Represión, crisis económica, tensiones políticas y resistencia, son los términos de la ecuación hondureña al cumplirse un año del golpe de Estado que derrocó a Zelaya el 28 de junio de 2009.

Se siguen produciendo nuevos asesinatos “selectivos” de luchadores antigolpistas y miembros de la resistencia por parte de “escuadrones de la muerte” ligados a los militares y a la oligarquía burguesa que domina el país, mientras una brutal represión “legal” actúa contra los campesinos del valle de Aguán y otras comunidades que luchan por la tierra y sus derechos, contra los maestros, la universidad y otros sectores de trabajadores que se movilizaron desde el primer día contra el golpe, contra periodistas, activistas de DD.HH. y hasta contra jueces y funcionarios judiciales que no se plegaron al dictado de los militares.

Con esta escalada represiva la reacción gobernante intenta aplastar a un movimiento de resistencia que sigue vivo y que se nutre de las explosivas contradicciones económicas y sociales que empujaron a Honduras a la crisis. Ni el golpe mismo ni el posterior traspaso del gobierno con la fraudulenta manipulación electoral que elevó a Porfirio Lobo al ejecutivo para legitimar la obra de los golpistas, han logrado consolidar una salida acorde a lo que esperaba la burguesía. A un año del golpe, en medio de una recesión ligada a las convulsiones de la crisis económica internacional, la situación en Honduras está lejos de haberse “normalizado”, pese a los esfuerzos de Obama y el imperialismo en su conjunto por sostener al nuevo régimen y hacer aceptable su reconocimiento diplomático.

La resistencia de los trabajadores y el pueblo de Honduras -que en este aniversario volvieron a manifestar en las calles de Tegucigalpa- ganó la simpatía de millones en el continente. Hay que redoblar la solidaridad internacional. Que las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas y populares de toda América Latina tomen en sus manos activamente la campaña de denuncia al régimen y su brutal represión al servicio de los empresarios y el imperialismo. Basta de asesinatos de luchadores. ¡Viva la resistencia obrera y popular contra el régimen de Lobo y los golpistas! ¡No al reconocimiento diplomático del gobierno de Lobo!

Desde el primer momento nuestra corriente, la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional, se colocó en primera fila de la campaña internacional por la derrota del golpe. Impulsamos y participamos activamente en todas las iniciativas, marchas y mitines en Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Venezuela y demás países donde tenemos presencia orgánica y compañeros nuestros viajaron a Tegucigalpa para llevar la solidaridad y establecer lazos con la vanguardia que resistía en las calles. Desde ese 28 de junio, seguimos el proceso publicando varias declaraciones y artículos políticos, como el incluido en nuestra revista Estrategia Internacional n° 26.

La heroica lucha de la resistencia hondureña necesita un balance claro de los acontecimientos, para preparar los nuevos pasos de la lucha y encaminarse al triunfo. Esta nota es un modesto aporte a su elaboración.

Honduras y la coyuntura latinoamericana

El golpe del 28 de junio fue un acontecimiento decisivo para el proceso político de Honduras, alterando décadas de continuidad formal en su “democracia para ricos”. Pero sus repercusiones fueron mucho más allá de las fronteras nacionales y de la propia Centroamérica.

La consolidación del golpe de Estado y su posterior legitimación electoral con el gobierno de Porfirio Lobo son expresión de un giro político a derecha y creciente polarización, alentados por el intento del imperialismo de recomponer su autoridad sobre la región en su conjunto, poniendo límites a la extensión del “populismo” identificado con el gobierno de Chávez y sus aliados. Al mismo tiempo, expresan la preocupación de las clases dominantes latinoamericanas que, para enfrentar en mejores condiciones las secuelas de la crisis económica internacional, presionan para recomponer relaciones con Estados Unidos, se oponen a toda veleidad reformista o concesión a las masas y exigen planes económicos más funcionales a sus intereses a costa de los trabajadores y el pueblo pobre.

Estos “vientos reaccionarios” se siguen haciendo sentir sobre la región en el año transcurrido, más claramente que en Sudamérica, en el bloque subregional que conforman México, Centroamérica y el Caribe. Esta área fue más golpeada por la retracción de la economía estadounidense en 2009, a consecuencia de la crisis internacional y sufre más directamente el peso del imperialismo norteamericano. Al golpe en Honduras se sumaron el posterior triunfo electoral de la neoliberal Laura Chinchilla en Costa Rica, el desembarco marine bajo pretexto humanitario en Haití y los golpes al movimiento obrero mexicano (electricistas y mineros) descargados por Calderón.

En este marco Honduras se constituyó en un campo de forcejeos entre Estados Unidos y Brasil, que al intervenir al frente de los países que rechazaban el golpe, pretendía avanzar en su liderazgo regional. En Tegucigalpa la línea que se impuso fue la norteamericana, ratificando sus “títulos” sobre la región que considera históricamente como su “patio trasero”, y el gobierno de Lula cosechó varios fracasos diplomáticos. Hoy reconocen al gobierno de Lobo no sólo Estados Unidos y varias potencias europeas sino varios países latinoamericanos. Brasil y Argentina tuvieron que ejercer enorme presión para que Lobo no participara en la cumbre entre la Unión Europea y América Latina hace un par de meses.

