Desde las elecciones legislativas de junio pasado no ha hecho más que comprobarse que estamos ante el fin del ciclo kirchnerista. Como muestra la crisis política en torno a la utilización de las reservas del Banco Central (BCRA) para el pago de la deuda, el tiempo de la camarilla gobernante erigida en una situación excepcional, donde todas las fracciones de la burguesía necesitaban recomponer la autoridad presidencial y el régimen jaqueado por la rebelión popular, se encuentra agotado. Mientras tanto, se actualiza el enfrentamiento entre las dos principales fuerzas de clase de la Argentina semicolonial: el imperialismo norteamericano y la clase trabajadora.

Pasó el momento del relativo repliegue del imperialismo de Latinoamérica durante los últimos años, producto de la crisis terminal de la administración Bush, que dejó lugar para cierto juego propio de los gobiernos “pos-neoliberales” durante el anterior ciclo de crecimiento de la economía mundial. A pesar de los múltiples problemas con los que se ve obligado a lidiar Estados Unidos en la actualidad a nivel mundial, el apoyo de Obama al nuevo gobierno en Honduras parido por el fraude electoral y el golpe de Estado, junto con los avances en la extensión del plan Colombia, el despliegue de la IV Flota, y el reciente envío de tropas a Haití sacando partido de la catástrofe, muestran una política más activa en el disciplinamiento de Latinoamérica como su patio trasero. Parte de esto fueron las recientes declaraciones del secretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, reivindicando las relaciones bilaterales con la Argentina durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem y reclamando “seguridad jurídica” para los capitales imperialistas que actúan en el país, sumando así su voz a la Asociación de Empresarios Argentinos.

A pesar de esto, el gobierno no dudó en dar un giro a derecha para disputar los favores del imperialismo, proponiendo nuevamente la utilización de las reservas monetarias del Banco Central para el pago de la deuda externa, para mostrarse como un gobierno “responsable” frente al capital financiero internacional. Esto desató una nueva crisis política a partir de la negativa del presidente del Banco Central a acatar el decreto del Ejecutivo, y dio lugar a una nueva ofensiva de la oposición burguesa. Compartiendo los objetivos explícitos de “honrar” los compromisos con el capital financiero, la oposición se niega a que estos fondos salgan de otro lado que no sea el mismo presupuesto del gobierno. De esta forma, la crisis pone en cuestión el intento del gobierno de conquistar nuevos recursos para mantener su política de subsidios a las patronales y cooptación de gobernadores e intendentes, y a su vez, poder arbitrar entre el capital imperialista, por un lado, y los sectores más bajos del proletariado, mediante el subsidio por hijo y la obra pública con trabajo precario, y los asalariados bajo convenio vía la burocracia sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), por otro.

Si el imperialismo ya contaba con demasiados pretendientes, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, se encargó también de cortejarlo. En un hecho sin precedentes en la política nacional, se reunió con la embajadora norteamericana Socorro Martínez, quien ensaya un discurso menos “explícito” que el secretario Valenzuela. Moyano se encargó de elogiar a esta embajadora, que antes de asumir ya se encontraba pidiendo una “solución duradera” contra los trabajadores de Kraft, como una persona comprometida con los derechos y la organización de los trabajadores. En la misma línea, la CGT salió a defender la utilización de las reservas para el pago de la deuda argumentando la necesidad de un “regreso soberano al mercado de capitales”, mientras la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) como tal prefirió escudarse en el silencio sobre esta cuestión de fondo.

Sin embargo, lejos están de ser todas buenas noticias para el imperialismo, como pudieron constatar las multinacionales norteamericanas y la misma Martínez con el caso de Kraft. En la clase obrera argentina, que viene de una recomposición social durante el último lustro, se está desarrollando un importante proceso antiburocrático, el “sindicalismo de base”, que comienza a destacar nuevos delegados y comisiones internas con presencia de la izquierda. No casualmente, mientras la burocracia de la CGT se prepara para contener los reclamos de los trabajadores reuniéndose con los empresarios de la Unión Industrial Argentina y llamando a la “prudencia” en las próximas negociaciones paritarias, los empresarios terminan el año reunidos en la Asociación de Dirigentes de Empresas debatiendo sobre el conflicto de Kraft de cara al año 2010 y sus “estrategas” laborales llaman a prevenir la proliferación de “modelos extremos” para que los conflictos no “se encaminen hacia la rebelión”, mientras que la Conferencia Episcopal carga las tintas contra la “izquierda dura” por la intervención en los conflictos como Kraft y el Subterráneo de Buenos Aires para señalar “conspiraciones” o “conflictos artificiales”.

Es que hay una fuerza social, como mostraron los trabajadores de Kraft-Terrabusi, que junto con los estudiantes y los desocupados, puede enfrentar a los sirvientes del imperialismo en sus múltiples variantes. Una fuerza social que comienza a surgir en la escena nacional con el desarrollo del “sindicalismo de base” y que nos plantea a los revolucionarios, en el actual fin de ciclo, la oportunidad histórica de poner en pie un partido leninista de vanguardia de miles de obreros, jóvenes, estudiantes, intelectuales que, a partir de su influencia en las organizaciones de masas, sea capaz de jugar un papel clave en los momentos decisivos de la lucha de clases.

Este es el escenario del fin de ciclo kirchnerista, en el que se reinicia un proceso de creciente polarización de clases en el país y una transición que desembocará eventualmente en nuevas convulsiones políticas y de la lucha de clases.

Las contradicciones económico-sociales del país burgués

La crisis económica internacional ha terminado con el ciclo de crecimiento récord de los últimos años en la Argentina, basado en los elevados precios de las commodities y la abrupta devaluación de 2002 que licuó los salarios, durante el cual las ganancias empresarias convivieron con la creación de tres millones y medio de nuevos empleos, aunque en su mayoría precarios, y permitieron el acompañamiento del salario del estrato alto de los trabajadores en blanco apenas por debajo de la inflación.

Esto se ha reflejado en que a diferencia de 2008, cuando el PBI creció un 6,8%, las estimaciones de evolución del PBI durante todo 2009 van desde un crecimiento mínimo del 0,9% hasta una caída del 3% según las fuentes. Otro elemento fue la destrucción de puestos de trabajo, que algunos cálculos señalan en alrededor de 350.000. A su vez, se mantiene una persistente inflación, que distintos pronósticos señalan de un 20% para 2010, y un pronunciado déficit fiscal en casi todas las provincias que algunas proyecciones ubican para el año que viene en 13.000 millones de pesos de déficit financiero más otro tanto en pagos de capital [1]. Sin embargo, las condiciones excepcionales en el mercado mundial creadas por la crisis, con la “sub-burbuja” en torno a los precios internacionales de las materias primas, y en especial a los elevados precios de la soja vienen actuando, por ahora, como contratendencia a una dinámica “catastrófica” en el terreno de la economía.

El carácter endeble y las bases estrechas de esta situación, extremadamente ligada a los vaivenes de una economía mundial en crisis, hacen que los pronósticos de repunte de la economía para 2010 (algunos señalan un crecimiento del 4% y hasta del 6% los más optimistas) sólo puedan ser considerados en forma muy provisional. Continúa planteada la posibilidad de que nuevas recaídas en la economía internacional, como las que se comienzan a esbozar con las profundas crisis de varios Estados europeos, puedan evaporar todos los pronósticos de un 2010 de crecimiento para dar lugar a golpes frontales de la crisis en Argentina.
En este marco es que la reciente crisis política volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la deuda externa, que fue durante todas estas décadas un mecanismo privilegiado para la expoliación del país por parte del imperialismo, y que la burguesía local, como socia menor, utilizó no sólo para la obtención de divisas para la fuga de capitales, sino también para nacionalizar sus propias deudas privadas [2]. A través de la deuda se giraron en concepto de pagos de capital e intereses alrededor de 270.000 millones de dólares de la dictadura a esta parte, mientras el monto de la deuda se incrementó constantemente durante el mismo período, llegando en la actualidad a 175.000 millones (147.000 millones de deuda consolidada y 23.000 millones entre los bonos que no entraron en el último canje y la deuda con el Club de París), esto sin contar las deudas provinciales con las cuales el monto ascendería a alrededor de 215.000 millones de dólares. Simultáneamente, la fuga de capitales que a finales de los años ’90 ascendía a 130.000 millones de dólares, hoy ronda los 200.000 millones.

Sin este mecanismo es difícil comprender, no sólo el grado de expoliación del país por parte del imperialismo y el posicionamiento del capital financiero en el espacio nacional, sino la misma evolución de las familias que componen la cúpula de la burguesía local como los Bulgheroni, los Rocca, los Acevedo, los Fortabat, entre otras, que desde las primeras estatizaciones de deuda privada realizadas por la dictadura a esta parte lo utilizaron para consolidar sus fortunas como socias del imperialismo. Hoy, el acuerdo de todas las fracciones burguesas sobre el pago de la deuda externa, incluido el propio kirchnerismo, muestra una vez más la imposibilidad de recrear un “proyecto nacional y popular” asentado en una burguesía local que en los últimos 30 años ha cedido crecientemente su lugar a los capitales extranjeros [3].

Visto históricamente, ya la crisis del primer peronismo, que favoreció el desarrollo de una burguesía nacional centrada en la industria liviana ligada a la producción para el mercado interno –cuyo desarrollo se había iniciado a mediados de los años ‘30 con el comienzo de la “sustitución de importaciones”–, había mostrado la incapacidad del nacionalismo burgués para terminar con la dependencia y el atraso. Luego del avance de los capitales imperialistas comenzado durante los últimos años del segundo gobierno de Perón y profundizado por los regímenes “libertadores” y el desarrollismo [4], se produjo el último intento fallido de la burguesía local de lograr un equilibrio con el capital extranjero durante el Pacto Social de1973 entre la Confederación General Económica (CGE) y el último gobierno de Perón apoyado en la burocracia de los sindicatos para maniatar al movimiento obrero. La dictadura militar de 1976, sobre la base de la derrota de la vanguardia obrera, abrió totalmente las puertas al capital financiero y, luego, el triunfo militar imperialista en Malvinas redobló las cadenas sobre el país semicolonial.

Sobre estas premisas, luego de los fallidos intentos del gobierno de Alfonsín, el menemismo completó el proceso de “desnacionalización” de la economía durante los años ‘90 privatizando las empresas de servicios públicos y entregándolas a las transnacionales –con una participación secundaria de grupos capitalistas nacionales como socios de menor escala–. Junto con esto, la burguesía local se dedicó a vender sus empresas y fugar en masa los capitales obtenidos. El correlato fue el desembarco de los grandes monopolios que coparon los servicios y la industria mayormente orientada para la exportación al mercado común regional con Brasil, como en automotrices o alimentos.

A su vez, la Argentina no sólo privatizó recursos como el petróleo y la minería (a diferencia de otros países donde también avanzó brutalmente la ofensiva privatista como Chile o Brasil, que conservaron en parte el cobre y el petróleo respectivamente), sino que mantiene históricamente en manos privadas la principal renta nacional, la renta agraria. En el agro, durante los años ‘90 los capitalistas locales ligados al capital financiero se valieron del dólar barato para importar tecnologías avanzadas y aplicar los métodos como la siembra directa, aumentando su productividad y su peso específico entre las clases dominantes. Desde aquel entonces, se ha profundizado la inserción de los capitales imperialistas en el agro, no sólo mediante corporaciones como Monsanto, Sygenta y Bayer, sino también a través del desarrollo de los fondos de inversión agrícola y los pools de siembra [5], por no hablar del puñado de grandes exportadores que ganaron fortunas en estos años.

