Julio ha sido un mes de intensa agitación social en Perú, con varias jornadas de protestas y movilizaciones de empleados públicos, de la salud y universitarios, que resisten medidas gubernamentales, así como al comienzo de demostraciones de “indignados” juveniles contra la corrupción del gobierno y los políticos del régimen, sobre el telón de fondo de un clima de protestas contra la megaminería y entre distintos sectores populares. Este proceso de creciente resistencia enfrenta a un gobierno que asumió hace dos años como un recambio “progresista” y que ve desmoronarse su popularidad, sufriendo crisis de gabinete y escándalos políticos y de corrupción, mientras intenta avanzar con una serie de medidas antiobreras y antipopulares. Perú podría estarse incorporando al fenómeno de irrupción del movimiento obrero y movilizaciones juveniles que dio un salto durante este mismo mes, en Brasil y el Cono Sur.

Ollanta en baja

Las protestas enfrentan a un gobierno embarcado en una ofensiva reaccionaria y proimperialista como respuesta a la dificultades económicas que crea el cambio desfavorable en las condiciones internacionales.

Perú viene de largos años de crecimiento motorizado por las exportaciones mineras a altos precios y las inversiones extranjeras atraídas por los recursos naturales. Pero los precios del cobre, la plata, el estaño y otros metales están disminuyendo. Y con ello, la tasa de incremento del PBI que fue de 7,9% en 2010, bajó a 6.2% en 2012 y sería de algo más del 5% este año. Como Ollanta Humala reconoció en su discurso del 28 de julio: “Los precios y demanda externa empiezan a retroceder, señales de que el ciclo que favoreció nuestro crecimiento económico está llegando a su fin ...”

Para responder a las exigencias de los empresarios e inversores, Ollanta viene endureciendo su política económica, lo que implica un encarecimiento del costo de vida, protege a las cuestionadas empresas mineras del rechazo popular e impulsa medidas para “ajustar” las estructuras estatales con contrarreformas como la Ley del magisterio (impuesta a fines de al año pasado pese a la fuerte resistencia opuesta por los docentes), La Ley del Servicio Público, que viene siendo resistida por los trabajadores del Estado, la reforma de la Salud, contra la que luchan los médicos, enfermeras y laboratoristas del sistema hospitalario (en huelga desde hace tres semanas), y recortes a la autonomía universitaria contra la que se vinieron realizando grandes movilizaciones estudiantiles.

En las raíces del amplio descontento popular está el contraste entre las grandes ganancias empresariales y el enriquecimiento de los sectores más acomodados, y la situación de millones de personas, en la pobreza o directamente en la mayor miseria, los trabajadores con bajos salarios, los precarizados, la masa de pobres urbanos, los campesinos y pueblos indígenas, situación social que los planes de asistencia social apenas pretenden paliar.

Al mismo, tiempo, emergen las lacras del régimen político, con escándalos de corrupción que salpican al gobierno, Entre tanto, los pactos con los políticos tradicionales, los escándalos de corrupción que salpican al partido gobernante, como la detención de la ex diputada oficialista y asesora de ministros, Nancy Obregón, por narcotráfico y a sus aliados como ex presidente Toledo, cuya suegra encara denuncias por enriquecimiento ilícito, las maniobras intentando la liberación de Fujimori o los pactos espúreos como “la repartija”, el acuerdo con sectores de oposición en el Parlamento para repartir nombramientos en el Banco Central, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo-.

Humala venció en el segundo turno de las elecciones de 2011 presentándose como un “outsider” que nada tenía que ver con los desprestigiados políticos tradicionales, con un perfil nacionalista, anticorrupción y prometiendo una “gran transformación”. Lo apoyaron la mayoría de las fuerzas de la izquierda reformista y la burocracia sindical, avalando las dudosas credenciales “progresistas” de este ex militar que hizo carrera en los tiempos de la “guerra sucia” contra la guerrilla senderista.

Ollanta mantuvo los pilares del “modelo” neoliberal impuesto bajo Fujimori y preservado por Toledo (actualmente aliado del oficialismo) y el aprista Alan García (ahora en la oposición). Este modelo se basó en la entrega de los minerales y el petróleo al capital extranjero, jugosas ganancias para los empresarios y bajos sueldos y precarización para los trabajadores, postergación de las regiones, miseria campesina y opresión indígena, manteniendo el acuerdo del Tratado de Libre Comercio y las facilidades militares con EE.UU. Los planes de “inclusión” y asistencia social son malos paliativos para la situación de millones.

En el último tiempo, profundizó su viraje a la derecha, represivo y proimperialista, alineándose con EE.UU. No sólo ubicó a Perú en el “Acuerdo del Pacífico” junto a agentes de la política norteamericana como los regímenes de México, Costa Rica, Colombia y Chile, sino que Ollanta viajó a Washington para discutir el acercamiento con Obama, y discute con Colombia planes de “seguridad” y “lucha contra el narcotráfico”, bajo la colaboración norteamericana.

Las movilizaciones de julio

Comenzó con la Jornada Nacional de Lucha del día 4, convocada por la CGTP y otras organizaciones, con miles de empleados públicos, estudiantes y otros sectores en las calles pese a la represión policial que dejó un muerto y varios heridos en las cercanías de Lima, y decenas de detenidos a nivel nacional.