Si bien en la actual situación el imperialismo y las burguesías locales no apuestan a los golpes como regla general y prefieren la continuidad de las formas de la democracia burguesa (aunque en los últimos años no faltaron intentos golpistas fracasados como el de Carmona en abril de 2002 en Venezuela), la experiencia hondureña demuestra que estarán dispuestos a utilizar todos los métodos contra las masas, dependiendo de la combinación de relaciones de fuerza, divisiones en las alturas, crisis económica y otras circunstancias específicas el que se jueguen a salidas de este tipo, que como muestra la propia situación hondureña, generan grandes contradicciones, polarización y resistencia, arriesgándose a sembrar en última instancia las condiciones de una desestabilización más profunda que la que deseaban evitar la burguesía y el imperialismo.

Una profunda crisis nacional

Honduras es uno de los países más empobrecidos de América Latina y es con Nicaragua la economía más atrasada en Centroamérica.

Mientras el 10% de la población acapara el 37% de la riqueza nacional, el 40% más pobre de los hondureños apenas alcanza el 10%. De los 7,6 millones de habitantes, 62,3% son urbanos y cerca de 2,5 millones son rurales. Más de la mitad de la población vive en la pobreza, lo que se eleva a dos tercios en el área rural [1].

Esta polarización se expresa también en la estructura de la propiedad de la tierra. Según datos de 1993, existían 385 grandes propiedades que acaparaban 413.976 Has., o sea el 12.4% de la tierra Las explotaciones agropecuarias de tipo empresarial (que podemos suponer incluyen a todas las que tienen más de 100 Has.), eran apenas 5192 fincas –sólo el 1,6% del total, pero tenían poseían 1.234.700 Has., el 36,98% de la superficie. En el otro polo, los campesinos pobres con menos de 10 Has. constituían 662.591 unidades familiares, el 92,8% del total de fincas, pero sólo tenían el 19.0% de la tierra, unas 633.279 Has [2] .

Esta situación agraria es el motor de un fuerte flujo de emigración que además de dirigirse a EE.UU., nutre de mano de obra barata a un importante sector maquilero (manufacturas en textiles y otros), que exporta ¾ de su producción al mercado norteamericano. Este sector se fue desarrollando desde los años 90 y en 2007 llegó a agrupar unos 130.000 trabajadores en unas 340 empresas, la mayoría firmas hondureñas pero asociadas con una fuerte participación de capitales norteamericanos y en menor grado coreanos y de otros países asiáticos [3].

Una docena de poderosos clanes familiares, entre ellos los Facussé, Ferrari, Callejas, Cahuanati y otros, conforman una concentrada oligarquía agraria y empresarial, que es la cúpula de la burguesía hondureña, está estrechamente ligada a los medios económicos y políticos norteamericanos e históricamente convirtió a estos lazos privilegiados en el reaseguro de su dominio de clase.

Como contrapartida, Honduras fue un punto de apoyo esencial para el control norteamericano de Centroamérica. En 1962 el régimen hondureño –junto con el del nicaragüense Somoza- brindó facilidades para el entrenamiento y organización de los “gusanos” que invadieron Bahía Cochinos por cuenta de la CIA. En los 70 y 80, Honduras fue base de las operaciones norteamericanas contra las revoluciones en Nicaragua y El Salvador y la retaguardia de la “contra” financiada por el gobierno de Reagan.

Actualmente, el Pentágono cuenta con la base militar de Palmerola, que junto a las de Comalapa en El Salvador e instalaciones en Panamá, forman un importante dispositivo logístico, militar y de inteligencia en la órbita del Comando Sur.

El extremo grado de subordinación semicolonial a EE.UU. y el secante control de la oligarquía burguesa sobre el Estado –en un estrecho entrelazamiento de intereses económicos y ejercicio poco mediado, casi directo, del poder- son rasgos que marcan a fuego el carácter del régimen hondureño.

La vigente constitución de 1982 fue forjada bajo la influencia del imperialismo para garantizar esas formas estatales según los intereses de la clase dominante y pactando un sistema bipartidista con las dos formaciones políticas tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Como garantía de estos pactos, se introdujo el Art. 374 de la Constitución que prohíbe modificar el período presidencial o la reelección. Posteriores reformas fueron introducidas entre los años 90 y entre 2001 y 2005, para “perfeccionar” las instituciones de acuerdo al “modelo neoliberal”, sin embargo el régimen se sostuvo en lo esencial cada vez más a contramano de los cambios económicos y sociales en curso.

Gravitando en torno a la economía de Estados Unidos y en el marco del DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Rca. Dominicana), en un proceso iniciado en 2003 y vigente desde 2006, la economía hondureña vivió un ciclo de crecimiento entre 2002 y 2007. Pero se “desaceleró” en 2008, bajo el impacto de la crisis norteamericana y entró en franca recesión en 2009, contrayéndose el PBI un -3,0 % y poniendo en entredicho las perspectivas del “modelo” basado en la subordinación a los intereses norteamericanos y la explotación de mano de obra barata. La crisis económica expuso al rojo vivo las contradicciones estructurales nacionales y motorizó las divisiones en la clase dominante.

