El enfrentamiento de Cristina Fernández de Kirchner con la dirigencia de la CGT de Hugo Moyano y su ataque a la acción directa de los que luchan, diciendo que se trata de trabajadores que lo hacen por “intereses corporativos”, han ganado el centro de la atención política. La Presidenta, en su discurso en José C. Paz, habló de “extorsión”. Según interpretaron distintos analistas fue una alusión contra los piquetes de los docentes y petroleros de Santa Cruz y la huelga de los trabajadores de Aerolíneas, entre otros sectores en lucha. El mensaje fue claro. Cristina identificó a la huelga y al piquete con una figura penal, negando derechos elementales de la clase obrera. No son palabras aisladas. No hace mucho había advertido, en tono maternalista, que iba a “matar” a quien hiciera bloqueos, justamente cuando firmaba una cláusula de “paz social” con el sindicato petrolero.

Las palabras de Cristina no hacen otra cosa que alentar las tendencias más reaccionarias de la opinión pública, proclive a la imposición del orden y de medidas más represivas contra los que salen a luchar, en particular contra los trabajadores “en blanco” y sindicalizados. Aunque en lo inmediato la aplicación de esta política esté condicionada por el calendario electoral, las consecuencias prácticas de esta verdadera “campaña” del gobierno y sus escribas, resultarán en intentos más serios de criminalizar y reprimir la protesta social, así como adoptar una posición más dura frente a las luchas obreras, después de las elecciones de octubre.

La advertencia contra la acción directa, reiterada en los últimos meses, tiene el objetivo inmediato de impedir que crezcan las luchas salariales en un contexto de negociaciones paritarias, y constituye, fundamentalmente, una amenaza contra el sindicalismo de base y los delegados combativos. El mismo día que CFK daba su discurso, los trabajadores de Kraft, de Pepsico, gráficos y del Frigorífico Rioplatense cortaban la Panamericana en reclamo de salario, mejores condiciones laborales y contra los despidos. Aprovechando el giro antiobrero de Cristina, los “gordos” de la CGT salieron a respaldar los ataques a Moyano y lanzaron amenazas. La nota la dio Oscar Lescano de Luz y Fuerza quien salió a decir: “Si alguien viene a bloquear plantas de energía, les damos una paliza”.

Pero los fines de la Presidenta van más allá. Cristina pretende una “paz social” duradera para congraciarse con los empresarios y garantizarse gobernabilidad si gana las elecciones del 2011. Los roces aduaneros con Brasil muestran las tensiones que ya está sufriendo el “modelo K” y el choque de intereses de los empresarios argentinos con la burguesía paulista en un contexto de crisis mundial (ver nota en página 4). En este marco, el discurso de CFK es todo un guiño al empresariado que busca recuperar competitividad frente a su socio del Mercosur en detrimento del salario y las conquistas obreras. Lejos de estar en contra de la “explotación” y ponerse del “lado de los trabajadores” sus palabras fueron música para los oídos de las patronales. No por nada el jefe de la UIA, Ignacio De Mendiguren, salió a apoyar a la presidenta y a asegurarle que cuenta con su voto.

“En caja”

El ataque de Cristina contra Moyano es parte de un plan electoral para ganar en primera vuelta en octubre y atraer a sectores de las clases medias que rechazan a los dirigentes sindicales. Así, intenta capitalizar a su favor el desprestigio de la burocracia sindical que viene en aumento, sobre todo desde el asesinato de Mariano Ferreyra. Por más que los fervientes kirchneristas quieran ver un tinte progre en sus palabras, CFK no pega duro contra los burócratas porque sean traidores de los trabajadores o porque practiquen el matonaje como Pedraza. La presencia de Mario Ishii junto a CFK en José C. Paz, es todo un símbolo, de hacia dónde pretende ir la Presidenta. Antes que ella tomara la palabra, el intendente se había despachado contra los dirigentes sindicales llamándolos a subordinarse a los barones del Conurbano y al ex menemista Daniel Scioli.