Los estudiantes universitarios vienen de grandes movilizaciones y tomas de edificios universitarios, contra el intento de recortar la autonomía. Los empleados públicos, rechazando la “Ley del Servicio Público” que implica despidos y prohíbe la negociación salarial colectiva, vienen realizando paros, tomas de edificios públicos en ciudades del interior y manifestaciones en Lima y a nivel nacional. Unos 20.000 médicos, enfermeras y laboratoristas del sistema de salud están en huelga desde hace tres semanas contra la propuesta reforma del sistema hospitalario. Se vienen dando también varios conflictos obreros en minas como Uchucchacua/ Buenaventura, Milpo o Casapalca, en algunas industrias y en servicios.

Estas luchas se dan en el marco de un proceso casi constante de protestas populares contra la megaminería, por demandas regionales, y otras. Según la Defensoría del Pueblo, en el mes de julio hubo 229 conflictos, más de la mitad por causas “socioambientales”. Muchos de estos en Cajamarca, Ayacucho, Ancash y los departamentos del Sur, donde crece la resistencia contra la depredación minera que afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas.

Los días 17 y 22 se iniciaron manifestaciones de “indignados”, que el 27 se sumaron a las movilizaciones de empleados públicos convocadas por los sindicatos. El 28 -día de la independencia peruana y feriado- nuevas manifestaciones reunieron a varios miles de personas y hubo nuevos choques con la policía. La CGTP anunció que llamaría a un paro general en agosto.

En las movilizaciones recientes han convergido en las calles los empleados públicos y los estudiantes universitarios, pero además, se ha iniciado lo que la prensa llama “el amanecer de los indignados” (La República, 31/07): la emergencia de un movimiento inspirado en las protestas juveniles a nivel internacional, como los “indignados” españoles, el “#Soy132” en México o la multitudinaria salida a las calles en Brasil, que incorpora a sectores de la juventud de clase media, denunciando la corrupción y la “repartija” de puestos en las alturas del gobierno y el parlamento. Esto logró gran visibilidad mediática, pues mostraba que el malestar con “la política” se extiende a sectores medios. Así, los días, 17, 22 y 27 a través de “# tomalacalle” y otros canales de las redes sociales circularon convocatorias que reunieron a algunos miles de jóvenes, entre cuyos referentes están dirigentes estudiantiles de universidades como la Católica (PUCP), grupos de artistas y ONGs (como la Coordinadora por los DD.HH), pero donde también tratan de influir corrientes de izquierda y de la oposición burguesa, como el APRA. Es decir, que se trata de un fenómeno heterogéneo ideológica y políticamente, que está en sus comienzos pero que tiende a diferenciarse. Así, mientras un sector considera cumplidos sus objetivos con la anulación de la “repartija” y plantea que a partir de ahora se trata de “fiscalizar” lo que haga el gobierno y el Parlamento, otro propone continuar participando de las movilizaciones junto a los sindicatos y la CGTP.

El gobierno advirtió el peligro en el “frente social” e intenta maniobrar en algunas de las iniciativas más irritantes para impedir una convergencia mayor en las calles de trabajadores, sectores populares, estudiantes y juventud de clase media. Oficialistas y opositores anularon la “repartija” de cargos. Voceros parlamentarios salieron a plantear un “diálogo” con los estudiantes para acordar la reforma universitaria y que ésta no se resolvería durante este año, y también han insinuado que se postergaría la aplicación de la legislación para los empleados públicos. Sin embargo, Ollanta no renuncia a su plan y continúa su campaña contra los médicos y enfermeras en huelga. Esta planteada una gran preba de fuerza a nivel nacional, y está por verse si el debilitado Ollanta, pese al apoyo de la gran burguesía y el imperialismo, puede enfrentar y derrotar la resistencia obrera y popular.

La política de las direcciones y las tareas de la movilización

La movilización de los trabajadores en lucha, convergiendo con los jóvenes y estudiantes, y apoyándose en el amplio descontento popular y el reguero de protestas campesinas, indígenas, en defensa del agua, contra la contaminación de las megamineras, etc., podría desarrollarse hacia una gran movilización nacional y asestarle duros golpes a Ollanta y sus medidas.

Pero en este camino es un serio obstáculo la política de las direcciones más importantes. La cúpula de la CGTP, junto al Frente Amplio -nucleamiento del PCP, PS, MAS, TyD, CxC y otros grupos reformistas-, apoyaron hasta no hace mucho al gobierno y si bien se vieron obligados a alejarse de él, no dejan de apostar a lograr una negociación con Ollanta. Por eso no tienen una política de unificación y desarrollo de la movilización, que conciben como un elemento de prsión para obligar al gobierno a dialogar y hacer concesiones. Al mismo tiempo, levantan un programa centroizquierdista de “alternativas de políticas que afirmen desarrollo sin exclusión, que respondan realmente a las necesidades de la coyuntura nacional e internacional, afirmando los derechos humanos y de los trabajadores, el cuidado del ambiente y el patrimonio cultural”.

Mario Huamán, principal dirigente de la CGTP, declaró que en agosto se discutirá la preparación de un Paro Nacional. Habrá que ver si efectivamente se lo impulsa y con qué fecha. El clima de protestas parece abonar la posibilidad -y necesidad- de una medida nacional unificada, aunque no basta con acciones aisladas, por lo que se requeriría un plan de lucha que arranque de la coordinación de los sectores movilizados, levante un programa obrero y popular no subordinado a la negociación con Ollanta ni otros políticos patronales, y apunte a derrotar al gobierno y sus planes al servicio de la gran burguesía y las transnacionales. Al calor de estas luchas, está planteada la posibilidad de que el movimiento obrero peruano empiece a recomponer sus fuerzas y prepararse para abrir camino a una salida obrera, campesina y popular.