En la reunión de Cristina Kirchner con la cúpula de la CGT oficialista del 11 de febrero el metalúrgico Antonio Caló recibió las instrucciones para encarar el plan con el cual ponerle tope al salario. Dos días atrás los diarios anunciaban que, para los empleados públicos, no habría aumento mayor al 25%. Ministros provinciales kirchneristas, macristas y del falso socialismo de Santa Fe acordaron ese tope. Casualmente, lo mismo exige el gobierno para la paritaria docente que actúa como testigo para todo el movimiento obrero. Ese porcentaje inferior a la inflación (y que encima quieren otorgar en cuotas) no fue objetado en la reunión, donde además los sindicalistas aceptaron que los acuerdos rijan por un año, en una suerte de “congelamiento” salarial. Si este aumento no cubre lo que se llevó la inflación desde las últimas paritarias ni los efectos de la reciente devaluación y no se prevén nuevas negociaciones por un año, el robo al salario es enorme. Nada indica que los precios de los productos básicos no sigan aumentando. Y mientras los “precios cuidados” desaparecen de las góndolas lo único “cuidado” es el precio de nuestra fuerza de trabajo. Con una inflación anual que muchos analistas prevén, como mínimo, del 40% y sin contar lo perdido anteriormente, el acuerdo avanza en un robo a nuestros sueldos del 15%.

Estamos ante un pacto contra el salario. Caló le dio el visto bueno a Cristina a cambio de unos millones para las obras sociales. Imponer este pacto a la clase obrera es la “inteligencia” a la que apela CFK de parte de los dirigentes sindicales. El pacto entre la presidenta y la CGT oficial es la consecuencia de la subordinación a la “previsibilidad económica” que pidió la UIA en su reciente reunión anual, temerosa de que la clase obrera pretenda ir por lo que le corresponde.

Ajustazo

Anclar el salario con “topes” es una de las claves del kirchnerismo para moderar la crisis del “modelo” que estalló en enero con la devaluación del 23%. Para intentar administrarla el gobierno ofreció a los empresarios un plan con el que liquida todo discurso progresista. Hace rato que abandonaron aquello de no volver a endeudarse con los organismos de crédito internacionales. Lo nuevo es que con la devaluación y el ajuste salarial hace agua otra estrella del “relato”: lo que los dirigentes de la CGT reivindicaban como la gran conquista de las paritarias. Pero hay más. El Ministro de Interior y Transporte, Randazzo acaba de develar que su “revolución ferroviaria” en realidad era una reprivatización: se deja en manos del grupo Roggio las líneas Mitre y San Martín mientras el Belgrano Sur y el Roca van para el grupo Emepa, de la familia Romero. El cuadro se completa con que también puede caer el discurso del pleno empleo. La suba de las tasas de interés y otras medidas que apuntan al enfriamiento de la economía producirán una desaceleración y hasta una recesión. Ya hay informes que anuncian despidos en el sector público y nada menos que en las automotrices, el motor del sector industrial. Los que se la llevaron en pala quieren hacer pagar la desaceleración o recesión con suspensiones y hasta con despidos. Una caída de la producción automotriz afectaría además a otras ramas como plásticos y metalúrgica.

La perspectiva de estallido económico y corrida bancaria contra el peso parece haberse disipado en la coyuntura ya que los exportadores de cereales y oleaginosas aceptaron comenzar a liquidar los granos que le permitirían al Banco Central obtener algunos dólares para contrarrestar la pérdida de reservas. Las medidas para que los bancos se desprendan de dólares también jugaron a favor de la estabilidad cambiaria. Pero más allá de que por el momento se aquietaron las aguas no pueden descartarse nuevas crisis. El agotamiento estructural del “modelo” es un hecho. La perspectiva realista hacia 2015 es de crisis recurrentes, incluso más agudas.

Encuentro Nacional de organizaciones obreras combativas

Con la mayoría del Partido Justicialista (oficialista y opositor) al frente del gobierno nacional y de las gobernaciones aplicando el ajuste, el burócrata opositor Hugo Moyano se cuida muy bien de llamar a una medida de lucha nacional que pudiera hacer terciar a la clase obrera en el escenario político con un gobierno debilitado, sin sucesión y sin recambio claro en la oposición patronal. Esta semana Moyano estuvo con el sojero Hermes Binner del FAP. Salió de esa reunión y anunció que va a cumplir con el virtual “congelamiento” salarial aunque reclama un 30% de aumento... también por debajo de la inflación.

Frente al pacto del gobierno y la burocracia oficialista y el inmovilismo de la CGT opositora la defensa de las condiciones de vida de los trabajadores solo puede venir de la organización desde abajo de los trabajadores y sus organizaciones combativas, para exigir e imponer a los sindicatos que rompan con el inmovilismo cómplice.

La clase obrera tiene un gran punto de apoyo en la izquierda clasista y combativa. El FIT viene de realizar una gran elección en octubre recibiendo el voto de una importante franja de trabajadores; además de que la izquierda ya es una referencia de lucha en numerosas comisiones internas y algunos sindicatos. Somos los que peleamos por imponer en el gremio docente un plan de lucha nacional al burócrata Hugo Yasky de la CTA, los que apoyamos la lucha de Kromberg en Pilar contra los despidos, los que con diputados como Nicolás del Caño exigimos junto a otras fuerzas la presencia del ministro Tomada en el Congreso y elaboramos un proyecto de emergencia para prohibir despidos, en defensa del salario y contra la precarización para presentarlo junto al resto de diputados del FIT. Los que como Christian Castillo utilizamos la banca para hacernos presentes en cada lucha, los que sostenemos nuestro compromiso de campaña de que vamos a cobrar lo mismo que un docente. Estamos a la cabeza de la campaña nacional e internacional por la absolución de los petroleros de Las Heras que en estas últimas semanas ha avanzado de manera cualitativa. La defensa de los trabajadores condenados no solo es un deber: atacándolos buscan golpear a toda la clase obrera. La represión policial del gobierno K de Chaco contra quienes exigían aumento de los planes sociales es toda una avanzada de lo que puede venir.

Ante el pacto contra el salario proponemos realizar un Encuentro Nacional de todo el movimiento obrero combativo y antiburocrático. Sería un gran punto de partida para impulsar en los gremios de las CGTs y las CTAs la exigencia de asambleas y la convocatoria inmediata a paritarias, libres y sin techo y para que a los paritarios los elija la base. En este Encuentro está planteado levantar un programa por un salario mínimo igual a la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados, además de una “cláusula gatillo” que indexe automáticamente los haberes según la verdadera inflación. Por ningún despido ni suspensión: reparto de las horas de trabajo, sin reducir el salario. Por el fin del trabajo en negro y el pase a planta de todos los precarizados. Para que los precios sean controlados por los propios trabajadores y comités populares de consumidores. Contra los tarifazos en el transporte (como el que prepara Macri en el Subte) y por el fin de las concesiones a las privatizadas, estatizando el ferrocarril bajo gestión de sus propios trabajadores con la asistencia y control de los usuarios. La convocatoria a un Encuentro Nacional puede constituirse en una referencia frente a todas las alas de la burocracia para pelear en todos los gremios por este programa y exigir a las centrales sindicales un paro nacional y un plan de lucha.

Este es el camino para comenzar a poner de pie a la clase trabajadora en la perspectiva de la huelga general para que las probables nuevas crisis que golpearán al país puedan ser aprovechadas por la clase trabajadora y los explotados para imponer su propia salida: que paguen los capitalistas.

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