Esta es la primera de una serie de notas en que, siguiendo el desarrollo del VI Congreso del PCC, abordaremos distintos aspectos de la situación cubana.

La tarea del VI Congreso es votar el documento “Lineamientos de Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, base para la introducción paulatina de cambios “de estructura y de concepto” en el así llamado “modelo cubano”. Con ellos, Raúl Castro, con el aval de Fidel, plantea profundizar un rumbo muy peligroso para lo que queda en pie de las conquistas revolucionarias. Las medidas fundamentales son “ajustes” contra los trabajadores y el pueblo, recortes a los servicios sociales para “acabar con las gratuidades indebidas” y cambios en la gestión empresarial (para llevar a las empresas del estado a competir bajo criterios de “rentabilidad” que muchas no van a poder cumplir, y que apuntan a desarticular la economía nacionalizada). También introducen más apertura a las formas de propiedad y producción no estatales (trabajo por cuenta propia, cooperativas, empresas mixtas) y nuevas concesiones al capital extranjero. Asimismo, bajo la campaña contra el “igualitarismo” y por la productividad laboral, y con el traspaso al área privada de más de un millón de trabajadores, se busca liquidar el pleno empleo y crear un mercado laboral que hoy no existe. En síntesis, apuntan a una suerte de “vía cubana” gradual de restauración capitalista, manteniendo el monopolio del poder político en manos del PC (lo que muestra ciertas semejanzas con el caso chino o el vietnamita).

Vísperas de un Congreso burocrático

El VI Congreso se reunirá a casi 14 años del anterior. Su preparación se hizo bajo férreo control del aparato y aunque la dirección cubana afirma que hubo una amplia discusión en unas 127.000 reuniones con 7 millones de asistentes, fue lo opuesto a un acto de “democracia socialista”. No hubo posibilidad de difundir y debatir plataformas alternativas al programa oficial ni formar agrupamientos o tendencias para defenderlas. Las posiciones críticas no encontraron ningún espacio ni en la prensa, ni en la radio o TV oficiales. Las discusiones tenían carácter “informativo”, y en ellas se discutía el “detalle” pero no se cuestionaba la línea fundamental.

El PC es básicamente la organización política de la burocracia privilegiada y no de los obreros. Los candidatos a delegados propuestos, entre los que priman los cuadros superiores, pasan el filtro de su nombramiento por instancias de mayor autoridad. La cúpula se asegura una composición dócil, afín a su meta de legitimar su programa y alinear tras él al conjunto de la burocracia. Aun así, Raúl Castro debió anunciar la postergación del plan de despidos que en la primera etapa implicaba retirar a medio millón de trabajadores estatales para que se “reubiquen” como cuentapropistas o en cooperativas.

La dirección cubana dice que surgieron “619.387 supresiones, adiciones, modificaciones, preguntas y preocupaciones” en relación a los “Lineamientos...”, por lo que se estaría preparando una “nueva versión”. Si bien con estos datos busca pintar de “democráticos” sus métodos plebiscitarios de rancia tradición stalinista y es poco probable que haya cambios sustanciales, es posible que esté reflejándose, aun a través de los opacos filtros del andamiaje burocrático, el clima de desconfianza y recelo ante medidas poco populares como las que plantea el documento.

Los curas apoyan las reformas

La Iglesia, que busca cumplir el rol contrarrevolucionario que ya jugó en Polonia y en el Este europeo y cuenta con el reconocimiento del gobierno como “oposición tolerada” e intermediario con el imperialismo, apoya el programa de los “Lineamientos...” pidiéndole al gobierno “no tener miedo” y avanzar más, mientras propone el “diálogo” con la burocracia para alentar el avance hacia la restauración, acompañando la presión del imperialismo que considera “insuficientes” las medidas y reclama su profundización hacia una “apertura económica y política” plena. Si el papel de la Iglesia y de la “disidencia” de derecha (como los ex presos políticos exiliados a España) tiene amplia cobertura de la prensa internacional, en cambio, las posiciones críticas desde la izquierda dentro de Cuba son ignoradas mientras el régimen las ahoga, calumnia y persigue. Voces críticas a la izquierda del PC

