Se acerca el primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas y el movimiento por Ayotzinapa encabezado por los padres de familia prepara una gran jornada nacional de protesta. En ese contexto, el análisis del momento actual y de las perspectivas de la lucha contra el gobierno de Peña Nieto es una tarea fundamental.

Crisis de representación de los partidos tradicionales

Después de la grandes movilizaciones de octubre y noviembre del año pasado, el retroceso de la movilización no dejó paso a la recuperación de la legitimidad perdida por Peña Nieto, sino que ésta continuó a la baja. Aunque el boicot a las elecciones del 7 de junio involucró solamente a sectores de vanguardia, y la abstención y otras formas de repudio se mantuvieron en niveles similares a elecciones intermedias pasadas, los partidos del Pacto por México sintieron fuertemente el descontento popular. Esto se expresó en la caída de sus votos (por ejemplo el PRI ganó con sólo el 29%) y la hecatombe política del PRD, que se hundió como la “izquierda moderna” que propugnaba ser. Para millones, los partidos burgueses tradicionales ya no son su representación natural, y esto supuso en este 2014 un elemento crítico para el régimen político de la alternancia.
Está por verse si esto se vuelve a expresar en las calles, con nuevas luchas democráticas, obreras y populares; la acción del 26 puede ser un buen termómetro de ello.

Menor legitimidad del gobierno

En las últimas semanas, la verdad histórica que quiso imponer Peña Nieto para frenar la pérdida de legitimidad, sufrió duros golpes; ejemplo de ello fueron las declaraciones de los peritos argentinos que cuestionan fuertemente la versión oficial de los hechos de Iguala, y ponen en duda los anuncios de identificación de un segundo normalista. A estos elementos se suma la desconfianza siempre manifestada por los padres de familia y su decisión de continuar en la lucha. El telón de fondo de esto es la difundida caída en la popularidad de Peña Nieto.

Esto mina los intentos por recuperar la credibilidad gubernamental, en un año cruzado por el retroceso de todas las expectativas económicas, por acontecimientos como la huida del Chapo Guzmán bajo las mismas narices de la Secretaría de Gobernación, y por luchas obreras y populares, como las de magisterio y otros sectores. Durante lo que va del 2015, el gobierno priista respondió con mayor represión y cercenamiento de las libertades democráticas, lo cual no le aporta mayor legitimidad sino que acumula nuevas contradicciones hacia adelante, cuando le faltan todavía 3 años de mandato.

Entonces, aunque el gobierno y las instituciones lograron conjurar el peligro abierto por la movilización multitudinaria y el reclamo de Fuera Peña, el hecho es que la crisis de representación de los partidos tradicionales y el descrédito del gobierno son elementos actuantes en el panorama político mexicano. Sobre eso es que hay que sacar las conclusiones y discutir las perspectivas para la izquierda.

Disputa estratégica

La crisis del PRD (a la cual nos referimos aquí) y la emergencia del movimiento por Ayotzinapa, abrieron un debate de estrategias sobre cómo enfrentar al gobierno y al régimen político. Las posturas de la dirección del Morena –que el 7 de junio mostró un fuerte ascenso electoral– son parte de este debate, y desde la izquierda socialista y revolucionaria intervenimos activamente.

Previo al 7 de junio, fueron insistentes los llamados de intelectuales pro-Morena –como John Ackerman– a que el movimiento por Ayotzinapa se aliase a la dirección de este partido. Esto fue continuado por la convocatoria de López Obrador a concertar un pacto electoral con la CNTE en Oaxaca.

El nudo de esta discusión es si se trata de impulsar una serie de medidas cuyo objetivo es democratizar las instituciones e introducir paliativos que limiten al “capitalismo salvaje” –como propone la dirección de Morena– o si debemos construir una herramienta política que luche por acabar con el régimen de la alternancia, como sostenemos los socialistas, para lo cual es esencial la independencia política respecto a todos los partidos del régimen. Los argumentos posibilistas respecto a lo “utópico” de nuestra perspectiva chocan con hechos indudables; los cientos de miles –e incluso millones– que por meses se movilizaron al grito de Fuera Peña y Fue el Estado, mostraban su disposición a luchar contra el gobierno y el régimen político. De lo que se trataba era de dotarse de una estrategia para preparar el triunfo. Y esto no podía ser por la vía de reformar las instituciones, sino que debía proponerse la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, impuesta sobre las ruinas del régimen asesino del PRI-PAN-PRD, la cual sólo podría ser llamada por un gobierno de las organizaciones obreras y populares en lucha.

Pero esto nos lleva a otra arista del debate. Creemos que lo que se mostró como el gran límite de la coyuntura política post-Ayotzinapa fue que la mayoría de la clase obrera y sus organizaciones, que con su accionar podían hacer realidad la caída de Peña Nieto, no estuvieron presentes. Esto a pesar de que en algunos casos la presión de la base impuso paros parciales –como en telefonistas– y de que sectores combativos, como el magisterio, se hicieron parte.

Esta ventaja para Peña Nieto y las instituciones del régimen, que fue resultado del rol cómplice de las cúpulas charras oficialistas así como de la política pactista de las direcciones sindicales “democráticas”, sólo podía ser combatida bregando para que en las calles se expresase una verdadera alianza obrera, campesina y popular contra el régimen político y los partidos de la burguesía.

Esto era algo que escapaba a la mayoría de las organizaciones y sectores que tenían influencia decisiva en el movimiento, muchas de las cuales son parte de un difuso arco vinculado a vertientes estalinistas y populistas.

Por eso, la demanda de Fuera Peña no podía concretarse sin una estrategia para que la fuerza social capaz de hacerla real –la clase obrera–se pusiera en movimiento. Y se diese el objetivo de echar al gobierno mediante la Huelga General Política e imponer un Gobierno de las organizaciones obreras y populares. Sin eso, la movilización corría el riesgo –como finalmente sucedió– de desgastarse, por carecer de un claro norte estratégico.

Éstas son conclusiones cruciales para debatir este 26 de septiembre. Mientras alentamos una gran movilización unitaria que diga “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, es esencial construir una organización que se prepare para las luchas por venir. Que dotada de un programa y una estrategia socialista y revolucionaria se haga fuerza material en la acción de los trabajadores que enfrentan las reformas estructurales –como en Magisterio o en Salud–, de las y los obreros que como en Sandak luchan contra la patronal, de los miles de jovenes que despertaron a la vida política con el 132 y la lucha por Ayotzinapa. El Movimiento de los Trabajadores Socialistas pone sus fuerzas al servicio de impulsar esta perspectiva y de construir esa gran organización que necesitamos los trabajadores y la juventud combativa.