El pasado 8 de julio en medio de una jornada de protesta que incluyó paros de maestros y de transportes, y huelgas regionales con importante adhesión en el interior del país, presentó su renuncia el primer ministro peruano Yehude Simón. Al día siguiente, el presidente Alan García anunció la formación de un nuevo gabinete, el tercero en lo que va de su mandato, con la intensión de poner un freno a las protestas y garantizar el rumbo neoliberal de su gobierno.

El nuevo cambio de gabinete se produce a un mes de la masacre de Bagua en la que un violento operativo ordenado por el gobierno de Alan García dejó el saldo de más de 30 muertos, cientos de heridos y un número indeterminado de desaparecidos (ver La Verdad Obrera N° 329).

El repudio masivo a la masacre hizo caer la popularidad del gobierno más de 10 puntos en tan sólo un mes, dejándolo por debajo del 23%. Esto junto al aumento de los conflictos sociales, la convocatoria a nuevas movilizaciones y jornadas de protesta como las de la semana pasada y los datos que muestran los primeros efectos de la crisis económica en el país, aceleraron la decisión del recambio ministerial.

Si bien la caída del gabinete se produjo en medio de esta situación convulsiva y de crisis, la designación de los nuevos ministros parece responder a las necesidades del gobierno y la burguesía de garantizar el rumbo económico, avanzando hacia un mayor ajuste y disciplinamiento de los sectores que están luchando, frente a un escenario de contracción severa de la economía doméstica después de años de crecimiento récord.

Las declaraciones de varios de los nuevos ministros ya se encargaron de dejarlo en claro. El nuevo primer ministro, Javier Velásquez, miembro del gobernante partido aprista, hombre de confianza de García y ex presidente del Congreso (una de las instituciones más desprestigiadas del país), aclaró que llega para hacer cumplir el “principio de autoridad” y que se debe imponer “la constitución y la ley” en clara referencia a las protestas que recorren el país. Por su parte, el nuevo ministro de Defensa declaró que el gobierno tiene el deber de acabar con los bloqueos de carreteras, mientras que el ministro de Justicia, dijo que “trabajará para imponer el orden”.

Más allá de las aspiraciones del gobierno de Alan García, todavía está por verse si esta política de “garrote” que viene anunciando su nuevo gabinete puede resistir el embate de la creciente conflictividad que ya suma más de 300 conflictos y protestas abiertos en todo el país en un marco de un gobierno debilitado y con los efectos de la crisis económica en el horizonte.

¿El fin del “milagro económico” peruano?

El crecimiento económico récord de los últimos años se sustentó en un extraordinario flujo de capitales de la mano del aumento de la entrega de los recursos del país a las transnacionales y un aumento de la explotación de los trabajadores cuyos salarios están congelados desde hace una década, mientras que las ganancias de las empresas que operan en el país crecieron por encima de los beneficios de las 500 compañías más importantes del mundo.

Este “milagro económico” fue la base de sustento del gobierno de Alan García durante los últimos años que, a pesar del aumento brutal de la desigualdad social, generaba ilusiones en un “derrame” de las ganancias de la burguesía hacia los sectores más empobrecidos.

Este crecimiento extraordinario es el que le permitió al gobierno mantener una política abiertamente neoliberal mientras que a nivel regional aparecía como un aliado incondicional del imperialismo norteamericano, enfrentándose a los gobiernos de Venezuela y Bolivia y avanzando en la firma de un Tratado de Libre Comercio con EE.UU. que no significaba más que un salto en la entrega y subordinación del país al imperialismo.

Ahora, los primeros efectos de la crisis económica encendieron una señal de alarma en el gobierno y la burguesía peruana. Los pronósticos más optimistas anuncian que el crecimiento del PBI se contraerá hasta sólo el 3%, que si bien es mejor que el del promedio regional, se trata de una caída estrepitosa en comparación con el crecimiento del 9,8% del año pasado. Se calculan en más de 200.000 los despidos desde el inicio de la crisis, lo que junto al deterioro de las condiciones de vida viene provocando un aumento de la conflictividad social que muestra que el fin del “milagro económico” peruano puede venir acompañado de un aumento exponencial de las acciones obreras, indígenas y campesinas.