Por otro lado, la conformación del Mercosur ha producido un mayor entrelazamiento entre las economías argentina y brasileña, una suerte de “pseudo integración” reaccionaria al servicio de los monopolios imperialistas y las llamadas “translatinas”. Este proceso ha llevado a la mayor interdependencia de ambas economías donde Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas (19% del total) y el origen de la mayoría de sus importaciones (31%). Del lado de Brasil, la Argentina es el segundo destino exportador con el 9% del total (EE.UU. es el primero con un 14%), y de ella recibe el 8% de sus importaciones, sólo por detrás de EE.UU. (15%) y China (12%). Contando, a su vez, con industrias altamente integradas como es el caso de la industria automotriz [6]. Como contrapartida, producto de la constante “guerra de rapiña” entre las burguesías de ambos países se han producido constantes disputas alrededor del tipo de cambio, de las barreras comerciales, en torno a las políticas comerciales extra-bloque, que a su vez se agudizan en los momentos de crisis, como ocurre en la actualidad. Todas ellas en perjuicio de los intereses de los trabajadores argentinos y brasileños, y de una verdadera integración que sentaría las bases para un desarrollo de las fuerzas productivas.

Como parte de este proceso, las “translatinas”, y especialmente las de capitales brasileños, han comprado durante los últimos años múltiples firmas de manos de capitalistas argentinos, como el caso de Camargo Correa que adquirió Alpargatas en 2007, Loma Negra de Fortabat en 2006 y Ferrosur Roca; o la firma Brahma que compró la cervecería Quilmes, también el grupo Friboi que se hizo del control de Swift, y la empresa Belgo Mineira, controlada por Arcelor, que se quedó con una participación de Acindar antes de la conformación del grupo Arcelor Mittal; o la constructora Odebrecht, que participa en obras públicas en ampliación de capacidad de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y en Transportadora de Gas del Sur (TGS), entre otras.

De conjunto, el fallido sujeto de los proyectos “centroizquierdistas” de reforma del capitalismo nacional, la llamada “coalición urbana mercado-internista”, se redujo a su más mínima expresión, dejando su lugar a la “coalición exportadora”.

Como resultado de estos cambios producidos en los últimos 30 años tuvo lugar un salto en el desarrollo desigual y combinado del país, caracterizado por un lado por un importante proceso de desindustrialización y deterioro de la infraestructura, y por otro lado por la tecnificación del campo, que aumenta su productividad [7] mediante la mayor inserción de los capitales imperialistas, y la consolidación de un reducido núcleo de empresas (especialmente automotrices, siderúrgicas, y de alimentación) orientadas a la exportación con niveles de productividad que les permitieron insertarse exitosamente en el mercado mundial y que contrastan con la baja productividad media del conjunto de la economía [8].

El correlato de esto fueron millones de trabajadores relegados a la economía informal, sino directamente a la desocupación, a merced del ciclo económico, en muchos casos hacinados en “villas miserias” en torno a las grandes ciudades, junto con cientos de miles de productores familiares y de pequeña escala que fueron expulsados del campo. Estas consecuencias fueron aún peores en las provincias que no cuentan con ingresos propios por la exportación de materias primas (ya sea de regalías o altos niveles de producción de soja), ya que cuestiones básicas como la salud o la educación también se han “provincializado”. A su vez, entre las clases medias urbanas tuvo lugar un importante proceso de polarización social, donde una mayoría se pauperizó, mientras que una minoría se benefició con el neoliberalismo durante los años ‘90.
Como resultado de conjunto se desarrolló una “superpoblación obrera relativa”, que se mostró en su plenitud durante 2001 con más del 20% de desocupación (2.500.000) y otro tanto de “sub-ocupados”, con más de 14 millones de personas bajo la línea de pobreza.

El kirchnerismo, a pesar de su discurso neodesarrollista, durante los años de crecimiento histórico de la economía no ha revertido esta situación. Al igual que en los años ’90, dos terceras partes de la cúpula empresaria se mantiene en manos del capital extranjero; a pesar de la renegociación con quita de la deuda y de que se han registrado los mayores pagos de un gobierno a organismos internacionales (a lo que pretenden sumar los 6.500 millones del Fondo del Bicentenario), la deuda total está en niveles superiores a los de la crisis de 2001; los capitalistas agrarios se apropiaron de un porcentaje superior de la renta que durante los años ‘90; y la industria se ha recuperado con relación a 2002 pero no supera los niveles de 1998 [9]. A su vez, la creación de una “burguesía nacional” desde el Estado mediante prebendas (“capitalismo de amigos”) se ha mostrado un absoluto fracaso [10] .

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no sólo se mantuvo en manos privadas, entre otros, el negocio petrolero y la minería sino que, en lo que respecta a la producción agraria, lo más osado que se propuso fue aumentar un impuesto (las famosas “retenciones”), muy lejos, no ya de la nacionalización del comercio exterior o de la gran propiedad agraria, sino de medidas limitadas de control del comercio exterior como las tomadas en su momento por Perón. Incluso, cabe aclarar que las mismas retenciones fueron tradicionalmente un medio con el cual subsidiar, mediante diversos mecanismos de transferencia de renta, al capital industrial.

Por otro lado, mientras que durante los primeros años del kirchnerismo se dio un aumento en los niveles de consumo del conjunto de las clases medias, y a pesar de que las altas tasas de crecimiento económico permitieron la creación de más de tres millones y medio de puestos de trabajo, subsiste la “superpoblación obrera relativa” atada al ciclo económico. Hoy, según la adulterada estadística oficial, se encuentra relegado a la ilegalidad más del 36% de la población trabajadora, bajo el eufemismo de “no registrada”, sirviendo de verdadero “fusible” para las “reestructuraciones” llevadas adelante por la patronal, sufriendo la mayoría de los despedidos que mencionábamos antes. Otro importante sector de la población trabajadora y el pueblo pobre ha sido confinado permanentemente a la dependencia de la asistencia estatal para poder sobrevivir. En un año donde aún no ha golpeado de lleno la crisis se llegaron a registrar, como anticipo frente a futuras recaídas, tasas de desocupación del 9% y del 10,6% de subocupación. La recuperación del empleo de los últimos años también ha traído aparejado el fenómeno de los trabajadores pobres, los que a pesar de contar con un empleo no superan la línea de la pobreza. Junto con esto el extendido proceso de “favelización” se ha acrecentado exponencialmente durante los últimos años [11]. Todo esto durante un lustro de crecimiento récord de la economía.

Como conclusión, podemos decir que si la burguesía argentina se ha mostrado como una clase profundamente antinacional desde sus orígenes históricos, de la sangrienta dictadura militar de los años ‘70 a esta parte ha cortado amarras, no sólo política sino estructuralmente, con el conjunto de la nación, sin otro proyecto de país para ofrecer que aquel que mientras “crece” a costa de la explotación de los trabajadores (legales e ilegales) deja fuera del “país burgués” a la mitad de población.

Intentos de relegitimación y decadencia del Estado burgués

Si hablamos de combinar dominación (coerción) y dirección (hegemonía) es claro que el proyecto que encarnan las clases dominantes locales necesita de una buena reserva de lo primero. Las fuerzas armadas y de seguridad junto con los aditamentos materiales que hacen al aparato represivo, en especial las cárceles [12], son el fundamento último del Estado.
Actualmente los tres destacamentos armados principales del Estado burgués: las Fuerzas Armadas, la Policía Bonaerense y la Policía Federal, están profundamente deslegitimadas ante la sociedad, con la bonaerense como caso emblemático en un avanzado proceso de descomposición interna.

En el caso de las FF.AA., cuentan hoy entre el Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea con alrededor de 75.000 efectivos, sin incluir al personal civil [13]. Históricamente, las clases dominantes locales no han escatimado el uso de estas fuerzas para reprimir a los trabajadores y el pueblo. Si desde los orígenes el Estado argentino tuvo su bautismo de sangre con la masacre de los pueblos originarios del centro y sur del país, durante gran parte del siglo XX el Ejército fue utilizado como “partido militar” para poder imponer los intereses de las clases dominantes. Sin duda, su mayor papel contrarrevolucionario lo jugó con el golpe de 1976, llamado a cortar la experiencia del movimiento obrero con el peronismo, mediante el cual se concretó el exterminio físico de la vanguardia. A pesar de haber sido exonerados mediante las leyes de Obediencia Debida y Punto Final bajo el gobierno de Alfonsín y luego con los indultos promulgados por Menem, el genocidio de 30.000 personas y la derrota en Malvinas, sumado a la lucha permanente de los organismos de derechos humanos, significó para las FF.AA. el desprestigio ante las grandes masas.

Desde aquel entonces, los diferentes gobiernos civiles han ensayado políticas de “reconciliación de las Fuerzas Armadas con la sociedad” sin mayor éxito. En este terreno el kirchnerismo, para legitimarse luego de llegar a la presidencia con el 22% de los votos, se ha distinguido por combinar la cooptación de organismos de DD.HH. emblemáticos como las Madres de Plaza de Mayo con una ubicación a la izquierda del discurso oficial que sostenía la “teoría de los dos demonios” [14], impulsando la anulación de las leyes de impunidad promulgadas por el gobierno radical y permitiendo una serie de juicios a referentes emblemáticos de la dictadura. Una política que si bien a largo plazo podía servir para exonerar al conjunto de la institución, en lo inmediato lidió con el costo de exponer ampliamente ante la sociedad el papel contrarrevolucionario de las fuerzas represivas.

Por otro lado, el gobierno ha dejando pasar “represalias” contra estos procesos de sectores de las FF.AA. como la desaparición del testigo Jorge Julio López y el “suicidio” de testigos e imputados, además de los múltiples secuestros y amenazas que oficiaron de “mensajes” en el mismo sentido y que se siguen sucediendo hasta la actualidad. Hoy, sectores de la derecha se envalentonan nuevamente para reivindicar el papel de las FF.AA. en la represión y en la dictadura misma, como se vio con el ministro de Educación del gobierno porteño de Mauricio Macri, Abel Posse, que tuvo que renunciar a los 12 días de haber asumido, mostrando el desprestigio general en el que aún están sumidas las FF.AA. Este desprestigio le dificulta enormemente a las FF.AA. recuperar el “poder de fuego” sobre la población civil que mantuvieron durante gran parte del siglo XX.

Se ha intentado contrarrestar el retroceso de las FF.AA. con el mayor protagonismo de otras fuerzas. Además de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, pasaron a jugar un rol más importante en las últimas décadas las policías provinciales. La Policía Bonaerense es la fuerza provincial más numerosa, cuenta con poco más de 52.000 miembros (a la que siguen de lejos las policías de Córdoba y Santa Fe con 19.000 y 18.000 integrantes respectivamente). De este total de efectivos, la bonaerense cuenta con más de 9.000 que vienen de la última dictadura. Además de haber protagonizado recientemente represiones con alto “costo político” como la del Puente Pueyrredón, junto con la Policía Federal, donde fueron asesinados Kosteki y Santillán –en 2002, se ha “distinguido” por los miles de casos de “gatillo fácil”, tortura y asesinato de jóvenes.

Luego de que el gobierno proimperialista de Menem enviase a las FF.AA. a participar de la invasión a Irak comandada por Bush padre, en 1991, la Bonaerense estuvo implicada en el atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que junto al de la embajada de Israel (1992) quedaron en las sombras, después de que tanto la Justicia como la Policía Federal hicieran lo suyo para impedir la investigación. Años más tarde, el gobierno de Kirchner se valió de esta situación para dar fundamentos legales al imperialismo norteamericano contra Irán. En 1997, la Bonaerense también protagonizaría el asesinato del periodista José Luis Cabezas. A su vez, en su acelerado proceso de descomposición, esta fuerza ha quedado vinculada públicamente en repetidas oportunidades al tráfico de drogas, tráfico de personas, “desarmaderos” de autos, secuestros extorsivos, entre otras cuestiones.

El gobernador kirchenrista de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, luego de que todos los intentos anteriores de “reformar” esta fuerza hubieran fracasado, también tuvo su intento de represtigiar a la Bonaerense, ligando las campañas contra la inseguridad a la “victimización” de la fuerza como “combatientes contra el delito” [15]. Hoy su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, un abanderado de la “mano dura”, se encuentra acusando a la Bonaerense de ser responsable de una serie de asesinatos que habrían sido perpetrados para perjudicar al gobierno provincial. Posteriormente se ha producido el ataque a la Secretaría de Derechos Humanos provincial donde también se encuentra implicada la Bonaerense y cuya titular lo ligó a las investigaciones sobre la utilización de menores para la realización de delitos. Cabe aclarar que esta secretaría de DD.HH. es la que acompañó a la Bonaerense para legitimar recientemente la represión a los trabajadores de Kraft.

