El próximo 20 de diciembre tendrán lugar unas elecciones generales trascendentales. Éstas se producirán a siete años del inicio de la etapa más catastrófica de la crisis capitalista y a cuatro años y medio de la irrupción del 15M, el que fuera un punto de inflexión clave para la crisis del régimen.

En todo este periodo hemos visto cómo se llevaba adelante la mayor ofensiva contra los trabajadores y los sectores populares desde la dictadura, un incremento de la lucha de la clase obrera y la juventud, grandes movimientos democráticos y el surgimiento de nuevas formaciones políticas aspirantes a canalizar la indignación hacia una reforma política y social por la vía electoral.

La crisis y el ajuste capitalista son todavía realidades vivientes con un camino por recorrer. Los discursos sobre la recuperación económica enarbolados por el gobierno del PP contrastan con los índices de desempleo, desahucios, precariedad y pobreza. Pero incluso sus “cuentas” están siendo cuestionadas por entidades como la Comisión Europea, que insiste en la necesidad de que en la siguiente legislatura se tendrán que seguir apretando las tuercas a los trabajadores con más “reformas estructurales” y un nuevo tijeretazo de 10.000 millones.

La clase trabajadora viene dando muestras de voluntad para enfrentar esta ofensiva. Las más generalizadas las vivimos en el año 2012 con las dos huelgas generales, las luchas del sector público y los mineros. También han destacado luchas emblemáticas como la de Panrico, Coca-Cola o recientemente las contratas de Movistar. Sin embargo, en todos estos casos se hace valer el principal obstáculo para que se pueda generalizar y extender una respuesta obrera a la altura de los ataques recibidos: la burocracia sindical.

Ésta viene prestándole un servicio valiosísimo al Régimen del ’78, conteniendo, desviando y traicionando las luchas de los trabajadores para evitar que los capitalistas sean quienes paguen los costes de la crisis y evitando al mismo tiempo que la clase trabajadora pueda tener un peso decisivo en el escenario de crisis política. Este nefasto rol ha logrado una relativa disminución de la conflictividad social respecto al ciclo 2011-2012.

En este marco de relativo reflujo de la movilización social, los principales movimientos democráticos que apuntan al cuestionamiento de las instituciones y pilares del régimen político han sido paulatinamente canalizados hacia la vía electoral por nuevas y viejas mediaciones. Sin embargo, no se ha podido acallar del todo el descontento social y el cuestionamiento a los dirigentes sindicales, los partidos e instituciones del Régimen.

Por un lado el movimiento de los indignados, que se siguió desarrollando en otros movimientos como “rodea el congreso”, las mareas, las marchas del 22M, las movilizaciones contra la corrupción o las manifestaciones por la república tras la abdicación real, han tenido en la emergencia de Podemos un canalizador hacia un proyecto de regeneración del Régimen del ‘78 que deja en el tintero muchas de las reivindicaciones que se estaban planteando ya en las calles. Entre las más importantes, la cuestión de la monarquía o la impugnación tanto al PP como al PSOE. Ahora Podemos dice que la primera cuestión no es prioritaria y que el PSOE es el mal menor con el que habrá que pactar.

El otro gran movimiento fue el que surgió en la Diada de 2012 en favor del derecho a decidir y la independencia de Catalunya. Desde el primer momento el rol de desvío “de la calle a las instituciones” y “de la movilización a la búsqueda de diálogo con el Estado” lo ha cumplido el partido tradicional de la burguesía catalana. La hoja de ruta de Mas y CiU, ahora de Junts pel Sí, ha logrado que la lucha por el derecho de autodeterminación no se lleve adelante por medio de la movilización social, conjurando el riesgo a que este movimiento democrático pudiera ser punta de lanza de un proceso de movilización que despertara fuerzas sociales que quisieran, a la vez, resolver los grandes problemas sociales a costa de los beneficios y privilegios de los grandes capitalistas españoles y catalanes.

En este escenario algunos de los elementos más críticos de la salud del régimen político han dejado de agravarse y amenazan con emprender una relativa recuperación.

El más evidente es el descrédito de los mecanismos de representación de esta democracia para ricos. Las nuevas y viejas mediaciones han logrado desviar el cuestionamiento a instituciones como el parlamento como una verdadera cueva de bandidos. En 2011 miles de jóvenes cercaban el parlament catalán para evitar que sesionara y aprobase un paquete de recortes histórico. Hoy es visto por miles como la cuna de la soberanía de la que puede emerger una nueva “república social”. En 2012 miles también rodeaban el Congreso de los Diputados para denunciar a la casta política y esa institución. Hoy la conquista de diputados en diciembre es vista como el medio “posible” para resolver unas aspiraciones democráticas y sociales cada vez más rebajadas.

Como reflejo de esto, la crisis del bipartidismo que encendió todas las alarmas del establishment en las elecciones europeas se ha ralentizado y remonta ligeramente. El PP y el PSOE han dejado de hundirse aunque se encuentran en mínimos históricos. Sin embargo quien parece actuar de nuevo “relevo” del PP es un partido como Ciudadanos que propone una "renovación" en clave reaccionaria. Mientras Podemos plantea una regeneración del régimen en clave reformista aunque con una proyección de voto cada vez más modesta.

Otra institución que estuvo tocada y hoy remonta es nada menos que la Corona. La combinación de cambio de rey y el discurso “amistoso” de Pablo Iglesias, ubica a Felipe VI como un activo mucho más potente que su padre para el mantenimiento de esta institución en tiempos de crisis.