De la masacre de Bagua a las jornadas de julio

Los trabajadores, indígenas, campesinos y el pueblo peruano vienen de protagonizar todo tipo de acciones en resistencia a la política económica de Alan García.

A los paros generales y jornadas de protesta de los últimos años se suman los 60 días de huelga y bloqueos de las comunidades indígenas, durante los últimos meses, contra las llamadas “leyes de la selva” que pretendían entregar las tierras y los recursos naturales de la Amazonia a las transnacionales. Estas acciones que terminaron en la masacre de Bagua el viernes 5 de junio, mostrando que el gobierno de Alan García no tiene reparos en utilizar los métodos del terrorismo de Estado, como ya lo hizo en su gobierno anterior, provocaron una indignación generalizada haciendo que las protestas den un salto. Las movilizaciones masivas del 11 de junio, que pedían la cabeza de Alan García, forzaron a la burocracia sindical de la CGTP a convocar a una jornada de protestas de 3 días que se realizaron entre el 7 y el 9 de julio y terminaron con el recambio de gabinete la semana pasada.

Ante la escalada de protestas todos los partidos burgueses de oposición han sostenido al régimen y al gobierno de García, incluyendo al movimiento de Ollanta Humala que a pesar de su demagogia nacionalista sólo pidió un cambio en el gabinete y se negó a cualquier salida anticipada del gobierno, anunciando que su proyecto es prepararse para las presidenciales de 2011.

Por su parte, la CGTP y las principales organizaciones sindicales y de masas han mantenido una política conciliadora, negándose a unificar y desarrollar una gran movilización nacional para derrotar al gobierno. Ni siquiera ante la masacre de Bagua llamaron a una huelga general unificada sino que trataron de diluirla en jornadas de protesta en las que la propia CGTP se encargo de aclarar que no se trataba de un paro.

Nadie puede negar el ánimo y la disposición para la lucha de los trabajadores, comunidades indígenas y el pueblo peruano, pero la burocracia sindical y la oposición burguesa vienen haciendo todo lo posible para mantener al gobierno de Alan García y al conjunto del régimen. Proyectos como el de Ollanta Humala no buscan más que frenar y desviar el proceso de movilizaciones en curso llamando a la calma hasta las elecciones de 2011 para llevarlos detrás de una nueva variante burguesa que terminará frustrando sus legítimas aspiraciones.

Pero el horizonte de las próximas elecciones parece cada vez más lejano y con la profundización de la crisis económica la burguesía peruana agudizará los ataques sobre los trabajadores y el pueblo pobre.

Frente a este escenario es necesario avanzar en un camino independiente de las variantes burguesas y en una coordinación de las luchas en curso para desarrollar un verdadero plan de lucha nacional, que unifique las fuerzas de los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre de las regiones, para derrotar decisivamente la política del gobierno de Alan García, empezando por tirar abajo los paquetes de leyes que profundizan el TLC con EE.UU. y por el castigo a los responsables de la masacre de Bagua. Que luche por el cumplimiento de las demandas indígenas y el pleno respeto a su derecho a la tierra y el territorio, contra los despidos, la precarización y la carestía de la vida, por la nacionalización sin pago y bajo control de los trabajadores de los hidrocarburos, la minería y los recursos naturales.

Para que la crisis la paguen los capitalistas es necesario que las próximas acciones no queden aisladas y que los bloqueos, paros regionales y jornadas de protesta desemboquen en una huelga general indefinida en la perspectiva de acabar con el gobierno hambreador y masacrador de García y abrir el camino para una salida obrera, campesina y popular.