El domingo pasado, la segunda vuelta en las presidenciales de Colombia produjo la previsible consagración de Juan Manuel Santos a la presidencia, siendo vencido por amplio margen el centroderechista “verde” Antanas Mockus. La abstención se mantuvo en los altos niveles históricos de esa “democracia para ricos”, por lo que resultó electo con el voto de menos del 30% de los ciudadanos. Santos, antigua mano derecha y “delfín” político de Uribe, encarna las mayores garantías para la continuidad del programa de entrega, represión y alineamiento proyanqui que caracterizó sus 8 años de mandato.

Esto es un importante triunfo político para la reacción y el imperialismo en un país clave de Sudamérica. Sin embargo, Santos debe hacer frente a la compleja y conflictiva “agenda”, donde no están ausentes las presiones del gobierno de Obama y de la propia oligarquía colombiana que si bien agradecen los “servicios prestados” por el saliente mandatario, prefieren un “cambio de estilo” que permita asentar mejor y legitimar su herencia; ni el malestar social generado por las dificultades económicas, la situación de desempleo, bajos salarios y miseria y la represión. Hasta su asunción el 7/8, irán perfilándose más claramente sus planes para organizar la transición a un “posuribismo”, que tipo de alianzas establece y si toma mayor distancia o no del presidente saliente.

En efecto, es posible que intente “lavarle la cara” al régimen tomando distancia de algunos de los aspectos de la gestión de Uribe, pese a que como Ministro de Defensa por 3 años, está implicado (hasta el punto de tener una causa judicial en Ecuador por el asesinato de Reyes en 2008), en los escándalos que lo salpicaron: casos de corrupción y financieros, lazos con la “parapolítica”, los paramilitares y los narcos y las brutales y masivas violaciones a los derechos humanos, incluyendo miles de “falsos positivos” (civiles asesinados presentados como si fueran bajas guerrilleras) y desapariciones; pero al mismo tiempo manteniendo el Plan Colombia y las bases militares norteamericanas, garantizando impunidad para Uribe y los mandos militares (lo que ya genera fricciones como el rechazo de Uribe y los jefes militares a la condena judicial de un Cnel.(r), por desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia hace 25 años.

La economía nacional se recupera débilmente tras la recesión de 2009 y choca con serios problemas como la drástica reducción de las ventas a Venezuela desde la suspensión de relaciones diplomáticas (este país es su 2° socio comercial después de EE.UU.) o el congelamiento del TLC con EE.UU. (al que se jugaron Uribe y el “establishment” burgués), mientras hay contradicciones en torno al programa de “confianza inversionista” y nuevas privatizaciones que profundizarían el programa neoliberal. Santos tiene por delante el problema de cómo hacer un ajuste de estos planes que pueda re dinamizar la economía y satisfaga a las distintas fracciones burguesas al mismo tiempo que permita contener la crisis social (pues el nivel de desocupación y subocupación es muy grave y entre sus promesas centrales está la de crear empleo…)

Santos ya planteó darle “liderazgo” a Colombia (lo que implicaría impulsar un polo proyanqui de la mano de Alan García y Piñera como contrapeso al liderazgo sudamericano de Brasil y al “peligro populista” que encarnan Chávez, Evo y Correa) pero también “enderezar” las relaciones con la región, lo que es difícil de compatibilizar con lo anterior porque exigiría mejorar relaciones con Brasil y por tanto, conciliar con sus proyectos para UNASUR (ya Lula envió sus felicitaciones y una invitación al diálogo); y recomponer relaciones diplomáticas y económicas con Venezuela y Ecuador (Chávez y Correa se apuraron a felicitarlo por el triunfo y abrir las puertas a conversaciones, a lo que Santos contestó como un “primer gesto muy positivo hacia ese objetivo” que es “restablecer una relación entre los dos pueblos”.

