Para quienes están al frente de este movimiento se imponía el siguiente paso de la movilización al concretar el diálogo con Calderón. Para ello no les importó desconocer e ignorar a un sector de izquierda del movimiento que exigía que no hubiera un diálogo donde no quedara claro un compromiso resolutivo para terminar con la militarización del país. La desmilitarización es inviable para el gobierno de Calderón y por consiguiente la asistencia al dialogo el jueves 23 de junio, donde por parte de Sicilia la expectativa era “tocar el corazón” del presidente, terminó por favorecer a éste, debido a la confianza que la dirección pacifista del movimiento depositó en el diálogo con el gobierno. Hoy podemos decir que nada se logró con esta concesión al presidente. Por el contrario, fue una demostración de fuerza y de cerrazón de Calderón para dejar claro que ningún pacifismo o moderación política lo conmueve; incluso llegó acompañado del secretario Genaro García Luna, a quien Sicilia había pedido que no asistiera al diálogo en el Castillo de Chapultepec. El mismo Calderón aprovechó el foro para posar como conmovido por el sufrimiento de una madre presa del dolor. Sólo promesas obtuvo Sicilia de este encuentro con la principal institución del régimen antidemocrático y proimperialista, donde el poeta no se atrevió a cuestionar frontalmente la militarización en aras de no parecer duro. Esta ideología pacifista y pactista, acabó siendo funcional al poder, a los de arriba. Esto era un resultado anunciado por aquellos que no ven conveniente hacerle la concesión al gobierno de dialogar sin acordar medidas concretas de desmilitarización. Y es que, por encima de los intereses de la población, priman los acuerdos establecidos por Calderón con el gobierno de los Estados Unidos y su política de golpear a los cárteles para disciplinarlos y hacerles aceptar ciertas reglas de juego. Además, la ingenua idea de que Calderón no sabe que un sector de su gobierno y las demás instituciones del estado están asociados con el narco y son parte de sus empresas, acaba por lavarle la cara al presidente panista y al régimen político. La necesidad de Calderón de recomponer, mediante la militarización del país, su autoridad de forma preventiva ante las masas –muy desgastada a los cinco años de su gestión, con una economía estancada y una elección en el 2006 muy cuestionada–, tiene contemplados grandes “daños colaterales”, como lo anunció cuando desplegó esta estrategia, y tal como lo reafirmó en el diálogo. La diferencia de fondo con la estrategia de Sicilia y la dirección del movimiento “Paz con Justicia y Dignidad” estriba en la confianza que estos tienen en la reforma de las reaccionarias instituciones del estado y en la idea de que se debe sensibilizar el corazón del gobierno, de los militares asesinos y los narcos. Por eso apuestan a una política de acercamiento “crítico” con las instituciones para “llegar a la conciencia” de los gobernantes, que no exprese la radicalidad ni el “odio” de los afectados por el gobierno. Pero no es correcta la percepción de que el entendimiento con las autoridades y “la resistencia civil basada en el sacrificio”, sirvan para llegar a la democracia –lógica bajo la cual Sicilia endurece su crítica a los sectores del movimiento opositores a dicho diálogo–, ni tampoco que Calderón, como afirma Sicilia, “no se da cuenta de que la delincuencia, arropada en la ilegalidad está en las instituciones” (Proceso, 12/06/11). No. No es cuestión de entendimientos ni de sensibilizar al gobierno y al régimen político. El descontento popular no va a dejar de radicalizarse por una actitud conciliadora, ya que al gobierno y la clase dominante lo que les preocupa es que no surjan movimientos democráticos por fuera del control institucional. Hay que sacar la lección de que al gobierno de los capitalistas no se le puede humanizar. Esta política ha demostrado quitarle el filo a la movilización democrática y tiende a desgastarla, a hacerla impotente y a ser un freno para desarrollarla de manera progresiva e independiente. La de Sicilia es una estrategia que evita lo radical para pactar con el gobierno una salida a esta crisis social, lo que implica no enfrentar al régimen ni al Estado. Por eso las posiciones de los sectores combativos del movimiento contra la militarización son burdamente tachadas de radicales y “ultras”.

