Después del cierre parcial del gobierno, más de ochocientos mil trabajadores estatales fueron suspendidos y más de un millón siguen trabajando sin remuneración. Los parques nacionales y los museos van a estar cerrados. De acuerdo a la duración, el cierre puede costarle a los Estados Unidos miles de millones de dólares. Según estimaciones de Goldman Sachs, este cierre provocará una caída de 0,1 % anualizado si dura 2 días, y 0,3 % si dura una semana (el último cierre, en 1995-96 se prolongó por 20 días y significó un gasto, sólo para el estado federal, de unos mil cuatrocientos millones de dólares).

Presionados por el senador texano Ted Cruz y la agenda del Tea Party, los republicanos están llevando a cabo una fuerte campaña para desfinanciar el Obamacare (nombre que se le ha dado a la reforma sanitaria), usando la amenaza del cierre como carta de negociación. Desde que ganaron la mayoría en la cámara baja en 2010, los republicanos han utilizado este poder para presionar a la Casa Blanca y forzar recortes en la ley de reforma de salud. Aunque esta táctica no es nueva, esta vez la llevaron más allá de la relación de fuerzas. La razón de esta intransigencia se encuentra en la crisis interna entre los republicanos. La dura pelea entre facciones del partido republicano le ha dado al “Tea Party”, su ala ultraconservadora, un poder inusual sobre las negociaciones en el congreso. Esta facción, que constituye menos del 20 por ciento del bloque de republicanos en la cámara de representantes (cámara baja), pero que, al mismo tiempo representan el margen de victoria sobre los demócratas, llevaron la negociación a un punto muerto. Los senadores republicanos también han sido atacados por una campaña financiada por el “Fondo Conservador del Senado”, por no ser los suficientemente duros en la lucha contra el Obamacare. El uso del cierre del gobierno como amenaza para desfinanciar la reforma sanitaria agudiza la división dentro del partido republicano entre aquellos que reconocen el costo de mantenerse en una posición tan extrema y aquellos que creen que para atraer votos deben mostrarse más combativos.

La última propuesta del partido republicano, elevada este domingo antes del cierre del gobierno, incluía el financiamiento del gobierno hasta el 15 de diciembre, y postergaba por un año la obligación de cobertura individual y los canjes de seguros de salud que estaban programados para este martes. Al mismo tiempo eliminaba el impuesto de 2,3 por ciento sobre los dispositivos médicos. El senado, liderado por los demócratas, rechazó el proyecto de ley el lunes y lo envió de vuelta a la cámara de representantes quitando de la ley el retraso en la implementación de la ley de reforma de salud y la anulación del impuesto.

El fantasma del Default

El “secuestro” es un paquete de recortes del gasto público diseñado en 2011, cuando los demócratas fueron forzados por primera vez a aceptar los recortes en el gasto a cambio de un incremento en el techo de la deuda. Fue el precio que tuvieron que pagar para evitar el abismo fiscal. La ley de control de presupuesto (Budget Control Act) exige un ahorro de 1 billón 150 mil millones de dólares en los próximos 10 años, comenzando en marzo de 2013. Estos recortes afectan el gasto en programas “discrecionales” e implican: recortes al seguro de desempleo, desfinanciamiento de la salud, despidos entre los trabajadores estatales y la pérdida de millones de empleos.

El histórico crecimiento de la deuda bajo la administración de Obama tiene sus orígenes en el salvataje estatal a los bancos y empresas para evitar su quiebra. La clase capitalista, a su vez, descarga la crisis sobre los trabajadores y el estado, como muestra la quiebra del estado de Detroit. Por otro lado, un fuerte determinante del aumento de la deuda nacional es el aumento en los gastos en defensa. En este punto, republicanos y demócratas estuvieron de acuerdo y votaron en unanimidad para asegurar el pago de las fuerzas armadas en caso del cierre del gobierno.

La pelea por el ObamaCare

Si algún trabajador estaba convencido de que los demócratas estaban peleando para ofrecer asistencia médica al pueblo, los hechos demuestran lo contrario. La verdadera lucha detrás de escena se da entre dos bandos de la misma clase capitalista. Aunque la ley de reforma sanitaria fue supuestamente promulgada para brindar asistencia médica a una gran porción de la población estadounidense, en ningún momento puso en peligro la ganancia de la industria relacionada con la salud. Desde que fue escrita, todas las modificaciones buscaron hacerla más moderada y ajustada a los intereses de las empresas.

Por un lado están la industria del medicamento, los seguros de salud, las clínicas privadas y otras empresas relacionadas a la salud, ávidas por hundir los dientes en los más de 25 millones de individuos lanzados al mercado de la medicina prepaga, dado que ahora están obligadas por la nueva ley a pagarse un seguro de salud. Por el otro, los empresarios por fuera de la industria de la salud van a tener que enfrentar los costos que implica la obligación de pagar gran parte de la cobertura de salud a sus empleados. Sin embargo, es un hecho que la puesta en marcha de la ley de reforma de salud podría habilitar el acceso a Medicaid (el programa de salud de las franjas más pobres de la población) para una gran cantidad de gente pobre en todo el país. El ataque de los republicanos al ObamaCare es reaccionario y pasa por alto la necesidad urgente de extender el servicio de salud a la población que no tiene recursos. No obstante, el ObamaCare no trae una solución a las necesidades del pueblo. Si bien va a facilitar el acceso de mucha gente al sistema de salud a través de la expansión del programa Medicaid, la ley fue dictada por las empresas del sector de servicios de salud y escritas para asegurar su ganancia. Además, la pregunta es cómo van a garantizar una atención adecuada cuando Medicaid ahora mismo ya está sobrepasado.

Un Sistema nacional único de salud

Dos tercios de la población de EEUU hoy quiere un sistema único de salud administrado públicamente. El acceso a la salud es un derecho humano, y como tal debería ser garantizado por el estado federal y las administraciones estatales. La única forma de lograr el acceso completo a la salud es construyendo un sistema público universal de salud, administrado por el estado, financiado a través de impuestos a las grandes empresas, y gestionado por comités de trabajadores y usuarios. Las compañías de salud deben ser expropiadas para darle atención de la salud a los casi 50 millones de personas que hoy todavía no tiene acceso y prevenir las 100 mil muertes anuales debido a la falta de cobertura de salud o a una cobertura incompleta asociada a costos impagables. Es inconcebible que las empresas sigan lucrando con la enfermedad de las personas. Pero los demócratas, así como los republicanos están hasta las manos garantizando la ganancia de los capitalistas. No deberíamos esperar nada bueno del “mejor congreso que el dinero puede comprar”.

El cierre parcial del gobierno es el resultado de un pico de tensión en la disputa entre republicanos y demócratas. Ninguno de ellos representa las necesidades de los trabajadores. Como de costumbre, los republicanos presionan para reducir los gastos del estado, mientras que los demócratas aprovechan el fanatismo de sus rivales y gritan bien fuerte a favor de la ley de reforma de salud, al mismo tiempo que han apoyado todos los recortes desde su promulgación en el año 2010. A pesar de sus diferencias, los demócratas y los republicanos comparten un objetivo en común: defender los intereses de la clase capitalista. La clase trabajadora debe luchar por su independencia de clase y construir su propia herramienta política.