Cuando hace algunas semanas el Tribunal Constitucional denegó el pedido de hacer un “referendo popular”, el plan de habilitar al presidente Uribe a presentarse por un tercer mandato en las próximas presidenciales del 30 de mayo quedó definitivamente hundido. Si ese reaccionario Tribunal falló así, no fue porque estuviera preocupado por los derechos democráticos de los colombianos, sino porque importantes sectores de la oligarquía y el imperialismo veían poco conveniente auspiciar ese paso. Lo logrado por el capital bajo sus gobiernos anteriores podría terminar comprometido por la continuidad directa de Uribe y su voraz camarilla en el gobierno, con sus escándalos financieros, sus brutalidades represivas y su cuestionada legitimidad.

Colombia y el imperialismo

Siendo la 5ª economía latinoamericana y con una ubicación geopolítica estratégica, Colombia es un agente-aliado clave para los planes norteamericanos en la región. Por su parte, la clase dominante colombiana ha apostado a asociarse estrechamente con EE.UU., aceptando una mayor semicolonización a cambio de inversiones, apoyo financiero y militar y apertura de mercados, como muestran los acuerdos comerciales (TLC), políticos (aliado diplomático y peón contra Chávez y contra el “liderazgo” de Brasil en Sudamérica) y militares (Plan Colombia e instalación de nuevas bases yanquis en su territorio). La ayuda financiera y militar norteamericana, incluyendo la dotación de armamento sofisticado, el entrenamiento de miles de oficiales y soldados y la presencia directa de cientos de “asesores” del Pentágono y la CIA, han convertido al ejército colombiano en la segunda fuerza armada latinoamericana, luego de la de Brasil, perfilándose como un “gendarme regional” dirigido contra Venezuela y Ecuador y como auxiliar para eventuales intervenciones yanquis en Sudamérica, siendo así una amenaza para todos los pueblos de la región. Sin embargo, Colombia no es Israel –un estado artificial “blindado” para oprimir a los pueblos árabes-, sino una semicolonia plagada de explosivas contradicciones económicas, sociales y políticas. Esto explica la necesidad de la clase dominante colombiana de apelar a regímenes tan represivos como el uribismo para mantener sometidos a los trabajadores y campesinos y sustentar su acumulación en la feroz explotación obrera, el acaparamiento de tierras y la entrega del país.

El régimen de la “U”

El uribismo se desarrolló sobre la base del carácter históricamente autoritario y represivo del Estado colombiano. Uribe encabeza un régimen ultrarreaccionario, fuertemente bonapartista a pesar de sus formas “republicanas” y mecanismos electorales (los que por otra parte, se basan en el clientelismo y el fraude, tanto como en la tradicional exclusión política de la mitad de la población que no vota). Uribe, acompañado de una rapaz camarilla de arribistas (con lazos con los carteles de la droga y las bandas paramilitares), se erigió como el “árbitro” supremo que garantizó y administró la subordinación al imperialismo y el capital extranjero, sostenido por la gran burguesía exportadora y financiera y los terratenientes, y apoyándose en el aparato represivo y las Fuerzas Armadas con el argumento de derrotar a las FARC para acabar con el “conflicto interno” que lleva más de medio siglo. A lo largo de sus dos mandatos Uribe sostuvo una feroz ofensiva antiobrera y antipopular para imponer sus planes neoliberales, entregando la economía nacional al capital extranjero, permitiendo fabulosos negocios a los grandes grupos locales y facilitando el acaparamiento de tierra por los terratenientes con la expulsión masiva de campesinos “desplazados”. Se apoyó en una combinación entre “guerra sucia” contra la guerrilla, extendida a las masas campesinas y populares y las organizaciones de trabajadores, lo que incluyó en su primer gobierno una gran expansión del paramilitarismo, aunque la presión imperialista y el “desmadre” de este fenómeno, llevaron en 2006 a una política de “desmovilización” que terminó en la disolución de las siniestras AUC y el encarcelamiento de algunos sectores “díscolos”. Esto no significó de ninguna manera el fin de los paramilitares, ya que hoy siguen actuando en vastas regiones con cientos de asesinatos por año, pero buscó hacer más creíble su política de “seguridad democrática”. Entre los rasgos fascistoides hay que incluir la contratación de miles de “informantes” en universidades, barrios, etc., por los servicios del Estado con el pretexto de “combatir la delincuencia”, a la vez que deja correr el asesinato sistemático de dirigentes obreros, campesinos y populares.

