El fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento. Fue el mismo día que tenía que declarar ante la Comisión de Legislación Penal del Congreso por las denuncias presentadas contra el gobierno al que acusaba de encubrimiento en la causa del atentado a la AMIA. El “suicidio” abrió una crisis política con resultado incierto. La podrida guerra de los espías saltó a la luz con la muerte de Nisman.

El fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en su lujoso departamento del edificio Le Parc de Puerto Madero. Su cuerpo apareció sin vida en el baño de la residencia de la calle Azucena Villaflor al 450. El cadáver fue hallado con un disparo en la cabeza, proveniente de un revólver calibre 22.

El arma fue encontrada en el lugar del hecho. El cuerpo fue hallado en el tránsito de la noche del domingo hacia el lunes. La madre de Nisman asistió al departamento porque no respondía sus llamados y fue ella quien encontró el cuerpo y dio aviso a la justicia.

Sobre su escritorio estaba parte de la documentación que el fiscal iba a presentar este lunes en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, por la denuncia sobre encubrimiento en el atentado a la AMIA. En esa denuncia apuntaba contra el canciller Héctor Timerman, contra la misma presidenta Cristina Fernández y contra referentes kirchneristas (como Luis D´Elía, Fernando Esteche y el diputado camporista Andrés “Cuervo” Larroque). Los acusaba de encubrimiento a los presuntos responsables iraníes del atentado a la mutual judía.

La fiscal Viviana Fein -a cargo de la investigación- caratuló la causa como “muerte dudosa” y luego de algunas pericias, por la tarde del lunes, afirmó que "de acuerdo a la autopsia el fiscal Nisman se disparó. No hay margen de dudas". En el mismo sentido agregó “no habría habido intervención de terceras personas”. Sin embargo, pese a esto, informó que “no descarta que esa resolución podría haber sido tomada por otro tipo de circunstancias" y que "se va a investigar si hubo algún tipo de inducción o instigación a través de amenazas, ya sea a través de llamados o mensajes de texto. Se ha secuestrado muchísimo material".

Lo que hasta la semana pasada era una crisis política por arriba, por las graves -aunque endebles- acusaciones de Nisman contra la presidenta y el gobierno, se convirtió tras la muerte del fiscal en una verdadera conmoción nacional que eleva la crisis a un plano superior en la que tuvieron que intervenir el conjunto de las fuerzas políticas del país y tuvo una amplia repercusión internacional.

La interna rabiosa de los espías

La remoción de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia (SI) a fines del año pasado fue la culminación de un largo enfrentamiento que se venía desarrollando en el seno de la SI desde hace mucho tiempo. La abrupta salida de Héctor Izcazuriaga, Francisco Larcher y el poderoso Antonio “Jaime” Stiusso, ex director de operaciones de los espías, fue la “resolución” que encontró la presidenta para intentar recuperar el mando del aparato de espionaje, que venía ganando terrenos de autonomía.

Stiuso, junto con el fiscal Nisman (con el aval de Néstor Kirchner) fue el artífice de la confabulación que involucraba a los presuntos responsables iraníes en el atentado a la AMIA. El informe de Nisman fue armado sobre la base de “data” otorgada por los servicios de inteligencia internacionales como la CIA y el Mossad (israelí), vinculados a Stiusso. Todo indica que la ruptura de Stiusso con la Casa Rosada se remonta a la firma del “memorándum de entendimiento” firmado en 2013 por los representantes de los gobiernos argentino e iraní.

El histórico espía temió que este acuerdo implique que se hagan públicos sus vínculos con los servicios de inteligencia extranjeros. Muchos en el gobierno comenzaron a sospechar que los informes y denuncias (así como resoluciones judiciales) que afectaban al gobierno, tenían que ver con Stiusso. El general Cesar Milani, comenzó a ganar peso (incluso con más presupuesto para sus fuerzas) en la interna de los organismos de inteligencia.

La encerrona de Nisman

Luego de su grave denuncia, Nisman se había topado con varios reveses. Mientras había asegurado que el memorándum firmado con Irán imponía como condición que se levanten las “alertas rojas” contra funcionarios iraníes; Ronald Noble, el secretario general de Interpol, lo desmintió categóricamente. Además, Rodolfo Canicoba Corral, el juez de la causa, afirmó que no tenía conocimiento de las escuchas que Nisman decía tener en su poder.

A esto se sumó que la jueza Servini de Cubría (que reemplazaba a Ariel Lijo) rechazó el pedido de Nisman para habilitar la feria judicial e investigar inmediatamente las acusaciones contra los allegados al gobierno y la presidenta. Para la jueza no había pruebas suficientes para tomar esa resolución de urgencia.

Además, era muy probable que en su declaración en el Congreso, Nisman fuera interrogado por sus relaciones con la embajada norteamericana, reveladas por la publicación de los famosos “WikiLeaks”, que demostraron que el fiscal acusador reportaba a “La Embajada”.

Pese a que fue un aliado voluntario de una de las camarillas desplazadas de los servicios (Stiusso), Nisman terminó víctima de una encerrona en las internas de la poderosa corporación de los espías. Si hubo “suicidio”, la famosa “inducción” para el desenlace fatal hay que rastrearla en esa trama siniestra de los servicios de inteligencia de la que se valen las distintas fracciones capitalistas que se disputan el poder del Estado.

