El gobierno federal presentó al Congreso su iniciativa de reforma energética. Esta es parte de las reformas estructurales que Peña Nieto prometió al imperialismo y a los empresarios nativos y extranjeros, que apoyaron su campaña electoral y el regreso del PRI a la presidencia.

Reforma privatizadora y entreguista

Altos funcionarios –como el Director de Pemex, Emilio Lozoya y el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell–, igual que legisladores y líderes priístas, han declarado que para sostener la competitividad de la paraestatal frente a las corporaciones petroleras extranjeras, evitar que caiga en bancarrota y garantizar el abasto energético, es necesario “abrir” Pemex a la inversión privada, mediante la reforma al Artículo 27 y otros de la Constitución.

El gobierno niega que su propuesta sea privatizadora; asegura que los recursos naturales seguirán siendo propiedad de la Nación, que el Estado mantendrá la rectoría sobre el sector y que no se venderán activos de Pemex. Sin embargo, promueve abiertamente que los particulares puedan invertir en áreas que han estado hasta ahora bajo el dominio exclusivo del Estado, lo que les permitiría beneficiarse con la producción y venta del petróleo, de otros hidrocarburos y sus derivados. La reciente privatización del complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz, es sólo una muestra.

La participación privada en la industria energética no es nueva. Desde hace años, en muchas áreas del sector operan empresas contratistas; los llamados PIDIREGAS, proyectos de inversión privada que se utilizan para contratar a estas empresas, han sangrado y generado una deuda insostenible para Pemex; a esto se suma el saqueo y la asfixia presupuestal que le han impuesto a la paraestatal para financiar los gastos del Estado, mientras que el país importa gasolinas ante la falta de inversión pública en nuevas refinerías.

La “modernización” de Pemex que prometen no significa sanear las finanzas de la paraestatal y dotarla de mayor presupuesto para su desarrollo, en beneficio de los trabajadores y el pueblo de México, sino permitir una multimillonaria transferencia de recursos públicos (que se podrían utilizar en educación, salud, alimentación y vivienda para la población), a manos privadas.

Lejos de garantizar la “soberanía energética”, lo que se pretende con la reforma atenta contra la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos, profundizando la entrega de la renta petrolera y la dependencia del país a los inversionistas y empresas extranjeras, principalmente norteamericanas.

El Pacto por México y la reforma energética

El PAN presentó el último día de julio su propia iniciativa, abiertamente privatizadora, anti-obrera y neoliberal. En ella propone que las empresas privadas participen libremente en toda la cadena productiva de Pemex y la industria energética.

La propuesta del PAN no se diferencia sustancialmente de lo que proponen el gobierno y el PRI, por lo que cabe esperarse un acuerdo entre ambos partidos en el Congreso de la Unión, lo que les permitiría contar con la mayoría de legisladores necesaria para aprobar la reforma. Con esto se demuestra que la “alternancia” en la presidencia, lejos de significar más “democracia”, sólo ha servido para que continúen los planes imperialistas.

El PRD manifestó que está de acuerdo con una reforma para que Pemex se modernice y presentó como propia la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, que aboga por que los recursos de la paraestatal sirvan para el “crecimiento” del país, pero también promueve la asociación con empresas privadas, aunque limitada a ciertas áreas. El partido del “sol azteca” propuso someter el tema a una consulta pública, que realizará el 25 de agosto y el 1° de septiembre.

Después de avalar al gobierno de EPN como “ala izquierda” del Pacto por México, el PRD trata ahora de posar de “opositor” con el tema energético. Tiene la presión del MORENA y López Obrador, que están llamando a movilizarse contra la reforma y pueden ganarse a la base social del “sol azteca”, descontenta con la política de colaboración con el gobierno de la dirección de este partido.

Aunque algunos legisladores perredistas afirman que será el pueblo quien tendrá la última palabra, el PRD jamás promoverá una lucha que amenace la estabilidad del régimen político del que forma parte. Por el contrario, tratará de desviar la movilización y el descontento popular hacia la impotente salida parlamentaria, que ha demostrado ser contraria a las necesidades populares.

La propuesta del MORENA

López Obrador se ha manifestado en contra de la reforma y convocó a movilizarse el 8 de septiembre. Los socialistas revolucionarios de la LTS apoyamos toda acción que apunte en el sentido de defender las conquistas sociales y estaremos en las calles con aquellos que estén dispuestos a luchar en contra de la privatización de Pemex y de la industria energética.

Sin embargo, esto no significa apoyar la política de AMLO. Para el líder del MORENA bastaría con combatir la corrupción y reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios para dotar de suficientes recursos a Pemex. Sin embargo, el tabasqueño no se propone revertir el avance de la privatización de la paraestatal ni desconocer la fraudulenta e impagable deuda que ha contraído ésta mediante los PIDIREGAS, medidas elementales si se trata de recuperar la rectoría del Estado en la materia.

La estrategia de “resistencia civil y pacífica” de López Obrador, que volverá a ponerse a prueba con el tema energético, busca consolidar un nuevo partido opositor que, en los marcos del régimen, se oponga a los aspectos más brutales del proyecto neoliberal, pero que no busca echar abajo mediante la movilización popular todo el andamiaje institucional que garantiza el saqueo de la Nación, los planes de miseria contra la población y la entrega de la soberanía al imperialismo.

¿Cómo enfrentar la reforma energética?

Es necesaria la más amplia unidad de los trabajadores y el pueblo para luchar en defensa de Pemex y de la industria energética nacional. Esto exige una política independiente de las instituciones del régimen, de los partidos y políticos patronales.

Las organizaciones de trabajadores que se dicen democráticas, deben levantar un programa propio que vaya más allá de las limitadas propuestas del MORENA y de las estrategias que buscan conciliar los intereses de la clase trabajadora con los de los burgueses supuestamente “progresistas”.

Los socialistas de la LTS pensamos que, partiendo de la lucha contra la entrega de Pemex, hay que desarrollar un programa que en primer lugar plantee la renacionalización sin indemnización de todos los sectores de la industria energética que han sido privatizados y que la paraestatal opere bajo control de sus propios trabajadores organizados democráticamente.

Esto implica enfrentar a los charros del sindicato de Pemex (STPRM), que entregan los derechos de los trabajadores petroleros y avalan la propuesta del gobierno, para lograr la democracia sindical y la independencia del Estado.

Sólo la conducción, planificación y defensa de la paraestatal en manos de los trabajadores de Pemex puede garantizar una producción al servicio de la población trabajadora y no de las transnacionales.

Los recursos para invertir en la industria energética deben surgir no de la iniciativa privada, sino de desconocer la ilegítima deuda de Pemex y la deuda externa; de mayores impuestos a las grandes fortunas y de luchar por que los funcionarios y legisladores ganen lo mismo que un maestro o cualquier trabajador de ingreso medio. Los recursos de la renta petrolera deben ser fiscalizados por las organizaciones populares, para garantizar así que realmente beneficien a la mayoría de la población.

Llamamos a conformar en cada escuela, comunidad, colonia y centro de trabajo, comités de estudiantes, trabajadores, amas de casa, campesinos y pueblo en general, para organizarnos y movilizarnos en defensa del patrimonio nacional. Llamamos a las organizaciones de trabajadores y a las corrientes sindicales democráticas, así como a las organizaciones socialistas y de izquierda, a impulsar conjuntamente esta perspectiva.