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“Se expulsará a los extranjeros que tienen irregularidades y sean sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito”. “Somos los principales interesados en que a las empresas norteamericanas les vaya cada vez mejor”. “Actuamos rápidamente con Gendarmería y Policía Federal para no dejarnos avasallar por la izquierda y sus diputados”. “Los voy a ayudar a frenar a los troskos que les complican la vida en los sindicatos”. “Queremos, podemos y vamos a pagar la deuda”.

¿Adiviná quién habla? ¿Macri, Massa, Scioli o Cristina? A veces es difícil distinguirlos…
Lo que es sencillo distinguir es que hay un intento de construir un nuevo “consenso derechista”. Campañas “por seguridad”, contra la intervención del Estado, a favor de nuevos acuerdos de entrega y endeudamiento con el imperialismo, leyes que afectan derechos de las mujeres, los trabajadores e inmigrantes. Apoyo a la patronal buitre en Lear y a la patota del SMATA, que nuevamente atacó a los despedidos indomables que luchan por su reincorporación (ver página 7).

El fenómeno no es solo nacional. En Brasil la disputa voto a voto entre el PT de Lula y Dilma contra los liberales reciclados del PSDB, es aprovechada por la gran patronal y los bancos para intentar llevar toda la agenda política más a la derecha (pág. 15). La ronda electoral en varios países de América del Sur es seguida atentamente por los partidos patronales de nuestro país. Sus resultados pueden influir en la política local. Scioli, Massa y Macri son quienes aparecen arriba en las encuestas hacia 2015.

En ese escenario, el kirchnerismo ha montado una operación política: quiere mostrarse como la contención contra quienes quieren “liquidar lo conquistado”. Así busca mantener el apoyo de sectores progresistas o del pueblo trabajador, que en la última etapa viene haciendo una experiencia con el gobierno.

Pero en realidad tras el discurso progresista encubre su propio giro derechista. Hoy todo indica que la opción del kirchnerismo es una alianza con un “sciolismo con rostro humano”, que pretenden hacer digerible para sus sectores progresistas, negociando espacios de poder en un futuro gobierno.

Doblando a la derecha

En la transición hacia 2015, el kirchnerismo está haciendo parte del trabajo que reclama “el peligro de la derecha”. En estos días se dispone a aprobar una Ley de Hidrocarburos que generaliza el pacto con Chevron, para entregar nuestro gas y petróleo a las multinacionales (pág. 4). Ya había aprobado la Ley de Pago Soberano, que perpetúa el saqueo de la deuda externa con retórica “progresista”. Tuvo poco éxito porque los especuladores le reclaman más y esperan para enero un acuerdo con los buitres. Más tarde fue el Código Civil que traba el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, bendice la tercerización laboral y somete al país a los tribunales extranjeros. Ahora quiere reformar el Código Procesal Penal publicitado no casualmente con discursos de la derecha como “Justicia lenta”, “puerta giratoria” y “expulsar a inmigrantes que cometen delitos” (pág. 6).

No se trata de leyes menores, sino cuestiones estratégicas. El kirchnerismo está aprobando leyes que rigen la vida cotidiana, las libertades democráticas, los derechos de los trabajadores y las relaciones con las multinacionales y el imperialismo.
Desde mi banca del PTS en el Frente de Izquierda he denunciado cada uno de los avances reaccionarios.

Rechazando el saqueo de nuestros recursos, junto a mis compañeros del FIT, presentamos el único proyecto alternativo, que plantea la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera y establece el control de los trabajadores de toda la producción.
Y estos giros a derecha se dan en momentos muy sensibles para quienes luchamos por los derechos de los sectores más oprimidos. Días antes de que miles de trabajadoras y estudiantes se movilizaran a Salta para el Encuentro Nacional de Mujeres (páginas centrales), el gobierno envió el Código Civil a medida de la Iglesia y los empresarios. Hace pocos días, después de 5 años de búsqueda, apareció el cuerpo de Luciano Arruga (pág. 5). Quedó al desnudo la impunidad policial y que desde el Estado hubo voluntad de ocultar. Mientras los jóvenes pobres son el último eslabón de una cadena que empieza con las banderas de la “seguridad” fogoneadas por los medios burgueses y la clase media acomodada, el gobierno refuerza el discurso de seguridad y envía estas leyes reaccionarias. Cuando se cumplieron 4 años del asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra en manos de la burocracia asesina de Pedraza (pág. 11), mientras los empresarios y el Estado siguen impunes, el gobierno deja correr las patotas sindicales como la del SMATA.

No aceptamos pagar la crisis

La entrega de Vaca Muerta, un nuevo endeudamiento, el ajuste sobre el pueblo trabajador y la represión a los que lo enfrenten, es la fórmula que comparten el gobierno y la oposición para enfrentar el fin de ciclo. Pero además, cuando la economía se ha deteriorado y la recesión avanza, quieren que nosotros paguemos los platos rotos. Se puede ver en el ajuste, en los despidos y suspensiones que afectan a muchas industrias. También en la inflación que no baja del 35% anual y se sigue comiendo los aumentos de salarios que en promedio no superaron el 30%.

Pero los nuevos “consensos derechistas” tienen un límite marcado por los trabajadores y el pueblo. Hay otro “consenso”, el de los millones que enfrentaron la crisis de 2001 y que se pronunciaron en los tres paros generales contra este gobierno, y que hoy no quieren perder conquistas ni pagar la crisis.

Por eso, el lema “Familias en la calle, nunca más” que se hizo popular con las luchas de Lear y Donnelley. Justamente expresa que hay un rechazo al desempleo masivo, y otros logros que el pueblo trabajador siente como conquistas propias.

Desde el PTS venimos proponiendo unir a toda la izquierda clasista en el apoyo a las luchas en curso, y en la exigencia a las centrales sindicales de un paro activo de 36 horas y un plan de lucha por todos los reclamos obreros. Por un bono de fin de año de 4 mil pesos, por la reapertura de las paritarias, por el apoyo a Lear y toda pelea contra los despidos, contra la entrega del petróleo y el pago de la deuda.

Esta semana presenté en la Cámara de Diputados un proyecto que propone un pago extraordinario salarial de emergencia de $ 4.000 (para estatales y privados, efectivos, contratados y en negro), y una suma de $3.000 para todos los jubilados.
Ante la negativa del poder político y la tregua de las centrales sindicales (todos hablan pero ninguno está dispuesto a impulsar medidas de lucha), sabemos que solo con la movilización y poniendo en pie un polo de la izquierda y los sectores combativos podremos conseguir este y todos los reclamos.