La descomposición de la Policía Bonaerense se ha constituido en uno de los principales problemas del aparato del Estado a nivel nacional. El territorio de la provincia de Buenos Aires, con sus 14 millones de habitantes representa más de un tercio de la población del país, además de contar con las principales concentraciones obreras, junto con las mayores aglomeraciones de pobres urbanos. Esto ha llevado en los últimos años a la mayor inserción de otras fuerzas sobre el territorio provincial, entre ellas la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval [16]. Sin embargo, de conjunto, no representan más que un parche por parte del Estado para intervenciones parciales, incapaces de sustituir el papel histórico de las FF.AA. y la policía en la provincia [17].

Por último, el tercer destacamento armado en importancia es la Policía Federal –fuerza nacional dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos– con alrededor de 40.000 efectivos, de los cuales la gran mayoría están apostados en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. A pesar de tener destacamentos en el conjunto de las provincias, su papel principal es de fuerza policial “distrital” de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual desde ya le otorga un importante papel nacional, como se vio en la represión en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001. La Federal, cuyo régimen profesional del personal data de una ley promulgada por Videla en 1979, comparte muchos de los elementos de descomposición con las otras fuerzas. Recientemente, ha protagonizado una brutal represión contra los jóvenes que asistían a un recital que dejó como saldo el asesinato de Rubén Carballo. A su vez, la Federal se encuentra actualmente en el centro de una crisis de poderes por el control del territorio de la Capital que involucra al Ejecutivo nacional y el gobierno de la ciudad dirigido por el empresario Mauricio Macri, a partir de que este último se propuso desplazar a la Federal y crear una policía propia de la ciudad (la Policía Metropolitana). Esto ha redundado en la infiltración mutua de ambas fuerzas (la Federal cuenta con 1.000 “agentes secretos” con amplias atribuciones) que ha provocado un gran escándalo público y ha sacado a la luz un “guerra de baja intensidad” entre las propias fuerzas del Estado en el centro político del país [18].

Todos estos elementos muestran la crisis de los destacamentos armados, que combinan deslegitimación con descomposición afectando su rol como principal sostén del Estado burgués. Por eso, el discurso de “no represión de la protesta social” esgrimido por el kirchnerismo no ha sido sólo resultado de un perfil político, como sostienen los intelectuales kirchneristas agrupados en Carta Abierta [19] sino también un producto de la necesidad. Un conflicto análogo se le plantea a la derecha que critica esta política, que como el ex-presidente Duhalde salen a reivindicar el rol de las FF.AA., y que sostienen una cuestión evidente como que las fuerzas de seguridad deben reprimir porque para eso están. El problema reside en que no es una debilidad del gobierno la que cuestionan sino una debilidad del propio Estado burgués en decadencia [20].

El régimen político entre los sueños de recomposición y las pesadillas de fragmentación

Volviendo al régimen político, vemos como la crisis en torno al pago de la deuda ha puesto en primer plano la debilidad y fragmentación del régimen, así como la imposibilidad de la burguesía de reconstruir durante estos años su sistema de partidos. La imposición de la estructura económico-social a la que hacíamos mención antes ha tenido importantes consecuencias también desde el punto de vista del régimen político, uno a uno la burguesía ha ido “sacrificando” a sus partidos ante las masas. Por un lado, el peronismo de la mano de Menem fue el encargado de llevar adelante un ataque generalizado a la clase trabajadora enfrentando abiertamente a su base social. Por otro, la UCR, que luego de la debacle de 1989 había tomado nuevos aires gracias a la confluencia con los sectores de centroizquierda del Frepaso, fue con De la Rúa la continuación del menemismo y también encaró el ataque a su base social histórica, las clases medias, con recortes a la Universidad, confiscación de ahorristas, entre otras medidas. Así fue que, a pesar de la sobrevida del régimen político posterior a las jornadas de diciembre de 2001 producto de las propias debilidades del movimiento que tiró al gobierno de la Alianza, el sistema bipartidista (UCR-PJ) del que se había valido la burguesía para gobernar desde la caída de la dictadura, voló por los aires.

Como en muchas otras cuestiones, el kirchnerismo tuvo múltiples iniciativas con el afán de recomponerlo. El primero de estos intentos fracasados lo realizó bajo las banderas de la “transversalidad” y tuvo como objetivo el surgimiento de un nuevo bipartidismo a partir de dos “grandes coaliciones”: una de centroizquierda, comandada por los K, y otra de centroderecha. Otra iniciativa fue la conformación de la “Concertación Plural” con sectores de la UCR, que no sólo fracasó estrepitosamente sino que le dejó como “regalo” al gobierno, nada más ni nada menos, que un vicepresidente opositor. Un caso más de transfuguismo político, que se ha convertido en un leitmotiv de la política argentina.

El intento más reciente de contener las fuerzas centrífugas que agitan a los partidos burgueses fue la llamada Reforma Política, que estipula una serie de restricciones para el funcionamiento y la obtención de legalidad de los partidos, así como la realización de internas abiertas simultáneas y obligatorias con un piso de votantes para poder presentarse a las elecciones propiamente dichas. De esta forma, al tiempo que pretende disciplinar a las múltiples fracciones del espectro del PJ y de la UCR, busca proscribir a la izquierda que comienza a surgir ligada a los nuevos fenómenos antiburocráticos en el movimiento obrero, y condicionar a los proyectos electorales de la centroizquierda.

En este marco, por un lado, la burguesía apuesta a aglutinar a la oposición en dos fórmulas “sojeras” de centroderecha para las elecciones del 2011 –para las cuales “falta un siglo” en términos políticos– que enfrenten al kirchnerismo como podrían ser, una del peronismo “disidente” que encabezada por el ex-gobernador de Santa Fe Carlos Reuteman, junto con sectores del PRO, y otra con Julio Cobos y la UCR. Sin embargo, por otro lado, la Reforma Política en sí misma es insuficiente para despejar del horizonte de las elecciones de 2011 un escenario de fragmentación como el de 2003, donde se presente una fórmula del “peronismo disidente” (sin descartar un acuerdo con sectores del PRO), otra de los Kirchner, una de la Coalición Cívica, otra de los radicales detrás de Cobos o la centroizquierda por su lado, y que al igual que en aquellas elecciones, ningún candidato llegue a cosechar más del 30% de los votos, dando lugar a un gobierno débil.

Lo cierto es que hoy, la oposición burguesa altamente fragmentada aún no logra conquistar referentes políticos capaces de aglutinarla, frente a un gobierno débil recostado plenamente en lo que le queda del aparato del PJ, especialmente los intendentes del Gran Buenos Aires y la burocracia sindical, con la CGT de Hugo Moyano a la cabeza. La actual crisis política mostró al vicepresidente Cobos en el centro de todas las conspiraciones en torno a una posible salida abrupta de la presidenta antes del fin de su mandato. Por otro lado, al grueso de su partido (UCR) favorecido por la reciente Reforma Política, llamando a una “resolución política” y quitándole el apoyo al presidente del Banco Central como parte de la búsqueda de un difícil pacto de gobernabilidad parlamentario con el oficialismo para llegar al gobierno por la vía normal de las elecciones de 2011.

Por el lado del PJ, el lanzamiento de Reutemann como candidato a presidente encarna una posibilidad de aglutinar detrás de sí a las fuerzas del PJ disconformes con el gobierno, con algún acuerdo con sectores del PRO. Lo cual llevaría, muy probablemente, a dos fórmulas del peronismo compitiendo como diferentes partidos en las elecciones del 2011. Ya, el que fuese el padrino de los Kirchner y posibilitó su llegada al poder, el ex presidente Duhalde, se ha lanzado como el más acérrimo opositor, contemplando la posibilidad de presentarse como candidato de ser necesario, si no fuera Reuteman, para dividir el peronismo y hacerle perder la elección a los Kirchner. Como trasfondo de los alineamientos ante la crisis política, las disputas internas abiertas en el peronismo ya se trasladaron no sólo a la red de “punteros” e intendentes, sino al propio gobierno de la provincia de Buenos Aires jaqueado, como vimos, por distintas camarillas de la Policía Bonaerense para promover su caída. Por su parte, el Jefe de Gobierno de la Capital, Mauricio Macri, que se postulaba como el principal líder de una oposición de derecha moderna y neoliberal con “rostro humano”, intenta aprovechar la situación para salir de la crisis en la que se encontraba luego de quedar implicado en el montaje de un aparato de espionaje paralelo contra los sindicatos docentes desde el Ministerio de Educación, perdiendo parte importante de su base social.

En cuanto a la centroizquierda en la crisis política actual, mientras el ala más cercana al gobierno, encabezada por ex intendente de Morón, Martín Sabbatella, se embarcó en una defensa acérrima del pago de la deuda con las reservas del BCRA asimilándose al discurso gubernamental; el sector referenciado en el cineasta Pino Solanas, más ligado a la oposición burguesa, se ha propuesto capitalizar superestructuralmente el amplio espacio a izquierda que ha dejado el gobierno lanzando como propuesta la creación de una comisión bicameral del parlamento que investigue la legitimidad de la deuda externa. La negativa a cualquier llamado a la movilización de parte de este sector se combina con el proyecto de construir algún tipo de neo-Frepaso llamando al Partido Socialista, que gobierna la provincia de Santa Fe aliado a la UCR y la Coalición Cívica (encabezada por la ex radical Elisa Carrió), al senador por Córdoba Luis Juez, también ligado a este espacio, y a la ruptura de la UCR encabezada por Margarita Stolbizer [21].

Esta fragmentación hace que hoy la pérdida de mayoría del oficialismo en el nuevo Congreso no signifique, al mismo tiempo, que la mayoría parlamentaria pueda ser ejercida por la oposición, dispersa en distintos bloques e intereses. Esto genera una situación de “empate” de los “campos” políticos burgueses sólo amortiguada por los pronósticos provisorios de un repunte económico para 2010 que hacen que estas divisiones no se expresen aún en claros programas económicos alternativos, como fuese entre “dolarizadores” y “devaluadores” en el fin del ciclo de la convertibilidad.

Así, mientras que el Ejecutivo hace uso del mecanismo bonapartista de los decretos de necesidad y urgencia y amenaza con utilizar el veto presidencial ante las leyes que puedan votarse en su contra, la oposición burguesa retruca interponiendo el control parlamentario de los decretos y amenaza con recurrir a la presión de las calles (“si hay veto, hay cacerolas”), mientras que apela al poder judicial contra la utilización de las reservas del Banco Central.

La Corte Suprema como bonapartismo “de reserva”

El Poder Judicial fue una de las instituciones que más odios atrajo durante las jornadas de 2001 y uno de los destinatarios privilegiados de la consigna “Que se vayan todos”, atravesada de principio a fin por escándalos de corrupción, donde los funcionarios del gobierno de Menem se jactaban de disponer de los jueces a su antojo. La Corte Suprema de Justicia, como cabeza del Poder Judicial e institución de por sí bonapartista, se encargó de convalidar jurídicamente todos y cada uno de los actos mediante los cuales la burguesía entregó el país al imperialismo durante el transcurso de la década de los años ‘90. La ilusión de neutralidad del Poder Judicial se había evaporado.

En los inicios de su gobierno, Néstor Kirchner, como parte del intento de recomponer el régimen luego de 2001, encaró una ofensiva política contra la vieja Corte relevando a una parte de sus ministros más cuestionados a través de juicio político, sustituyéndolos por juristas con un perfil más profesional.

Con la renovación parcial de la Corte Suprema se logró en parte represtigiar al Poder Judicial y al mismo tiempo dejarlo intacto en el resto de sus estratos. Esto implicó no sólo la continuidad de los jueces de la década menemista, actualmente alineados en parte con el gobierno en parte con la oposición patronal, sino también con respecto a la última dictadura militar, con más de 400 jueces en funciones que juraron por los estatutos de la Junta Militar. En este sentido, la jueza derechista que salió al cruce del gobierno en el conflicto por los decretos del Ejecutivo, María José Sarmiento, hija de un teniente que revistó en la SIDE durante la dictadura y hermana de uno de los abogados defensores de los genocidas, lejos está de ser una excepción.

