La “Ley Arizona” criminaliza a los trabajadores inmigrantes, la mayoría mexicanos, que trabajan en Estados Unidos, dejando en la indefensión a cientos de miles de indocumentados. Su lado más reaccionario y racista es que la policía – célebre por sus prácticas xenófobas – puede detener a cualquier inmigrante simplemente por su aspecto latino. A pocos días de aplicarse la ley, surgieron nuevas redadas, detenciones y torturas en ese estado y en toda la frontera con México. Tal es el caso de Anastacio Hernández Rojas, el inmigrante mexicano que fue brutalmente golpeado y asesinado por unos veinte agentes de la border patrol en California, en un hecho más de la impunidad con las que actúa este órgano de control fronterizo. Pese a las promesas de Obama de resolver el problema de los indocumentados, la ley SB1070 desató una marea racista y xenófoba en sectores ultraconservadores, que en 14 estados ya promueven leyes similares. No hay que olvidar que durante la administración de Obama se han creado 350 leyes relacionadas con la migración, ninguna de ellas es favorable para los inmigrantes.

Largos años de política anti inmigrante

Desde hace años se realizan redadas en varios estados para deportar a los llamados ilegales, situación aprovechada por los patrones para superexplotarlos con trabajos precarios y sin derechos laborales ni sindicales. El mismo gobierno creó programas para “trabajadores agrarios temporales” que permiten a los patrones importar trabajadores foráneos cuando requieren mano de obra en su región, como el H2A autorizado en 1986 en el marco de la enmienda a la Ley de Inmigración y Naturalización (tan sólo en 1994, en Arizona había en cerca de 50 mil indocumentados y hoy ya son ya medio millón en ese estado). Es decir, son las necesidades de ganancia de los rancheros o productores agrícolas las que definen cuando empezar la caza y deportación de los indocumentados y cuando tolerarlos.

En los 90s, la expresión anti inmigrante más fuerte fue la aprobación en 1994 de la Ley 187 en California, que negaba a los migrantes indocumentados el acceso a la salud, educación y otros servicios sociales. En septiembre de 1996, apareció la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo central era frenar a la migración indocumentada a partir de un férreo control de las fronteras con más patrulleros, con la construcción de muros y bardas a lo largo de la misma y con la adquisición de tecnología militar para detectar y detener a los inmigrantes indocumentados. Esta derechización de sectores anti-inmigrantes en Estados Unidos es alentada por la política guerrerista de ese país, expresada en las invasiones de Irak y Afganistán, y fortalece la idea de la “supremacía” anglosajona. Al mismo tiempo, esta política ultraderechista muestra cómo está la relación de fuerzas entre los sectores imperialistas “moderados” y “halcones”, y profundiza la presión política, comercial y militar sobre México, principalmente con el tema de la inseguridad en su frontera sur.

Calderón: Una subordinación mal disimulada

Este giro ultraderechista ha provocado contradicciones en el Congreso estadounidense y entre diversos sectores empresariales, debido a que pueden afectar las relaciones comerciales y productivas, ya que los capitalistas norteamericanos cuentan y necesitan la baratísima mano de obra de la gran comunidad latina. Ya el boicot impulsado por sectores estadounidenses que ven la inconveniencia para sus ganancias de esta ley racista, provocó pérdidas millonarias al comercio de ese estado. Por otra parte, el descontento creciente entre los migrantes de Arizona y del conjunto de EE. UU. es un factor que puede provocar un gran movimiento nacional de los inmigrantes que, ya en el 2006, se movilizaron contra la ley HR 4437 que igualmente criminalizaba a los indocumentados y, apenas el 21 de marzo de este año se movilizaron 200 mil inmigrantes contra las redadas de la policía. Un movimiento de estas características podría alcanzar la dimensión que décadas atrás tuvo el movimiento por las libertades civiles encabezado por César Chávez.

Esto es inconveniente para la burguesía imperialista, en un momento que EE. UU. intenta recomponer su hegemonía en la región y que el presidente demócrata no cuenta con la fuerza de su antecesor. Obama no tiene la mayoría del Congreso y sus tibias medidas como la ley de salud chocan con los monopolios de ese ramo, además de que su economía está fuertemente debilitada por la crisis iniciada en 2008, con un 10% del desempleo.