Al calor de esos procesos económicos, se había ido produciendo una diferenciación interna en la burguesía, entre un sector agroindustrial y empresarial más dinámico y beneficiado con el TLC, mientras que otros sectores quedan rezagados, provocando fuertes pugnas interburguesas que se manifestaron en la crisis del bipartidismo. Mientras el Partido Nacional y un sector de los liberales expresa políticamente a los sectores más dinámicos y poderosos, otra ala liberal refleja a los grupos más débiles, por lo que sin cuestionar de fondo el programa neoliberal ni al TLC, planteaba una adecuación de los ritmos y ciertas medidas de protección.

Pero con todo ello, la crisis nacional en marcha vino a poner de relieve que a las tareas democráticas estructurales históricas de la liberación nacional frente a la opresión imperialista y de la reforma agraria, se sumaba una cuestión política de primer orden: el problema de acabar con el reaccionario y proimperialista régimen de la constitución de 1982 y rediscutir los “proyectos de país”, lo que da pie a la discusión nacional sobre una Asamblea Constituyente.

El gobierno de Zelaya y su giro “populista”

Es al gobierno de Manuel “Mel” Zelaya a quien le tocó presidir ese proceso de crisis. Siendo un político de origen tradicional, militante del viejo Partido Liberal y él mismo hacendado, fue elegido en 2005 frente a Porfirio Lobo, candidato del Partido Nacional. El gobierno liberal de Zelaya encarnaba el intento de lograr un compromiso entre las distintas fracciones capitalistas en el marco del proceso del TLC, aunque él mismo parece reflejar más bien a sectores económicamente más débiles, mientras que otro líder liberal, el empresario Roberto Micheletti, (elegido al frente del senado y que se le enfrentará violentamente, hasta desplazarlo) está ligado a los sectores más poderosos de la oligarquía.

La llegada de la recesión y las evidencias de agotamiento en el “modelo” agudizaron las divisiones en la clase dominante y llevaron a Zelaya a buscar un nuevo rumbo para destrabar los problemas de la acumulación capitalista y hacer frente a las crecientes presiones sociales que se manifestaron en los bloqueos carreteros de 2007 y los paros cívicos nacionales de 2008.

Desde mediados de 2007 fue insinuando un moderado giro a izquierda en sus planteamientos y tomando cierta distancia del tradicional alineamiento pronorteamericano de Honduras. En enero de 2008 Zelaya adhirió al acuerdo de Petrocaribe, lo que le permitiría a Honduras contar con facilidades para la importación de petróleo venezolano. Esta medida fue bien vista por la mayoría de la burguesía, pues aliviaba el peso de las importaciones de combustible. Sin embargo, la posterior adhesión al ALBA comenzó a generar rechazo, pues si bien se mantenía el TLC con Estados Unidos, comenzó a generar fuerte presión del gobierno de Washington, con lo que la mayor parte de la clase dominante que hasta ahora no veía mal esos acuerdos pasó a una oposición cada vez más virulenta, considerando inaceptable entrar en colisión con los intereses norteamericanos a los que está tan subordinada económica y políticamente.

Las necesidades políticas de Zelaya, pretendiendo fortalecerse como árbitro nacional para enfrentar la crisis, lo empujaron a buscar base social con un discurso de tono más populista y medidas como el aumento del salario mínimo (resistido por las “maquileras”), lo que al mismo tiempo que generaba expectativas en sectores populares, lo enemistaba más con el grueso de la clase dominante, hostil a cualquier veleidad reformista por tímida que fuera. Ahora pretendía impulsar una reforma constitucional para lo que propuso un referéndum el 28 de junio donde consultar si en las elecciones de noviembre, se habilitaría una “cuarta urna” para votar la convocatoria a una Asamblea Constituyente fue la “gota que colmó el vaso” porque amenazaba introducir modificaciones en el régimen político que la oligarquía vio como un atentado directo a sus intereses concretos, decidiéndola a intervenir y poniendo en marcha la conspiración para su alejamiento de la presidencia.

El golpe

El 28 de junio de 2009, luego de varios días de extrema tensión, dictamen de “inconstitucionalidad” del referéndum por la Justicia, secuestro de boletas por militares y despliegue de uniformados en las calles, fuerzas del Ejército detuvieron a Zelaya y lo expulsaron en avión a Costa Rica. El Gral. Romeo Vázquez, jefe del Estado Mayor, dirigía el golpe mientras el presidente del Senado, el liberal Roberto Micheletti, era investido como presidente provisional con el voto de la mayoría del Congreso, que seguiría funcionando, al igual que los partidos políticos reconocidos.

Puede afirmarse que el golpe fue “cívico-militar”, es decir, que el rol del Ejército fue decisivo, pero que los generales no asumieron el poder político directamente ni clausuraron las instituciones republicanas, descansando la administración gubernamental en manos de los representantes políticos tradicionales de la oligarquía a través de las instituciones del régimen.