En este marco, el represtigio de la Corte Suprema fue uno de los mayores logros en la recomposición del régimen en los últimos años. Sin embargo, la Corte renovada por el propio kirchnerismo, como aprendiz de brujo, se perfila como la nueva institución bonapartista para arbitrar en próximos “conflictos de poderes” entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La oposición ya obtuvo varios fallos contra con la Ley de Medios Audiovisuales con la que el gobierno esperaba desarticular el principal apoyo mediático del bloque opositor, el Grupo Clarín, una disputa que se encamina a terminar en manos de la Corte Suprema. A su vez, la Corte está actuando para debilitar la reserva de poder del gobierno, el monopolio de la representación gremial para la CGT, con fallos que habilitan a mayores potestades para los delegados de base en los lugares de trabajo, pertenezcan o no a un sindicato con “personería gremial”. Estos fallos de la Corte Suprema [22] tienen el objetivo, compartido con la oposición burguesa, de fragmentar aún más las organizaciones del movimiento obrero, donde proliferen los sindicatos por industria que faciliten la organización de sindicatos amarillos y dificulten la unidad de los trabajadores desde la misma unidad de producción. Sin embargo, para esto han tenido que minar las prerrogativas de la burocracia sobre las bases de los sindicatos, reconociendo los derechos de los delegados aunque no sean reconocidos por la burocracia y otorgando a los sindicatos “simplemente inscriptos” muchos de los derechos que hasta la actualidad sólo les eran reconocidos a aquellos que contaban con un nivel superior de reconocimiento estatal, es decir, con “personería gremial”. Sobre esta cuestión volveremos más adelante.

Habiendo desestimado una presentación contra el Ejecutivo nacional de la gobernación de San Luis, en la reciente crisis política, la Corte se ha mantenido hasta el momento cautelosamente al margen de la disputa postulándose como institución bonapartista capaz de terciar ante situaciones aún más agudas.

El difícil equilibrio de un gobierno débil

Otra de las conquistas del régimen, luego de que 2001 llevase a la caída de tres presidentes y el adelantamiento de las elecciones por parte de un cuarto, fue el represtigio de la figura presidencial. Pero otra vez como Saturno, la burguesía supo devorar a sus propios hijos y logró desprestigiar nuevamente esta institución.

La autoridad política de los Kirchner para arbitrar entre las distintas fracciones de la clase dominante se rompió definitivamente desde el desafío lanzado por la Mesa de Enlace de la burguesía agraria con el prolongado lock out de 2008 en resistencia al aumento de las retenciones por derechos de exportación con los que el Estado recaudaba del boom de la soja y lubricaba gran parte del funcionamiento de la economía nacional con un sistema de subsidios a los industriales, el transporte y la obra pública. La estatización de los fondos de pensión privados, primero, y el giro al capital financiero internacional con la intención de destinar 6.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central para cancelar deuda externa, son muestras de los intentos, a izquierda uno y a derecha el otro, de la búsqueda del kirchnerismo de nuevas fuentes para financiar el viejo esquema.

A pesar de estos intentos, y de los buenos negocios que esto significa para los banqueros que salieron a respaldar el Fondo del Bicentenario, el pasaje a la oposición de los grandes industriales de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) junto a la burguesía sojera, dejó virtualmente al gobierno sin ningún sustento burgués de peso. Los sectores clave de la clase dominante ya no lo consideran “su” gobierno, salvo un sector no monopólico de la burguesía dependiente de las restricciones estatales a las importaciones y de los contratos del Estado sujetos a las partidas del presupuesto fiscal [23].

A su vez, el grueso de clases medias, a pesar de haber visto incrementarse sus niveles de consumo durante el kirchnerismo, pasaron mayoritariamente a la oposición, primero en los grandes centros urbanos a partir de 2007 y a partir de 2008 en el campo y pueblos del interior, dándole base social a distintas variantes del arco “republicano” que busca un recambio por derecha, mientras un polo minoritario de sectores “progresistas” que apoyaron en su inicio al gobierno kirchnerista tras las banderas democráticas de los “derechos humanos” se han desplazado a distintas opciones de centroizquierda.

La derrota electoral del gobierno en las legislativas del pasado 28 de junio, transformada por los Kirchner en plebiscito nacional, no sólo lo ha dejado sin mayoría en el “nuevo Congreso” y a merced de la oposición sino que, además, abrió una crisis política en la representación de la clase trabajadora, en especial en la provincia de Buenos Aires, principal bastión del dominio del PJ, que jugó el rol determinante en la contención de masas que irrumpieron en 2001, ya que el gobierno se encuentra apoyado en la burocracia sindical de la CGT enchalecando al proletariado, y en el aparato territorial de los intendentes administrando los planes de asistencia social a los desocupados y las masas pobres urbanas.

La irrupción de la gran huelga de Kraft-Terrabusi, la fábrica más importante de la dinámica rama de la alimentación ubicada en el cordón norte del conurbano bonaerense a la que luego nos referiremos especialmente, es una muestra, aún limitada a sectores de vanguardia, de que el gobierno kirchnerista también está potencialmente amenazado por izquierda.

Estos elementos hacen que el gobierno se mantenga en un delicado equilibrio basado en que la propia oposición tiene que vérselas con sus múltiples contradicciones. Por un lado, el gobierno trata de aumentar sus recursos, como con el plan del nuevo canje de deuda para, al tiempo que mantiene los subsidios a la “burguesía amiga” y destina fondos para la cooptación de intendentes y gobernadores (amenazados, ellos mismos, por profundas crisis fiscales en las provincias), lograr posicionarse como árbitro entre el capital financiero y los sectores más bajos del proletariado, con el subsidio por hijo y la obra pública con trabajo precario (Plan Argentina Trabaja) y los asalariados más altos que están bajo convenio a través de la burocracia sindical.

Por otro lado, la oposición política burguesa, al tiempo que pretende debilitar al gobierno para quitarle la iniciativa y hacerlo llegar exhausto a las elecciones de 2011, tiene que lidiar con su propia fragmentación, que le impide posicionarse como una clara alternativa de recambio. Mientras tanto, la burguesía propiamente dicha se encuentra atrapada entre, por un lado, limitar la capacidad del Estado de apropiarse de nuevos recursos, y por otro, conquistar cierta estabilidad política que le permita aprovechar un panorama económico favorable que auguran para 2010 y que dependerá de la evolución de la crisis internacional. A su vez, pretende limar el peso de los sindicatos, y en especial de la burocracia de la CGT de Moyano, que son el principal apoyo del gobierno, pero también la necesita para contener los reclamos salariales motorizados por la inflación y mantener el colchón de despidos para aumentar la productividad de cara al horizonte de la crisis internacional que vino para quedarse.
Estas contradicciones se traducen en giros bruscos de la situación con constantes crisis políticas y sucesivos compromisos inestables, mientras el movimiento obrero vuelve a la escena nacional, no como tendencia generalizada aún sino de la mano de importantes luchas de vanguardia con direcciones antiburocráticas con influencia de la izquierda. A su vez, queda abierto que nuevos golpes de la crisis mundial aceleren los ritmos del conjunto de la situación.

Ahora bien, ¿podrá el régimen asimilar la presente crisis política o esta se extenderá en el tiempo con la posibilidad de empalmar con un nuevo ciclo de luchas obreras impulsadas por la inflación y los ataques patronales? ¿Podrá la burguesía mantener el delicado equilibrio de “ponerle límites” al gobierno sin forzar su caída anticipada? ¿Podrá la burocracia, erosionada por los fallos de la Corte y por el movimiento antiburocrático que se desarrolla entre los trabajadores, contener los reclamos salariales en 2010?

En este marco apostamos al desarrollo y la maduración del proceso del “sindicalismo de base” y al surgimiento de un sector que avance en combinar los rasgos democráticos y antiburocráticos, que son su característica distintiva en la actualidad, con una conciencia antipatronal y antigubernamental, es decir, clasista, que en perspectiva pueda adoptar un curso revolucionario.

Ahora bien, ¿en qué consisten propiamente estos procesos que se dan en la clase trabajadora?, ¿en qué condiciones se encuentra hoy la clase obrera de conjunto y sus organizaciones? y ¿qué tareas se desprenden de esta situación para los revolucionarios?

La fractura interna de la clase trabajadora

Hoy puede verse claramente que a diferencia de lo que quisieron hacer creer los receptores locales de las teorías otrora de moda, el proceso de desindustrialización que se registró a partir de los años ‘90 (cuya tendencia fue parcialmente revertida en términos de empleo industrial desde 2003) [24] no significó ni el “fin de la clase obrera”, ni su sustitución por “nuevos movimientos sociales”, ni la transformación de la hegemonía en un problema discursivo.

No es este el terreno donde se sitúan los problemas de la clase obrera sino en el retroceso producto de la derrota que significó la dictadura con el exterminio físico de la vanguardia, que sentó las bases para la ofensiva burguesa de la década de 1990, que fragmentó y dividió la clase obrera, afectando directamente “la valoración del grado de homogeneidad, autoconciencia y organización” [25] de la misma.

Esta fragmentación de la clase trabajadora –parte un proceso internacional producto de la ofensiva capitalista que comenzó a principios de los años ‘80– significó: por un lado, un alto porcentaje permanente de desocupados; por otro, trabajadores “de segunda” –contratos a término, subcontratados por empresas tercerizadas, trabajadores sin contrato legal, fuera de convenio, o diferentes combinaciones de más de uno de estos elementos–, y por último, trabajadores “en blanco” sindicalizados con una amplia diferenciación en su interior que va desde aquellos que cobran el salario mínimo hasta una minoría que lo cuadruplica o quintuplica. Estas diferenciaciones no sólo se dan entre las ramas de la producción y diferentes sectores de los trabajadores estatales, sino al interior de cada uno. Los avances en la naturalización de esta fractura representan quizá la mayor conquista de la burguesía en las últimas décadas.

Si bien el crecimiento económico de los últimos años disminuyó los niveles de desocupación, como señalábamos anteriormente, estas divisiones se han mantenido y en algunos casos profundizado durante los gobiernos kirchneristas, y se tradujeron a su vez en el nivel de ingresos y en su evolución diferenciada [26], donde el promedio del salario de los trabajadores “no registrados” representa hoy la mitad del de los “registrados” [27].

Estas diferentes situaciones se expresan en que mientras un sector de la clase trabajadora se ha tenido que enfrentar, en los últimos años, a la expropiación de una parte de sus ingresos mediante el impuesto a las ganancias, otro sector ocupado haya caído directamente en la pobreza, y los trabajadores desocupados hayan sido confinados a depender de la asistencia del Estado para poder sobrevivir. Mientras tanto, ante los primeros embates de la crisis mundial, la burguesía ya ha comenzado a utilizar a los sectores precarios de la clase trabajadora como “fusible” para sus planes de reestructuración y aumento de la productividad.

La burocracia como pilar del gobierno y garante de la fragmentación

La burocracia sindical, tanto de la CGT como de la CTA, ha sido durante todo este tiempo la principal garante de la fragmentación de la clase trabajadora impuesta por la burguesía. Se ha expulsado de las organizaciones sindicales, no sólo a los desocupados sino también a los trabajadores “precarizados” [28], ya sea por tener algún tipo de “contrato eventual” o por pertenecer a una empresa que “terceriza” alguna actividad, negándoles el encuadramiento en el convenio más favorable, o dejándolos directamente fuera de convenio, y en todos los casos negándoles cualquier participación en la organización y descartando la movilización del sindicato en defensa de estos sectores, para los que considera “natural”, por ejemplo, el despido arbitrario.

