Luego de unos días de lo que en Brasil se conoce como “guerra al tráfico”, Río de Janeiro vuelve a una cierta “normalidad”. Una normalidad marcada por un clima de victoria. Este avance del Estado y sus brazos armados en el morro de Peña y Alemán sería parte –según la propaganda oficial- de un proceso de “desarrollo”, una nueva fase del lulismo con sus loas al consumo, al empleo y a la renta a lo que se suma ahora, el “orden”, que esconde el número oficial de 50 muertos en casi dos semanas. Se impuso una nueva situación política donde en los morros y favelas de la Zona Norte de Río, se ha legalizado y es ampliamente apoyado por la población, el empleo de tropas militares en funciones policiales y donde los derechos civiles elementales (libre tránsito de las personas, inviolabilidad del hogar, presunción de inocencia, detención sólo en flagrante delito y con derecho a saber de qué se está siendo acusado, publicidad de los nombres de los muertos y heridos) fueron suprimidos. La población, cansada de la violencia y abusos, apoyó el discurso de “guerra al tráfico” de este gobierno que aparece ante las masas como el responsable de la mejoría en el empleo y las condiciones de vida (relativa y precaria como hemos destacado en otros artículos) y que ahora también resolvería el problema de la seguridad.

La población apoya la novedad efectuada por Lula y el gobernador de Río Sergio Cabral, de utilizar todas las fuerzas nacionales y locales disponibles. Las tropas que hicieron escuela en la represión en Haití son saludadas por los medios como redentoras. Estos triunfos del Estado en legalizar su ataque a los derechos civiles y la utilización de las FF.AA. no ha significado, un automático giro a la derecha de la conciencia de las masas. Si antes de la ocupación había trabajadores favorables a una dura represión a los “bandidos” por la inseguridad, en los últimos días aumentó el cuestionamiento a la relación de la policía con el tráfico y el repudio a los abusos policiales. La convocatoria de 2.000 militares, muchos de ellos con experiencia en Haití, en estos morros, plantea otros interrogantes sobre el desarrollo de las contradicciones en la subjetividad de la población ocupada. No es posible determinar aún el desarrollo de estas contradicciones y menos todavía su alcance, sin embargo estos elementos marcan límites para cuando ocurran cambios en la coyuntura y la policía comience a demostrar más abiertamente lo que es, una tropa entrenada, moldeada y preparada cotidianamente para atacar al pueblo.

Es necesario desenmascarar lo que pretenden los gobiernos de Lula y Cabral con esta inédita militarización de la vida en estas comunidades, mostrando la falacia de su discurso de “guerra al tráfico” y cómo los trabajadores deben posicionarse para garantizar efectivamente su derecho a una vida segura y decente, lo que no vendrá de las manos de estos gobernantes ni de estas fuerzas de represión, sino de la lucha de la clase trabajadora y del pueblo pobre contra la explotación capitalista y el aparato estatal.

La creciente militarización de Río de Janeiro

Con la excusa de los vehículos incendiados, Cabral y Lula desencadenaron un plan que ya estaba listo hace tiempo. Ya se anuncia que esta experiencia servirá para otras acciones en Río y en todo el país.

Las UPPs (Unidades de Policía Pacificadora) trabajan con un modelo de completo control represivo de la población por el peso policial mostrado por el ejército brasilero, en la ocupación de la inmensa favela Cité Soleil en Haití. En el Estado de Río de Janeiro, tomado de conjunto hay más de 300 habitantes por policía, en el morro Doña Marta son 80 por policía, mientras que en Nueva York son más de 150. El 30/11 se inauguró la 13ª UPP. El plan de los gobiernos federal y estatal es la implementación de al menos 40 de estas unidades hasta el 2014 con la excusa de preparar la ciudad para la Copa del Mundo y las Olimpíadas. Solamente las UPPs del Alemán, la Peña, del Complejo la Marea, Rocinha y Vidigal, todas previstas hasta 2014, necesitarán más de 5.200 policías (13% más de los efectivos de hoy). El plan completo significará probablemente duplicar los efectivos policiales de Río de Janeiro (hoy cerca de 40 mil) y someter a un sector mayor de la población a la represión y controles diarios.

