La reforma no democratizaba la justicia. La Corte defiende la corporación judicial reaccionaria

Finalmente, la Corte Suprema respondió el per saltum interpuesto por el gobierno de Cristina y dictó la inconstitucionalidad de los principales artículos de la Ley 26.855 de reforma del Consejo de la Magistratura, la principal de las seis leyes sancionadas en el Congreso que forma parte de la llamada reforma judicial. Así ratificó el fallo de la jueza federal María Servini de Cubría que descalificó la reforma del Consejo por negar “la forma republicana de gobierno” y “politizar” la Justicia, bajo la falacia de que constituye un “poder independiente”.

De ese modo, la Corte dejó sin efecto la elección por voto popular de los consejeros para la Magistratura, anulando la jugarreta del kirchnerismo que se proponía cambiar el carácter de las elecciones legislativas nacionalizándolas. Ante la gran probabilidad de ser derrotado en varios de los más importantes distritos, el kirchnerismo buscaba un plebiscito nacional, adjuntando a la elección de diputados y senadores una boleta de candidatos a consejeros igual en todo el país con una cabeza taquillera para traccionar votos y atribuirse como propios los de los gobernadores K del interior. Con sabor amargo y total impotencia, la diputada Diana Conti retrucó que acudirían a los tribunales internacionales. El revés significa una nueva derrota política del gobierno de Cristina para la algarabía de la oposición “republicana”, donde convergen desde los derechistas del PRO y De Narváez hasta las patrullas perdidas del centroizquierda.

La resolución de la Corte es a la vez una victoria de la archi-reaccionaria corporación judicial. Dejó en pie la representación actual del Consejo de la Magistratura, un organismo desprestigiado y dedicado a salvaguardar la impunidad de jueces archicorrompidos como Norberto Oyarbide, archivando infinidad de pedidos de juicio político en el desván del olvido. El Consejo es una institución reaccionaria que propone una terna de jueces para que éstos sigan siendo designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Asimismo tiene la facultad de iniciar juicios políticos a los jueces. Fue alumbrada por la Reforma Constituyente de 1994, sobre la base del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, que fortaleció las facultades monárquicas del Poder Ejecutivo con la prerrogativa de los decretos de necesidad y urgencia, concediendo a los jueces un organismo de autocontrol. Entre bueyes no hay cornadas.

La resolución defiende los intereses de la corporación judicial, esa camarilla aristocrática de carácter vitalicio con salarios que oscilan entre 30.000 y 120.000, con miles de privilegios, que ni siquiera paga impuesto a las ganancias, como lo debe hacer cualquier trabajador. Una casta con cientos de jueces designados por la dictadura, vinculada por múltiples lazos con banqueros, terratenientes, las policías y militares, que ejerce una genuina justicia de clase, defendiendo las relaciones de propiedad capitalistas bajo la letra del estado de derecho. No por nada hay más de 5000 luchadores obreros y populares criminalizados por defender sus derechos y ningún sólo funcionario preso por robar del erario público o por ordenar matanzas como la del 19 y 20 de diciembre de 2001. Desde que se anularon las leyes de impunidad hay sólo 370 genocidas condenados, sólo 16 con sentencia firme. Mientras siguen impunes, los secuestradores de Julio López, Luciano Arruga, los policías asesinos de miles de jóvenes y los responsables policiales y políticos de los más de 22 muertos por protestas populares bajo este gobierno, como los compañeros de la comunidad Qom. Por nombrar sólo algunas de las terribles injusticias, que lleva a adelante la corporación judicial.

El intento de una reforma de carácter bonapartista

Desde ya que el proyecto del kirchnerismo de ningún modo pretendía la “democratización de la justicia”. De ese paquete de leyes, la restricción de la solicitud de medidas cautelares, cuestiona un derecho democrático elemental que limita la arbitrariedad y el despotismo del Estado ante los sectores más vulnerables. Es el mismo recurso que intentó utilizar Macri en GCBA para desactivar el freno al aumento del pasaje de subte.

La reforma del Consejo de la Magistratura no democratizaba nada pues la designación efectiva de los jueces sigue estando en manos del Poder Ejecutivo en acuerdo con el Senado, más allá de las ternas seleccionadas por los consejeros.
Es una reforma de carácter bonapartista pues incrementa los poderes del partido del gobierno en el control del Consejo de la Magistratura dando lugar a un toma y daca entre los jueces y el Poder Ejecutivo, favoreciendo la impunidad de muchos funcionarios kirchneristas pasibles de ser investigados por infinidad de ilícitos, en desmedro de los intereses de las mayorías obreras y populares. La modificación en el sistema de decisiones que pasó de una mayoría de dos tercios a la mitad mas uno permitía que el mismo partido que obtuviera mayoría en las elecciones, aún sacando 40% de los votos, tuviera también mayoría absoluta en el Consejo de la Magistratura, o sea en el manejo de toda la administración de justicia.

Levantamos un programa para que cesen en sus funciones todos los jueces nombrados por la dictadura y por las componendas entre el peronismo y el radicalismo desde 1983. Por la elección por sufragio universal de todos los jueces y derecho a la revocabilidad por medio de sus electores. Que los jueces, legisladores y todos los funcionarios del Estado ganen el salario promedio de un trabajador como señala el proyecto de ley del diputado de Neuquén por el FIT Raúl Godoy. Disolución de la Corte Suprema y todas sus prerrogativas feudales. Disolución del Consejo de la Magistratura, un engendro institucional que mediante las medidas señaladas más arriba pierde toda razón de ser.