La tensión política del país ha bajado en intensidad pero no se trata más que de una apariencia ocasional en función de que ha tomado cuerpo la llamada “mesa de diálogo político” entre el gobierno y los partidos de la oposición aglutinados en la MUD, a excepción del ahora llamado sector “duro” de la derecha. Las acciones con carácter más violento animados por este sector “duro” de la derecha no han dejado de expresarse en distintos puntos del país pero concentradas por pequeñas fracciones que son respondidas por las fuerzas de represión estatal, mientras que las manifestaciones más masivas en las principales ciudades, por el momento, han dejado de ocupar la centralidad que tuvieron en los meses de febrero y marzo. Mientras tanto, una serie de asesinatos de personalidades ligadas al gobierno, han amenazado con caldear más aún la situación política nacional.

Las “mesas de la paz económica” bajo acuerdos gobierno-empresarios

Pero mientras toda la atención se ha centrado en la “mesa de diálogo político”, es en la “mesa de diálogo por la paz económica” donde se han venido avanzando aceleradamente tras los pactos con los más importantes sectores empresariales del país. Este lunes 5 de mayo el gobierno de Maduro dio inicio a las jornadas regionales de la “ofensiva económica” entre anuncios para financiar a la empresa privada y sus planes de inversión a través de instrumentos como el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), el fondo Chino-Venezolano, la banca pública y la banca privada. De esta manera coloca a disposición todos los fondos necesarios para apalancar a los grandes empresarios, donde una de las medidas para “estimular la producción” es la compra por parte del Estado de la producción de estos sectores, es decir, no solo les garantiza la inversión con capital del Estado sino que también les asegura la compra de sus productos. Mejor negocio para los capitalistas, imposible.

Al mismo tiempo Maduro se ha puesto la tarea de crear un “mapa único” para detectar “todos los problemas” que impiden a la empresa privada nacional operar “eficientemente”. Dentro de este “mapa” se destaca la total libertad dada a todo el sector empresarial para poder despedir libremente trabajadores “cuando lo considere necesario” dando directivas expresas al Ministerio del Trabajo de agilizar el visto bueno de las demisiones para que se efectivicen de inmediato. Otro de los “problemas” que Maduro le ha buscado resolver a los capitalistas es la total revisión de precios, liberando los mismos, con aumentos que rondan entre el 200 y 400%, incluyendo productos de la canasta básica familiar. Al compás de todo esto, el gobierno nacional comienza a liquidar millones de dólares a los sectores empresariales, es decir, liberar más divisas para sus negociados so pretexto de supuestas deudas de los empresarios con sus proveedores en el extranjero, pero en el que entra una amplia cantidad de transnacionales como las del sector automotriz, donde por ejemplo, a la multinacional Ford se le acaban de liquidar 20 millones de dólares apenas por sus movimientos en el primer trimestre del 2014. En otros artículos ya hemos hablado de las tres devaluaciones formales consecutivas en menos de tres meses, además de los anuncios de la liquidación de 30% de las divisas pendientes al grueso del sector privado, todo para satisfacer también a los capitalistas.

Las “mesas de diálogo político” y la búsqueda de una “transición” ordenada

Si bien con la instalación de las “mesas de diálogo político” se ha aparentado bajar la tensión política nacional, aún está muy lejos de haber desaparecido, sobre todo cuando el sector “duro” de la derecha ha decidido preservarse no entrando al diálogo. Aunque es evidente que el nivel de la tensión callejera ha bajado con respecto a febrero y marzo, el sector “duro” se mantiene expectante frente a un fracaso de la misma, pues al momento no se han anunciado cuestiones concretas al menos públicamente. El gran empuje de los “diálogos” entre el gobierno y la MUD es buscar canalizar vías constitucionales a la crisis misma, como por ejemplo, que la derecha baje la tensión a la espera de un referéndum revocatorio a mitad del mandato del gobierno de Maduro, buscando una transición más pacífica del post chavismo, si es que éste no lograr salir de la crisis y debilidad en que se encuentra sumergido. Un fracaso de estas mesas no significaría otra cosa que un envalentonamiento de la derecha más “dura” y no se podría descartar que se abran escenarios superiores en conflictividad y tensión a los abiertos en febrero.

En este marco y la inestable situación nacional, el asesinato de Eliécer Otaiza, quien fue parte de los jóvenes militares que acompaño a Chávez desde 1992 y que ocupaba el cargo de presidente de la Cámara Municipal de Caracas, amenazó caldear la temperatura política. A este se le han sumado otros asesinatos como el de un integrante del equipo de seguridad de Maduro. Aunque estos acontecimientos por el momento no han elevando la temperatura política nacional, el salto dado en la situación política luego de los acontecimientos de febrero sigue completamente abierto.

Que la crisis la paguen los trabajadores es el lema del gobierno y el sector empresarial

Con una galopante inflación del 56,2 % durante el año 2013 y 10,1% acumulado en el primer trimestre de 2014, al gobierno no se le ocurre mejor idea que un aumento del 30% del salario mínimo cuando el acumulado inflacionario hasta la fecha duplica esta cifra. Pero peor aún, si por un lado el porcentaje de la población que dispone de un contrato formal que le pueda garantizar este aumento ya es muy bajo, los salarios en general no están atados al mínimo y se encuentran rezagados desde hace tiempo, tanto los del sector estatal como el privado. En un país donde lo que se mide es “ocupación” y no “empleo”, la precariedad laboral alcanzan niveles realmente escandalosos, y estos sectores no son beneficiados si quiera con estos aumentos del salario mínimo. En el campo se ha comenzado a dar la revisión de casos de expropiaciones de tierras para su posible reversión en detrimento de millares de campesinos pobres.

Si el proceso inflacionario no es más que otra cosa que la disminución del salario real en medio de una escasez de productos básicos, al gobierno no se le ocurre mejor cosa que anunciar la disminución del subsidio al sector eléctrico encareciendo la tarifa eléctrica para el pueblo trabajador, el aumento del pasaje del transporte urbano que golpea cada vez más el bolsillo obrero y de los sectores populares, a lo que se suma el aumento de la gasolina en un contexto de un paquete de medidas antiobreras y antipopulares. A todo esto se suma el anuncio del racionamiento del agua por el que se culpa a la sequía, pero que no es más que producto de la poca inversión en los sistemas de almacenaje y distribución del agua potable.

Como vemos, el gobierno de Maduro, en acuerdo con los grandes sectores empresariales, ha optado a través de su conjunto de medidas poner el peso de la crisis económica sobre los hombros de la clase trabajadora y no sobre los capitalistas. Frente a todo esto, los revolucionarios de la LTS continuamos luchando para que la clase trabajadora entre en la escena política nacional con sus propias demandas y métodos de lucha, bregando por la independencia política de los trabajadores para que avancen tanto en superar al chavismo como también para que no caigan en las marañas y demagogias de los partidos de la oposición derechista, y dar una salida obrera a la crisis.