El nuevo gobierno de Santos

Otro problema clave para Santos es buscar una salida al interminable “conflicto interno”. La política represiva de “seguridad democrática”, al amparo de la cual Uribe y los mandos militares asesorados por el Pentágono mantuvieron una feroz ofensiva contra los grupos guerrilleros, que incluyó cientos de miles de nuevos “desplazados” del área rural e innumerables asesinatos y desapariciones de sindicalistas y luchadores obreros, campesinos, indígenas y populares con la “colaboración” de los paramilitares; logró infligir fuertes golpes a la guerrilla, como la muerte de Raúl Reyes o la liberación de varios rehenes, y debilitarla. Pero ésta conserva apoyo entre el campesinado en distintas áreas y sigue siendo un desafío que los militares no han conseguido aplastar. La reciente liberación con un operativo militar de 4 rehenes de las FARC, entre ellos un alto jefe policial, fue un nuevo golpe a la insurgencia, pero en el día de las elecciones y pese al formidable despliegue de seguridad se produjeron varias acciones en las cuales murieron 11 uniformados y 6 guerrilleros.

Santos salió a plantear que “a las FARC se les agotó su tiempo (…) mientras insistan en sus métodos terroristas, mientras insistan en atacar al pueblo colombiano, no habrá diálogo y las seguiremos enfrentando con toda la dureza, con toda la firmeza, pero, fracasados hasta ahora los intentos de erradicar a la guerrilla por vía militar, está por verse si podrá imponerle mayores derrotas que la desarticulen, sin excluir la posibilidad (aunque no inmediata) de nuevos tanteos para algún tipo de negociación”.

Santos comenzó por tomar cierta distancia formal de Uribe, afirmando que “Yo haré mi gobierno y él hizo el suyo”, aunque subrayó que “nunca dejaré de elogiar lo que el presidente Uribe hizo por este país”, y envió señales conciliadoras a la Justicia (con la que Uribe mantiene roces), ensayando así un improbable equilibrio entre los lazos que mantiene con su predecesor y mentor, la necesidad de diferenciarse de él y los compromisos para asegurarle impunidad, puesto que ni Uribe ni su séquito están dispuestos a ser el chivo expiatorio de eventuales procesos “anticorrupción” o por DD.HH., lo cual podría ser fuente de nuevas tensiones políticas.

Santos está incorporando a su gabinete figuras de origen no uribista (entre ellas, provenientes del gobierno de Pastrana) e invitó al Partido Liberal, a sumarse a un “gran acuerdo de unidad nacional”. El parlamento tiene mayoría derechista, pero dividida en varias fracciones y en su propio Partido de la U pesa el uribismo a ultranza (de 102 senadores, 73 serían oficialistas, pero de ellos el Partido de la U tiene 28, sus aliados conservadores 24, Cambio Radical 8 y el Partido Liberal 13; y de los 166 Diputados, 137 son derechistas, pero del Partido de la U sólo son 49, hay 29 conservadores, 16 de CR y 33 liberales), por lo que deberá negociar con sus aliados en un contexto económico, social y político complicado por las “turbulencias” de la crisis internacional. En estas próximas semanas, Santos deberá ir definiendo sus planes políticos y económicos de cara a este complejo panorama.

Para el movimiento obrero y popular, se trata de no depositar la menor ilusión en los planes de Santos, pues no faltan quienes lo tildan de más apegado a la constitución o más democrático que Uribe, o se apresuran a expresar su disposición a dialogar desde la oposición, como Gustavo Petro, el ex candidato del Polo Democrático Alternativo. Aunque la CUT planteó correctamente la abstención, la CGT –una central sindical menor- llamó a votar por Santos en la segunda vuelta ¡con el argumento de que su vicepresidente Angelino Garzón es de origen sindicalista!

Por el contrario, se trata de unir fuerzas y preparar la movilización de los trabajadores, campesinos, indígenas y sectores populares por la expulsión del imperialismo y sus bases, contra los asesinatos y crímenes de militares, paramilitares y sicarios, contra la impunidad del uribismo, por la defensa del salario, el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores y el conjunto de las demandas obreras y populares, en el camino de derrotar al régimen en su conjunto y abrir el camino a una salida obrera y popular.

