EDITORIAL

Mineras, Acuerdo del Transpacífico…

En los últimos sexenios avanzó la subordinación del país al imperialismo. El gobierno de EPN, apoyándose en la fuerza que le da el Pacto por México, intercambia con la Casa Blanca soberanía nacional por apoyo político a niveles no vistos antes. Así, México profundiza su integración a la esfera de dominio estadounidense y continúa siendo parte de sus planes para recomponer su desgastado control político y económico en la región, como mostró la llamada Alianza del Pacífico.

Los modernos piratas y la recolonización del país

Recientemente, WikiLeaks puso al descubierto las negociaciones secretas de EPN en relación con el Acuerdo de Asociación Transpacífico. El acuerdo implica una mayor cesión de soberanía en aras de un intercambio comercial con países imperialistas como Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia (entre otros), junto a transnacionales como Chevron, Halliburton, Monsanto y Walmart. Éstos –amparados en el capítulo de “Derechos de Propiedad Intelectual” del Transpacífico– podrán imponer limitaciones y controles multinacionales por encima de las leyes mexicanas, regulando, entre otros rubros, la red de internet en aras de la defensa de los derechos de autor, y penalizando a los proveedores de servicios de internet en cuyas redes se realicen “actos de piratería”. Cancelaría además el acceso a particulares e instituciones públicas de salud a medicamentos de bajo costo como los genéricos, con el pretexto de la protección a la propiedad intelectual, y se fortalecerían a los laboratorios de las transnacionales, cuestiones reclamadas por las grandes empresas capitalistas.

Esto significa una moderna colonización del país. El Senado estadounidense ya dijo parte de la “verdad” sobre esto: el Transpacífico puede presionar a una mayor inversión imperialista en la industria energética del país. Esta política en el terreno comercial se articula, por ejemplo, con la injerencia de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) de los EE.UU. en México, mediante la cual se realiza un espionaje tolerado por los últimos gobiernos. Otra expresión de la ofensiva imperialista es el saqueo y la devastación provocada por las mineras canadienses, las cuales, con la complicidad del gobierno, avasallan los derechos de las comunidades y aprovechan las inmejorables condiciones fiscales. Las mineras actúan como modernos piratas, apropiándose de las riquezas naturales del país. Y ahora el gobierno de Peña Nieto y el Congreso quieren entregar a las grandes transnacionales el gran negocio que abrirá la proyectada reforma energética.

La antidemocracia al servicio del capital

Esto muestra que el régimen político –que se instaló en el país en el año 2000– pretende entregar en bandeja de plata los recursos naturales y ampliar las condiciones para acrecentar las ganancias de las trasnacionales y sus socios capitalistas locales. En esto coinciden todos los partidos patronales del Congreso, más allá de que luego compitan en las elecciones y difieran en algunos puntos de la “agenda política”, como es el caso del PRD, que al cierre de esta edición anunció su salida del Pacto por México. Al revés de lo que preveían quienes se alegraron con la supuesta llegada de la “democracia” en el 2000, lo que el pueblo de México soporta día con día es un régimen político anti-obrero y antidemocrático, muy lejos siquiera de los supuestos avances en el terreno de las libertades formales. En ese contexto denunciamos los mecanismos electorales proscriptivos y, a la vez que buscamos constituir el MTS como APN, apoyamos plenamente –por ejemplo– el derecho democrático de la OPT, impulsada por el SME, a constituirse como partido político. Las erogaciones del gasto público para los partidos del Pacto por México –las cuales son sustraídas al presupuesto social, de salud y educación–, así como los altísimos sueldos de los funcionarios de gobierno, magistrados, miembros del Congreso y militares, buscan sostener una élite encargada de garantizar el poder económico y político de la clase dominante. Son los mismos que atacan (desde el PAN y el PRI, hasta el PRD y el policía Mancera en el DF) al magisterio; y que reprimen y criminalizan a la juventud y a las organizaciones populares. En estas páginas hemos venido aportando al análisis del régimen político de la “alternancia democrática”. Hoy, a la vista de la ocupación militar en varias regiones del país, de la importante caída en el nivel de vida de la población trabajadora, de las reformas laboral y educativa y de que el sistema político incorpora nuevos rasgos reaccionarios a los conocidos en el anterior régimen de partido único se hace aún más evidente que este régimen no es reformable. Se revela impotente “perfeccionar” una transición política que no existió y presionar para que el régimen sea “incluyente”.

Por una alternativa socialista de los trabajadores y la juventud

Es necesario luchar contra este régimen político antidemocrático y represor, para enfrentar la entrega del país al imperialismo, y para que sean las grandes mayorías obreras y populares las que decidan sobre la vida nacional. Al revés de quienes desde la izquierda postulan que es votando por el PRD o enrolándose en el apoyo a AMLO y el MORENA, que se obtendrán las demandas populares, nosotros consideramos que la única salida favorable vendrá de una lucha radical y hasta el final contra el régimen de los partidos patronales, a partir de la movilización revolucionaria de los trabajadores y sus aliados del campo y la ciudad, buscando imponer un gobierno de la clase obrera y el conjunto de los oprimidos y explotados. Para eso, es fundamental poner en pie una organización política nacional de los trabajadores y la juventud, que luche por las demandas obreras, populares y democráticas. Por eso es que impulsamos el MTS, una nueva izquierda, socialista, de los trabajadores y la juventud combativa.