El golpe tenía un carácter preventivo: evitar que se iniciase un proceso de reforma del régimen que pudiera derivar en un gobierno nacionalista o abrir brechas para una irrupción de las clases subalternas. Al contrario que los golpes de los 70 (como había sido en Chile, Bolivia o Argentina), no se trataba de enfrentar la amenaza revolucionaria de un movimiento obrero y de masas en auge, sino de resolver una crisis política que todavía se mantenía en las alturas, como enfrentamiento entre dos sectores burgueses. Fue dado confiando en poder imponerlo “en frío” y manteniendo las formas democrático-burguesas restringidas como cobertura del golpe bonapartista y represivo, apoyándose para ello en la adhesión de las cámaras empresariales, los medios de prensa y la Iglesia, y logrando base social en sectores pequeñoburgueses privilegiados. Sin embargo, la entrada en escena de un movimiento de resistencia masivo les complicó los planes, al obligar a aplicar una dosis de represión mucho más brutal mientras mantenían la fachada institucional, con lo que la operación para generar una cobertura de “legitimidad” quedo fuertemente comprometida a ojos de la población e internacionalmente.

La política del imperialismo y los gobiernos latinoamericanos

La actitud inicial del imperialismo norteamericano mereció no poca discusión en la izquierda y entre los analistas políticos. Es cierto que Obama no apoyó desde un primer momento el golpe y en los primeros días su gobierno se preocupó por tomar distancia de los hechos de Tegucigalpa y reclamar el respeto a “la legalidad” A Obama, que se presentó ante América latina como portador de una nueva política de “buena vecindad” no lo convencía aparecer apañando un golpe militar de dudosos resultados. Sin embargo, sectores de su gobierno y del stablishment político y militar norteamericano estuvieron comprometidos en el apoyo a la conspiración. Washington conocía los planes golpistas y funcionarios norteamericanos como el embajador en Honduras, Hugo Llorens participaron en las reuniones conspirativas y autorizaron el uso de las instalaciones de la base de Palmerola para su expulsión a Costa Rica. Más allá de las posibles o reales divergencias “tácticas” todos veían con buenos ojos la oportunidad de poner un límite a la extensión del “populismo” y la influencia de Venezuela en Centroamérica.

Pronto Washington articuló una estrategia que por un lado sostenía a los golpistas al mismo tiempo que les presionaba y condicionaba mientras armaba un canal de negociación que permitiera orquestar una salida acorde a los objetivos y necesidades políticas del imperialismo, lo que significaba asegurar los objetivos centrales del golpe: cerrar el camino a una reforma constitucional, alejar a Honduras de la influencia de Chávez, mantener la continuidad del “modelo neoliberal” y del régimen de la constitución de 1982. La Secretaria de Estado Hillary Clinton, así como Thomas Shannon y otros funcionarios intervinieron en las gestiones para entablar conversaciones con Zelaya a través del presidente costarricense Oscar Arias, viejo agente “democrático” de los norteamericanos.

Lula y sus aliados en la OEA y UNASUR, como Argentina, se pronunciaron contra el golpe y no reconocieron al gobierno de facto de Micheletti, reclamando la restitución de Zelaya. Brasil en particular, vio la oportunidad de hacer sentir su influencia en una crisis política nacional, como en 2008 había hecho en Bolivia, a favor del gobierno de Evo Morales frente a la ultraderecha autonomista. Sin embargo, la política de Washington de iniciar el diálogo con Arias como mediador desplazó a un segundo lugar el protagonismo de Brasil y la OEA y Lula terminó subordinándose a la línea norteamericana. Cuando más tarde debió cubrir la jugada de Zelaya de viajar a Tegucigalpa asilándolo en la embajada brasileña, terminó de perder capacidad para terciar en las negociaciones. Tampoco pudo impedir que gobiernos como el de Uribe quebraran el frente sudamericano apoyando a Micheletti. Entre tanto Funes (FMLN) desde El Salvador propone “darle la oportunidad al presidente Lobo” [4].

La política de Chávez pasó de la denuncia frontal inicial, incluyendo algunas duras advertencias, a alimentar expectativas en la intervención de Obama, para luego apoyar la política de negociar de Zelaya y terminar subordinándose al diálogo impuesto por Estados Unidos. El ALBA terminó incapaz de mantener una postura unificada, con el sandinista Humberto Ortega recibiendo a Porfirio Lobo en Nicaragua [5].

En suma, ni Brasil ni el chavismo lograron construir una política alternativa a la del imperialismo que permitiera sostener siquiera el aislamiento a nivel regional de Micheletti y su sucesor Lobo y terminaron supeditados a los acuerdos que legitimaron a los golpistas.

La resistencia: entre la movilización y la trampa del diálogo

El golpe detonó la intervención de un actor social y político con el que los cálculos de los conspiradores no habían contado: rápidamente surgió un amplio y poderoso movimiento de resistencia antigolpista de dimensiones nacionales, básicamente espontáneo, es decir, que se inició desde abajo y que se expresaba a través de las organizaciones de base: sindicatos, organizaciones campesinas, corrientes estudiantiles, organismos de DD.HH., agrupamientos vecinales de las colonias pobres, etc., que desde sus primeras acciones intentaron enfrentar a los golpistas recurriendo a multitud de iniciativas que expresaban esa espontaneidad y disposición combativa de masas: los bloqueos de caminos y puentes, e incluso, la toma de edificios públicos y la expulsión de funcionarios designados por el gobierno de Micheletti. Con la agitación constante en las calles, sostenida por miles y que en algunos momentos alcanzó proporciones heroicas al enfrentar a las fuerzas represivas, fracasó la pretensión de los golpistas de mostrar un pronto “retorno a la normalidad” y que contaban con el apoyo de la población.