Basta de asesinatos de obreros y campesinos

Clarín y La Nación alaban a la democracia colombiana pero ocultan la brutal represión estatal y paraestatal –al servicio de empresarios, terratenientes y transnacionales- que sufren los trabajadores y campesinos de ese país. Según un comunicado reciente: “A 31 asciende la cifra de los sindicalistas asesinados en Colombia en lo corrido de año, una práctica que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó de sistemática en contraste con los argumentos esgrimidos por el gobierno. El más reciente hecho luctuoso tuvo lugar la víspera cuando Nelson Camacho, trabajador de mantenimiento de la refinería ECOPETROL y afiliado a la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo (USO), fue ultimado por sicarios. Este crimen, advirtió la CUT, es la continuidad sistemática de una serie de atentados y amenazas contra dirigentes y trabajadores afiliados al sindicato. Advirtió que ello se da en un contexto de conflictos colectivos que adelanta el gremio con la multinacional British Petroleum, ECOPETROL y TGI en los departamentos de Boyacá y Casanare y la anormalidad laboral determinada en petrolera estatal colombiana” (http://www.bolpress.com). Las organizaciones sindicales y estudiantiles, organismos de DD.HH., y corrientes de izquierda deben impulsar una campaña continental por el fin de estos crímenes y el juicio y castigo a sus responsables materiales e intelectuales.

El Gobierno de Santos y su política hacia las FARC

Con Santos es poco probable que la política estatal cambie, aunque la línea de las FARC es presionar por un “canje humanitario” de rehenes que al menos les permita recuperar cierto lugar como interlocutores y reabrir líneas de negociación con el régimen. Santos y los yanquis están en contra de cualquier concesión que les permita recuperar espacio político y hacer valer sus posiciones militares, pues consideran que han logrado debilitarlas en grado sustancial, aunque no están aplastadas, y en el caso del ELN, ha logrado que reduzcan mucho su accionar aunque sin avanzar en “negociaciones de paz”.

Bajo Uribe la estrategia militar en el enfrentamiento “antisubversivo” cambió y se hizo más móvil y ofensiva, se avanzó en la duplicación de las fuerzas militares y policiales llevándolas a 450.000 efectivos, con entrenamiento, cientos de “asesores”, armas y apoyo norteamericano de todo tipo (incluso las varias bases yanquis) como parte del Plan Colombia ha transformado al país en una fuerza militar sólo comparable a Brasil en la región.

Las FARC sufrieron una serie de derrotas, perdieron más de la mitad de sus efectivos (de unos 17.000 a menos de 9.000), sea por bajas, capturas, deserciones, etc., y debieron abandonar muchas zonas, perdiendo la capacidad de hacer grandes acciones ofensivas.
La guerrilla se vio obligada a cambiar sus tácticas, evitando enfrentamientos abiertos y recurriendo a pequeñas acciones para hostilizar a los efectivos militares sin ofrecer blanco, como el minado de pasos o pequeñas emboscadas.

El debilitamiento militar de la guerrilla se combinó con una creciente decadencia política, incluyendo acciones aberrantes (como secuestros indiscriminados o represalias contra comunidades rurales) que el régimen aprovechó ampliamente para hacer demagogia y ocultar los incontables crímenes de sus propias fuerzas, pero también con una política cada vez más moderadamente reformista. Las FARC se definen como “una organización política militar que recoge las banderas bolivarianas y las tradiciones libertarias de nuestro pueblo para luchar por el poder y llevar a Colombia al ejercicio pleno de su soberanía nacional y hacer vigente la soberanía popular. Luchamos por el establecimiento de un régimen democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los derechos humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos quienes vivimos en Colombia", es decir por un programa de democracia burguesa, al servicio del cual ponen las armas y el apoyo campesino, buscando presionar a la clase dominante colombiana para que acepte esa vía.

Los socialistas revolucionarios denunciamos la “guerra sucia” del Ejército y el régimen de la oligarquía colombiana apoyado por EE.UU. y denunciamos la demagogia hipócrita de los “demócratas” que se rasgan las vestiduras ante las acciones guerrilleras pero criticamos las acciones descolgadas y a veces aberrantes que perjudican la causa obrera y campesina. Contra la pérfida campaña imperialista de “terroristas” apoyamos su reconocimiento como fuerza política y militar beligerante. Estamos contra la rendición o desarme de la guerrilla, pero nos oponemos a su estrategia militarista que choca con las necesidades de la movilización obrera, campesina y popular y su programa de colaboración de clases con la burguesía “patriótica” o “democrática”. La estrategia guerrillera conduce a un callejón sin salida. Las masas colombianas necesitan un programa de los trabajadores, para derrotar al régimen e imponer que la crisis la paguen los capitalistas y el imperialismo, y una dirección obrera y socialista que pueda llevarlas al triunfo.