A su vez, dentro mismo de los trabajadores registrados, según el Ministerio de Trabajo [29], sólo el 37% de los trabajadores privados está agremiado, y sólo un 56% de los establecimientos tienen al menos un trabajador sindicalizado. Para mantener esta situación la burocracia se ha basado esencialmente en un sector minoritario de la clase obrera “en blanco” que se diferencia del resto tanto por sus condiciones de contrato laboral como por ubicarse en los niveles salariales más elevados. Este achicamiento de su base social lo ha contrapesado con el manejo de los millonarios fondos de las obras sociales, que se han combinado con todo tipo de negocios mafiosos, a lo que ha agregado especialmente bajo el gobierno kirchnerista la inclusión de cláusulas en los convenios colectivos que estipulan las llamadas “contribuciones voluntarias” mediante las cuales se le descuenta al trabajador un porcentaje de su salario independientemente de su afiliación o no al sindicato. En muchos casos los burócratas también se han reconvertido en empresarios [30].

La actual conformación del régimen político ha llevado a los sindicatos al centro de la escena política nacional, siendo la burocracia de la CGT de Moyano pilar fundamental del gobierno kirchnerista y principal apoyo para la contención del movimiento obrero. En este marco, la oposición burguesa quiere sacar a los sindicatos de esta posición para poder avanzar más sobre el movimiento obrero. Cómo señalábamos anteriormente, los fallos de la Corte Suprema han sido concebidos como parte de este objetivo, pero a su vez, han minado las bases “legales” del poder de la burocracia reconociéndole derechos a los delegados de base, más allá de que estos sean reconocidos por la propia burocracia y ampliando los derechos de los sindicatos “simplemente inscriptos”, es decir, los que teóricamente existen como tales por su sola inscripción en el Ministerio de Trabajo [31]. De esta forma se ha generado una situación donde los intentos de reducir el poder de los sindicatos por parte de la oposición burguesa han tenido como efecto inmediato erosionar el poder de la burocracia generando una brecha a través de la cual se han colado sectores de base del movimiento obrero que protagonizan un proceso de cuestionamiento a la burocracia.

Tomando en cuenta esto es que Julián de Diego, uno de los principales asesores laborales de los empresarios, resume las preocupaciones de la cúpula de la burguesía al señalar que “los cuestionamientos al modelo sindical no saben a ciencia cierta a dónde quieren llegar. Es más, no tienen ni cuentan con un modelo alternativo, y pueden correr el riesgo, y de hecho, ya lo están corriendo, de voltear el péndulo al extremo opuesto al actual, destruyendo en su devenir la existencia de una realidad sindical que ha sido un claro protagonista a la hora de confrontar con modelos extremos de la izquierda trotskista, maoísta, o comunista revolucionarias que intentaron copar las organizaciones sindicales, no para defender los intereses profesionales de los trabajadores, sino para convertirlas en medios instrumentales para combatir y destruir al capital, a los dueños del capital, en definitiva, a las empresas empleadoras”. Para luego concluir que: “De la elección del camino más eficiente depende que la realidad laboral y sindical se encausen o que dramáticamente se encaminen hacia la rebelión y el caos social” [32].

La recomposición del movimiento obrero, el “sindicalismo de base” y la izquierda: de 2004 a la irrupción del “efecto Kraft”

Tomado desde el inicio del ciclo de la pos-devaluación, mientras las clases medias y el movimiento de desocupados, que protagonizaron la alianza de clases del “bloque de diciembre” de 2001, fueron inicialmente pasivizadas (unas con la devolución parcial de sus ahorros confiscados y las masas desempleadas mediante la asistencia estatal masiva y la cooptación de las direcciones piqueteras), la clase trabajadora ocupada, ausente en los momentos decisivos de la crisis de 2001, comenzó a la inversa un proceso de recuperación. Es decir, vivimos un relativo proceso de tijeras de los trabajadores ocupados con las clases medias que, como dijimos, han girado en sus estratos mayoritarios a la derecha; y una marcha por carriles paralelos con los desocupados sobre los que, más allá de la crisis que se le presenta al gobierno con los movimientos piqueteros no kirchneristas, el Estado ha mantenido el control, incluso reforzado con la nueva asignación por hijo para las grandes masas desempleadas. En la clase trabajadora, el crecimiento económico no sólo incorporó nuevas fuerzas de alrededor de 3 millones y medio de nuevos puestos de trabajo, en su mayoría de trabajo precario, sino que también, con el esquema del “dólar alto” para favorecer a los exportadores, comenzó un proceso de inflación versus puja salarial, que es lo amenaza con recrudecer ahora en este fin del ciclo. Este proceso de base estructural ha ido chocando crecientemente con una superestructura anquilosada de los sindicatos, uno de los pilares del régimen que menos se ha reformado con la permanencia de una burocracia enquistada por décadas en medio de la pérdida de innumerables conquistas obreras, dando lugar al “sindicalismo de base”.

Los primeros síntomas de una recuperación de la clase trabajadora, no sólo social sino también sindical, se vieron en 2004 y 2005, de los que destacaremos sólo sus hitos más importantes. Fue abierto por las huelgas de telefónicos y del subterráneo, que volvieron a hacer visible el poder de los trabajadores de los servicios públicos privatizados. La impactante huelga de los telefónicos de 10 días en noviembre de 2004 demostró el control de los trabajadores, que amenazaron con “bajar la palanca del 9° piso” de la central que hubiera paralizado las comunicaciones y, después de mucho tiempo, mostró en acción a un gran sindicato de masas con apoyo de la propia cúpula de la CGT de Moyano, y de una directiva de frente único entre un sector mayoritario cegetista y la misma CTA (incluso con una minoría del Partido Obrero luego cooptada por la burocracia sindical).

La huelga del subterráneo encabezada por un cuerpo de delegados enfrentado a la dirección de la UTA conquistó con la paralización de uno de los principales transportes de la capital un aumento salarial del 43%, superando cuatro veces lo acordado por la CGT en la mayoría de los gremios. Esta lucha, además, convertía al cuerpo de delegados del subterráneo –que ya venía de conquistar la jornada de 6 horas y ser uno de los ejemplos de vanguardia junto a los ceramistas de Zanon en el período de la crisis de 2001– en el primer baluarte del sindicalismo de base que atravesará todo el período kirchnerista, en el control del principal transporte de masas de la capital.

Siendo la apertura de la recomposición obrera, estas huelgas presentaban, sin embargo, una distancia muy grande entre la conciencia de lucha sindical, distributiva, y de lucha política ante un gobierno que aparecía ante la mayoría de la clase trabajadora como de su propio lado. La huelga del Hospital Garrahan, dirigida por delegados antiburocráticos, fue, en cierta medida, el último hito de ese período porque el gobierno evitó que esa gran acción sindical obtuviera, como caso testigo, un aumento que sobrepasara la imposición de los techos salariales que, como “política de Estado”, comenzaron a pactar con los empresarios y las direcciones de la CGT y la CTA.

No podemos dejar pasar que en este período, haciendo una virtud de este escollo político puesto por el gobierno de los Kirchner y la burocracia sindical a las tendencias espontáneamente antiburocráticas, surge un intento efímero de agrupamiento sindical, el MIC (Movimiento Intersindical Clasista), impulsado por el MST y otros grupos de izquierda junto al sector dirigente del cuerpo de delegados del Subte, que pregonaba como orientación para el sindicalismo de base que “el clasismo hoy pasa por cavar trincheras” junto a sectores de la burocracia sindical. Es decir, que en lugar de promocionar las tendencias que se expresaban en el cuerpo de delegados del “Subte” de independencia de la burocracia sindical de la UTA y el enfrentamiento a la patronal, alentaban la vía de “coexistencia pacífica” de la directiva de los telefónicos de FOETRA en la cual se subordinaba a un sector de la izquierda (PO) a los dirigentes de la CGT, Iadarola, y de la CTA, Marín, para permanentes pactos con las multinacionales telefónicas que ya comenzaban a ser enfrentados por una clara oposición de franjas de la base trabajadora. Consecuente con ello, el MIC rehuyó de definiciones de independencia política ante el gobierno de los Kirchner, que afianzaba su alianza con las cúpulas sindicales.

El PTS, en cambio, intentó reagrupar a todos los sectores antiburocráticos e impulsó el Encuentro del 2 de abril de 2005, donde participó toda la izquierda pero la mayoría se negó a desarrollarlo (de este boicot surgiría el MIC). A su vez, el PTS volcó aún mayores esfuerzos en la acumulación e inserción preparatoria en la clase trabajadora impulsando oposiciones clasistas en los sindicatos, como en FOETRA con la Lista Violeta que, en un frente, obtuvo la primer minoría del 25% en las elecciones del gremio telefónico; y en la industria de la alimentación la lista unitaria de oposición a Daer –en frente único con la CCC– que ganó en 6 de las 8 principales fábricas del gremio, consiguió congresales al superar el 20% de los votos y abrió el camino al lanzamiento de la agrupación “Desde Abajo” desde la comisión interna de Pepsico, hoy también en la dirección de la comisión interna de Kraft-Terrabusi. Por el contrario, el MIC desapareció como factor autónomo ante los conflictos del siguiente período que enfrentaron mayor dureza gubernamental y, la mayoría de las veces, el abierto rol de rompehuelgas de las burocracias sindicales.

Este segundo momento comenzó en 2006 y llega a las elecciones presidenciales de fines de 2007, cuando el gobierno obtiene un triunfo contundente para Cristina Fernández como continuidad del primer mandato de los Kirchner. En el período se imponen, de conjunto, los acuerdos de “techos salariales”, pero se destacan dos polos de la clase trabajadora. De un lado, las luchas de sectores tercerizados y contratados por ascender en la escala salarial y de convenio de los trabajadores en blanco, en el marco de las fuertes expectativas de la clase trabajadora en el ascenso económico. En Las Heras en Santa Cruz, los tercerizados del petróleo, junto a los efectivos que reclamaban contra el impuesto a las ganancias que recortaba sus altos salarios, protagonizaban una revuelta local al mismo tiempo que se movilizaban en las calles de la Capital los inmigrantes bolivianos superexplotados en los talleres textiles, los empleados de las empresas tercerizadas paraban el Subte para ser parte del mismo convenio de UTA-Metrovías y los tercerizados del ferrocarril Roca cortaban las vías para ser incorporados a la planta permanente de Metropolitano en la zona sur del Gran Buenos Aires.

En el otro polo de la clase trabajadora, los docentes protagonizan las primeras huelgas provinciales que, comenzando por los reclamos salariales, se elevan a luchas políticas que chocan con los gobernadores como en Santa Cruz, donde cae un alfil del gobierno nacional, y en Neuquén donde es asesinado el maestro Fuentealba obligando a la CTA a convocar el primer paro nacional bajo el gobierno de los Kirchner. En tanto, en el proletariado de la industria comienza una mayor actividad por fábrica, pero la mayoría aisladas porque no implican la movilización de grandes gremios atados por la burocracia sindical a los acuerdos salariales que sólo son desafiados puntualmente. En este marco, se dan las primeras luchas duras en algunas fábricas medianas como la gran gesta de la joven generación obrera encabezada por la comisión interna combativa de TVB (ex Jabón Federal) en La Matanza, o en importantes plantas como FATE, del neumático, que protagoniza una lucha salarial que culmina con el desplazamiento de los burócratas del cuerpo de delegados y de la dirección seccional del gremio, aunque ambas sufriendo derrotas parciales por el despido de importantes activistas de la nueva generación de la clase trabajadora.