Sindicatos como los del magisterio, sectores estatales y otros tuvieron un papel de vanguardia en todo el proceso, mientras las tres centrales sindicales hondureñas (CGT-Central General de Trabajadores; CTH-Confederación de Trabajadores de Honduras y CTH-Central Unitaria de Trabajadores de Honduras) llamaban a la movilización contra el golpe. Pero la clase obrera como tal no logró unir sus fuerzas e imprimir su sello de clase en la resistencia debido a que grandes fracciones de la misma, como el nuevo proletariado de las maquilas no están organizados y quedaron entrampados en el chantaje de los empresarios.

En los días posteriores se conformó el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe (FNR), como una forma de frente único “por arriba” o de direcciones, agrupando a las centrales sindicales, el magisterio, la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) que integran varias organizaciones campesinas e indígenas, etc., pero bajo la hegemonía política de sectores ligados al zelayismo y el Partido Liberal, que impusieron su orientación conciliadora, al servicio de la negociación y con un programa reformista burgués.

Por otra parte, desde el exterior, Zelaya hacía discursos contra el golpe, apelando a la población y amenazando regresar (como parte de una política de “presión in extremis” para abrir alguna vía de negociación que permitiera su reinstalación en la presidencia). Esto alentó que la gente saliera a las calles, como el 5 de julio cuando los manifestantes enfrentaron la salvaje represión militar que se cobró 2 muertos, al sitiar el Aeropuerto Internacional de Toncontins (Tegucigalpa) tratando de tomarlo ante el anuncio de que Zelaya volvería.

Sin embargo, la dirección del FNR no se planteó la preparación de una verdadera huelga general indefinida ni el desarrollo de la autodefensa de masas, jugándose a una salida negociada, con lo que se desaprovechó la posibilidad de que la resistencia diera un salto. Entre tanto, el gobierno de Micheletti que si bien tenía el respaldo de la burguesía y las instituciones no lograba asentarse y se debilitaba, pudo ganar tiempo y reafirmarse, mientras que las movilizaciones de la resistencia, sin una estrategia y bajo la feroz represión, comenzaron a perder fuerza.

El 21 de septiembre, se conoce el sorpresivo regreso clandestino de Zelaya a Tegucigalpa, refugiándose en la Embajada de Brasil. El acto de Zelaya había sido concebido como una maniobra para volver al centro de la escena política y forzar una negociación con Micheletti y los militares, especulando posiblemente con las fisuras que se insinuaban entre los golpistas. El intento no prosperó, pero fue visto por sectores de las masas como una señal para redoblar la movilización. En los días posteriores se sucedieron las marchas a la Embajada y ante la feroz represión, en muchas colonias pobres de Tegucigalpa surgieron barricadas. Sin embargo, nuevamente faltó una política de las direcciones, subordinadas como siempre a la política de negociación de Zelaya, para lanzar y hacer efectiva la huelga general y poner en marcha el levantamiento popular que las primeras barricadas parecían preanunciar. El gobierno de facto retuvo el control de la situación y la iniciativa y los golpistas pudieron mantener la unidad en su frente interno mientras la represión se endurecía sobre la vanguardia.

La trampa de las negociaciones

Ya pocos días después del golpe el imperialismo norteamericano y los gobiernos latinoamericanos comenzaron a desplegar su diplomacia para discutir las salidas a la crisis hondureña.

En este marco, el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, se convirtió en el agente clave de un proceso de negociación bajo la égida de Washington que, de las reuniones en San José al Diálogo de Guaymuras, rendiría extraordinarios frutos a la reacción y el imperialismo. La presión imperialista, y la extensión de la resistencia popular en los primeros días llevaron a Micheletti a aceptar entablar negociaciones, pero manteniendo una actitud intransigente, sin ofrecer concesiones y montando con la aceptación del “diálogo” un escenario que les permitiera legitimarse (y limitar las posibilidades de una división interna) al mismo tiempo que tantear una salida política que garantizara los objetivos del golpe. Por supuesto, el propio Zelaya, como buen político burgués, compartía con Micheletti el temor a una intervención de las masas que escapara a todo control y llevara a la caída revolucionaria del régimen y apostaba a la negociación, utilizando sus apelaciones a la resistencia popular como una carta de presión.

Así, mientras las expectativas en el diálogo contribuían a la desmovilización popular y el gobierno de facto lograba poco a poco ganar fuerza, se llegó hasta el 30 de octubre, cuando los representantes de Zelaya y Micheletti suscribieron el llamado Acuerdo de San José/Tegucigalpa–Diálogo de Guaymuras, que significó la capitulación total de Zelaya a los objetivos de los golpistas, pues entre otros puntos, se planteaba la formación de un “gobierno de unidad y reconciliación nacional” para viabilizar las próximas elecciones generales, una “Comisión de Verificación” para supervisar el cumplimiento del acuerdo y una “Comisión de la Verdad” para esclarecer los hechos y la renuncia a una Asamblea Constituyente o cualquier consulta popular para reformar la Constitución, permitir la reelección presidencial, etc. Es decir, se garantizaba la continuidad del reaccionario régimen constitucional vigente. A esta política se sumó la dirección mayoritaria del Frente Nacional de Resistencia que avaló las concesiones de Zelaya, llegando incluso a participar con un representante de la mesa de diálogo durante las primeras sesiones y hasta las quiso hacer pasar como “victoria popular”.

