El fusilamiento de 22 presuntos delincuentes en Tlataya, Estado de México, a manos del ejército en junio pasado y la masacre de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, han abierto una crisis institucional en México. Esto, en un contexto del crecimiento de la impunidad con que actúan los grupos de narcos y sicarios que llenan las calles de muertos, donde la ingobernabilidad es evidente.

La crisis institucional abierta se debe a la violencia estatal, la complicidad de funcionarios con el crimen organizado, la amistad cómplice del Presidente Peña Nieto (PRI) con el represivo gobernador perredista de Guerrero (el ex priísta Angel Aguirre Rivero), y el inexplicable sostén de éste al alcalde de Iguala señalado como asesino de opositores a su gobierno y como responsable de la masacre desaparición los normalistas de Ayotzinapan.

Hay mucha indignación por la facilidad con la que el señalado como narco-alcalde de Iguala pudo fugarse sin que el gobernador tomara medidas preventivas, o que el gobierno federal no interviniera inmediatamente (10 días después tomó el control de la seguridad estatal).

El gobierno de Obama está apurando a Peña Nieto a resolver ya esta crisis que daña a la imagen de regreso del PRI al poder, mientas el Senado exige que se investigue a fondo –una necesaria hipocresía imperialista para no quedar tan pegados a su socio menor.

En el viejo continente, donde los principales diarios señalan a la justicia mexicana como salvaje, el Parlamento Europeo amenaza con congelar “cualquier modernización de los acuerdos bilaterales” con México. Y es que a la transición democrática aconsejada por las grandes potencias no le conviene este desprestigio de las instituciones.

La desaparición de los 43 normalistas y la posibilidad de que los cuerpos encontrados en fosas clandestinas sean de ellos, acrecienta el descontento a nivel nacional y la movilización popular -hasta sectores empresariales marcharon contra la inseguridad y el poder del narco.

En la marcha del 8 de octubre en repudio a la masacre de los normalistas se movilizaron más de 60.000 personas, hubo acciones en Guerrero y en la mayoría de los estados del país. Se escuchaba fuertemente:¡gobierno asesino! ¡que renuncie el presidente! ¡castigo al gobernador Aguirre! ¡no están solos! Hasta Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral del PRD, fue señalado en la marcha como cómplice, por pertenecer a este desprestigiado partido.

Los mensajes en cadena nacional del presidente no bastan para recomponer su imagen, como tampoco la orden de Los Pinos a sus principales embajadas en el mundo de difundir su “condena categórica” a estos asesinatos “indignantes”. El descrédito internacional es tremendo a solo dos años del gobierno priísta.

Esto ha llevado a declarar a Luis Vedegay, el poderoso secretario de Hacienda, que probablemente esta situación afecte las inversiones extranjeras en México, en un contexto de muy débil crecimiento económico.

Es una crisis que toca también al PRD, el partido que desde la centro-izquierda sirvió como sostén del régimen de la alternancia que surgió ante la crisis terminal del priato.

Y no solamente muestra a esta partido ligado a los cárteles de la droga, que imponen o cooptan candidatos a puestos de gobierno, sino que debilita a este importante aliado del PRI que ha venido desviando el descontento popular contra el gobierno. Hoy se profundiza la crítica a su supuesto carácter opositor.

Así, las millonarias sumas invertidas para promover la imagen del gobierno a nivel internacional no evitan la condena nacional e internacional ante la situación que atraviesa el país y la suerte que sufren los luchadores opositores. El sábado 11, durante un programa de radio, dos sicarios asesinaron en la cabina al líder del Movimiento de desplazados de la Presa Picacho, en el estado de Sinaloa.

La masacre de estudiantes ha profundizado la polarización y activado la movilización donde las demandas de estudiantes, maestros, y comunidades campesinas muestran su potencialidad al exigir la renuncia del gobernador y desaparición de poderes en la entidad.

Al mismo tiempo empieza a surgir un movimiento democrático que ya está convocando a otra marcha para la próxima semana exigiendo la presentación con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Surgió un dilema para el PRI, que el año que viene enfrentará elecciones para gobernadores y congresos estatales. En estos comicios se renovará la totalidad de las 500 curules de la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades, 993 alcaldías en 16 estados y las 16 jefaturas delegaciones en el Distrito Federal.