En este contexto, llegó Calderón al Congreso estadounidense con un discurso demagógico de rechazo a la ley SB1070, pero esta exigencia del subordinado mandatario mexicano al presidente del país más poderoso del planeta, se quedó en un discurso propagandístico, ya que no es su intención confrontar a los EE. UU. Calderón “olvidó” que durante el gobierno de su “amigo Obama” las deportaciones se incrementaron más del 40%, según datos del Departamento de Seguridad Interna. Sólo en El Paso, Texas, arrestaron y deportaron a 181,000 indocumentados en el 2009.

El llamado de Calderón a frenar el tráfico de armas que proveen a los cárteles de la droga en México, que es toda una industria solapada por autoridades norteamericanas que produce millones de dólares, no causó eco en el gobierno de Obama, quien aclaró que no tenía la intención de proponer reformas a la ley de armamentos. Por el contrario, y respondiendo al reclamo de senadores y gobernadores racistas, Obama aprobó el envío de 1,200 soldados a la frontera con México y con mayores atribuciones. Esa es la verdadera cara de la “cooperación bilateral!” entre Estados Unidos y México y el destino de la prometida reforma migratoria norteamericana. Y es que la Casa Blanca sabe que las declaraciones de Calderón no implican un cambio en la subordinación del gobierno mexicano al imperialismo estadounidense.

Movilicemonos contra la ley racista

Ya vimos que la subordinación de Calderón avanza en la entrega de la maltrecha soberanía del país rumbo a una nueva forma de recolonización. Ni el panismo, ni los dirigentes priístas y perredistas que lo acompañaron al Congreso de los EE.UU., harán algo por romper la dependencia del país. Lejos de cualquier medida tibiamente “nacionalista”, todos –pese sus declaraciones contra la ley Arizona- son parte de la entrega del país a los EE.UU.

Es fundamental movilizarnos para echar abajo esta ley. Ésta debería ser una demanda de los trabajadores inmigrantes en EE. UU. y de todos los trabajadores, que son los que están pagando los costos de la crisis económica internacional. Solamente la clase obrera norteamericana, compuesta por trabajadores de distinto origen étnico, tiene el poder para luchar de forma unitaria contra su enemigo común: el gobierno y los patrones que pretenden seguir aumentando sus jugosas ganancias con el sudor y el trabajo de los asalariados, buscando la solidaridad de los pueblos oprimidos y expoliados por el imperialismo norteamericano. Los 200,000 inmigrantes que se movilizaron en marzo reciente y el 1 de mayo, pueden ser la base para un gran movimiento en los Estados Unidos para frenar la racista ley SB1070 y las que se aprestan a aprobar otros congresos locales, así como para arrancarle al gobierno derechos plenos para trabajar en territorio estadounidense. Para ello no basta el boicot al estado de Arizona. Tampoco las inocuas querellas legales de los legisladores mexicanos que buscan ganar votos en esta coyuntura electoral.

Las organizaciones sindicales en ambos lados de la frontera deben movilizarse contra esta ley. La AFLCIO y los grandes sindicatos en México deben repudiarla, y exigir que se frenen las detenciones policíacas y deportaciones, y realizar paros en solidaridad con los trabajadores latinos, que muchos precisamente esta afiliados a la grandes centrales sindicales norteamericanas.

Libertad a los inmigrantes presos por su condición migratoria. Que se desmilitarice la frontera y se castigue a los patrulleros minute man que asesinan inmigrantes. Que los sindicatos apoyen el derecho a la sindicalización y derechos laborales plenos a los inmigrantes. Abajo los acuerdos de “cooperación” entre los gobiernos norteamericano y mexicano que lesionan los derechos de los indocumentados. Abajo el TLC que provoca trabajo precarizado y desempleo en México. Se hace indispensable rodear a nuestros hermanos de toda la solidaridad internacional, peleando por la unidad de los trabajadores de ambos lados de la frontera, ya que padecemos las mismas condiciones de explotación y miseria, mediante una lucha independiente de los gobiernos y de los partidos patronales, que han sido los garantes de la ofensiva contra los trabajadores y del ataque a sus derechos.

Desde la LTS llamamos a crear comités de solidaridad con los trabajadores inmigrantes en las escuelas, facultades, colonias y centros de trabajo y a poner en pie un gran movimiento que salga a las calles para luchar por:

¡Abajo la reaccionaria y racista Ley Arizona!

¡Por un gran movimiento internacional de solidaridad con los trabajadores inmigrantes para echar abajo esta ley!