y con los valores de los títulos por el piso. Si por cada 100 dólares el gobierno paga casi 50, es flor de negocio cuando el título se compró a 30 dólares o menos. Aunque con la crisis el valor de la oferta cayó un poco, esta ecuación seguía siendo formidable. Si la aceptación fue menor al 80% esperado por el gobierno, y el equipo económico tuvo que realizar un esfuerzo de convencimiento mucho mayor al previsto originalmente, es porque tomaron por buenas las afirmaciones de los bancos organizadores del canje, de que con los títulos que ya tenían en sus manos garantizaban desde el comienzo casi la mitad de los bonos en juego.

Sin embargo, aunque se presente como un triunfo el cumplimiento de esta “cuenta pendiente”, el objetivo que llevó al kirchnerismo a apurar el canje no se cumplió. Cuando se anunció en septiembre, en medio de un veranito financiero internacional, se pensaba el canje como el preámbulo de fuertes colocaciones en los mercados financieros a tasas menores al 10%. La crisis internacional que entró en un nuevo capítulo con epicentro en Europa, mientras el canje se demoró por las disputas por el Fondo del Bicentenario, cambió el escenario. Puede que baje el costo de la deuda, pero también que siga aumentando si hay nuevas caídas bursátiles como las de estos días. Además, el eco en los círculos financieros del cuestionamiento que sectores del establishment local hacen del “bonapartismo fiscal” o la “falta de autonomía del banco central”, cínicamente cuestionada aunque se haya hecho para entregar las reservas a los acreedores, además del recuerdo fresco de la nacionalización de las AFJPs, imponen un mayor costo a la deuda argentina.

La “bipolaridad” del kirchnerismo, que nacionaliza las AFJPs denunciando los negociados financieros que permitieron durante años, pero lo hace entre otras cosas para tener más plata para seguir pagando a los acreedores, o sigue normalizando la deuda con el nuevo canje, incluyendo nuevos cupones por la inflación mientras reivindica los dibujos de INDEC porque supuestamente disminuyen la carga de la deuda, no sólo mantiene los mecanismos de saqueo imperialista de la economía nacional, sino que contribuye a hacerlos aún más onerosos.