El resultado de las elecciones parlamentarias del 26-S mostró un retroceso del gobierno y un relativo avance de la oposición de derecha [1]. Sin embargo, si bien esto continúa expresando el declive del chavismo, no ha tenido el impacto de la derrota de la Reforma Constitucional en 2007, cuando el gobierno apareció los primeros meses un tanto desorientado y errático. El gobierno ha continuado la política de compras forzosas (“expropiaciones”) de determinadas empresas. Chávez hizo una gira internacional donde firmó acuerdos en materia de vivienda y hasta de energía nuclear, y se movió a tiempo para cancelar deudas con los trabajadores de la salud y de las universidades, descomprimiendo una situación que podía desencadenar en paros nacionales.

La oposición patronal, que probablemente esperaba ver un gobierno más golpeado, se encrespa por las “expropiaciones” porque el gobierno “no entendió” el mensaje del 26-S que, para la Mesa de Unidad Democrática (MUD), supone un mensaje “contra el autoritarismo ante la propiedad privada”. Pero el gobierno “sí entendió” que debe dar respuesta a problemas claves que le socavan el apoyo electoral, y sabe que esos problemas no los puede resolver cediéndole al programa más “liberal” de la MUD –es decir menos estatista, de menos intervención y regulación– sino al contrario, usando las potestades y capacidades del Estado (como poder político y como actor económico) para incidir en la economía y buscar así algunas mejoras en la vida de las masas que le permitan recuperar el terreno perdido, sobre todo pensando en las presidenciales de 2012. Así continúa la política de “expropiaciones”, relanzó la “lucha contra el latifundio”, aprobó nuevos créditos para construcción de viviendas, anunció una ley para declarar emergencia habitacional que le permita intervenir más en terrenos y edificaciones urbanas (cuestión que ya ha comenzado a hacer), y ha elaborado un presupuesto nacional relativamente aumentado con relación a los dos anteriores, en los que venía primando el recorte o el estancamiento del mismo.

La oposición patronal quiere hacer pesar los resultados electorales… pero aun no puede

Al conocerse los resultados electorales sostuvimos que traerían una situación política y social más dinámica [2], lo que por ahora parece expresarse sobre todo en el terreno superestructural de la pugna entre el gobierno y la oposición que, ante la “ofensiva contra la propiedad privada” hace escándalo e intenta posicionarse más firmemente. La asamblea anual de Fedecámaras condenó fuertemente las adquisiciones forzosas y reclamó que el gobierno entendiera el resultado electoral como un llamado al “diálogo” y el “respeto a la propiedad”, al tiempo que Fedenaga realizó plenarios de emergencia de sus afiliados, definiendo acciones de protesta como el “tractorazo” del 12/10 en Barquisimeto (que reunió propietarios de tierras de Lara, Portuguesa y Yaracuy), y conformando “Comités de Solidaridad” con los hacendados [3].

Los ganaderos y dueños de tierras agrícolas que están en la oposición –no olvidemos que hay también los sectores aliados del gobierno– se proponen hacer bloque con los nuevos diputados de la MUD electos a la Asamblea Nacional [4], así como esperan “integrarnos con diputados para que se cree una comisión de seguridad alimentaria con el fin de que la misma sirva de integración entre la Asamblea Nacional y los gremios de productores” (ÚN, 24-10-10). Para el 20 de noviembre próximo está anunciada una movilización para rechazar “esa política violatoria de la constitución nacional como es la confiscación de tierras, empresas y cualquier actividad privada que se desarrolle en el país”, donde confluirán los gremios de propietarios y empresarios de oposición junto a los diputados electos de la MUD [5].

En el caso de las universidades públicas no controladas por el gobierno, donde anida un grueso de la oposición por derecha, las autoridades rectorales junto a las direcciones sindicales docentes y las federaciones estudiantiles, basándose en el hecho cierto de las necesidades presupuestarias, impulsan movilizaciones por más presupuesto, se proponen rechazar el presupuesto definido por el gobierno y, como medida de presión, han cerrado algunos comedores universitarios (como en la ULA y la USB).

Sin embargo, ninguna de estas acciones logra un nivel de fuerza que obligue al gobierno a modificar sus políticas, pues la MUD no cuenta con una base social dinámica dispuesta a movilizarse. Incluso, sectores patronales como la Cámara Venezolana de la Construcción anunciaron reuniones con el alto gobierno para tratar el tema de la vivienda, así como también mostró interés en llegar a acuerdos con el gobierno la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (EME&N, 13-10-10). Y en lo que hace al movimiento de masas, este no está con la oposición burguesa, como esta pretende mostrar, primando en este más bien una especie de expectativa ante la situación nacional, al tiempo que continúan desarrollándose luchas reivindicativas sectoriales.

