La lucha de los mineros españoles

A comienzos del mes de Noviembre el Estado Español se vio sacudido por una importante movilización obrera. Se trataba de la lucha de los mineros en defensa de sus puestos de trabajo y el futuro de sus comarcas.

Desde 1997 hasta nuestros días se han perdido 16.000 de los 24.500 puestos de trabajo que había en las minas españolas. Esto ha traído consigo elevadas tasas de desempleo en las zonas donde era la principal actividad, situadas sobre todo en la cornisa norte (Asturias y León). No hay futuro para los jóvenes allí, ya que las promesas de reconversión hechas por el gobierno nunca se han plasmado en la práctica. Es por ello que fueron esas zonas donde más combativos se mostraron los mineros, secundando una huelga indefinida y cortando las principales vías de comunicación de carreteras y ferrocarril.

De los poco más de 8.000 mineros que quedan, el gobierno planteó destruir el empleo de unos 2.900. Las cuencas mineras se levantaron en pie de guerra, llegándose incluso a plantear la Huelga General en todos los municipios que viven del carbón. Sin embargo el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Zapatero y las direcciones sindicales hizo que se desconvocaran las protestas mineras y que no llegase a extender el conflicto al resto de los trabajadores de la zona.

A pesar de la virulencia de las protestas y de la alta combatividad demostrada por los mineros, haciendo frente a la Policía y la Guardia Civil para defender sus barricadas, las direcciones han demostrado seguir teniendo la sartén por el mango. La lucha sirvió para mejorar las condiciones en que se van esos 2.900, pero de ninguna manera da una alternativa a los miles de jóvenes que deben emigrar en busca de un trabajo.

Es la política sindical a la que estamos acostumbrados ante cierres o expedientes de regulación de empleo: no se va a por el mantenimiento de la fuente de trabajo, sino que se buscan soluciones lo menos traumáticas posibles para los despedidos. Esto les puede servir para aliviar las reivindicaciones más inmediatas de los trabajadores en lucha, pero no es ninguna solución para una de las amenazas a las que se enfrenta la clase obrera en nuestro país, los cierres y los despidos, y a la larga el desempleo y la pérdida de las conquistas obreras.

El papel de las direcciones sindicales

La lucha minera nos ha traído a la memoria la reciente lucha de los Astilleros (IZAR), también contra un plan del gobierno, esta vez para privatizarlos. A pesar del nivel de conflicto al que se llegó, finalmente las direcciones sindicales consiguieron colar un pacto que asumía los objetivos estratégicos del gobierno: dividir las plantas en dos entidades para vender una de ellas.

La conflictividad obrera en nuestro país está en un paulatino ascenso en los últimos años. Son luchas por un convenio, contra despidos, recortes... Muchas de ellas muestran un alto grado de combatividad por parte de los trabajadores, que estamos empezando a notar las políticas de recortes de derechos laborales y la pérdida brutal de poder adquisitivo (a raíz sobre todo de la entrada del euro en 2002) de los últimos años. Sin embargo, el obstáculo de las direcciones de CCOO [1] y UGT [2] son en no pocas ocasiones el talón de Aquiles del movimiento obrero en el Estado Español. La inexistencia de una corriente clasista dentro de los sindicatos deja vía libre a la política de la burocracia. Por ello es tarea primordial de los revolucionarios empezar a construirla desde dentro del movimiento. Sólo con un programa de clase podremos llevar a la victoria las luchas que, sin lugar a dudas, van a seguir desarrollándose.

Aumento de la conflictividad obrera

En el último año las huelgas han aumentado en un 114%. Son muchos los sectores que han salido a la lucha; trabajadores de SEAT, técnicos sanitarios, basuras, limpieza, conductores de transporte por carretera...

Como ya hemos señalado las consecuencias de las políticas neoliberales de los 90 empiezan a hacer mella en los países centrales, y cada vez el colchón del llamado “estado del bienestar” es más fino. Los jóvenes, inmigrantes y mujeres son los eslabones más débiles, con salarios en torno a los 600/700 euros (un alquiler está por los 400/450 euros), empleos temporales, subcontratados... y a la vez los trabajadores con más derechos los ven peligrar junto con sus puestos de trabajo por la amenaza casi constante de la deslocalización. Todo esto hace que poco a poco el movimiento obrero vaya recuperándose, si bien está todavía saliendo de la “travesía del desierto” de los 90, que se caracterizó por la paz social traída de la mano de los pactos entre gobierno, sindicatos y patronal.

El gobierno del PSOE

La llegada del PSOE al poder trajo ilusiones de cambio. Pero a año y medio no ha cambiado la situación. Zapatero aún no se ha atrevido a lanzar un ataque frontal contra la clase obrera, si bien anda negociando entre bambalinas una reforma laboral con la patronal y los sindicatos que pretende abaratar el despido y recortar conquistas. La CEOE [3] la pide a gritos, pero el aumento de las luchas sectoriales hace que el gobierno la esté retrasando para un momento “mejor”, que no parece llegar nunca. Como vemos, la política laboral del PSOE es la continuación de la del anterior gobierno de Aznar.

Para colmo el papel de Izquierda Unida deja mucho que desear. Se reclama una corriente transformadora que defiende a los trabajadores. Pero en la práctica la política de sus dirigentes, encabezado por Gaspar Llamazares y el aparato del PCE, es de apoyo al gobierno. En vez de estar impulsando la defensa de los puestos de trabajo y la recuperación de las conquistas obreras perdidas en los últimos tiempos, se queda en el juego parlamentario y vota los presupuestos del gobierno "social-liberal" de Zapatero.

La misma ilusión que el gobierno despertó con la retirada de Iraq o los matrimonios homosexuales se va convirtiendo en frustración y ganas de salir a la calle por algunos sectores, lo vimos en IZAR, y lo estamos viviendo ahora entre los estudiantes de enseñanzas medias, en lucha contra la Ley Orgánica de Educación [4]. Si Zapatero ataca a los asalariados, la conflictividad obrera en ascenso va a poner difícil a los dirigentes de CCOO y UGT el poder firmar una contra-reforma laboral, con lo que podría encontrarse con los trabajadores en la calle.

Quizá el balón de oxígeno más importante con que cuenta el gobierno del PSOE es la actitud del partido de la derecha tradicional, el PP, de la mano de la Conferencia Episcopal. Su campaña de acoso y derribo a Zapatero, movilizándose en la calle contra los matrimonios homosexuales, su política anti-terrorista, el Estatuto Catalán o contra la LOE, da al gobierno una imagen de “izquierdas”, y es la excusa de los dirigentes reformistas para llamar a cerrar filas con Zapatero.

Al igual que en el plano sindical, en la lucha política las direcciones reformistas siguen teniendo gran peso en los jóvenes y trabajadores. Sólo si el descontento y la búsqueda de frenar el deterioro del nivel de vida sigue creciendo se podrá tirar abajo ese obstáculo y hacer frente a un gobierno, que como el anterior, tiene en su agenda el programa de la patronal española.