Recesión y crisis social

Este es el secreto de los “éxitos económicos” de años pasados, pero hace dos años que Colombia entró en recesión. En 2009, sólo hubo un 0.3% de aumento del PBI. En 2010, apenas crecería entre 1,3 y 2% (menos de la mitad del promedio regional). El impacto de la crisis internacional ha sido muy fuerte en buena medida por la estrecha dependencia de la economía norteamericana.

Esto ha significado nuevos ataques de la patronal y el gobierno, como la reforma del sistema de salud, despidos, etc., en medio de un desempleo de más del 15% y un agravamiento de la miseria popular en una situación de crisis social estructural, pero también ha despertado resistencia entre los trabajadores y el pueblo. En los dos últimos años se vinieron produciendo algunas luchas duras de importancia (cañeros, bananeros, algunas industrias, sectores de estatales), paros de pequeños y medianos transportistas, movilizaciones indígenas y campesinas. El pasado 23 de octubre hubo una jornada nacional de protesta con paralización de actividades. También se produjeron movilizaciones estudiantiles. La odiada reforma a la seguridad social, encareciendo las prestaciones de salud y penalizando al personal sanitario que no cumpla sus requisitos, provocó indignación y protestas incluso en sectores medios. A principios de marzo, un paro del transporte de varios días colapsó Bogotá. Es sintomático que los procesos de resistencia obreros se hayan dado a pesar de la situación de fragmentación y desorganización de las filas de los trabajadores y del accionar del “sicariato” al servicio de las grandes empresas nacionales y extranjeras que se cobra decenas de vidas de dirigentes sindicales cada año.

Al mismo tiempo, se han multiplicado las denuncias contra los crímenes del régimen, desde el hallazgo de fosas comunes donde figuraron miles de “falsos positivos” (civiles presentados como bajas de la guerrilla por el Ejército) , a los abusos cometidos por fuerzas militares contra comunidades indígenas o el reagrupamiento de paramilitares en varias organizaciones que pese a la propaganda uribista de su “dearticulación”, ya agrupan a miles de elementos y se mezclan en la delincuencia común, el tráfico de drogas y las extorsiones, todo lo cual socava la legitimidad de la política de “seguridad democrática” y alienta los reclamos y denuncias de víctimas, familiares y damnificados.

Disputando la sucesión

En este contexto, es que la clase dominante prefirió optar por un recambio de inquilino en la Casa de Nariño, apostando a un “uribismo sin Uribe”, aunque esto no está exento de contradicciones. Por lo pronto, los miembros de la coalición gobernante no pudieron acordar un candidato común y entraron en competencia electoral por la sucesión.
En las elecciones legislativas del 14 de marzo, en medio de denuncias de fraude y toda clase de manipulaciones y con una alta abstención, el uribismo logró de conjunto amplia mayoría congresal, pero ninguno de sus partidos obtuvo hegemonía.

El Partido de la U (del presidente, que postula como candidato al “delfín” Juan Manuel Santos, su ex ministro de defensa) sacó el 25% de votos. Cambio Radical, perdió la mitad de sus parlamentarios, y la sorpresa fue el 8,1% del PIN (Partido de Integración Nacional), que reagrupa a lo más cuestionado de los ex socios de Uribe, hundidos hasta el cuello en escándalos de “parapolítica” (por sus relaciones con las bandas paramilitares y el narcotráfico).

Por otra parte, el Partido Conservador figuró segundo con 20,5% de sufragios. Este viejo partido oligarquico apoyó a Uribe e integró su gabinete, aunque ahora busca disputar el gobierno contra Santos. En sus internas se impuso como candidata presidencial Noemí Sanín contra Andrés Felipe Arias (ex Ministro de Agricultura y apodado “el uribito” por su incondicionalidad con el “presi”). Sin embargo, Noemí Sanin propone en su campaña “Seguridad, seguridad, seguridad: multiplicar la seguridad democrática como política de Estado” y no dejó de aclarar respecto a Uribe que “Le tengo afecto, gratitud, respeto y lealtad. Se lo demostraré desde la Presidencia”.