La patata más caliente sigue estando en Catalunya. A pesar de la dirección de Mas las aspiraciones democráticas son profundas y muy extendidas. Esto lo convierte en el problema de más difícil solución para el régimen. Sin embargo tanto CDC como los partidos españolistas -no sin matices- aspiran a que en la siguiente legislatura se consiga un “nuevo encaje” institucional que termine de desactivar el movimiento democrático. Las propuestas de reforma constitucional del PSOE, e incluso de algunos dirigentes del PP (aunque por motivos electorales esta no es ni será su principal bandera), junto a la hoja de ruta de diálogo de 18 meses, esconden la voluntad común de resolver la cuestión nacional en una mesa de negociación que vuelva a echar el candado al asunto durante otros 40 años.

En este contexto ¿Cuáles son las opciones que se presentarán el 20D? ¿Cuáles son las tareas que se desprenden para combatir el ajuste que continuará e impedir una resolución gatopardista a la crisis del Régimen del 78?

Por un lado estarán los distintos partidos del régimen, los viejos y los nuevos, como Ciudadanos. Todos ellos coinciden en seguir haciendo pagar la crisis a los trabajadores, como ha sucedido desde 2008. Todos ellos tienen su propia hoja de ruta para propiciar una restauración del régimen político. Aunque sus propuestas no son iguales, en todo caso acuerdan en que hay que ir en esa dirección, re-editando en forma senil un “acuerdo histórico” como el del ‘78 si fuera necesario.

Por el otro, aparecen distintos proyectos a la izquierda del PSOE. La falta de acuerdo en cuestiones de aparato -siglas, cargos y reparto de la financiación- ha impedido que este espacio lo ocupe una sola candidatura. Es muy probable que al menos haya dos fuerzas en competencia, Podemos y Ahora en Común (capitaneada por Garzón y la dirección de IU), con la paradoja de no tener diferencias sustantivas ni en el programa ni en la estrategia.

Son proyectos que seguramente generarán un amplio entusiasmo entre millones de jóvenes y trabajadores. Son vistos como “aire fresco”, “honestos” y con un discurso “hacia los de abajo” y sus problemas cotidianos. Sin embargo, su programa de reformas se mantienen por completo dentro de la legalidad que blinda los intereses de los capitalistas, sin cuestionar ni un ápice sus derechos de propiedad, sin plantear abiertamente el no pago de la deuda y presentando recetas de limitada redistribución de rentas.

Se trata de proyectos de regeneración democrática limitada y con un limitado programa de reformas sociales. Un programa que es totalmente impotente para enfrentar las exigencias y chantajes de la Troika, como las que en estos días adelantan los informes de la Comisión Europea sobre los presupuestos 2016 del mismo PP.

Es algo que ya hemos visto en Grecia, o en menor escala pero más próxima lo que estamos viendo hoy en los ayuntamientos “del cambio”, y que promete dejar sin resolución los grandes problemas sociales de empleo, vivienda o servicios públicos.

Además ni Podemos ni Ahora en Común plantean el más mínimo cuestionamiento a la burocracia sindical, con la que conviven y en algunos casos están integrando en sus propias listas. Esto significa en primer lugar desatender una necesidad clave del movimiento obrero, recuperar los sindicatos como herramienta de lucha contra el ajuste y los ataques capitalistas. Pero a su vez, adelanta que los líderes de estas formaciones no descartan la necesidad de contar en el futuro con sus servicios, como lo ha hecho el PP y el PSOE. De desarrollarse un proceso de movilización obrera y popular que quiera enfrentar políticas de ajuste o “ir más allá” de las reformas cosméticas, siempre es bueno contar con agentes que puedan contener, calmar y hasta traicionar la lucha de los trabajadores si es preciso.

En cuanto a la crisis del régimen hay diferencias de matices entre ambos proyectos. Por ejemplo, Ahora en Común apela al electorado tradicional de IU y levanta la bandera tricolor con más entusiasmo. Sin embargo, ambos coinciden en que el cambio debe venir de una reforma constitucional emanada de unas cortes constituyentes salidas de estas elecciones -es decir acordado con 2/3 de sus diputados- y su propuesta no pasa de ampliar los márgenes de esta democracia para ricos y algunas medidas de control sobre la corrupción.

Ninguno de estos dos proyectos obedece por lo tanto a las tareas más acuciantes que plantea la actual situación. La decepción que está produciendo en miles de activistas obreros y estudiantiles la fugaz moderación de estas opciones del “cambio” es expresión de esto. Hay miles que, independientemente de si piensan votarles o no, ven que no son las herramientas que se necesitan para poder enfrentar los ataques y dar una salida de los trabajadores y sectores populares a la crisis del Régimen del ‘78.

Esta situación hace que sea necesario y urgente dar pasos en la conformación de una alternativa política a los proyectos del nuevo y el viejo reformismo de izquierda. Las organizaciones que nos reivindicamos de la izquierda obrera y anticapitalista, junto a sectores de están abandonado Podemos o IU y los jóvenes y trabajadores que ya están haciendo una experiencia con estas formaciones o los gobiernos del cambio en muchas ciudades, tenemos el desafío de dar pasos en un agrupamiento que se proponga abordar las tareas del momento desde una perspectiva anticapitalista y de clase.

Un agrupamiento que ponga el eje en la lucha de clases, en fortalecer la organización y la movilización de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, para enfrentar los ajustes que vendrán después del 20D y para barrer a la burocracia sindical. Que levante un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Que pelee por imponer un verdadero proceso constituyente por medio de la movilización social, sobre las ruinas del Régimen del ’78, para abrir el camino a un gobierno de los trabajadores.