Buscando recuperar el terreno perdido… y la base electoral

El gobierno está dando prioridad al sector agrícola y a la vivienda, dos temas de gran relevancia para la población.

En la cuestión de la vivienda el mismo gobierno ha reconocido su fracaso. De acuerdo con los cálculos oficiales, hay un déficit de cerca de 2 millones de viviendas, lo que implica aproximadamente unas 9 millones de personas que padecen este drama [6], en su gran mayoría de los sectores obreros y populares –los potenciales votantes por Chávez-, y el gobierno sabe que viene perdiendo votos en estos sectores.

En el caso de la agricultura, se apunta hacia la alimentación y la inflación, para garantizar el pan diario y a precios accesibles. Más allá de la afirmación gubernamental sobre el aumento de la superficie sembrada, lo cierto es que las importaciones de alimentos han seguido un ritmo de crecimiento en los últimos años, siendo alrededor de un 70% de lo que se consume. A su vez, las corporaciones de empresarios y productores nacionales ligados al campo presionan por más aumentos de precios, jugando a la escasez y la inflación. Entre 2007 y 2009 la inflación osciló entre el 25% y 30% anual, con proyecciones de cerrar este año cerca del 30%, significando importantes retrocesos en el poder adquisitivo del salario. En este marco el gobierno está en pugna con las empresas privadas que controlan el grueso del negocio alimenticio (agroindustria, insumos, almacenadoras, procesadoras, comercializadoras y distribuidoras).

El caso de Agroisleña, transnacional “española-venezolana” que controlaba gran parte del mercado de insumos y financiamiento agrícolas, ha sido una clara expresión de esto. Con esta “expropiación” el gobierno logró hacerse de casi la mitad de los silos del país y de más de la mitad del mercado de fertilizantes, pesticidas y agroquímicos, que complementa con la “expropiación” de Fertinitro, la única empresa en el país, además de Pequiven, que produce químicos para el agro. Así mismo se explica la estatización de Sidetur, fabricante de tubos y cabillas para la construcción, y las intervenciones en varios conjuntos residenciales sin terminar y con gran especulación en los precios.

Este impulso del Estado desarrollista, esa intervención directa del Estado en la economía capitalista para orientarla hacia el “desarrollo nacional”, que Chávez llama falsamente “socialismo”, parece ser el eje del gobierno para llegar mejor posicionado entre la población para las elecciones presidenciales de 2012.

Un presupuesto a la medida de la futura elección presidencial y de los compromisos con la deuda

En esa perspectiva también se encuentra el presupuesto nacional aprobado para 2011, calculado en 204 mil millones (millardos) de bolívares -lo cual significa un aumento de 28% con relación al presupuestado para 2010-, con lo que se busca revertir la dinámica de recorte que predominó en 2009 y 2010 [7]. Aunque lo presupuestado formalmente resulta menor a lo que se ejecuta realmente –dados los aportes que recibe el gobierno directamente de PDVSA, la CANTV o el Fondo Miranda, el llamado “presupuesto paralelo”–, este indica la intención del gobierno: “como resultado de la recesión y el impacto de la inflación en el gasto público, el gasto en sectores esenciales ha venido cayendo en los últimos dos ejercicios y esa es la tendencia que el Ejecutivo aspira a revertir, aunque sea parcialmente, en 2011, cuando empieza un período preelectoral crítico” [8].

Sin embargo, sigue exigiendo austeridad en distintas áreas, al tiempo que mantiene los grandes pagos a la banca imperialista y la nacional, y aumenta el endeudamiento con estas. Entre las áreas que son objeto de disminuciones están las de gastos de funcionamiento y contratación de personal, lo que puede implicar más despidos y austeridad en salarios y beneficios en el amplio y diverso sector estatal de la economía. En tanto que, si en 2009 se destinaban 16,8 millardos de Bs. para pago de la deuda, para 2011 serán 25 millardos los que irán a las cuentas del sector más parásito de la economía capitalista. Y es que la deuda que “debemos” los venezolanos a la banca crece rápidamente y, por supuesto, anuncia mayores aumentos de impuestos y recortes del presupuesto público a futuro. Así, el presupuesto de 2011 será cubierto en un 20% con nueva deuda, lo que incrementará la actual que ya suma los 275,6 millardos de bolívares.

