El pasado 11 de agosto, Peña Nieto promulgó las 21 leyes aprobadas en el Congreso de la Unión que regularán la inversión privada en la industria energética nacional, legalizando así el saqueo del país por las trasnacionales.

El pasado 11 de agosto, Peña Nieto promulgó las 21 leyes aprobadas en el Congreso de la Unión que regularán la inversión privada en la industria energética nacional, legalizando así el saqueo del país por las trasnacionales.

Un salto en la recolonización imperialista

Algunos analistas señalan que la aprobación de la reforma energética marca “el final de un periodo de la historia mexicana”. En efecto, el monopolio estatal sobre los recursos energéticos del país, al mismo tiempo que representó una importante conquista social, le permitió al priato, durante más de 60 años, contar con los recursos necesarios para sostenerse, hacer concesiones al movimiento de masas y regatear desde ahí los términos de su relación con el imperialismo, configurando lo que los marxistas llamamos un régimen bonapartista.

La ofensiva neoliberal en nuestro país, desde los años 80 hasta la fecha, fue minando los términos de esta relación entre las masas, el régimen mexicano y el imperialismo, imponiéndose cada vez más abiertamente los intereses de este último. Mientras para la mayoría del pueblo se acentúa la explotación y la miseria, la “clase política” hace gala de su descomposición y entreguismo. La intención es convertir a México en un estado lacayo, sin bases para un desarrollo propio y totalmente subordinado a los dictados del imperialismo y las empresas extranjeras.

Instituciones al servicio de las trasnacionales

Esto se hizo posible gracias al rol de los partidos patronales en el Congreso de la Unión para legitimar las reformas del gobierno. Como expresa una nota de La Jornada, sobre la ceremonia donde fue promulgada la reforma energética: “El Ejecutivo no escatimó su agradecimiento a los legisladores federales, independientemente del sentido de su voto, porque demostraron que nuestra democracia tiene la madurez para procesar reformas en favor de México.” En dicha ceremonia, Peña Nieto recordó que, al inicio de su mandato: “…las principales fuerzas políticas y el gobierno de la República firmamos el Pacto por México... Gracias a este acuerdo nacional fue posible concertar en tan sólo 20 meses las reformas transformadoras que México necesitaba. Se trata de un gran logro de la democracia mexicana…”.

A confesión de parte…, los partidos patronales (al igual que el conjunto de las instituciones, como el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia y los gobiernos estatales, incluyendo al del D.F.), han estado al servicio de aprobar las transformaciones estructurales que reclaman el imperialismo y las trasnacionales para decidir el destino del país, contra los intereses de la mayoría de la población.

La reforma energética abre las puertas para que las compañías privadas controlen la producción de petróleo, liquidando la soberanía energética; al desmantelamiento de PEMEX y la CFE; a la liquidación de los derechos laborales de sus trabajadores; al despojo de las tierras de los campesinos e indígenas; así como al aumento de impuestos a la población trabajadora, para pagar los pasivos de PEMEX convertidos en duda pública y solventar el déficit presupuestal, que se va a incrementar sin los recursos del petróleo.

Esta ofensiva se produce luego de importantes golpes a los trabajadores, como fueron la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza, la reforma laboral y, más recientemente, la reforma educativa, que acaba con los derechos laborales del magisterio. Es aprovechando esta relación de fuerzas, que Peña Nieto y los partidos del régimen, actuando abiertamente como representantes de los intereses del imperialismo y los patrones, decidieron “ir por todo”. Más represión y autoritarismo

Lejos de más “democracia”, las reformas de EPN han ido acompañadas de un aumento brutal de la represión, restringiendo la libertad de expresión, encarcelando a luchadores sociales y promulgando leyes para reprimir la protesta social, en estados como Puebla, donde la policía ya se cobró la vida de un menor. Esta política busca evitar que el creciente descontento de la población se exprese en las calles, contener al movimiento obrero, campesino y popular e impedirle defenderse.

Nos encontramos así ante un régimen político que, al mismo tiempo que busca legitimarse apelando a las instituciones y los acuerdos entre los partidos patronales, requerirá cada vez más del autoritarismo para sostenerse e imponer sus planes. Por eso, desde el MTS nos pronunciamos por la desmilitarización del país, contra las “leyes bala”, contra la criminalización de la protesta social y por la libertad de todos los presos políticos.

Por una alternativa política antiimperialista y revolucionaria

Las reformas de Peña Nieto se han visto facilitadas por el rol conciliador y entreguista de los dirigentes de las principales organizaciones del movimiento obrero, campesino y popular. No extrañó a nadie que el corrupto líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, haya avalado la reforma energética, a pesar de que implica cercenar el Contrato Colectivo del STPRM. Por su parte, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) -con los sindicatos de telefonistas y la UNAM al frente-, acaba de pronunciarse junto a los charros priístas de la CTM a favor de que el aumento de salarios esté condicionado al aumento de la productividad, es decir, a una mayor explotación de los trabajadores, lo que generó inconformidad entre sectores de esta central “opositora”, cada vez más cercana al gobierno.

Mientras tanto, ya con su registro legal como partido, el MORENA ha pospuesto la movilización para el año (electoral) que viene, buscando echar atrás la reforma energética con una impotente consulta popular (que deberá ser avalada por el INE y la Suprema Corte de Justicia), sin diferenciarse en nada de la política del PRD.

En este contexto, en los años previos hemos visto importantes movilizaciones de sectores de los trabajadores (como el magisterio) y la juventud. Frente a esta ofensiva reaccionaria sobre las conquistas obreras y populares, es necesario impulsar la resistencia y la movilización; esa será la única vía para frenar los planes de Peña Nieto y el Congreso.

Por eso, los socialistas del MTS pensamos que los trabajadores, los campesinos y el pueblo debemos organizarnos desde abajo e impulsar la más amplia movilización en las calles para tirar la reforma energética y todas las reformas estructurales, sin ninguna confianza en los partidos patronales y las instituciones de esta “democracia” al servicio de las trasnacionales. Para llevar esta lucha hasta el final, es necesaria una gran lucha unificada enarbolando un programa antiimperialista, que se proponga romper los pactos con el imperialismo, como el TLC y el Acuerdo Transpacífico; no pagar la deuda externa; establecer el monopolio estatal del comercio exterior; renacionalizar la banca y todas las industrias estratégicas, sin indemnización y bajo control de sus trabajadores. Para imponer y garantizar este programa, es necesario conquistar un gobierno de los trabajadores y el pueblo, sobre las ruinas del actual régimen político, que sólo nos depara más entrega, represión y miseria.