El Partido Liberal es el otro partido tradicional de la burguesía colombiana y en estos años representó la oposición “moderada”. En las legislativas salió 3° con un 18% de votos y llevará como candidato presidencial al ex ministro de defensa Rafael Pardo, la senadora liberal Piedad Córdoba viene actuando como intermediaria con las FARC para la liberación de rehenes, en una política que les permite diferenciarse del gobierno.
El Partido Verde obtuvo un 6% de los votos, y ahora se presenta como una opción “de centro” con la “fórmula de los matemáticos” (el ex alcalde Mockus de Bogotá y el ex alcalde Fajardo de Medellín) y puede crecer en intención d e votos según las encuestas, tanteando la posibilidad de unirse con el PDA.

Petro y el Polo. La pata izquierda del régimen

El centroizquierdista PDA (Polo democrático Alternativo) surgió de la fusión del Polo Democrático Independiente y Alternativa Democrática (que proviene del M-19, que dejara la guerrilla en los años 80) y entre otras corrientes, lo integran el Partido Comunista y los maoístas del MOIR. Convivió pacíficamente con el uribismo desde la municipalidad de Bogotá (su alcalde, Luis Garzón , terminó rompiendo por derecha y uniéndose a Mockus). El candidato de esta “izquierda”, Gustavo Petro se subordina a tal punto al régimen y sus aspectos más reaccionarios, como la política de “seguridad democrática” que el PC, que apoya fervientemente su campaña, al comentar sus declaraciones en un debate televisado no pudo menos que escribir que parecían “uribistas” y que “se sumó al antichavismo sectario e intransigente que reinó en el ‘Gran debate’ hasta el punto que en una de sus respuestas dijo que ‘para salvar a Chávez’ enviará a los jefes guerrilleros de las FARC a la Corte Penal Internacional, mientras que ofrece amnistía a los militares comprometidos en los ‘falsos positivos’ y protección al presidente Uribe para que no sea juzgado por esa misma Corte Penal Internacional.” (Voz n° 2534). Así no constituyen ninguna alternativa para los trabajadores y el pueblo.

Las FARC

Siguen siendo uno de los principales actores de la política colombiana a pesar de los golpes militares que sufrieron en los últimos años (incluyendo el asesinato de su líder histórico Raúl Reyes), de la pérdida de combatientes y de la desmoralización (expresada en deserciones y acciones lamentables contra otras organizaciones populares). La reciente liberación unilateral de dos rehenes buscó abrir una nueva negociación comenzando por buscar un “canje humanitario” entre los prisioneros militares y policías que retiene y cientos de combatientes encerrados en las cárceles del Estado. Uribe se negó a cualquier tratativa afirmando que “con terroristas no se negocia” pero es evidente que la extirpación de la guerrilla por vía militar no se ha logrado y que el “conflicto armado” sigue vivo. La razón de fondo es que las FARC a pesar de su desastrosa estrategia de “frentepopulismo armado”, de su aislamiento de las masas obreras y urbanas y de sus acciones cada vez más rechazadas a nivel popular, mantienen lazos con sectores campesinos, empalmando con sus necesidades de autodefensa ante la brutal presión del Estado y los terratenientes, lo que les da posibilidades de persistir y seguir controlando algunas zonas del territorio. Sin embargo, no constituyen ninguna alternativa política y de movilización a los sectores obreros, campesinos y populares que quieren enfrentar al régimen.

Después de las elecciones

El disciplinamiento de los partidos al régimen y a la herencia uribista no significa, sin embargo, que se vaya a mantener sin cambios la actual situación. Las encuestas vaticinan que Santos no logrará el 50% de votos el 30 de mayo y deberá ir a una segunda vuelta (posiblemente con Sanín pero no puede descartarse que sea con una de las fuerzas opositoras en ascenso). El futuro gobierno deberá establecerse negociando con sus socios-rivales ante una situación económica que puede tornarse más complicada si hay una nueva agudización de la crisis internacional. Por otra parte, es posible que deba “echar lastre” en algunas cuestiones como la candente cuestión democrática, la impunidad y los asesinatos. Pero cualquier intento de “lavada de cara” del régimen puede ser resistida por los sectores más comprometidos. Está por verse cuál será el escenario después del recambio presidencial, pero es probable que asistamos al comienzo de una nueva etapa política en Colombia.