Esta militarización de la vida en Río está ocurriendo en una zona que va del aeropuerto de Galeón a la Zona Sur. Esta es un área de especulación inmobiliaria, flujo de mercaderías (incluyendo fuerza de trabajo) y turistas. El control de estas poblaciones, sobre todo en la región de Leopoldina significa un control sobre un inmenso contingente de pobres, de trabajadores precarios, tercerizados. Esto es funcional a la garantía de estabilidad de una ciudad que atrae los ojos del mundo entero, al mismo tiempo en que continúa una inmensa desigualdad social expresada no sólo en términos de renta y consumo sino también en sus terribles condiciones de vivienda (junto a basura, canales contaminados, etc.), de salud (con enfermedades increíbles en esta época como la sarna humana, propias de un país miserable y no de una “postal mundial”). Con esta misma política garantizan no sólo estos intereses de especulación inmobiliaria y control del “orden”, sino también y fundamentalmente la imposibilidad de organización de los trabajadores en estas regiones.

¿“Guerra”? ¿Contra quién? ¿A favor de quién?

Lo que el Estado está haciendo es reprimir al tráfico armado que pretende imponer un control territorial, no al tráfico en general. Hay varias denuncias de la continuidad e impunidad del tráfico, menos ostensivo y armado, como en las áreas controladas por las milicias o en la Ciudad de Dios, favela con UPP. El tráfico de entrada de armas y drogas, que implica negocios millonarios y esquemas empresariales, sigue en pie. La policía fluminense, el comando militar y policial, diversos empresarios y políticos están ligados por mil y un lazos al extremadamente lucrativo negocio de control territorial, tráfico de drogas y armas y lavaje de dinero. Hace menos de tres años atrás estalló el escándalo Álvaro Lins-Garotinho, evidenciándose que este jefe de policía había armado un esquema de extorsión y formación de “corrales” electorales utilizando las delegaciones policiales y su ligazón con el tráfico y las milicias, con conocimiento del gobernador del Estado. El Estado está contaminado por esos intereses, y eso no está siendo “atacado” en esta “guerra”.

¡Por el fin de la militarización de los morros y favelas!

¡Por un programa de lucha contra la represión y por los derechos civiles! Es evidente que la cooptación de jóvenes para el tráfico, generando barbaridades contra la población (extorsión, asesinatos y violencia sexual) en los morros y favelas, no ofrece ninguna alternativa a los trabajadores para garantizar condiciones dignas de vida, sino tan sólo la continuidad de la desigualdad, miseria, pobreza y explotación. Tampoco algún avance en nuestras condiciones de vida y seguridad vendrán de la policía y de las fuerzas armadas que suprimen derechos civiles y actúan para garantizar la continuidad de la explotación de la fuerza de trabajo.

Es un deber de todos los defensores de los derechos humanos, del movimiento negro, de los sindicatos, centrales sindicales, partidos de izquierda, en especial los que se reivindican socialistas y revolucionarios, luchar por la garantía de los derechos civiles elementales, por el inmediato retiro de todas las tropas policiales y militares de los morros y favelas y por la organización obrera y popular independiente del Estado y de las bandas del tráfico. Por esto exigimos:

1- Que los sindicatos, centrales sindicales y organizaciones populares inicien inmediatamente una campaña por el retiro incondicional de todas las tropas militares y policiales de los morros y favelas. No a las UPPs! En la movilización activa de esta campaña proponer comités de autodefensa contra la violencia policial y del tráfico.

2- Que se publiquen los nombres de los muertos y heridos (que se estiman más de 50).

3- Inviolabilidad de las casas y de las personas: ninguna excepción de “guerra” para allanamientos que autorice la humillación y el robo de la población.

4- Ninguna prisión sin flagrante delito y sin conocimiento de acusación. Por el derecho a la defensa y visitas familiares y de abogados. 5- Por un comité independiente para investigar cada muerte realizada en esta “guerra”. Un comité organizado por organizaciones de derechos humanos, asociaciones de vecinos, sindicatos, entidades estudiantiles y organizaciones de izquierda.

6- Por el pago de los días, sin compensación laboral, en que los trabajadores no pudieron ir a sus trabajos!

7- Por la expropiación de las propiedades y cuentas bancarias de traficantes y sus comparsas de cuello blanco y su inmediata inversión para un plan de obras públicas.

8- Ante los anuncios de robo, humillación y abuso contra los vecinos, por el inmediato castigo de los responsables. Que el Estado se haga cargo del resarcimiento de todos los perjuicios causados por sus fuerzas de represión.

9- Retiro de las tropas brasileiras de Haití. Basta de escuela de represión a los pobres y al pueblo.

10- Ni un real para las tropas en Haití y las fuerzas de represión. Por un plan de obras públicas controlado por los sindicatos y asociaciones de vecinos para garantizar empleo, vivienda, educación, transporte, y salud dignos.

11- Por el derecho democrático al uso de cualquier sustancia hoy considerada ilícita, ninguna criminalización a los consumidores.