En todo este proceso, del que sólo mostramos puntos destacados, se siguió desarrollando el “sindicalismo de base”, que recibe los primeros golpes duros luego del fortalecimiento del gobierno en las presidenciales de 2007. Será, entre otras cosas, una demostración que los nuevos delegados y activistas que comienzan sus primeras experiencias no pueden prescindir de un minucioso análisis político de la relación de fuerzas en la que actúan. Con un gobierno fortalecido por una masa de millones de votos se abre un tercer momento con derrotas de la vanguardia que terminan en despidos masivos, provocados por ataques a los nuevos delegados de base y activistas. En la textil Mafissa en La Plata, la comisión interna encabezada por un dirigente obrero del PTS da una heroica resistencia a los despidos y luego directamente a un lock out empresarial, con el boicot abierto de la burocracia sindical, que culmina con el desalojo de la toma de fábrica y el apresamiento de delegados por 400 efectivos de la Policía Bonaerense ordenado por el gobernador Scioli y los Kirchner. Emblema de este período de derrotas de la vanguardia antiburocrática fue la batalla de los jóvenes del Casino Flotante de Buenos Aires contra un capitalista del juego amigo de los Kirchner. Reciben el fuego cruzado de la acción represiva de la Prefectura enviada por el gobierno, de las acciones de matonaje de la burocracia de tres gremios y del cerco mediático de los grandes grupos de la comunicación, que apuntalaron el descabezamiento completo de la organización de base y el despido de cientos de activistas. Estos ataques políticos anticipaban, para el sindicalismo de base en un marco de ilusiones de masas, que había concluido ya el período de luchas por recomposición salarial que permitían en un marco relativamente pacífico crear a su vera nuevos organismos de base antiburocráticos, y que por el contrario estos enfrentarían enemigos cada vez más decididos.

Como en toda derrota, hay quienes sacan la conclusión reformista de que “se fue demasiado lejos” y quienes la tomamos como “escuela de guerra” (Lenin) contra una clase enemiga, y la demostración de que se necesita mayor preparación, organización y conciencia porque, en realidad, se necesita “ir aún más lejos” para triunfar. Corrientes como la CCC, el MST y el sector dirigente del cuerpo de delegados del Subte son tributarios de la primera visión, que podría resumirse en “el que más lucha, pierde”. En esas luchas dadas en condiciones no elegidas por la vanguardia obrera, que fue puesta entre la espada y la pared ante los ataques patronales, también se gestaron enseñanzas: en primer lugar, que siempre es mejor salirle al paso a los ataques que rehuir sin lucha. Algunas otras experiencias de nuevas direcciones sindicales, como la de la comisión interna de la autopartista Dana del SMATA, que no mostraron la misma voluntad de resistencia que en Casino o Mafissa, fueron derrotadas de todos modos y sus direcciones descabezadas con el agravante de no dejar hilos de continuidad para la experiencia posterior del sindicalismo de base. En cambio, el aprendizaje de las batallas dadas en esa resistencia desigual, como la que el PTS encabezó en Mafissa, fueron parte de la formación y maduración de una vanguardia obrera con una fuerte voluntad de lucha. No por casualidad, en la lucha de Kraft y el Subte, los que usaron el “espantajo” de las derrotas como Mafissa fueron los que impulsaron las firmas de las “actas de paz social” con las empresas y el Ministerio de Trabajo, sin conseguir lo central de las reivindicaciones, mientras los que fuimos calificados de “irresponsables” por las luchas derrotadas, defendimos un curso alternativo que hubiera permitido avanzar hacia el triunfo.

En el año 2008, la fortaleza del gobierno se disipará con la brecha abierta en la clase dominante a partir de la puja con los capitalistas agrarios, aunque eclipsando por unos meses al sindicalismo de base en una escena nacional dominada por la polarización entre dos bandos patronales. Desde fines de 2008 y principios de 2009, las condiciones dan un vuelco y se abre una nueva etapa. Durante el punto más alto al que llegó la crisis financiera mundial, la crisis entró en la industria del país de la mano de uno de sus sectores más dinámicos, las multinacionales automotrices como General Motors, IVECO, Peugeot y de autopartes, que atacaron con una ola de suspensiones y despidos de contratados, que la burocracia sindical del SMATA y la UOM permitieron, garantizando junto al Ministerio de Trabajo y a subsidios estatales del gobierno, que los golpes del desempleo no llegaran mayormente a los trabajadores en blanco. Más allá de que esto haya sido aprovechado por los industriales automotrices para aumentar su productividad y relanzar planes de producción récord para 2010, el comienzo de la pérdida de puestos de trabajo significó para el conjunto de la clase trabajadora un claro indicador de que se revertía un ciclo, un cambio de las condiciones anteriores. La propia campaña oficialista de las elecciones adelantadas por el gobierno para intentar reamarse políticamente ante lo que venía, lo demostró: con un multitudinario acto de la CGT en el centro de la capital y hasta la presencia del propio Néstor Kirchner y el gobernador Scioli como candidatos en importantes fábricas, se dirigieron a emblocar a la clase trabajadora “en defensa del modelo” contra la amenaza de una vuelta al desempleo “de los años ’90” y el fin de las expectativas de mejoras salariales. La derrota política del tándem gobierno-CGT en las legislativas del 28 de Junio abrió una crisis en las expectativas que los trabajadores, en particular los trabajadores en blanco, habían depositado en esa “defensa del modelo”, con un voto conservador a favor del oficialismo, mientras que importantes sectores de trabajadores precarizados y desocupados se inclinaron tras la demagogia del empresario De Narváez. El kirchnerismo y su burocracia sindical pagaban así políticamente su intento de hacerse fuertes sobre la división de la clase obrera. Los sindicatos, pilar fundamental del régimen político actual, se encontrarían, desde entonces, cada vez más sometidos a una doble tensión: desde arriba la cooptación del Estado y los ataques patronales, y desde abajo, la bronca y la presión de los trabajadores para mantener lo conquistado, posibilitando que muchas de las luchas se combinen con procesos antiburocráticos que se expresan en el enfrentamiento cada vez más abierto entre delegados de base (con fuerte presencia de la izquierda) y el aparato de la burocracia sindical.

La continuidad de la inflación y la intención de las patronales de producir más con la misma o menor cantidad de obreros lleva a que los trabajadores vean retroceder el poder adquisitivo del salario, sufran los mayores ritmos de producción, lo que empuja en la industria y los servicios al reclamo por aumentos salariales y resistencia a los despidos. A su vez, los déficit fiscales en los Estados provinciales ahogan los reclamos salariales y provocan las luchas en docentes o de los trabajadores de la salud y estatales. En general, se agudiza la tendencia a la vuelta de la acción directa ante un gobierno más debilitado y una burocracia sindical muy desprestigiada. Sin que hayamos presenciado un ascenso obrero generalizado, hemos visto durante 2009 una gran variedad de huelgas, piquetes, rebeliones, elección de nuevos delegados
y comisiones internas (o ratificando las que son independientes de la burocracia), y cuando la burocracia se ve obligada a llamar a acciones, la respuesta es mayor a la prevista tanto por la misma burocracia [33].

El ejemplo más categórico de estas tendencia es la lucha en Kraft-Terrabusi [34], desde la verdadera rebelión obrera en el pico de la pandemia de gripe A hasta la lucha contra los despidos con los cortes de ruta, de calles, las movilizaciones, el paro de casi 37 días y la permanencia de los despedidos adentro, que la transformaron en una “causa nacional” [35], la profundización de la lucha luego de la represión, y el cambio de dirección en el medio del conflicto con la elección de la nueva comisión interna clasista luego de que la dirección reformista del PCR firmara la “paz social” con un sector de despedidos afuera. Fue la irrupción en la escena nacional del nuevo movimiento obrero por la vía de la lucha de una gran fábrica, que se desató frente a la debilidad del gobierno y la burocracia sindical, obligó a la intervención sin precedentes de la embajada norteamericana en un conflicto obrero y mostró a millones la cara represiva del peronismo en el poder que envió la policía a reprimirlos [36].

Lo que se dio en llamar, por la propia clase dominante, “el efecto Kraft” es el ejemplo amenazante del inicio de un ascenso obrero que mostró que para triunfar hay que luchar con más dureza y ampliar el arsenal de los métodos de lucha, combinando la huelga con los cortes de la ruta Panamericana y las acciones solidarias en las calles de los estudiantes para elevar la lucha sindical al escenario político.

En fin, la gran gesta de Kraft no cayó del cielo, ha sido un producto de una recuperación de la clase trabajadora que viene desde el inicio del ciclo del que estamos presenciando su agotamiento. Pero no es tampoco el resultado de su desarrollo “natural”, de una secuencia lineal. Como vimos, hubo distintos momentos de este nuevo movimiento obrero –que incluyeron tanto derrotas y retrocesos como giros de la situación económica y política– y de los cuales las corrientes que influenciamos a sectores de vanguardia hemos sacado distintas conclusiones y las hemos expresado en diferentes políticas y programas. La trascendencia que adquirió la gesta de Kraft, como respuesta a un ataque de la multinacional norteamericana que se transformó en una batalla política, es también el producto de una preparación subjetiva, “de partido”.

Nuestra política en los sindicatos y la lucha por la hegemonía de la clase obrera

Como señalábamos en el número anterior de Estrategia Internacional, en la etapa actual es una tarea de primer orden para los revolucionarios el trabajo sobre los sindicatos, donde combinamos el más amplio impulso al frente único obrero de estas organizaciones de masas contra el capital con la construcción de oposiciones clasistas en su seno para arrancárselos a la burocracia sindical y recuperarlos para los trabajadores [37] . A pesar de todos los límites que les impone hoy la burocracia (exclusión de los desocupados, la no representación de los trabajadores en negro y precarizados), que hacen que sólo representen a una minoría de la clase obrera, en especial a su sector en blanco y mejor remunerado, continúan siendo las organizaciones de masas más extendidas de la clase trabajadora. Pero Trotsky señalaba que la tarea de los revolucionarios “no consiste solamente en ganar influencia en los sindicatos tal como son, sino en ganar a través de los sindicatos influencia en la mayoría de la clase obrera. Esto es posible solamente si los métodos que emplea el partido en los sindicatos corresponden a la naturaleza y a las tareas de éstos” [38].
El PTS ha realizado una orientación contra la corriente en la izquierda argentina, que en su mayoría ha reproducido acríticamente en su práctica esta fractura de la clase trabajadora, o bien con la adaptación a los sindicatos tal cual son, siguiendo el calendario de rutinario de las negociaciones salariales y las elecciones de delegados, lo que implica confinarse a una minoría de la clase trabajadora (la que se encuentra en las mejores condiciones) y alejarse de los intereses del conjunto de la clase, o bien dirigiéndose hacia los sectores desocupados sin dar la pelea por unirlos a los trabajadores sindicalizados, recluyéndose en la rutina de la administración de los planes de asistencia obtenidos del Estado [39].

Nuestra orientación práctica está plagada de hitos en esta lucha por la unidad de las filas obreras. Desde las más recientes en la industria automotriz de Córdoba, en IVECO y Gestamp contra el despido de contratados negándonos a firmar el acta que los dejaba en la calle promovida por el Ministerio de Trabajo y las empresas, que les valió a compañeros como el delegado Hernán Puddu la persecución de la burocracia de Dragún que los expulsó del SMATA regional y la agresión patoteril contra el delegado Sergio Folchieri de la Volkswagen por haberse solidarizado con aquellos. En el gremio metalúrgico, la UOM, el compañero Guillermo Betancourt es parte de los delegados de Siderca-Techint perseguidos por la burocracia de la seccional Campana por negarse a aceptar las suspensiones y rebajas salariales. En momentos de recuperación del empleo, sentamos un enorme precedente en el gremio ferroviario de la zona sur del Gran Buenos Aires por haber luchado desde la agrupación clasista Bordó, opositora a la burocracia empresaria de Pedraza, codo a codo con los tercerizados de la empresa de limpieza Catering World, logrando su pase a planta permanente y consiguiendo la unidad con los movimientos de desocupados en el Comité de Apoyo Ferroviario, que permitió impedir los despidos e incorporar al ferrocarril desocupados de la mayoría de los movimientos (con la excepción del PO que lamentablemente siempre se negó a formar parte de este frente único, manteniendo su acción en los márgenes sindicales, aislada de su práctica en el movimiento piquetero). La constante de la agrupación clasista Violeta de telefónicos fue la defensa de los contratistas y los trabajadores de los callcenters, considerados por la patronal y la burocracia como trabajadores de segunda, así como nuestro reclamo de que tengan sus representantes plenos en el cuerpo de delegados de FOETRA como organismo común de lucha. O en el gremio de la alimentación donde nuestros dirigentes Catalina Balaguer y Leo Norniella fueron despedidos por la multinacional Pepsico Snacks por defender a las compañeras contratadas y dieron lugar al primer caso resonante de reinstalación de delegados por la justicia, y en el caso de Balaguer se sentó el precedente de ser reconocida como “delegada de hecho” por su rol de activista, producto de una campaña nacional, siendo hoy miembros de la comisión interna y dirigentes de la agrupación clasista “Desde Abajo” junto a la mayoría de los delegados electos recientemente a la comisión interna de Kraft, encabezada por Javier “Poke” Hermosilla. Entre todos los ejemplos es emblemático el de Zanon, donde con la toma de la fábrica y su puesta a producir bajo control obrero se incorporaron nuevos trabajadores de diferentes movimientos piqueteros, a su vez que impulsó desde 2002 la Coordinadora del Alto Valle en Neuquén, que agrupaba a las principales oposiciones sindicales con el más fuerte movimiento de trabajadores desocupados de la provincia, el MTD.

