Al cierre de este artículo, representantes del gobierno golpista y del presidente Zelaya habían dado inicio a lo que la dictadura cívico militar encabezada por Micheletti denominó el Diálogo Guaymuras. Entre los representantes designados por Zelaya que están participando en la negociación se encuentra el Coordinador General del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, el dirigente sindical Juan Barahona.

Esta ronda de negociación cuenta con la participación de la comisión de cancilleres de la OEA, de su secretario general, Miguel Insulza, del subsecretario de Estado para América Latina de Estados Unidos, Thomas Shannon, del representante de la Unión Europea y de las Naciones Unidas.

Entre todos buscarán sellar un acuerdo reaccionario que ponga fin a la crisis abierta con el golpe militar del pasado 28 de junio. Para dar sólo un ejemplo del carácter de este diálogo, en una entrevista reciente, el presidente brasileño Lula Da Silva, quien viene siendo el principal impulsor de la política de Obama del acuerdo con los golpistas, dejó en claro que si se restituye a Zelaya en la presidencia, se podrán reconocer las elecciones presidenciales previstas para el 29 de noviembre y habrá amnistía para los golpistas.

Hasta el momento no está claro cuál será el resultado concreto del Diálogo Guaymuras. Zelaya hace tiempo ha aceptado las condiciones impuestas en los Acuerdos de San José propuestos por el presidente costarricense Oscar Arias, como mediador designado por Obama y Hilary Clinton. Recordemos que Arias ya jugó un rol en pacificar Centroamérica a fines de la década de 1980, reconciliando a las organizaciones guerrilleras con los represores e integrándolas a los regímenes burgueses. El llamado Plan Arias para Honduras incluye la conformación de un gobierno de unidad nacional con los golpistas, la amnistía para quienes dieron el golpe y cometieron abusos y violaciones a los derechos humanos y el compromiso de no convocar a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, Micheletti apoyado por sectores empresarios y de la elite política local, y por algunos congresistas y funcionarios norteamericanos, sigue negándose a aceptar todos los términos del Plan Arias. Entre los planes alternativos de los golpistas están: la renuncia tanto de Micheletti como de Zelaya y la asunción de un presidente interino y la realización de las elecciones el 29 de noviembre, la restitución de Zelaya pero sólo después de que se conozcan los resultados de las elecciones, la amnistía para los golpistas pero no para Zelaya, y otras variantes. Ante esto Zelaya ha puesto como condición para respetar las elecciones ser restituido como presidente antes del 15 de octubre.

Más allá de los términos concretos que se terminen negociando o no, el Diálogo Guaymuras, al igual que los Acuerdos de San José, es una vía para imponer una salida reaccionaria que legitima a los golpistas, busca otorgarles una amplia amnistía a quienes cometieron abusos y violaciones a los derechos humanos, y preserva el régimen oligárquico y proimperialista impuesto por la burguesía hondureña en la constitución de 1982.

Ningún acuerdo con los golpistas

Las movilizaciones que se desarrollaron con el retorno de Zelaya a Honduras abrieron una situación de una gran inestabilidad política, planteando la perspectiva cierta de que se radicalizara la resistencia obrera, campesina y popular que, desde hace tres meses, viene enfrentando al régimen golpista.

Sin embargo, Zelaya no regresó a Honduras para alentar la caída revolucionaria de Micheletti, sino que con el aval de Brasil, tenía por objetivo ejercer una presión in extremis sobre los golpistas para que éstos aceptaran los Acuerdos de San José. Su política fue iniciar el diálogo con la Iglesia católica y los candidatos de los dos partidos golpistas, el Partido Nacional y el Partido Liberal, llamando al pueblo hondureño a confiar no en sus propias fuerzas sino en una resolución pacífica y negociada supuestamente garantizada por el imperialismo y la OEA.

Micheletti mostró que no iba a ceder fácilmente y decretó el estado de sitio para disciplinar al movimiento de masas. La suspensión de las garantías constituicionales se mantuvo durante una semana e implicó un salto en las acciones represivas del ejército, con cientos de activistas detenidos, y la clausura de los medios de comunicación antigolpistas.

La política “dialoguista” de Zelaya y la represión de Micheletti y los golpistas actuaron para desarticular la movilización popular y facilitar la implementación de una salida reaccionaria.

Aunque originalmente había cuestionado algunos puntos de los Acuerdos de San José, la estrategia de la dirección mayoritaria del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado estuvo acorde con la orientación de Zelaya. Incluso uno de sus dirigentes más reconocidos, Rafael Alegría, declaró que la convocatoria de la Asamblea Constituyente, una de las demandas centrales de la resistencia, podía suspenderse para el año próximo. De esta manera, la política de subordinar al movimiento de masas a la dirección de Zelaya no hace más que mantener intacto el poder de los explotadores hondureños.

Desde el comienzo, la estrategia de Zelaya, como la de la OEA y el bloque del ALBA, fue subordinarse a la política del gobierno imperialista de Obama que se expresó en el Plan Arias, de dialogar con los golpistas, aceptando su restitución condicionada a la presidencia y permitiendo la legitimidad del régimen oligárquico al servicio de la burguesía proimperialista hondureña, del que él mismo forma parte.

Ahora el bloque zelayista busca conseguir en la mesa de negociación la reinstalación de Zelaya en la presidencia antes del 15 de octubre, a cambio de eso legitimaría las elecciones del 29 de noviembre. Pero incluso esta salida que parece tan conveniente a los ojos de Obama y los gobiernos latinoamericanos, no está garantizada en el marco de la gran polarización política y social de Honduras donde una minoría de capitalistas y terratenientes, socios menores del imperialismo norteamericano, buscan mantener sometida a la gran mayoría de la población.

De concretarse, los acuerdos con los golpistas serían una gran estafa para el pueblo hondureño, aunque restituyeran a Zelaya en la presidencia. Es necesario que los trabajadores, los campesinos pobres, los jóvenes, las mujeres y los sectores populares que han venido sosteniendo la resistencia contra el golpe durante más de tres meses, y que empezaron a desarrollar elementos embrionarios de autodefensa en barrios y colonias populares ante la represión del ejército, se doten de una política y una estrategia propia independiente de Zelaya. Es preciso que le exijan a las direcciones obreras y campesinas desconocer cualquier acuerdo que eventualmente se firme con los golpistas y retomar el camino de la lucha y la movilización en la perspectiva de organizar el boicot a las elecciones y la huelga general indefinida hasta derrotar a los golpistas e imponer un gobierno provisional de las organizaciones obreras y populares.