En los primeros días de agosto, los pobladores de la zona cuzqueña de La Convención iniciaban un paro por tiempo indefinido contra la entrega del gas de la reserva de Camisea, una de las principales reservas de gas del país. Luego de 14 días de paro, la dirección del movimiento le brindaba al gobierno entreguista de Alan García una tregua de 30 días para la implementación de algunas demandas parciales, concedidas ante la tenacidad y radicalidad de los pobladores.

La defensa de los recursos naturales, en particular del gas, ha tenido en los pobladores de la sureña zona del Cuzco un importante centro de resistencia. La política de los sucesivos gobiernos neoliberales de entrega de los recursos naturales ha pegado un salto con el actual gobierno de Alan García, quien ha impulsado la enajenación de la producción nacional de gas hacia el mercado internacional, en desmedro del consumo local.

Es así como los consorcios que explotan la reserva de Camisea han cerrado contratos millonarios de exportación a México y España, mientras los pobladores de la zona tienen que pagar precios altísimos por garrafas fraccionadas en Lima para su uso doméstico. Hunt Oil, Repsol y la coreana SK son, junto a Pluspetrol, los principales accionistas del consorcio que se lleva los jugosos beneficios de la explotación de Camisea. Esta absurda situación ha generado el hastío de los pobladores de distintas zonas y la resistencia que viene extendiéndo y radicalizándose.

Los trabajadores y el pueblo luchan, Alan García reprime

En los últimos meses se han dado también algunas acciones obreras y populares de importancia, como las de los productores de hoja de coca de la provincia de Padre Abad, Ucayali, que se movilizaron contra la “erradicación compulsiva” de sus cultivos; o en La Oroya, donde hubo protestas contra el cierre de la planta local de la minera Doe Run.; también, dos mil mineros de Shougang convocaron a fines de junio su segunda huelga en lo que va del año. A estos procesos de lucha el gobierno de Alan García viene contestando con una dura política represiva, que se ha cobrado decenas de víctimas fatales.

Ya el año pasado, en el mes de junio, Alan García conmocionó al mundo con la masacre de los campesinos de la amazónica localidad de Baguá que protestaban contra la política explotadora y entreguista del gobierno, cargando con el asesinato de 50 manifestantes. Hace pocos meses una movilización de mineros artesanales fue salvajemente reprimida con 6 manifestantes asesinados. Entre tanto, dirigentes combativos como el minero Pedro Condori sufrieron procesamiento y meses de cárcel, o como el dirigente de Baguá, Alberto Pizango, que debió exiliarse y sigue siendo perseguido, mientras siguen habiendo más de mil luchadores con causas judiciales.

Para justificar estas persecuciones, el gobierno y sus servicios de inteligencia agitan periódicamente la amenaza de un retorno de Sendero Luminoso, buscando así criminalizar las protestas, y el gobierno ha venido emitiendo varios decretos inspirados en la legislación “antiterrorista” para facilitar una escalada represiva más amplia.

El paro de La Convención

A pesar de la violencia represiva de García, a mediados de junio de este año los pobladores de las zonas de Cuzco, Puno, Arequipa y Apurímac iniciaron un contundente paro en contra de la expoliación hídrica y gasífera de la región. La negativa del gobierno a detener la entrega del gas detonó en los primeros días de este mes un paro por tiempo indefinido de los pobladores de La Convención.

Los pobladores demandan fundamentalmente la reserva de parte del gas de Camisea para el consumo nacional; construcción de una planta de fraccionamiento en Kepashiato para abastecer y generar empleos en la zona y abastecer a los departamentos del macro sur por un poliducto; y que ningún ducto de gas pase por la Reserva natural de Megantoni dados los riesgos de derrames y el impacto de su construcción en una zona de gran biodiversidad (La República, 9/08).

Aunque moderadas y parciales, estas demandas apuntan a las bases del proyecto económico extractivo y exportador que han venido imponiendo los distintos gobiernos neoliberales desde Fujimori. Cuestionan la política de entrega de los recursos naturales a las empresas transnacionales que operan en el país, así como la enorme destrucción ambiental y los daños a las tierras de cultivo y recursos hídricos de los campesinos y comunidades afectadas por las operaciones de las petroleras, mineras y otras grandes empresas.

Esto explica la base represiva y ejemplificadora de la política gubernamental, que quiere imponer sus planes a sangre y fuego. A horas de haber sido declarado el paro de La Convención, el gobierno ya trataba de quebrar la voluntad de los pobladores dejando 19 manifestantes heridos de bala. Pero no fue suficiente. Una vez más la burguesía tuvo que recurrir a la (siempre dispuesta a prestarle sus servicios) Iglesia. La mediación de la Conferencia Episcopal permitió a las direcciones levantar el paro "temporariamente", exigencia impuesta por el primer ministro Javier Velásquez Quesquén para la negociación.

Velásquez prometió que las empresas venderán la garrafa en la zona a un precio similar al de Lima, accedió a la formación de una comisión popular para la evaluación del impacto ambiental del ducto en Megantoni, y la reserva de una pequeña porción de gas para el consumo interno. Pero estas medidas, aún siendo parciales, requerirán de una renegociación por parte del gobierno con las empresas consorcistas que a su vez no tienen intereses absolutamente coincidentes en la exportación.