Las tareas de la COMECOM y los sectores combativos del movimiento democrático

Es necesario juntar todos los odios, todos los gritos y todo el descontento por las afrentas sufridas por la población a manos de los cárteles y del ejército. Hace falta una estrategia combativa que enfrente la estrategia oficial en su lucha contra el narco, y un programa que aglutine las demandas de los sectores afectados por los secuestros, los levantones, las ejecuciones sumarias, las extorsiones y la militarización. Por eso la política de Javier Sicilia que condena hasta las mentadas de madre, por ser para él provocadoras o similares a la violencia aplicada por el Estado y los narcos, no solamente se muestra impotente, sino que puede llevar al naciente movimiento democrático a un callejón sin salida cuya recuperación puede tardar años en darse . Desde aquellos sectores que se movilizaron en cada acción convocada por el movimiento y en particular aquellos que con su acción el 8 de mayo y en la caravana demostraron ser combativos, se tiene que llamar a fortalecer la movilización unitaria y combativa en las calles. La militarización del país está lejos de terminar con el problema del narcotráfico, por el contrario pretende “meter en cintura” a los carteles de la droga y obligarlos a ajustarse a las “reglas del juego” impuestas por el gobierno federal. A la par de esto, la presencia de los cuerpos represivos en las calles tiene el objetivo de crear una atmósfera de temor entre el pueblo y los trabajadores, mediante el recorte a las libertades democráticas y la constante violación de derechos humanos. Así se pretende afianzar un clima represivo que deje la vía libre para la aprobación e implementación de las reformas estructurales a que se comprometió Calderón con los capitalistas a su llegada a la presidencia -entre ellas la reforma laboral-, sin las cuales el PAN estará en condiciones más complicadas para mantenerse en el gobierno. Además, hay que agregar que la militarización responde a los planes del imperialismo estadounidense para la región, donde busca rehacer su hegemonía en el marco de la crisis económica y luego del cuestionamiento que a su dominio implicó los procesos de lucha de los pueblos en medio oriente y el norte de África. La militarización del país iniciada con la “guerra contra el narco”, ya arroja como saldo la muerte de 50 mil personas. Este número de asesinatos se suma a las fatales consecuencias que son la creciente cifra de feminicidios, las masacres de jóvenes, desapariciones, secuestros de migrantes y las narco fosas. A pesar de esto, la militarización y los rasgos represivos del país se acentúan a paso veloz. Así lo demuestran el incremento de los efectivos militares, la marina y de la Policía Federal en las calles de ciudades como Morelia y el llamado Operativo CONAGO a nivel nacional con una inusitada acción policiaca en el D.F. Por ello es necesario reorganizar la movilización para que los militares regresen a los cuarteles y paguen los crímenes cometidos contra la población. Estos objetivos no pueden cumplirse con la estrategia de reformar las instituciones reaccionarias. Por eso hay que llamar a fortalecer el movimiento y sumar fuerzas al mismo, bajo los métodos y mecanismos de la más abierta democracia que respete las aportaciones y puntos de vista políticos de sectores del movimiento, sin llegar a descalificarlos por el sólo hecho de no acordar con la política de pactos de Javier Sicilia y el sector dirigente que comparte sus puntos de vista. Es necesario que la COMECOM en el D.F. y el área metropolitana, que las organizaciones que luchan contra la militarización en Cd. Juárez, Tijuana, Monterrey, Puebla, Morelos y otros estados; ante el recrudecimiento de la violencia y la persistencia de la violación a los derechos humanos por parte del gobierno– convoquen al movimiento estudiantil, campesino e indígena, obrero y popular, a impulsar un Encuentro Nacional contra la Militarización sobre las bases de una política independiente y no de confianza en que mediante el dialogo con el gobierno y las instituciones del régimen se pueda resolver el problema de la descomposición social y barbarie humana. Hoy más que nunca hay que luchar por ampliar y unificar a los sectores combativos que vienen luchando y los amplios sectores descontentos con la militarización y los planes de Calderón.

Por un encuentro nacional y un programa independiente de lucha contra la militarización

Partiendo de esto, para enfrentar la militarización del país y sus consecuencias hasta el final es necesario poner en pie un gran movimiento nacional contra la militarización, que pelee en las calles encauzando el repudio que se expresó con la marcha del 8 de mayo en el D.F., que logró concentrar a 100 mil personas y a lo largo del recorrido de la Caravana a Cd. Juárez.