La negociación planteada y conducida por Arias y Hillary Clinton con la aceptación de Zelaya se reveló, como no podía ser de otra manera, como un lazo de nudo corredizo en el cuello del movimiento obrero y de masas. Cuando éste avanzaba, aflojaban el lazo y aparentaban disponerse a hacer concesiones, cuando éste refluía, imponían condiciones más duras a las que Zelaya terminaba siempre capitulando.

El acuerdo permitió a los golpistas desplegar el plan electoral para legitimar sus objetivos mientras que aquellos puntos (como la formación de un gobierno mixto), que no consideraban necesario cumplir al se tirose los golpistas cada vez más seguros de su posición, quedaron en letra muerta.

El gobierno continuista de Lobo

No sólo el Partido Liberal y el Partido Nacional se embarcaron en el proceso electoral fraudulento, sino que corrientes “de izquierda” como el PUD (Partido de Unificación Democrática) participó del mismo y la CPI (Candidatura Popular Independiente) sólo se retiró a último momento.

De hecho, si bien el FRN llamó a la abstención, no se organizó una verdadera campaña de boicot y el llamado a no votar, única política que permitía desenmascarar la trampa de los golpistas y el imperialismo. Pero se había perdido tiempo y oportunidades y cedido grandes facilidades políticas a los golpistas para que organizaran el fraudulento proceso electoral. En las elecciones del 29 de noviembre hubo una alta abstención y manipulación de la cantidad de votantes y resultados, pero permitieron avanzar con la ficción de la normalización institucional y elegir a Porfirio Lobo como sucesor de Micheletti, mientras la salida de Zelaya al exilio el día siguiente, refrendaba los acuerdos y contribuía a legitimar los resultados.

Con la posterior asunción del gobierno por Lobo, conspicuo líder del Partido Nacional, la situación hondureña entró en una nueva fase de fuerte tono reaccionario.

El régimen comenzó a ganar reconocimiento internacional, con el apoyo de EE.UU. y sus principales aliados en la región (como Uribe o Alan García), restablecer casi plenas relaciones en Centroamérica, y restaurar la colaboración de instituciones como el FMI y otras, más necesaria que nunca dada la delicada situación financiera y económica.

El plan pomposamente llamado “Visión de país 2010-2038” y “Plan de Nación 2010-2022” reafirma el recetario neoliberal para profundizar la entrega al imperialismo e impedir a futuro las “tentaciones populistas” con una serie de medidas que fortalecen el rol militar y a la policía. Con lo que más allá de su pobre contenido, es una contestación a toda demanda de reforma: “¡Este es el país que tendrán, señores!” parece dictar Lobo con el apoyo del empresariado y las FF.AA.

Internamente, el apoyo de la mayor parte de la clase dominante, los “factores de poder” y el imperialismo se complementa con una política de “gobierno de unidad nacional” incorporando a sectores que habían estado en la oposición al golpe, como el PUD (Partido de Unificación Democrática), a figuras del liberalismo y elementos “colaboracionistas” del zelayismo, y tratando de mantener abiertos algunos canales aunque sea indirectos con el depuesto presidente.

Esta “contemporización” con la oposición es funcional a la necesidad de asentar su gobierno, dividir a la resistencia y legitimar los objetivos del golpismo canalizando todo a través del régimen con el horizonte de las elecciones de 2014, aunque al mismo tiempo genera roces con la ultraderecha que no admite ninguna concesión. Esto genera fricciones e inestabilidad política, que han llevado al propio Lobo a aseverar que podría “sufrir un golpe” en una pose poco creíble. De hecho, Washington viene arbitrando entre las facciones en pugna y ejerciendo presión para que se cumplan ciertos puntos de los acuerdos de San José-Guaymuras (como el pase a retiro de jefes militares o la puesta en marcha de una “Comisión de la Verdad” controlada), como forma de avanzar hacia una “reconciliación nacional”.

Lobo y sus ministros están aplicando un plan económico de duras medidas contra los trabajadores y el pueblo pobre (rechazando las demandas de aumento salarial, aumentando combustibles e impuestos, etc.). Mantienen una fuerte represión estatal y persecuciones judiciales con el doble objetivo de doblegar a la resistencia del movimiento de masas que, si bien ha refluido, sigue viva en medio de una constante efervescencia política, y disciplinar a los trabajadores para imponer sus “paquetazos”.

Junto a esto, el operar de “escuadrones de la muerte” especializados en el asesinato “selectivos” de luchadores y dirigentes busca desangrar a la vanguardia y aterrorizar a las masas, que ya se ha cobrado a decenas de víctimas, entre ellos, dirigentes sindicales, periodistas, luchadores de los DD.HH. y de los derechos de la minorías sexuales, militantes de izquierda como José M. Flores (dirigente del magisterio y miembro del PSOCA), etc. Esta es una política que aunque posiblemente no sea directamente impulsada desde del equipo de Lobo, es dejada correr y encubierta por éste y alimentada desde sectores de la oficialidad y la ultraderecha que se “inspiran” en los métodos de la burguesía colombiana y las “tradiciones” asesinas de la derecha centroamericana de los 80.