En efecto, la aguda crisis viene alimentando cuestionamientos a los males de la sociedad cubana, al régimen de partido único y a las políticas de ajuste y pro-mercado, desde posiciones que se reivindican socialistas. Este fenómeno, si bien heterogéneo en lo político e ideológico y aparentemente reducido todavía a círculos de la intelligentsia (algunos miembros del PC, círculos académicos, artistas) y grupos juveniles, blogueros, etc. -desconocemos si existen lazos con sectores más amplios de trabajadores-, se manifiesta pese a la coerción burocrática, accediendo a ciertos resquicios “tolerados”. Gracias a Internet, algunos de sus escritos pueden ser conocidos fuera de Cuba.

Entre las posiciones que han logrado difusión, cabe mencionar las que plantean como salida la vía de las cooperativas y formas de autogestión. Se acaba de publicar Cooperativas y Socialismo: Una mirada desde Cuba, compilado por Camila Piñero Harnecker (hija de la conocida teórica Marta Harnecker), y por su parte autores como Pedro Campos (ex diplomático cubano, hoy jubilado, y escritor de numerosos trabajos), defienden un proyecto de “socialismo participativo y democrático” con énfasis en la autogestión de las empresas por los trabajadores como alternativa a la gestión económica y política de la burocracia. Pero ¿es este programa o el de la revolución política que defendemos los trotskistas el que puede plantear una salida socialista a la crisis cubana?

¿Cooperativas y autogestión o plan democráticamente centralizado?

En su “Propuesta Programática para el VI Congreso del PCC” Pedro Campos y sus compañeros plantean “Dejar atrás el fracasado sistema centrista, autoritario, estatista-asalariado y estructurado verticalmente de arriba hacia abajo, heredado del estalinismo, y avanzar a la concepción cooperativista integral moderna del Socialismo en el Siglo XXI, a un sistema comunal-democrático descentralizado”. Este se basaría en “nuevas relaciones cooperativas-autogestionarias de producción” que se caracterizarían por el hecho de que “los propios trabajadores asociados, dueños o usufructuarios colectivos, de sus medios de producción, auto-‘explotan’ su fuerza de trabajo; administran democráticamente su gestión productiva (control de gastos, planificación y elección de dirección) y controlan y distribuyen el plustrabajo o excedente (…)”.

Ahora bien, las cooperativas pueden ser una forma transitoria, auxiliar mientras no se logra un avance mayor de las fuerzas productivas, en aquellas áreas de baja productividad o pequeña escala (como cierta producción agrícola) en la periferia de la economía nacionalizada, pero no se adaptan a los requerimientos de la industrialización socialista, que demanda un alto grado de integración, ni a la producción en gran escala contemporánea.

Por otra parte, el planteo de autogestión de las empresas tampoco permite combatir a la lógica de mayor autonomía para hacer rentables a las empresas estatales que quiere imponer el PCC, preparando el camino para la restauración. Además, genera el peligro de la competencia en condiciones de un “socialismo de mercado” donde las más débiles se hundirían, con efectos deletéreos entre la clase obrera, pues en lugar de unir sus filas, traslada la competencia a los colectivos de trabajadores de cada unidad productiva, y a lo sumo podría beneficiar a los trabajadores de las empresas más “competitivas” creando una “aristocracia obrera”, con lo que, en suma, contribuiría a la fragmentación y dispersión del proletariado. La autogestión ya reconoce un antecedente en Yugoslavia, donde resultó funcional a los planes de la burocracia de Tito y más bien terminó fomentando las tendencias restauracionistas. Como reconoce una nota que defiende la propuesta de autogestión (“Lecciones de la autogestión yugoslava”, Kaos en la Red, 25/04/2010), en Yugoslavia en los años 50 “las empresas eran estatales y el Estado confió la administración de éstas a sus trabajadores. Las llamaban empresas sociales en vez de empresas estatales. Los trabajadores de esas empresas no eran vistos como obreros sino como miembros de un colectivo de trabajo”. Pero este sistema condujo a la “desigualdad entre firmas dentro de la misma industria, desigualdad entre industrias, desigualdad entre campo y ciudad, y desigualdad entre regiones” y una creciente diferenciación salarial. El artículo sintetiza los resultados del sistema en estos términos: “1) Desempleo. 2) Tendencia a la desigualdad. 3) Endeudamiento de las empresas. 4) Falta de solidaridad dentro de la sociedad. A fines de los 60 se somete a las condiciones del FMI (…). 5) Los trabajadores perdieron el poder que tenían a favor de los ‘expertos’ (esto es, la burocracia gerencial)”. Evidentemente ninguna forma económica que profundice la desigualdad social y debilite a la clase trabajadora puede ser progresiva, peor aun cuando en lugar de contrarrestar esta tendencia, se adapta a ataques como el anunciado despido masivo de trabajadores estatales, embelleciendo las posibilidades “socialistas” del cooperativismo, la autogestión por empresas y el cuentapropismo en lugar de plantear una estrategia de industrialización para fortalecer sistemáticamente a la clase obrera.