Al mismo tiempo que encaramos nuestro trabajo en los sindicatos desde la perspectiva de constituir organismos como coordinadoras [40] , somos concientes de que la creación de instituciones superiores de frente único presupone el acuerdo entre diversas tendencias y organizaciones de la clase obrera, comenzando por la fábrica y los sindicatos: “si los soviets representan la forma suprema del frente único en un período revolucionario, su creación debe ser presidida de una política de frente único en el período preparatorio” [41].

Con esta orientación peleamos por la recuperación de las organizaciones del movimiento obrero de manos de la burocracia, buscando la más amplia unidad con este objetivo, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso de Kraft, con el PCR peleando en común hasta que esta organización se propuso acordar con el ministerio, volviendo a llamarlos a la unidad contra la burocracia y la patronal en las elecciones de comisión interna de 2009, y luego de la victoria de la agrupación “Desde Abajo”, convocándolos a impulsar en común la elección del cuerpo de delegados, cuestión que hasta el momento vienen boicoteando sistemáticamente. O en el caso del Subte, luchado en común con el ala del cuerpo de delegados dirigida por el sector ligado a la fracción filo-kirchnerista de la CTA, para obtener el reconocimiento del nuevo sindicato. En ambos casos, combinando la unidad de acción con una dura lucha política con estos sectores en forma permanente, e incluso llegando a la delimitación abierta como quedó expresado tanto en el enfrentamiento con el PCR como con el sector de la CTA afín al kirchnerismo en el Subte, cuando en uno y otro caso se decidieron a cederle a la patronal y al gobierno.

A su vez, como se propone el Sindicato Ceramista de Neuquén con su propuesta de ingresar a la CTA neuquina, peleamos por la recuperación de los sindicatos para los trabajadores planteando la convocatoria a un congreso de delegados de base abierto de la central de la provincia para agrupar a los sectores antiburocráticos, abrirla a todos los trabajadores y transformarla en herramienta para la movilización desterrando de la conducción a las diferentes alas de la burocracia que los mantienen subordinados a los proyectos burgueses [42].

La constitución del Plenario de Trabajadores Clasistas, convocado desde la dirección Zanon y del sindicato Ceramista junto a los dirigentes clasistas de la interna de Kraft y del cuerpo de delegados del Subte, que el PTS impulsa en unidad con obreros clasistas independientes, se plantea estructurar en el próximo período una fuerte corriente nacional en los grandes sindicatos de masas para ganar influencia en su interior, extendiendo el proceso de elección de nuevos cuerpos de delegados de base, aprovechando las brechas que surgen arriba como fueron los fallos de la Corte Suprema que señalábamos, como herramientas y organizaciones que luchen por los trabajadores contratados, tercerizados y “en negro” frente a los despidos y la lucha por su pase a convenio, así como su incorporación a los sindicatos, empezando por sus organismos de base. Desde esta política de recuperación de los sindicatos en oposición a las burocracias de la CGT y la CTA, impulsamos un programa de acción para unir las filas obreras contra los capitalistas, que prepare la conquista de organismos comunes entre ocupados y desocupados, luchando por el reparto general de las horas de trabajo y la escala móvil de salarios.
La lucha de la izquierda revolucionaria en los sindicatos, por la unidad de las filas obreras y la recuperación de las organizaciones de masas de manos de la burocracia sindical para establecer una plena democracia obrera para todos sus sectores está inseparablemente ligada a la lucha por la independencia de los sindicatos del Estado, es decir, a una política de independencia de clase [43]. Las corrientes políticas que actúan sin este horizonte se convierten en una traba para el desarrollo de las propias tendencias antiburocráticas que espontáneamente recorren el nuevo movimiento obrero.

No es casual la firma del acta de paz social en la lucha de Kraft por parte de una corriente como el PCR, que propagandiza una “revolución” en los marcos del régimen burgués y que estuvo alineado políticamente con el bloque patronal comandado por la Sociedad Rural durante el lock out agrario de 2008. Ni que el MST, que también se ubicó en ese bando del capitalismo agrario y se ha confundido en llamados a la unidad con la centroizquierda, sea la corriente que defiende con mayor entusiasmo la firma del acta de paz social en el Subte junto a dirigentes que se declaran partidarios de Martín Sabbatella (ex intendente del partido de Morón, referente de la centroizquierda afín al gobierno). Esta orientación muestra los límites de una visión restringida de la lucha durante un conflicto en el subterráneo que paralizó la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires poniendo en vilo al gobierno comprometido a mantener la vigencia de la Ley de Asociaciones Profesionales para no permitir la erosión de una de sus principales bases de apoyo. La firma de este acuerdo, sin previa consulta a las bases, significó renunciar a medidas de lucha por un año a cambio de reconocer algunas atribuciones a los delegados sin que el gobierno haya reconocido el reclamo de los trabajadores del reconocimiento de la “simple inscripción” legal de su nuevo sindicato. Al día siguiente, la Corte Suprema de Justicia dictaba el fallo donde reconocía los mismos derechos a los sindicatos “simplemente inscriptos” que a aquellos que contaban con personería gremial, con lo cual quedaba sobre la mesa el por qué de la premura del gobierno para acordar. La oposición del ala del cuerpo de delegados del Subte de la agrupación “Democracia desde las Bases”, conformada por compañeros del PTS e independientes, señala la existencia de una corriente que busca que la organización conquistada en esta importante trinchera del nuevo movimiento obrero contribuya al desarrollo del “sindicalismo de base” desde una perspectiva clasista, luego del salto que significó la lucha de los trabajadores de Kraft.

“Extender la conciencia y la práctica más allá de los límites permitidos”

Hay una frase de Lenin que debería actuar como revulsivo para la orientación de la práctica política de la mayoría de la izquierda argentina, tanto la abiertamente reformista como la rutinariamente centrista: “No comprende las tareas de la clase quien le destina un rincón ‘independiente’ de ‘actividad’ en un terreno cuyas dimensiones, forma y aspecto determinan o admiten los liberales. Comprende las tareas de la clase tan sólo quien centra su atención (y su conciencia, su labor práctica, etc.) en una reconstrucción de ese mismo terreno, de toda su forma, de todo su aspecto, así como en extenderlo más allá de los límites permitidos por los liberales. ¿En qué consiste la diferencia entre estas dos formulaciones? Precisamente en que, entre otras cosas, la primera excluye la idea de la ‘hegemonía’ de la clase obrera y la segunda define de manera explícita esa precisa idea...” [44].

La lucha de Kraft fue un salto en la subjetividad de las acciones del nuevo movimiento obrero porque, diría Lenin, fue “más allá de los límites permitidos” en “extender la conciencia y la práctica” de la militancia obrera. Desde la posición conquistada en la huelga y buscando la más amplia unidad para la acción contra la patronal yanqui con permanentes llamados al frente único a las direcciones burocráticas del gremio y la CGT, el PTS batalló y logró que durante el prolongado conflicto se mostrara la potencialidad de una alianza de clases que pusiera a los trabajadores en lucha contra los capitalistas como una fracción dirigente de más amplios sectores sociales. Por un lado, las acciones solidarias de los centros de estudiantes combativos de la Universidad de Buenos Aires, encabezados por el CEFyL [45], junto a estudiantes de los colegios secundarios cortando las calles del centro de la Capital Federal, los estudiantes de las universidades de la zona norte del Gran Buenos Aires haciendo otro tanto [46], y los universitarios de Mendoza “escrachando” a la nueva embajadora norteamericana luego que exigiese la intervención del gobierno a favor de la multinacional imperialista. Por otro lado, el movimiento de desocupados organizado en la CCC y otros cortando los accesos de la zona sur a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los trabajadores de Kraft mantenían paralizada la producción a pesar de la represión policial y cortaban la autopista Panamericana. Esto mostró los elementos de un alianza que conjugó la centralidad de la clase obrera ubicada en las posiciones estratégicas de la estructura económica nacional, con los desocupados y el movimiento estudiantil combativo, un primer hito en el nuevo movimiento obrero del ensayo de una alianza de clases que, si se masifica, es a lo que le teme como la peste la burguesía en la Argentina. No es casual que lo más granado del empresariado, sus economistas y abogados se hayan dado cita recientemente para escuchar al presidente de Kraft, Alberto Pizzi, disertando sobre los pormenores y las lecciones de este conflicto, recibiendo felicitaciones, tanto los organizadores como el conferencista, de parte de vicepresidente Julio Cobos, y que luego de la charla, los preocupados asistentes coincidieran, según el cronista de Perfil, en que este tipo de conflictos constituyen el principal punto de la agenda empresaria de 2010 [47].

Este símbolo de alianza “con hegemonía de la clase obrera” tuvo un gran impacto político en la escena nacional porque fue efectivo. Permitió continuar la lucha aún después del desalojo represivo de la planta y terminó haciendo retroceder –hasta los límites que impuso la desastrosa firma de la “paz social” por parte de la CCC– a una poderosa multinacional norteamericana que puso a su servicio a la propio embajada de EE.UU., puso en vilo a la cúpula de la CGT, que pasó de la condena macartista a una reubicación de mediación entre los huelguistas y la patronal, y dejó en evidencia al gobierno de los Kirchner, por primera vez, ante una huelga de la clase trabajadora concentrada en el conurbano bonaerense, el bastión del poder peronista.

El fin de ciclo como oportunidad histórica

Resumiendo las características que señalábamos antes, en el marco del fin de ciclo, hoy nos encontramos en una situación transitoria, que combina elementos de una situación pre-revolucionaria, cuyo factor más dinámico lo vemos en las sucesivas y cada vez más profundas crisis políticas y en la crisis de la burocracia, golpeada “desde arriba” por causas penales y los fallos de la Corte, y desde abajo por los procesos antiburocráticos, mediada de conjunto por la contención (provisoria, y altamente subordinada a la evolución de la propia economía internacional) de los efectos “catastróficos” de crisis en la economía nacional.

Si tomamos el fin del ciclo alfonsinista que comenzó con la vuelta de la inflación a finales de 1986 y el levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987, fueron necesarios el peso de la burocracia sindical peronista bajo la dirección de Ubaldini para llevar, luego de 14 paros generales, al movimiento obrero detrás del PJ de Menem (surgido de la derrota del cafierismo en la “renovación” peronista) y su discurso de la “revolución productiva” y el “salariazo”, y la derrota del período de las grandes huelgas de resistencia nacional como las ferroviarias, la de los telefónicos o la de Somisa, con la imposición de las privatizaciones, de decenas de miles de despidos y un proceso hiperinflacionario para disciplinar a los trabajadores.