Pero este brutal despliegue represivo y el conjunto de las maniobras que se ve obligado a realizar Lobo para avanzar en su plan reaccionario, son la contratara de una situación no resuelta, plagada de contradicciones e inestable, y donde el movimiento de masas, a pesar de los golpes sufridos y del desgaste y reflujo de la resistencia, no ha sido derrotado en términos históricos.

¿Por qué no se pudo derrotar a los golpistas ni desbaratar su maniobra electoral?

Las masas demostraron en un año de esfuerzos que estaban dispuestas a ir mucho más allá en la lucha contra el golpe. Si esto no fue posible, la responsabilidad política fundamental recae en Zelaya y el sector mayoritario en la dirección del FNR que lo apoyaba, jugando todo a la negociación. La consecuencia lógica inevitable de esta estrategia conciliadora era llevar a una encerrona política a la resistencia y capitular mediante los acuerdos ante los “hechos consumados” impuestos por los golpistas para terminar legitimando al gobierno de Porfirio Lobo.

Por el contrario, desde la FT, sostuvimos que era necesario no supeditarse a la dirección de Zelaya. Afirmamos que, acompañando “la lucha del pueblo hondureño por derrotar al golpe y por el regreso de Zelaya sin ninguna negociación. En las actuales circunstancias denunciamos con todas nuestras fuerzas que la negociación entre Zelaya con los golpistas, auspiciada por el imperialismo norteamericano, es una trampa para desmovilizar la resistencia y terminar naturalizando la política reaccionaria de un sector de la burguesía y de su personal político de recurrir a intentos de golpes de Estado o “golpes institucionales” cuando ven amenazados, aunque sea mínimamente, sus intereses. Es clave redoblar la ofensiva que mostraron los trabajadores, los campesinos pobres, el magisterio, las organizaciones de mujeres y los jóvenes hondureños durante la primera semana y que tuvo su punto culminante el 5 de julio y organizar una verdadera huelga general indefinida hasta que caiga el gobierno golpista” [6] junto con un programa que incluía la autodefensa de masas para enfrentar a la represión y otras medidas en una estrategia independientes, de clase, dirigida a poner en acción y unificar todas las fuerzas de los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas y los sectores populares, para dirigir a la movilización al derrocamiento del régimen y a abrir las puertas a una salida revolucionaria.

La dirección del FNR y las burocracias sindicales no levantaron una política así y no fueron alternativa por la sencilla razón de que se jugaron detrás de la estrategia de negociación de Zelaya, negándose, por tanto, a desarrollar la movilización obrera, campesina y popular, organizando la huelga general y la autodefensa frente a la represión del Ejército. Con ello renunciaban a los únicos métodos que podían abrir la posibilidad de derrocar a Micheletti.

El fracaso del zelayismo es el fracaso de las direcciones nacionalistas y populistas burguesas a la hora de enfrentar a la reacción, capitulando a fin de cuentas ante el régimen, las instituciones y la clase a la que pertenecen e incapaces de enfrentar al imperialismo. Esto se aplica también a Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, que a pesar de su rechazo al golpe y sus discursos, nunca llamaron a movilizar en toda América Latina, organizar el boicot económico al gobierno golpista ni denunciar la política imperialista de “diálogo”. Por el contrario, generaron expectativas en el gobierno de Obama y su rol en la crisis, se subordinaron a la política de Brasil y la OEA y terminaron claudicando ante los acuerdos de San José-Guaymeras impuestos por Washington.

Un programa obrero y popular para la resistencia

La recuperación y fortalecimiento de la resistencia –para convertirla en una contraofensiva obrera y popular- pasa hoy por desarrollar la lucha contra los “paquetazos” de Lobo y los ataques de los empresarios, junto a la defensa de las libertades democráticas y contra la represión y el sicariato. Un programa de acción de los trabajadores debe partir de esas necesidades inmediatas, desarrollándolas en una lógica transicional para unir las fuerzas de los trabajadores e incorporar las demandas de las masas pobres del campo y la ciudad (como la lucha por la tierra, los derechos indígenas y la defensa de la educación), articulándolas con la lucha por la derrota del régimen de Lobo y los golpistas.

Para avanzar por este camino es necesario exigir a las organizaciones obreras y campesinas que rompan su subordinación al zelayismo y adopten un plan de lucha nacional y un programa de acción, amplia y democráticamente discutido y decidido entre las bases, que incluya, entre otras tareas, la lucha por un salario acorde con el costo de vida, contra los despidos y por plenos derechos de organización sindical, que incluya los métodos más avanzados de lucha obrera, como los piquetes y el control obrero, y una política de unidad obrera para incorporar a los trabajadores de las maquilas y otros sectores que hoy enfrentan la ofensiva patronal.

