En el año 2000, se realizaron las elecciones que abrieron el camino a la alternancia de los partidos del Congreso en el gobierno. Este proceso inició en 1994, con el acuerdo entre el PAN, PRI y PRD, con el beneplácito del imperialismo, que le dio mayor protagonismo al Congreso de la Unión y que llevó en 1997 al primer gobierno no priista en el DF, con Cuauhtémoc Cárdenas. Como apuntaban nuestras tesis, las expectativas de que esto abriría el camino a la “democracia” se mostraron falsas.

La transición a la democracia, como se la conoció, fue la respuesta de la clase dominante al descontento obrero y popular, que emergió desde 1988 y en 1994, con la rebelión indígena campesina de Chiapas y el masivo movimiento en las ciudades contra la represión al EZLN. La “transición pactada” buscó en los años 1994-2000 desviar la movilización y oxigenar a un régimen político en crisis terminal.

En ese pacto, fue fundamental el rol del PRD, con gran prestigio entre trabajadores y jóvenes. El EZLN, por su parte, rápidamente dejó de lado la lucha contra el mal gobierno y se centró en arrancarle al PRI los Acuerdos de San Andrés. La mayoría de las direcciones sindicales apoyaron a los distintos partidos, y la izquierda reformista -como quienes provenían del viejo Partido Comunista- avaló esta “transición”. Sólo algunos sectores, como los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, organizados en el Consejo General de Huelga, con su lucha tendieron a cuestionar la estabilidad requerida para las elecciones del 2000, pero fueron reprimidos meses antes de las mismas.

Ante tantas décadas de gobierno autoritario y presidencialismo, el hartazgo de la población -adelantado en las elecciones de 1997- provocó que ganara muchos adeptos la idea de que un cambio de gobierno traería la democracia. En esto fue fundamental el rol de las organizaciones mencionadas arriba, ante lo cual faltó una estrategia realmente opositora, y los trabajadores cayeron en la trampa de la “alternancia”.

Transición: ataque a las conquistas obreras y populares

Muchos llamaron al “voto útil” a favor de Vicente Fox, y hubo sectores de la izquierda que vieron en el triunfo de Acción Nacional un hecho que favorecería a las masas trabajadoras, creando expectativas de que se avanzaba a la democracia. Pero el 2000 lejos estuvo de significar eso.

La asunción de Fox abrió el camino para un avance contra derechos obreros y populares. En el 2001, la caravana zapatista fue burlada con falsas promesas, y los tres partidos avalaron una reforma reaccionaria en materia de derechos indígenas. Otro ataque muy importante fue la contrarreforma en el Seguro Social, que liquidó importantes conquistas y enfrentó gran resistencia de sus trabajadores. Así como los ataques al sindicato minero, que apuntaron a imponer una dirección charra ligada directamente al PAN.

Luego de esto, en las elecciones del 2006 se demostró -una vez más- el carácter de este régimen, con el fraude orquestado por el IFE y el PRI-PAN, que le arrebató el triunfo a López Obrador, quien se mostró impotente para enfrentarlo. A la par, la heroica lucha del magisterio y el pueblo de Oaxaca fue salvajemente reprimida, y en el 2009, el gobierno de Calderón orquestó un duro golpe: la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Entrega y subordinación al imperialismo

La transición a la democracia resultó ser el instrumento para una mayor entrega de los recursos estratégicos y la subordinación política y militar; muestras de ello fueron la Iniciativa Mérida y la reforma para entregar PEMEX a las transnacionales.

La integración a Estados Unidos -que arrancó con el Tratado de Libre Comercio de 1992- implicó un crecimiento inusitado del narcotráfico, la trata y los feminicidios, y una mayor colusión entre el Estado y los cárteles. Bajo la militarización y la “narcoguerra”, cientos de jóvenes, mujeres y trabajadores fueron masacrados y desaparecidos. El estado asesinó y desapareció a luchadores sociales, como muchos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y la Dignidad, y más recientemente, a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El regreso del PRI mostró para que sirvió la “alternancia”: volvieron los que gobernaron por 70 años contra los trabajadores, los nuevos elegidos por Estados Unidos y los poderosos para convertir a México en una nueva estrella de la bandera yanqui. La corrupción existente bajo el “nuevo PRI” recuerda los peores momentos del priato, como bajo el gobierno de Miguel Alemán.

Lejos de ser una ampliación de las libertades populares, la transición garantizó los planes imperialistas en México y las ganancias de las transnacionales y los empresarios nacionales. El Congreso de la Unión y la justicia de los ricos están al servicio de mantener sojuzgadas a las grandes mayorías. El “gran cambio” resultó en una mayor descomposición de las instituciones patronales, con dietas millonarias, compra del voto de las bancadas por el gobierno o alianzas sin principios.

El PRD por su parte, que se presentaba como una alternativa democratizadora, mostró con su derechización que no es posible ninguna democratización del régimen y que es parte y soporte del mismo.

Para los trabajadores y el pueblo, el saldo de estos 15 años fue una verdadera transición a la barbarie capitalista, basada en la opresión, la explotación y la represión. ¿Qué tiene que ver la “transición democrática” con Ayotzinapa, con las fosas clandestinas y las ejecuciones extrajudiciales? ¿Qué tiene que ver con las poblaciones desplazadas por la violencia, la privatización de PEMEX y la entrega al imperialismo?

Las elecciones -como las que preparan los partidos patronales para junio- buscan desviar el descontento. Ante eso, como planteamos desde el MTS, hay que luchar por acabar con este régimen asesino. El mismo es irreformable: ante eso, hay que impulsar la movilización en las calles y luchar por un gobierno de los trabajadores, los campesinos y el pueblo