Ni las cooperativas ni la autogestión como sistemas pueden reemplazar a un plan democráticamente centralizado combinado con el monopolio estatal del comercio exterior, cuya superioridad reside en la coordinación del conjunto de los recursos materiales, humanos y científicos de la sociedad, ni tampoco enfrentar las presiones del mercado capitalista mundial, para avanzar en la transición al socialismo en escala nacional e internacional. La combinación de Plan y democracia obrera, al subordinar el mercado a los marcos necesarios de una economía transicional “sana”, permite orientar el desarrollo en función de las necesidades de los trabajadores y del fortalecimiento sistemático de la clase obrera como sujeto hegemónico en la construcción socialista.

En toda sociedad transicional, como es todavía Cuba (aunque muy degradada), existe una lucha entre las tendencias socialistas y las pro-capitalistas, el resultado de la cual depende del ritmo de desarrollo de estas dos tendencias. La planificación democrática es crucial para fortalecer las socialistas y combatir las “de mercado” mientras que las cooperativas y la autogestión fortalecen en última instancia los mecanismos de mercado.

No es casual que desde el “socialismo democrático y participativo” se vea favorablemente al equipo gobernante y algunas de sus medidas. Escribe Pedro Campos: “El gobierno del compañero Raúl abrió un capítulo de esperanzas que no podemos perder, pero la resistencia natural del tejido burocrático sólo le ha permitido presentar medidas aisladas, algunas contraproducentes, para perfeccionar el estatismo asalariado”. Las medidas introducidas incluyen mayores espacios para las cooperativas y el trabajo cuentapropista, más autonomía para las empresas y amplía los mecanismos de mercado. Campos se ubica entonces en la posición de presionar a Raúl y “aconsejarle” que vaya más allá, superando las mencionadas resistencias.

¿Democracia participativa o autoorganización democrática? Pedro Campos propone: “Hacer real el poder del Poder Popular, a cada nivel, dando pleno control de toda la actividad en los municipios a las autoridades que deberán ser elegidas en forma democrática y directa por el pueblo, con el control sobre parte de los impuestos que se recauden para la organización y realización de presupuestos autónomos ajustados a las necesidades reales y concretas de cada Municipio y Comunidad”.

“Perfeccionar el sistema democrático de elecciones: estudiar y aplicar formulas más participativas, democráticas y directas en los procesos electorales, en la estructura y en el funcionamiento del gobierno”. (Kaos en la Red, 6-4-2011). Esta es una política de reforma y “descentralización” parcial del régimen burocrático, no una estrategia para que la clase obrera, autoorganizándose desde los centros de producción, tome en sus manos la conducción de la economía y la política del Estado.

Aunque se logre que las instituciones de la administración local (como las municipalidades) sean democráticamente electas, no serán organismos de poder obrero y popular. Una “Asamblea nacional” democráticamente electa sería una caricatura de parlamento obrero y reproduciría la división burguesa de poderes, pero no sería el órgano supremo de los consejos obreros que asuma el conjunto de las tareas legislativas y ejecutivas, integrándose con delegados electos, revocables, que reciban el equivalente al salario de un obrero calificado o una maestra, que no puedan reelegirse más que uno o dos períodos y que respondan a los colectivos de trabajadores en las estructuras productivas. Nos referimos al ejemplo histórico de los soviets (o consejos) de la Revolución Rusa de 1917 (y no a su caricatura vaciada de todo contenido real por el stalinismo), como la forma más flexible y democrática de constituir los órganos del Estado obrero, mil veces más democráticos que los mecanismos representativos tomados de la democracia burguesa.

