El giro a derecha del gobierno de Correa en Ecuador, expresado en los ataques constantes a los trabajadores, la criminalización de la juventud y de los sectores indígenas y ambientalistas, toma un nuevo impulso con la reciente “amenaza” por parte del Presidente Correa, de renunciar a su cargo, si parte de su bloque oficialista en la Asamblea Nacional continuaba con el propósito de presentar un proyecto de reforma para despenalizar el aborto en casos de violación. Recordemos que hoy en Ecuador como en muchos otros países, la legislación en esta materia se mantiene en el más feroz oscurantismo, y el aborto solo se realiza legalmente en caso de que comprometa la vida de la madre o en casos de violación a mujeres calificadas como “idiotas o dementes”.

Ya escuchamos a Correa en las cadenas sabatinas dar su particular definición de lo que significa la equidad de género “está buena para las farras” (fiestas) decía, y a pesar de los intentos del oficialismo por “reubicarse”, promoviendo campañas nacionales contra la violencia de género, o viéndose obligado por la realidad a admitir que en el Ecuador existen femicidios; la reafirmación de su “revolución ciudadana” con moral conservadora (contra los derechos de las mujeres y el movimiento GLTTB) constituye un paso más en mostrar un sólido acuerdo con la Iglesia Católica y los sectores capitalistas y políticos más reaccionarios. Nada tiene que envidiarle en este sentido al tradicional y derechista Partido Social Cristiano, histórico defensor de la familia y el rol de la mujer como reproductora.

Ya desde sus inicios el Movimiento Alianza País, rejunte de “nuevos” políticos con reciclados de los tradicionales partidos de la derecha, mostraba en este tema las posiciones más antagónicas, asambleístas del bloque anunciaban su ruptura por ser acérrimas defensoras pro vida y por estar en contra incluso del derecho a la educación sexual en las escuelas; pero el mensaje de Correa en este caso, representa un salto dentro de la demagogia de hablar con la izquierda para golpear con la derecha. Todo mínimo intento de organización por izquierda a su proyecto político va a desencadenar el peso de la represión, parece decir con cada ofensiva, desde los jóvenes presos de Luluncoto, pasando por la criminalización de los dirigentes indígenas y estudiantiles, los despidos masivos y la persecución a los trabajadores estatales; este ataque muestra una nueva avanzada de la política de mano dura del Gobierno Nacional; ya los asambleístas que promovieron el proyecto de reforma, retrocedieron rápidamente sobre sus posiciones, pero mucho antes el gobierno se había encargado de perseguir a activistas y feministas organizadas alrededor del derecho elemental a poder decidir sobre nuestro propio cuerpo.

La violencia en Ecuador tiene cuerpo de mujer

En una encuesta realizada por Human Rights, el 78% de niñas encuestadas manifestó haber vivido algún tipo de maltrato, violencia verbal, física o sexual en sus hogares, barrios o escuelas. Cada vez son más las jóvenes de entre 10 y 15 años que viven un primer embarazo, producto de violaciones. El 25,7% de las mujeres en Ecuador han sufrido en algún momento violencia sexual durante sus vidas. Los testimonios de médicos y enfermeras dan cuenta de casos estremecedores, como los de una niña proveniente de los sectores campesinos más empobrecidos de la sociedad, que acudió por tercera vez en un año a practicarse un aborto; o el caso de una mujer que llegó al hospital con el útero perforado y murió en las puertas del hospital. Las implicancias legales para las mujeres que abortan hacen que muchas veces los trabajadores de la salud no lleguen a denunciar las situaciones de violencia y abuso sexual que viven sus pacientes, por temor a que la justicia termine encarcelando a las propias víctimas y a ellos como cómplices. La penalización para una mujer que aborta puede llegar a ser de hasta de cinco años de prisión.

Miles de historias como éstas se repiten a razón de 1 aborto cada cuatro minutos, son las mujeres más pobres las que se transforman en los NN de la sociedad (el 18% de las muertes maternas son causadas por abortos), las que no pueden acceder ni siquiera a abortos pagos en clínicas privadas, no tienen ninguna garantía de no morir o terminar con una lesión grave de por vida (solo en 2011, se presentaron 23.000 casos de lesiones o discapacidad por abortos clandestinos). Son éstas las mujeres demonizadas por los sectores ultra conservadores de la Iglesia y la “partidocracia” ecuatoriana y son éstas las mujeres que tanto desprecia el oficialismo cuando habla del “derecho a la vida”.

Toda esta casta política pretende naturalizar la realidad que viven miles de mujeres de la clase trabajadora, mientras defienden cínicamente la moral y los “derechos sociales”. La Iglesia y la educación religiosa siguen recibiendo millonarios subsidios, incluso a través de decretos como el 1780, que promueve la “evangelización e incorporación a la vida socio-económica del país, de todos los grupos humanos que habitan dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado”, es decir la evangelización a manos de la Iglesia Católica, de los pueblos indígenas de la Amazonía, Costa y Galápagos que habitan el territorio, especialmente en aquellos lugares de interés para la explotación minera y petrolera de las transnacionales.

Una vez más el “progresismo” latinoamericano se desenmascara. Durante los tres mandatos del oficialismo de Alianza País, los derechos de las mujeres, los trabajadores, la juventud y los indígenas, no solo no han avanzado, sino que los ataques se tornan cada vez más abiertos. Para enfrentar esta ofensiva, es necesaria la organización independiente. Las mujeres tenemos que pelear de manera independiente por el fin de la opresión, la violencia, los femicidios, las redes de trata y prostitución. Ningún cambio vendrá del gobierno ni de las mujeres que fueron que coptadas por el oficialismo y que son miembros directo de su riñon, que retroceden velozmente de sus posiciones -como bien lo demostraron las asambleistas de Alianza País- para no enfrentar al poder político y religioso. Tenemos que organizarnos para pelear por el derecho al aborto, no solo en casos de violación, sino por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, por educación y anticoncepción gratuita, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sin excepción y en todos los casos.

Separación de la Iglesia y el Estado

No más muertas por aborto clandestino

Derecho al aborto legal, seguro y gratuito