Un primer paso para esto, debe ser la realización de un encuentro nacional contra la militarización, un espacio para la discusión democrática que aglutine a todas las organizaciones de derechos humanos, de mujeres, obreras, estudiantiles, sociales y de izquierda y que concentre sus esfuerzos y luchas con la aprobación de un plan nacional de lucha y un programa que unifique e incluya las demandas de todos aquellos que sufren la represión y la muerte que ha traído consigo la presencia del ejército en las calles.

Este encuentro debe ser preparado mediante comités de base independientes contra la militarización en fábricas, centros de trabajo y estudio, barrios y comunidades, que permitan organizar justamente a aquellos golpeados por el clima represivo que se vive a causa de la “guerra contra el narco”.

En este encuentro y el programa que de él salga debe exigir la salida inmediata del ejército, la marina y la PF de las calles, pues sólo con la vuelta de estos a sus cuarteles cesarán las violaciones de derechos humanos, asesinatos y desapariciones que desde 2006 padecen el pueblo pobre y los trabajadores. Debe además, incluirse el reclamo de la cancelación del plan Mérida y toda “cooperación” de tipo policiaco-militar del gobierno de EE.UU. con el gobierno mexicano con el pretexto de la seguridad; sólo así es posible sacudirse la subordinación al gobierno estadounidense y dejar de ser los peones de su estrategia de dominio para Centro y Sudamérica. Pero para abatir el poder del narcotráfico – los funcionarios públicos y políticos asociados con ellos- ,cuya fuente son los grandes ingresos que deja el negocio ilegal del narcotráfico hacia los Estados Unidos, es necesaria –como primera y elemental medida- la legalización de las drogas, lo que los dejaría sin una de sus fuentes de ingresos; de la misma forma, esta medida evitaría el dominio que los carteles de la droga ejercen sobre amplios sectores de la juventud que se ven obligados a enrolarse en las filas del narco como narcomenudistas, “mulas” o pequeños productores al servicio de los grandes capos. Es importante hacer notar que la legalización de las drogas debe ir acompañada de una serie de medidas que ataquen los mecanismos de lavado de dinero, así como la nacionalización de todas las propiedades y cuentas bancarias de los grandes capos y los políticos con ellos asociados.

Al mismo tiempo que se pelea por el retiro de los militares de las calles, la única forma de garantizar la vida y la integridad de los jóvenes, los trabajadores y el pueblo es poner en pie comités de autodefensa, como ya hacen algunos sectores que enfrentan los ataques de las bandas de paramilitares y narcotraficantes, que quieren hacerse del control del territorio para garantizar sus negocios.

Estos comités deben ser impulsados desde las organizaciones obreras, estudiantiles y populares, para contrarrestar las intimidaciones, asesinatos y desapariciones de que son objeto a manos del ejército, policía federal o las bandas de los cárteles.

Bajo este programa es que se debe reorganizar la movilización contra la militarización. Para que los militares y las fuerzas represivas del Estado paguen por los crímenes que han cometido contra el pueblo y los trabajadores, llamamos a sumar esfuerzos para cimentar y fortalecer un movimiento nacional contra la militarización, mismo que debe darse bajo los mecanismos de la más amplia democracia, respetando las aportaciones y puntos de vista de todos y cada uno de los sectores que integren al movimiento. Sólo convocando a organizaciones defensoras de derechos humanos, a los jóvenes, estudiantes, al movimiento obrero, campesino, popular y sus organizaciones y con una política independiente que no confíe en el diálogo con el gobierno ni en la auto reforma de las instituciones del régimen político es que se puede enfrentar consecuentemente y luchar combativamente para echar atrás la militarización y los rasgos represivos del régimen.

Desde la LTS pensamos que si esta movilización fuera acompañada de medidas como la realización de un paro nacional de los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, la lucha contra la militarización se potenciaría y se fortalecerían las luchas contra los planes de los patrones y el gobierno como la reforma laboral y la ley de seguridad nacional.

17 de julio de 2011