La vanguardia obrera y popular tiene ante sí pesadas tareas. En esta coyuntura, un punto político es no apoyar al Polo y su programa de subordinación al régimen, sino orientarse a una política de clase, independiente, para preparar la lucha contra el futuro gobierno, por unir la movilización obrera y popular, partiendo de la lucha por el salario y el trabajo, contra la represión estatal y paraestatal y por el conjunto de las demandas campesinas, indígenas y populares, hasta demoler el régimen de Uribe y sus socios, expulsar a las bases y los militares norteamericanos, y abrir el camino a una salida obrera, campesina y popular.

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Claves

Plan Colombia

Acuerdo entre Colombia y EE.UU. concebido entre 1998 y 2000 durante los gobiernos de Pastrana y Clinton, que bajo las banderas de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, busca profundizar el sometimiento de Colombia como centro de operaciones de la política norteamericana en la región, fortaleciendo y complementando su aparato militar, logístico y de inteligencia. Bajo Uribe es rebautizado como Plan Patriota, en el marco de su estrategia de “seguridad democrática” de avanzada sobre las FARC.

Bases militares norteamericanas

Son centros de operaciones desde donde Estados Unidos lleva adelante su política de control en la región. Como ejemplo está la base militar hondureña de Soto Cano y su papel obligado en el golpe cívico-militar que derrocó a Zelaya en junio pasado. En el marco del Plan Colombia-Patriota, EE.UU. contaba ya con 2 bases militares en Colombia. En octubre pasado Uribe anunció la instalación de 7 nuevas bases, lo que causó revuelo en los gobiernos “progresistas” latinoamericanos y hasta la ruptura diplomática de Chávez. Lógicamente los actos simbólicos no surtieron efecto alguno, como ilustró este martes último el mismísimo secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela: “la controversia que se generó al principio ya ha pasado. (…) estamos viendo incluso una relación mucho más profunda en ese sentido porque abarca mucho más que antes, no sólo al nivel del tema de seguridad”.

Paramilitarismo

Los grupos paramilitares, financiados por terratenientes y empresarios, están apadrinados por el Estado y son los responsables de persecuciones y asesinatos de trabajadores y campesinos, cobrándose la vida de más de 2.500 dirigentes sociales desde 1991. El gobierno de Uribe confeccionó una ley que no es más que una amnistía generalizada para los paramilitares, aunque no logró desmovilizar estas verdaderas bandas fascistas.

Parapolítica

Los paramilitares y el régimen político colombiano tienen nexos muy profundos. La crisis de la “parapolítica” provocó la renuncia de altos funcionarios, la investigación del vicepresidente y diputados, y el encarcelamiento de 20 congresistas, 14 de ellos uribistas. Uribe no se quedó afuera: hay fotos y videos suyos con jefes paramilitares en su campaña presidencial de 2002 y se lo acusa de apoyar la formación de grupos paramilitares cuando fue gobernador de Antioquia durante la década del ‘90.

FARC

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son un grupo guerrillero anclado en la histórica lucha del movimiento campesino colombiano por el derecho a la tierra que surge en 1964 tras la avanzada del régimen conservador sobre las zonas liberadas por los campesinos armados. Acorde con su matriz stalinista, combina una estrategia militarista de partido-ejército con una política de presión para obtener algunas reformas políticas y una senda de incorporación al régimen político burgués. Raul Reyes, histórico líder de las FARC asesinado en territorio Ecuatoriano por las Fuerzas Armadas de Colombia, coqueteaba con esta fuerza, afirmando que podría formar parte de “una coalición para conformar un gobierno pluralista, patriótico y democrático, que se comprometa con la verdadera paz (...) como por ejemplo un gobierno del Polo Democrático Alternativo” (Clarín, 27/8/2007).