En el caso del fin del ciclo de la convertibilidad, que comenzó con la decadencia del gobierno de Menem en 1996 (primer Cutralcazo y la huelga general contra los nuevos decretos flexibilizadotes) y desde finales de 1998 con el comienzo de la recesión, no fue suficiente para cerrarlo el surgimiento de la Alianza (donde confluyeron el Frepaso, la CTA y el radicalismo) como desvío. Este sólo logró retrasar el proceso que llevaría en 2001 a las jornadas revolucionarias de diciembre y al colapso del régimen político. Este proceso sólo pudo ser cerrado en base a un “desvío” basado en un ciclo virtuoso excepcional de la economía internacional y combinando la concurrencia de los sectores del MTA (Moyano y Palacios, que se fueron haciendo hegemónicos en el movimiento obrero peronista en oposición al menemismo) para impulsar la devaluación del salario, por un lado, la represión a la vanguardia (masacre del Puente Pueyrredón), por otro, junto con la generalización de los planes sociales para los desocupados y la devolución judicial de los ahorros a las clases medias.
A pesar de que en ambos casos coincidieron con “catástrofes” económicas, esta no es una regla. Sin ir más lejos, el fin de los regímenes “libertadores”, que va desde el golpe de 1955 hasta el gobierno de Onganía, se produjo en medio de un largo período de fuerte crecimiento económico que duró desde 1964 hasta 1974, en medio del cual se abrió un proceso revolucionario iniciado en 1969 por el Cordobazo, que a su vez fue desviado en 1973 para luego reabrirse y combinarse con una crisis económica abierta, fundamento del Rodrigazo, y sólo pudo ser cerrado en 1976 por la dictadura genocida.

Estas comparaciones nos sirven para no tener una visión “mecánica” del fin de ciclo actual. Surge de la comparación que ni desvíos políticos coyunturales ni recuperaciones económicas parciales puedan cerrarlo sin que medien victorias decisivas para la burguesía y el imperialismo o para la clase obrera, dejando inscripto en su desarrollo el surgimiento de situaciones intermedias donde avance alternativamente la influencia del imperialismo o el peso político de la clase obrera sin “resolver” la situación.

En este marco, el actual fin de ciclo nos plantea a los revolucionarios la oportunidad histórica de poner en pie un partido leninista de vanguardia a partir de la intervención en el proceso antiburocrático de “sindicalismo de base” y la confluencia con los sectores que evolucionen hacia posiciones antipatronales y antigubernamentales al calor de los golpes de la propia situación económica y la lucha de clases, así como con el ala pro-obrera del movimiento estudiantil, que comenzó a expresarse en la solidaridad con el conflicto de Kraft.

La necesidad de un partido revolucionario de vanguardia

Pero este fin de ciclo no sólo plantea la oportunidad de poner en pie un partido revolucionario de vanguardia sino que la convierte también en una necesidad de primer orden, sin el cual la maduración política de la clase obrera, la recuperación de sus organizaciones y hasta el desarrollo de organismos de tipo soviético serán insuficientes para vencer cuando lleguen a estar planteados los enfrentamientos decisivos entre revolución y contrarrevolución.

Como destacaba Trotsky, sacando las lecciones de la derrota de la Revolución española y discutiendo contra quienes pretendían atribuirla a la “falta de madurez” del proletariado: “El desarrollo de la revolución consiste precisamente en que las relaciones de fuerzas experimentan rápidos e incesantes cambios bajo el choque de las transformaciones en la conciencia del proletariado, la atracción de las capas atrasadas hacia las avanzadas, la creciente confianza de la clase en su propia fuerza. El resorte vital de este proceso es el partido, así como el resorte vital del partido es su dirección. El rol y la responsabilidad de la dirección en una época revolucionaria son enormes (...) La victoria de ningún modo es el fruto sazonado de la ‘madurez’ del proletariado. La victoria es una tarea estratégica. Es necesario aprovechar las condiciones favorables que ofrece una crisis revolucionaria para movilizar a las masas; tomando como punto de partida el nivel dado de su ‘madurez’, es necesario impulsarlas adelante, hacerles comprender que el enemigo no de ningún modo omnipotente, que está desgarrado por sus contradicciones, que detrás de su imponente fachada reina el pánico. Si el partido bolchevique hubiera fracasado en esta tarea, no se hubiera podido siquiera hablar del triunfo de la revolución proletaria. Los soviets hubieran sido aplastados por la contrarrevolución y los minúsculos sabios de todos los países hubieran escrito artículos y libros planteando que solo visionarios sin fundamento podrían soñar en Rusia con la dictadura del proletariado, siendo como era, tan pequeño numéricamente y tan inmaduro” [48].

Sobre las vías para poner en pie este partido revolucionario, al tiempo que sostenemos como hipótesis que éste surja a partir de confluencia de los revolucionarios con la evolución de un sector de los propios sindicatos que vean la necesidad de poner en pie un partido propio frente a los partidos patronales (y en este sentido apoyamos la propuesta del Sindicato Ceramista de Neuquén de impulsar una herramienta política de los trabajadores), hemos llamado en repetidas oportunidades (luego de las jornadas de 2001, en 2007 y en la actualidad) al PO y en su momento a otras fuerzas como el MAS e Izquierda Socialista a debatir las bases políticas y programáticas para la construcción de un partido revolucionario en común retomando el tipo de táctica de “unidad de las filas comunistas” que impulsó Trotsky en España en 1931.

La negativa a avanzar en este sentido, especialmente en el caso del PO con el que compartimos aspectos importantes del programa y la estrategia, sólo puede explicarse por la incapacidad de conciliar este programa con una práctica política que atraviesa a gran parte de la izquierda y es más propia de grupos con un abierto rumbo centroizquierdista como el MST o de organizaciones directamente reformistas.

Como decía Trotsky, “Lo determinante es la relación del partido con la clase. Un solo obrero comunista elegido en un comité de fábrica o para la dirección de un sindicato tiene mucha mayor importancia que mil nuevos miembros, reclutados por aquí y por allá, que hora entran al partido para abandonarlo mañana” [49]. Teniendo en cuenta esto, y contra el “reclutamiento por aquí y por allá”, es que desde el PTS en los últimos años hemos puesto nuestros mayores esfuerzos militantes para insertarnos cualitativamente en la clase obrera, no sólo en los servicios sino también en la industria. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del resto de la izquierda, que ha eludido en forma sistemática la tarea de estructurarse en la industria, limitándose esencialmente a los sindicatos docentes y algunos gremios de servicios. Se han volcado más esfuerzos a lo que Gramsci llamó la “pequeña política” que a construir una gran fuerza de clase.

Una de las prácticas más extendidas en la izquierda, no sólo el PO y el MST sino también de pequeños grupos como el MAS, ha consistido en dedicar gran parte de su militancia a la administración de los planes asistenciales del Estado para los desocupados. De esta forma se sacó del centro de la política la lucha por “trabajo genuino” y la unidad entre trabajadores ocupados y desocupados, que caracterizó al movimiento en sus orígenes, para sustituirlo por la organización de agrupaciones “colaterales” a cada grupo de la izquierda. Cada una de éstas consigue, en formas diversas, el control de una cierta cantidad de planes sociales, según una matriz en la cual la identidad política de los desocupados es condicionada por la organización que administra los respectivos fondos del Estado. Esto lleva a la reproducción en gran parte de los movimientos piqueteros de prácticas clientelares, como el “tomar lista” para garantizar la presencia en las marchas, donde la izquierda no se distinguió esencialmente de las agrupaciones reformistas (como el PCR-CCC) o populistas ligadas actualmente al gobierno. Hoy, grupos como PO, derrochan la energía de sus militantes poniéndolos a organizar las “cuadrillas” de desocupados para cumplir con los requisitos para acceder al plan “Argentina Trabaja”. ¿Es esta la tarea de los revolucionarios?
Desde esta práctica ha sido rechazado sistemáticamente nuestro llamado a poner en pie un movimiento único de las organizaciones combativas del movimiento de desocupados, con pluralidad de tendencias en su interior, para separar la orientación política del movimiento de la administración de los planes y conformar un movimiento unificado, más masivo y verdaderamente militante.

Al mismo tiempo, fue escandalosa la separación, que más allá de los discursos, se estableció desde estas organizaciones entre el trabajo en el movimiento de desocupados y el trabajo sobre los sindicatos. Aun en los momentos álgidos de la crisis de 2001, varias seccionales docentes del SUTEBA en manos de la izquierda (el MST o el Partido Obrero) nunca batallaron por una lucha y organización común con los grandes movimientos de desocupados, que a metros del local del sindicato cortaban la Ruta 3 en La Matanza o en la zona sur del Gran Buenos Aires por ampliar la asistencia social. Muestra del pragmatismo de esta orientación fue que con el retroceso del movimiento y la entrada a las fábricas de millones de desocupados, estas organizaciones han sido incapaces de estructurar algunos centenares, o aunque sea algunas decenas de los desocupados organizados en sus colaterales en las grandes fábricas para intervenir en los sindicatos y luchar por la unidad del movimiento obrero.

De esta forma, poniendo lo central de sus energías en la administración de la asistencia del Estado, adoptando prácticas clientelares, y dividiendo el trabajo político en el territorio a partir de los movimientos de desocupados del trabajo político en los sindicatos, gran parte de la izquierda ha reproducido los mecanismos de los cuales se vale el propio régimen burgués para “relacionarse” con los trabajadores ocupados por un lado y los trabajadores desocupados por el otro.

En el movimiento estudiantil sucedió algo parecido. El avance de la izquierda en las organizaciones estudiantiles se combinó con la adaptación a las prácticas tradicionales donde todas las energías de los Centros no están puestas en desarrollar organizaciones militantes que luchen por las reivindicaciones estudiantiles y se liguen al movimiento obrero sino que gran parte de la militancia pasa por la administración de los aparatos de servicios (bares, imprentas y fotocopiadoras). Grupos como el PO e IS no se distinguen del MST o el PCR a la hora de dedicar el tiempo militante a la confección de los apuntes, prácticas opuestas por el vértice a la constitución de organizaciones verdaderamente militantes en el movimiento estudiantil. Esto quedó plasmado en el conflicto de Kraft, donde la Federación Universitaria de Buenos Aires dirigida por PO tuvo una pobre participación en el apoyo al conflicto, mientras centros como el de Filosofía y Letras de la UBA mostraron en la acción que el movimiento estudiantil podía jugar un rol muy importante en torcer la balanza a favor de los trabajadores.

Más que nunca estas prácticas (reparto de planes sociales, devaluación del trabajo en los sindicatos, administración de los aparatos de servicios) conspiran gravemente contra las tareas que tenemos planteadas los revolucionarios. Es necesario que el programa y la práctica se orienten en el mismo sentido y poner todos los esfuerzos en construir una gran fuerza de clase. ¿Quién puede pensar en luchar seriamente, por ejemplo, por el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles para liberar a más de un millón de desocupados de la miseria y del control del aparato asistencial del Estado, sin dirigir fracciones significativas de los sindicatos? ¿O en luchar por la escala móvil de salarios partiendo del costo de la canasta familiar para terminar con las “estratificaciones” al interior de la propia clase, sin un partido de vanguardia que agrupando a algunas decenas de miles sea capaz de influenciar a través de las organizaciones de masas, al menos a un 10 o 15% de la clase obrera? ¿Desde dónde sino puede llamarse verdaderamente, y no sólo de palabra, al frente único obrero para que la crisis la paguen los capitalistas, que implicaría entre otras medidas el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores, y del comercio exterior, la nacionalización de la tierra comenzando por los principales terratenientes y de los recursos naturales?

La única respuesta a estas preguntas es reafirmar junto con Trotsky que “lo determinante es la relación del partido con la clase”, y en este sentido, el desarrollo del “sindicalismo de base” nos presenta a los revolucionarios una oportunidad única para poner en pie este partido. Un partido leninista de vanguardia que forme ideológica, política, y prácticamente a una camada de dirigentes y cuadros, de miles de obreros, jóvenes, estudiantes, intelectuales que se transformen en políticos revolucionarios del proletariado. Un partido que a partir de su influencia en las organizaciones de masas, y especialmente en los sindicatos, sea capaz de confluir con sectores de masas cuando estos avancen en su experiencia con el peronismo y sus direcciones oficiales, y jugar un papel clave en los momentos decisivos de la lucha de clases para orientarlas hacia la toma del poder, basándose en la perspectiva del internacionalismo proletario.
Esta posibilidad, ni más ni menos, es la que se abrió en este fin de ciclo y a ella, desde el PTS, apostamos todas nuestras fuerzas.