Las consecuencias políticas

Pese a que las primeras pericias digan que Nisman se suicidó, la percepción general es que se trata de un crimen. La muerte de un integrante de uno de los poderes del Estado que había denunciado al gobierno y a la misma presidenta, el mismo día que iba a declarar en el Congreso, son demasiadas “casualidades” para ser tomadas como un simple suicidio por “causas personales”. La larga trama de impunidad de una causa (el atentado a la AMIA) que fue dejada en manos espías con largo prontuario y que implicó encubrimientos y cambios de “pistas” que hasta ahora sólo garantizaron la impunidad; abonan esta percepción.

Al cierre de esta edición, en la noche del lunes, se producían algunas movilizaciones y cacerolazos, fogoneadas y destacados por los medios opositores.

El Juez Ariel Lijo se reincorporó a sus funciones y dispuso “medidas urgentes para asegurar las pruebas relacionadas con las escuchas telefónicas recopiladas por el fallecido fiscal Alberto Nisman”. Es decir, luego de la muerte del fiscal, toma la resolución que la jueza Servini de Cubría le había negado en vida.

Para el gobierno implica una crisis aguda y de rumbo incierto, cuyas consecuencias se medirán en las próximas semanas. Durante la mayor parte del día, el oficialismo se mantuvo prácticamente en silencio, con la excepción del temprano comunicado del Ministerio de Seguridad y las declaraciones de Sergio Berni, repetidas casi textualmente por Capitanich en su habitual conferencia de prensa matinal y que buscaban imponer la “certeza” de que la muerte de Nisman fue un suicidio.

Mientras tanto, desfilaban los principales referentes de la oposición tradicional con cínicas declaraciones de consternación, sorpresa e indignación. Macri afirmó que pasó “del aturdimiento y el shock a la indignación, la bronca y la impotencia” y que “los servicios de inteligencia tienen que estar al servicio de los intereses de la Nación”. Como si él no tuviera sus “Stiusso” en el “Fino” Palacios o Ciro James. Massa, por su parte, sentenció que "esta mancha de sangre que cayó sobre el país no puede quedar impune", mientras él fue parte del gobierno que mantuvo el aparato de espionaje y está acusado de complicidad con el narcotráfico.

En la misma línea de doble discurso hicieron declaraciones “dolorosas” los candidatos radicales y del FAUNEN, en su inmensa mayoría integrantes de los distintos gobiernos que se apoyaron y sostuvieron a los “servicios” durante estos más de treinta años de democracia.

Por la tarde, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, envió dos notas a la jueza María Servini de Cubría "por expresa instrucción de la Presidenta de la Nación". Las misivas autorizan a desclasificar los contenidos de las escuchas telefónicas realizadas por el fiscal Alberto Nismann y dispone abrir "todo otro material, archivo e información de inteligencia" vinculado a la investigación del atentado a la AMIA. También pidió que se identifique al personal involucrado en la denuncia de Nisman para "proceder al levantamiento del secreto". Es un parcial y tardío “homenaje” al histórico reclamo de apertura de los archivos que piden algunas organizaciones de las víctimas del atentado, de derechos humanos y de la izquierda. Lo dispuso luego de una “muerte dudosa”.

Casi al anochecer, un grupo de diputados kirchneristas realizó una conferencia de prensa donde declaraban que bregaban por el esclarecimiento de la muerte de Nisman, aunque sembraban intrigas sobre el hecho de que haya suspendido sus vacaciones para volver al país a realizar la denuncia contra el gobierno (¿manejan información sobre sus últimos movimientos y contactos?).

Allí, el presidente de la Cámara de Diputados y miembro del bloque oficialista, Julián Domínguez, hizo una confesión: dijo que los servicios de inteligencia son “el último reducto donde no ha llegado la transparencia y la democratización”. Doce años de gobierno y de “lucha contra las corporaciones”, no alcanzaron para desarmar a la corporación mafiosa por excelencia que anida en el seno del Estado. En este terreno perdió la “década ganada”.

Finalmente intervino la presidenta, no mediante la prepotencia de la cadena nacional y la hinchada en los patios de la Rosada, sino con una extensa carta, difundida en las redes sociales. La misiva comienza con un largo anecdotario sobre su trayectoria cuando era diputada y formó parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los atentados de la Embajada y la AMIA. Hacia el final, en la misma sintonía de lo que habían declarado sus diputados, con una serie de interrogantes sobre el accionar de Nisman, siembra dudas sobre quiénes son los verdaderos autores de las acusaciones del fiscal; obviamente, sin nombrar a ningún responsable.

Frente al cinismo nacional de los principales referentes políticos del gobierno y la oposición, y mientras la muerte de Nisman destapó las cloacas serviciales sobre las que se sostiene esta “democracia”; la izquierda marcó la única voz disonante y una orientación alternativa para terminar con esta podredumbre política.

El diputado nacional del PTS-FIT, Nicolás del Caño planteó en varias declaraciones que “la muerte de Nisman redobla la necesidad de la apertura de los archivos de la Secretaría de Inteligencia y de todos los servicios de las fuerzas de seguridad, cuerpos que deben ser disueltos porque su única función es conspirar contra los intereses del pueblo trabajador y manejar información al servicio de las distintas camarillas capitalistas.

Todos los sectores que hoy están en esta disputa judicial, política y de alas del área de inteligencia son responsables de la impunidad existente. Seguimos exigiendo una comisión investigadora independiente encabezada por los familiares de las víctimas de la AMIA con plenos poderes para investigar y esclarecer el atentado de 1994 y la muerte del fiscal Alberto Nisman".

Una perspectiva que sólo puede ser impuesta por la movilización popular que debe mantener la completa independencia de las camarillas patronales y sus “servicios”