Cristina quiere, como se dice popularmente, poner “en caja” a la burocracia sindical moyanista, disciplinarla para un futuro período presidencial y limitar sus pretensiones de más cargos en las listas del Frente para la Victoria. En este objetivo, la Presidenta también coincide con el anhelo de los empresarios. Se trata de reformular la alianza de gobierno que había creado Néstor Kirchner. No es una cuestión menor y plantea un escenario de futuras tensiones. La alianza del kirchnerismo con el moyanismo fue fundamental para sostener al gobierno después de la derrota frente al lockout agrario en el 2008 y el revés electoral del 2009. No es casual que todos los burócratas agredidos hayan alegado en su defensa que nunca le hicieron una huelga general en 8 años a este gobierno (como tampoco se la hicieron a Duhalde) y que el único paro con que amenazaron haya sido por el embate judicial contra el jefe cegetista por el pedido de informes que hiciera la Justicia Suiza por la causa Covelia.

“Intereses corporativos”

Cristina Kirchner también dedicó buena parte de su discurso a atacar lo que llamó “intereses corporativos”. Su crítica apunta a que movimientos como el de Santa Cruz son protagonizados por los trabajadores mejores pagos. Tan “progresista” la Presidenta, obvió decir que petroleras como Repsol, Oxy o Panamerican Energy ostentan una de las rentabilidades más altas gracias a la expoliación de los recursos energéticos y que la Patagonia tiene la canasta familiar más cara del país. De esta forma CFK busca enfrentar a los sectores de mejores ingresos de la clase trabajadora con los trabajadores precarizados, en negro o desocupados que apenas pueden llegar a fin de mes (ver nota en página 3). A eso lo llamó falta de “solidaridad”. Como si los responsables de las terribles condiciones laborales de gran parte de la clase obrera fueran producto de los que cobran más y no de las patronales que embolsan millones, de las políticas flexibilizadoras de los ’90 que el kirchnerismo mantuvo para consolidar su “modelo” y de las traiciones de la burocracia sindical. Contra el enfrentamiento entre trabajadores que promueve el gobierno reivindicamos una paritaria nacional única y junto a esto la elección de paritarios en asamblea votados por todos los trabajadores para exigir un salario equivalente a la canasta familiar, el fin del trabajo en negro y de la precarización laboral.

Defensa del derecho de huelga, unidad obrera e independencia de clase

La defensa de las organizaciones obreras, del derecho de huelga y de los piquetes, no van a venir de la mano de la burocracia sindical. Mucho menos la lucha por el desprocesamiento de los más de 4000 luchadores con causas judiciales. Recordemos que son estos mismos dirigentes quienes atentan contra la acción directa, como pasó con los docentes santacruceños apaleados por los matones de la UOCRA y quienes promueven junto a las patronales los procesos judiciales contra el activismo. La burocracia a lo sumo defenderá sus privilegios y su derecho a participar en la política burguesa. Es lo que hace el judicial Julio Piumato cuando rezonga porque en este país puede hacer política cualquiera “menos un sindicalista”.

El derecho de los trabajadores a hacer política que reclama para sí el moyanismo tiene que ser levantado por los luchadores y activistas pero con el fin de oponerse a la subordinación a la política patronal de las organizaciones obreras que promueven los dirigentes burocráticos. Para conquistar la independencia de las organizaciones obreras hay que arrancarlas del control de la burocracia sindical. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que integramos el PTS, el PO, Izquierda Socialista y otras organizaciones, es la única oposición política a la burocracia sindical, que defiende consecuentemente los derechos de los trabajadores.

El discurso de Cristina Kirchner preanuncia una lucha de clases más dura. El PTS se propone utilizar la campaña electoral del FIT para impulsar la extensión de una izquierda militante en el seno de la clase trabajadora. Queremos impulsar una fuerte corriente, conciente de los tiempos convulsivos por venir, que se prepare para defender las posiciones conquistadas del “sindicalismo de base”, capaz de enfrentar en la lucha de clases el giro antiobrero del gobierno y cualquier intento de descargar los efectos de una futura crisis económica sobre las espaldas del pueblo pobre y trabajador.