En lo que nosotros denominamos “estados obreros deformados” como el cubano, la clase obrera no alcanzó el poder político a través de instituciones de tipo soviético, sino que se impuso un régimen de “partido único”, expresión de la consolidación de una casta burocrática que parasita al Estado obrero, y ahora, al pasarse al campo de la restauración, lo está descomponiendo aceleradamente. En función de mantener y aumentar sus privilegios materiales, ahoga toda manifestación de democracia obrera, y su monopolio del poder político es funcional al plan de restauración gradual en una “vía cubana al capitalismo”.

¿Reforma o revolución política?

Concluye Campos: “Perfeccionar el funcionamiento del Partido, los sindicatos y las organizaciones políticas y de masas. Para representar los intereses de toda la clase trabajadora y el pueblo, el Partido Comunista debe ser el más democrático y admitir la existencia de opiniones y tendencias diversas mientras todas defiendan el poder de los trabajadores y el socialismo”. Acordamos en la necesidad de luchar por las más amplias libertades democráticas para los trabajadores y el pueblo, incluyendo su derecho a la huelga, a organizar sindicatos sin la tutela del PC y del Estado, a que los medios estatales se abran a todas las voces críticas obreras y de izquierda, etc.

Pero nos parece que la política de “perfeccionar” el PCC (que es la representación política de la burocracia y, como tal, no puede representar los intereses de toda la clase trabajadora) y no plantear la liquidación del régimen de partido único sólo crea falsas ilusiones en la posibilidad de “convencer” a la cúpula dirigente de que se “democratice”, y no lleva a transformar en sentido democrático las instituciones del Estado. Es necesario lograr plena libertad de acción y legalidad para los partidos que se ubiquen en el campo de la defensa de la revolución. No se puede conquistar una verdadera democracia obrera y de masas sin acabar con el monopolio político del PC; sin cuestionar a las FAR (con su casta de oficiales con grados, condecoraciones y prebendas y su poder en la economía nacionalizada), para desarrollar un verdadero sistema de milicias que sea el “pueblo en armas”; sin reemplazar a las instituciones del actual régimen burocrático por otras, que sí puedan expresar la intervención decisiva de la clase obrera y las masas en la dirección de la vida política, económica y cultural nacional.

Creemos que no se trata de levantar una estrategia de reformas graduales en el régimen, sino, por el contrario, de luchar en la perspectiva de la revolución política, esto es, de la defensa consecuente de las bases sociales del Estado creadas por la revolución, a la vez que por el derrocamiento de la burocracia y la instauración de un poder obrero y popular basado en las formas de autoorganización democrática que se den las masas.

En síntesis, se trata de elaborar un programa de revolución política, opuesto tanto al programa de “apertura económica y política” que en forma de una demagogia “democrática” persigue el imperialismo, como al proyecto de restauración gradual del capitalismo según una “vía cubana” al que se orienta la burocracia. Un programa que levante las banderas del antiimperialismo y recupere el internacionalismo militante, para soldar los lazos con las masas latinoamericanas y del mundo, en lugar de la utópica perspectiva del “socialismo en una sola Isla” que defendió siempre la dirección castrista.

Creemos que la combinación de crisis capitalista mundial, declinación de la hegemonía imperialista y despertar de la lucha de clases, como muestran la “primavera árabe” contra las dictaduras, las luchas obreras en Europa y otros procesos, crea nuevas condiciones internacionales que pueden alentar la resistencia de las masas cubanas contra los planes restauracionistas y el imperialismo. Al calor de la lucha contra la opresión burocrática y en los debates políticos e ideológicos sobre el futuro de la revolución cubana, pensamos que se puede ir forjando una izquierda revolucionaria en torno a un programa de revolución política y una estrategia de autoorganización para imponer un poder obrero y de masas, es decir, una verdadera dictadura revolucionaria del proletariado, como parte de la lucha por el socialismo internacional.