Una nueva contraofensiva de masas volverá a poner a la orden del día la organización de la huelga general y la autodefensa de masas ante la represión del Ejército y los sicarios, como también, la necesidad de avanzar en formas de autoorganización democrática de masas, para coordinar y unificar la movilización y expresar con organismos de combate superiores el frente único de las masas. Este sería el mejor camino para reabrir la posibilidad de derrotar al régimen e imponer una salida obrera y popular a la crisis.

La consigna de Asamblea Constituyente revolucionaria

Ahora, el FNR impulsa la recolección de 1,2 millones de firmas para reclamar la Asamblea Constituyente. ’’Estamos en un proceso de recibir declaraciones soberanas por la constituyente y el retorno de José Manuel Zelaya Rosales(...) Hemos llevado ya y podemos dar la cifra, llevamos más de 600 mil firmas recibidas a nivel nacional y esto es un proyecto gradual, va de cada aldea, cada municipio, cada región del país’’, afirmó el vocero del FNRP, Rassel Tomé [7]. Las profundas aspiraciones democráticas de las masas, expresadas en la resonancia que ha ganado la demanda de Asamblea Constituyente.

Resalta el contenido limitado y negociado en los marcos del régimen que le dan Zelaya y la mayoría de las direcciones a esa bandera al poner el eje en la campaña de firmas en lugar de un plan de movilización y reorganización de la resistencia de masas. Y además, es una política impotente porque es evidente que la oligarquía hondureña no va a ceder una AC si no es que la movilización de masas le pone el pie en el cuello.

Desde la FT hemos planteado la necesidad de luchar por una Asamblea Constituyente Revolucionaria, vale decir, verdaderamente libre y soberana, impuesta mediante la movilización de masas sobre las ruinas de las instituciones de la dominación política de la burguesía (amparadas en la reaccionaria constitución del ’82) y conquistando un gobierno provisional de las organizaciones obreras y campesinas antigolpistas, donde poner a debate la organización del país; las demandas de los campesinos sin tierra mediante una profunda revolución agraria; y la ruptura con la opresión imperialista, empezando por el retiro inmediato de la base militar de Palmerolas.

Planteada así, la consigna de Constituyente revolucionaria sería un gran motor de la movilización, de ruptura con el régimen (“cruzando” eventuales maniobras acuerdistas para una AC amañada) y una palanca para que las masas obreras y campesinas lleguen a la conclusión de que es necesario tomar el poder en sus propias manos, única forma de conquistar un régimen verdaderamente democrático, basado en la autoorganización y armamento de masas y que refleje directamente la voluntad de millones de trabajadores.

Por la unidad centroamericana

La crisis hondureña es la de toda Centroamérica, ni la rancia “democracia” costarricense, ni los gobiernos “progresistas” del FMLN y el FSLN pueden ofrecer una salida a la violencia, la opresión, la miseria y la entrega al imperialismo que imponen las burguesías nativas. Superar el atraso y la pobreza populares exige unir en escala cada vez más amplia las débiles economías centroamericanas, pero la “integración” de la mano de los monopolios extranjeros y el CAFTA con Estados Unidos lleva a un mayor saqueo, violencia y explotación. La lucha contra el régimen golpista en Honduras es inseparable de la lucha contra los regímenes vecinos que hoy sostienen a Lobo o se reconcilian con él. El destino de la región descansa por entero en manos de los trabajadores y campesinos, que son los que pueden reunificar a Centroamérica por vía revolucionaria, construyendo los Estados Unidos Socialistas de América Central.

Por partidos revolucionarios en Honduras y toda Centroamérica

Dirigentes del FNR y del zelayismo anuncian su intención de construir un movimiento político para intervenir en las elecciones de 2014, preparando el camino para convertirse en una “oposición dentro del régimen”. El exilio preserva la figura e influencia de Zelaya como carta de reserva de la burguesía hondureña, que si se ve en apuros mayores, podría ser reincorporado al régimen discutiendo nuevos acuerdos, pero hoy el zelayismo como corriente está en crisis a consecuencia de sus propios fracasos políticos y de su rol nefasto en la resistencia.

Ni un partido burgués así, ni cualquier otra variante de colaboración de clases con la burguesía centroizquierdista o reformista pueden dotar al movimiento de masas de una dirección acorde a las necesidades de la lucha. Una de las conclusiones vitales de lo sucedido es la necesidad de que los trabajadores y oprimidos conquisten plena independencia política como clase frente a la burguesía, incluso sus variantes “democráticas” o nacionalistas. La vanguardia obrera y popular que dio lo mejor de sí en un año de lucha tenaz merece contar con una alternativa de dirección. Está planteada la necesidad de un polo de independencia de clase, en la estrategia de construir un partido obrero y revolucionario, armado con un programa transicional y una estrategia enraizada en la clase trabajadora.

El alto grado de unidad histórica, económica, social y cultural de toda Centroamérica trasciende las fronteras estatales fijadas por las clases dominantes locales en connivencia con el imperialismo y también se refleja en las tareas de los revolucionarios centroamericanos, que tienen planteado contribuir a crear los cimientos de ese partido, ganando para el programa revolucionario a lo más avanzado de la vanguardia que combate en Honduras. Desde la FT-CI, nos proponemos contribuir con los medios a nuestro alcance a esa tarea histórica.