El gobierno de Alan García y régimen post fujimorista

El crecimiento económico del que se ufana el gobierno en los últimos años, motorizado fundamentalmente por los buenos precios de las exportaciones mineras a China y Asia Oriental, ha beneficiado a la burguesía y algunos sectores medios privilegiados, especialmente en la capital, a costas de la miseria y explotación y represión de las masas obreras y campesinas y la postergación de las regiones del interior.

La política antipopular del gobierno de Alan García lo ha ido desacreditando crecientemente ante las masas. Sin embargo, cuenta con el apoyo del conjunto de los partidos neoliberales, los “factores de poder” (prensa, Iglesia, FF.AA., etc.) y del establishment empresarial limeño ligado a las inversiones del capital extranjero y que se beneficia con la continuidad del programa neoliberal que les garantiza García.

El gobierno de Alan García no ha hecho sino profundizar el programa neoliberal, sosteniendo el TLC (Tratado de Libre Comercio) firmado con Estados Unidos y otros acuerdos entreguistas y convirtiendo en un eje de su política el alineamiento con Washington y Bogotá contra los gobiernos de tiente nacionalista como el de Chávez en Venezuela y el de Evo Morales en Bolivia.

Perspectivas

Pese a que, tras la recesión de 2009, este viene siendo un año de recuperación (con más del 6% de aumento del PBI), las perspectivas se oscurecen ante la debilidad de la economía mundial. Las recetas contrarrestantes que tienen las clases dominantes frente a las turbulencias de la crisis mundial son conocidas: acelerar la entrega y los grandes negocios y mantener la dura explotación laboral, o como lo suele llamar la burguesía, hacer “atractivo” a Perú para los inversores.

En este marco, la lucha del Cuzco se postuló una vez más como posible puntada inicial de una movilización nacional contra el gobierno entreguista de Alan García. Sin embargo, la política de las direcciones nacionales es una puñalada por la espalda a los sectores en lucha. En lugar de organizar el apoyo activo y la unificación nacional de las luchas, la CGTP y las direcciones nacionales de importancia se contentan con tibios comunicados de apoyo y dejan librados a su suerte a los sectores que salen a la lucha, llevando más bien al aislamiento regional de la misma y sembrando espectativas en el cambio de política del gobierno.

El Partido Nacionalista del Perú de Ollanta Humala, que aparece como la oposición antineoliberal y nacionalista, no ha sacado los pies del plato, y pese a sus críticas al gobierno, pide un referéndum para decidir el destino del gas en las futuras elecciones locales del 3 de octubre, evadiendo la lucha que está planteada hoy con toda urgencia, especulando tal vez con capitalizar electoralmente el descontento popular y generando ilusiones en que Alan García pueda abandonar sus compromisos con las transnacionales accediendo a dirimir el tema en las urnas.

Lamentablemente, entraron en el juego las organizaciones que dirigen la movilización en La Convención. El Comité Central de Lucha, que agrupa a la Federación de campesinos y de trabajadores de la provincia y al Comité de Paro, planteó el conflicto en términos de demandas locales, lo que facilita la política del gobierno de aislar la lucha, negando el carácter político y nacional que objetivamente tiene la cuestión del gas, y negociar a lo sumo algunas migajas y promesas para el sector.

La Confederación General de Trabajadores del Peru (CGTP), principal organización de los trabajadores del país, pronunció su solidaridad con la lucha de La Convención, pero se limitó a enviar una carta al gobierno exigiendo los documentos de exportación de gas ante posibles ilícitos.
El SUTEP, sindicato magisterial con influencia por la tradicional combatividad del sector, no superó la política de presionar al gobierno para arrancarle migajas, haciendo de anfitrión a la mediación de la Iglesia en su sede de Quillabamba, donde el Comité de Lucha de La Convención dicidió levantar el paro en favor del diálogo con el gobierno.

La izquierda reformista, sea en su variante estalinista clásica (PCP) o en sus variantes maoístas, como Patria Roja, promueven un programa nacionalista abstracto, en favor de la “amplitud” el primero, planteando como tarea clave la construcción de “un frente amplio en defensa del gas” con el mismo programa de mínima que terminó concediendo el gobierno, o en favor de la “autonomía y soberanía energética” el segundo.

Lo cierto es que, aunque no esté del todo cerrado, el paro de La Convención mostró que la disposición de los pobladores a la lucha a pesar de los embates de las fuerzas represivas y de las limitadas ambiciones de su dirección pueden obligar al gobierno a retroceder, ya que la defensa de los recursos naturales, del medio ambiente y de las condiciones de vida y trabajo de la población son causas nacionales que pueden ser explosivas si logran superar el marco local y al freno de las direcciones. Algunos analistas han tomado nota de la brecha abierta entre las direcciones ’’electoralistas’’ y la combatividad de las bases.

Es necesario avanzar en un camino independiente de las variantes burguesas y en una coordinación de las luchas en curso para desarrollar un verdadero plan de lucha nacional, que unifique las fuerzas de los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre de las regiones, para derrotar decisivamente la política del gobierno de Alan García. Que luche por el cumplimiento de las demandas indígenas y el pleno respeto a su derecho a la tierra y el territorio, contra los despidos, la precarización y la carestía de la vida, por la nacionalización sin pago y bajo control de los trabajadores de los hidrocarburos, la minería y los recursos naturales.