No está de más mencionar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto serán los impuestos, cuya mayoría proviene del bolsillo de los trabajadores y el pueblo pobre, a través de distintos impuestos como el IVA.

¿Hacia dónde va la situación nacional?

Con el nuevo posicionamiento de la oposición en el Estado, al contar con una importante minoría parlamentaria, que se suma al control de importantes gobernaciones y alcaldías logrado en 2008, esta se orienta por ahora a jugar al desgaste de Chávez, explotando para su beneficio la crisis económica y los acuciantes problemas sociales; llamando a Chávez a “gobernar en lugar de pelear”, al tiempo que denuncian la política de regulación e intervención estatal en la economía como la principal responsable de los males del país, agitando su programa abiertamente proempresarial. Así trabajan para el escenario de las elecciones presidenciales del 2012.

En lo que respecta al gobierno, no se puede descartar que, ante el hecho de tener una Asamblea Nacional que le obstaculice sus políticas, acentúe su carácter bonapartista, amparándose en la concentración de poderes que las distintas reformas y leyes votadas le han ido otorgando.

Sin embargo, los escenarios dependerán del curso de la crisis económica y de la lucha de clases, pues si entramos a un escenario de mayores luchas obreras y populares empujadas por la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida, es posible que sectores de la oposición y del gobierno busquen ensayar niveles de entendimiento, mecanismos de gobernabilidad, para articular un régimen de dominio que permita hacer frente a la movilización obrera y popular que, por su propio desarrollo, tenderá a chocar tanto con la oposición como con el gobierno.

Por lo pronto, el resultado electoral arroja un fortalecimiento político de una variante patronal burguesa frente a otra, sin que surja una alternativa propia de los trabajadores, aun cuando este resultado no ha significado gran efecto en cuanto a las luchas obreras, pues el avance de esta oposición no tiene relación directa con la dinámica de las luchas salariales y reivindicativas en curso.

Ante el reforzamiento de variantes patronales, prepararse para las luchas por venir

Ante la ausencia de una alternativa propia de las masas explotadas, de una oposición clasista por izquierda al gobierno, la actual situación la viene capitalizando la oposición aglutinada en la MUD; sin embargo, de sobra sabemos que sólo ofrecen un programa abiertamente proempresarial y proimperialista. El gobierno, más allá de la demagogia sobre un supuesto “socialismo”, no deja de representar un proyecto de “desarrollo nacional” burgués, que recae sobre la explotación de la clase obrera y supone la continuidad de la pobreza y padecimientos en amplias franjas de la población. En la actual situación, ambas fuerzas desarrollarán su pugna, ante la cual los trabajadores y trabajadoras debemos oponer el desarrollo de una política de independencia de clase.

En el movimiento obrero continúan las luchas reivindicativas sectorizadas, aunque sin coordinación, ni tampoco acciones contundentes o radicales como llegaron a tener algunas luchas emblemáticas en los años anteriores (tomas de fábricas, paros impuestos por la base a la burocracia, producción bajo gestión obrera, exigencia de nacionalización, lucha por pase a planta de los tercerizados). Lo que, sin embargo, no niega la posibilidad de que, empujados por las condiciones de vida, los atropellos laborales y despidos por la recesión, los trabajadores entren en una dinámica superior de lucha. Es necesario entonces luchar por la coordinación de las luchas en curso, concretado encuentros sectoriales, regionales y nacionales, de cara a planes regionales y nacionales de lucha unificados.

Al tiempo que se trabaja por la coordinación y triunfo de las luchas en curso, urge luchar desde la clase obrera por forjar una alternativa de clase propia, para que el declive del chavismo no sea capitalizado por otras variantes patronales, sino por el conjunto de las masas explotadas del país, conquistando victorias de clase y el fortalecimiento de la capacidad de lucha y acción independientes. La tarea impostergable es luchar para que la clase obrera solamente confíe en sus propias fuerzas, métodos de lucha y sus propias organizaciones. Los trabajadores y las trabajadoras tendremos que prepararnos para acontecimientos más duros, donde surgirán nuevos movimientos y expresiones de la lucha de clases porque se van a multiplicar el desempleo, la falta de vivienda, los bajos salarios, el alto costo de los alimentos, entre otras carencias, y para enfrentar estas circunstancias serán claves la disposición de fuerzas de la clase obrera, su organización, su moral y su claridad estratégica y política.